Clonación y dignidad humana




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títuloClonación y dignidad humana
fecha de publicación17.01.2016
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Clonación y dignidad humana
Jorge Enrique Linares

Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Todo parece indicar que el voto del gobierno mexicano a favor de la prohibición de la clonación, que la Asamblea General de la ONU acaba de aprobar, no fue sometido a consulta ni siquiera con sus asesores científicos; y si bien es facultad de los gobiernos tomar una decisión sobre una Declaración que no tiene carácter vinculatorio, en una sociedad democrática las decisiones sobre política científica y tecnológica deben someterse al debate y deliberación de diversos sectores sociales que pueden argumentar una posición de interés común.

El debate que se ha desatado por el voto de la delegación mexicana en la ONU demuestra, en mi opinión, la necesidad de establecer mecanismos de resolución de controversias sobre el desarrollo tecnocientífico, capaces de legitimar las decisiones que tome el Estado mexicano en temas tan delicados. Me parece además que las instituciones políticas formales, tanto el poder ejecutivo como el legislativo o el judicial, requieren no sólo de la asesoría o consejo de expertos (los consejos de asesores científicos), sino también de una deliberación socialmente extendida que pueda alcanzar un consenso racional. Por ello, los medios de comunicación tienen una responsabilidad que asumir. En México, el debate sobre los problemas éticos y sociales del desarrollo tecnocientífico es muy pobre, y ha sido meramente circunstancial y ocasional, como en el caso que nos ocupa. Debemos mantener una discusión pública y argumentada sobre temas que atañen a todos, pues una sociedad democrática es aquella que puede deliberar sobre las políticas tecnocientíficas para orientar las decisiones de su gobierno; no es democrático un modelo en el que el Estado sólo se asesora de sus expertos, y en ocasiones, como ésta, ni siquiera los escucha para tomar determinaciones que pueden ser cruciales para el desarrollo del país.

La Declaración aprobada por la ONU recomienda a todos los Estados la prohibición de todas las formas de clonación, puesto que éstas –según su argumentación– son incompatibles con la “dignidad humana y la protección de la vida humana”. La Declaración adolece de varios problemas; el primordial es que incumplió un procedimiento mínimo de acuerdo, dado que no hubo consenso sobre el significado del concepto de “dignidad humana”, pues, en efecto, éste puede ser interpretado de diversas maneras. La Declaración se sustenta en una determinada interpretación sustancialista de la “dignidad humana” que equipara toda forma de existencia humana (en sentido meramente biológico), sin hacer distinciones entre los diversos grados de su desarrollo.

Por otro lado, la Declaración acusa un defecto conceptual, derivado de la falta de consenso racional, pues no hace una distinción crucial entre clonación con fines reproductivos y clonación con fines de investigación y aplicación terapéutica. Prohíbe ambas por ser “contrarias” a la dignidad humana. Pero la clonación de embriones para obtener células madre con fines terapéuticos, y no para lograr la reproducción, no puede implicar una afrenta contra la dignidad humana. Un embrión que no se ha implantado en un útero ni siquiera es potencialmente una persona, puesto que sin la implantación no hay potencialidad para que se desarrolle un ser humano, aunque contenga la información genética de la especie humana.

Así pues, la posición que ha dominado en la Declaración se basa en la creencia de que un embrión es esencialmente igual a una persona, y que posee los mismos derechos morales y jurídicos, opinión que no puede más que tener un fundamento religioso no compartido por todas las personas. Se ha impuesto una posición intransigente que impide el diálogo y la búsqueda de conocimiento, y que condena a la clandestinidad y a