Lo mejor del domingo




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DEFENSA A LO WINNIE THE POOH


María Jimena Duzán

No acatar el fallo sería enmendar con otro error las embarradas que cometió la defensa de Londoño y compañía.
Si el presidente Santos quiere reelegirse debe aprovechar esta derrota en La Haya para replantear su política internacional de cabo a rabo. Y lo primero que tendría que hacer sería deshacerse del inepto equipo de negociadores quienes fueron los verdaderos responsables de esta debacle que dejó sin su mar a los isleños del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.


Esos negociadores fueron el excanciller Guillermo Fernández de Soto, que fungió como agente alterno y el exembajador Julio Londoño, agente principal. A Fernández de Soto habría que pedirle la renuncia porque le faltó al país de la manera más reprochable. Sabiendo lo que se venía, saltó del barco antes de que se hundiera y aceptó hace un mes un puesto de tercera como representante de la CAF en Madrid.

A Julio Londoño se le debería pedir la renuncia por mentiroso y por no decirle la verdad al país. No es cierto, como afirma en El Espectador que la defensa colombiana hubiera contado con la mirada de los raizales del archipiélago. En los años que estuvieron al frente de este litigio el tema de los pescadores y de lo que significaba para ellos su mar no formó parte de los argumentos de la defensa de Colombia. No solo ellos se olvidaron de los raizales sino el país entero. Y esta no es la hora de rasgarse las vestiduras.

Pero además, mientras el abogado de Nicaragua, Carlos Arguello Gómez se instaló a vivir en La Haya estos 11 años, Julio Londoño nunca vivió en Holanda sino que se dio el lujo de monitorear tan complejo tema desde La Habana donde era embajador. Fernández de Soto estuvo un tiempo en Lima como secretario general de la CAN, tras su salida de cancillería y solo vivió en La Haya algo menos de cuatro años.

Pero tal vez la razón más poderosa para pedir su renuncia es porque ese equipo negociador tomó decisiones en contravía de lo que decían expertos internacionalistas colombianos y extranjeros contratados en el gobierno Samper con miras a preparar la estrategia de lo que había que hacer si se iba a La Haya. Cuando el internacionalista Enrique Gaviria planteó la tesis del archipiélago de Estado que consistía en proponer que las islas y cayos quedaran encerradas por una línea, de manera que todo lo que quedara dentro de ella pertenecía a Colombia, como ya lo habían hecho en Ecuador con respecto a las Galápagos, Londoño y Fernández de Soto desecharon la propuesta. Si esto se hubiera hecho, seguramente la corte no hubiera desmembrado en la forma que lo hizo el archipiélago de San Andrés. Enrique Gaviria renunció y los que se quedaron, hablo de internacionalistas de la talla de Nieto Navia, de Marco Gerardo Monroy, fueron sacados de taquito. En su reemplazo contrataron a un costosísimo abogado australiano, James Crawford, profesor de Cambridge a quien también habría que pedirle la renuncia pero por malo. No solo su estrategia de defensa fue un fracaso, así Londoño insista cínicamente en afirmar que “ahora tenemos un mar más grande”, sino porque cuando supo que las cosas no iban bien, no preparó a la Cancillería ni al país para el fatal desenlace. Este fue el mismo abogado que en una audiencia ante la corte con fecha de abril del 2012 hizo un símil entre Winnie the Pooh, y comparó la garosidad del osito –a quien le preguntaron si quería crema o miel en su tostada y él contestó que las dos– con la de Nicaragua, porque quería mar y soberanía sobre el archipiélago de San Andrés. Bueno sería saber cuánto han sido sus honorarios a lo largo de estos años por defender los intereses de Colombia a punta de los gustos gastronómicos de los personajes de Walt Disney. (Ver documento Winnie the Pooh)

En 2001 cuando la Corte dice que es competente para dirimir la disputa con Nicaragua y en 2007 cuando falla las excepciones, internacionalistas como Juan Daniel Jaramillo le aconsejaron al gobierno Uribe denunciar el Pacto de Bogotá, un acuerdo que obligaba a dirimir este tipo de disputas en La Haya. Uribe aconsejado por Londoño y compañía no lo hizo y el país perdió la última oportunidad que tenía para proteger ese mar que hoy nos quitaron.

A la canciller María Ángela Holguín también le llegó su hora. No porque tuviera alguna responsabilidad en esta debacle sino por la forma como ha manejado el resultado adverso. El gobierno parece dando tumbos, sin saber qué hacer. Un día pide revisión a La Haya, al otro dice que va a denunciar el Pacto de Bogotá y al otro da a entender que va a desconocer el fallo, como lo ha propuesto en mala hora el expresidente Uribe. No acatar el fallo sería enmendar con otro error las embarradas que cometió la defensa de Londoño y compañía.

Es mejor que recordemos a la canciller Holguín por haber restablecido las relaciones con Venezuela y no por haber acabado con años de tradición en materia del respeto por el derecho internacional. Ni Winnie the Pooh le desearía esa suerte.

EL TIEMPO

LEJOS DEL EPÍLOGO

Editorial

El fallo de la Corte Internacional de Justicia marca para el país el comienzo de un largo camino, con pasos para cumplir que tomarán tiempo y, sobre todo, demandarán manejo, discreción y unidad.

Ha pasado menos de una semana desde cuando el país recibió, con una mezcla de incredulidad, dolor y rabia, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con respecto al archipiélago de San Andrés. Como es bien sabido, el tribunal determinó que todas las islas, islotes y cayos del departamento pertenecen a Colombia, pero también definió límites marinos que implican en la práctica la pérdida de decenas de miles de kilómetros cuadrados de un mar en el que los isleños han hecho presencia desde siempre. Además, Quitasueño y Serrana quedaron, según el mapa conocido en La Haya, enclavados en aguas nicaragüenses, así los derechos de paso y acceso estén garantizados.

Ante lo ocurrido, las reacciones han sido múltiples. En las redes sociales es evidente la indignación de la ciudadanía ante lo que considera un mal manejo del tema, alentado tal vez por motivos históricos. La separación de Panamá o lo sucedido con Los Monjes y Venezuela son episodios recordados como ejemplos de un país cuya dirigencia ha sido incapaz de defender el territorio.

Tales voces han encontrado respaldo en el Congreso, en donde más de un parlamentario sostiene que no hay que acatar el fallo de la Corte. Incluso, el expresidente Uribe, cuyo gobierno tuvo durante 8 de los 11 años que demoró el proceso el manejo del asunto, ha planteado que hay que hacer caso omiso de lo dicho.

Aunque atractivos, hay que evitar caer en la tentación de escuchar los cantos de sirena. Desde la firma del Pacto de Bogotá en 1948, Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte, que es parte fundamental del sistema de Naciones Unidas y que en este caso sigue vigente, así tal adhesión llegara a ser denunciada. A estas alturas de nuestra vida republicana sería un error garrafal enviarle al mundo el mensaje de que la interpretación que tenemos de la ley es que aceptamos solo lo que nos conviene de las sentencias derivadas de su aplicación.

Lo anterior no quiere decir que se haya perdido cualquier margen de acción. La determinación del tribunal internacional adolece de serias fallas de forma y fondo, que obligan al país a continuar el proceso jurídico mediante el uso de los mecanismos y recursos previstos. Quizás la más protuberante es la que compromete derechos de terceros países, en particular Panamá y Costa Rica, con los cuales existen tratados de delimitación de áreas marinas, que serían inválidos si se aplica lo dicho en relación con Nicaragua.

Al respecto, el estatuto de la propia Corte establece en su artículo 59 que su pronunciamiento es obligatorio únicamente para las partes en litigio y respecto al caso que ha sido decidido. Como ninguna de las naciones mencionadas formaba parte del alegato, se crea un limbo que no es fácil de resolver y que debe tramitarse no solo a nivel jurídico, sino también político y diplomático.

Aparte de lo mencionado, hay que tener en cuenta lo que dice la Constitución sobre el territorio colombiano, cuyos límites son los aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, "y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación". Asimismo, la Carta señala que cualquier modificación solo podrá darse si tiene la luz verde del Capitolio y es firmada por el Ejecutivo.

Todo lo anterior deja en claro que el veredicto de La Haya enfrenta grandes obstáculos a la hora de poderse ejecutar plenamente. Por tal motivo, se debe tener en cuenta que, más allá de la voluntad de cumplir con los compromisos internacionales, existe un camino por recorrer que puede tardar años y que involucra a todos los poderes públicos, además de varias capitales, con las cuales hay que entrar en conversaciones.

Una realidad tan compleja requiere ser entendida por Nicaragua, un país con el cual es necesario tender puentes para eludir incidentes, que pueden surgir con facilidad. Es cierto que el gobierno de Daniel Ortega ha hecho gala de una actitud provocadora frente a Colombia, pero el líder sandinista tiene que comprender que este difícil asunto solo podrá manejarse bien en un marco de diálogo y buena voluntad.

De hecho, el escenario ideal debería ser la negociación de un tratado binacional que defina los límites de ambos países, reconozca los pactos firmados con otros Estados y garantice el uso conjunto de las aguas en ciertas circunstancias, algo fundamental para los pescadores isleños. No menos importante es la adopción de medidas de protección de las áreas coralinas, sobre todo ante la eventualidad de búsqueda de hidrocarburos.

Mientras eso ocurre, la Armada tendría que continuar haciendo presencia, pues un vacío solo sería beneficioso para los traficantes de armas y drogas que usan el Caribe para sus oscuros propósitos. Eso sí, es indispensable contar con protocolos estrictos para evitar roces que puedan degenerar en un deterioro de la seguridad en la zona.

De manera paralela, el Gobierno está obligado a ser discreto en el manejo de un tema que es sensible y no admite voceros diferentes al Presidente y su Canciller. También requiere mantener la unidad, apelando a instancias como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que ha sido clave para construir una política estatal coherente a lo largo de los años, imprescindible para la adopción de un fallo duro, al cual hay que darle manejo y tiempo.

NOS PISARON LOS CAYOS
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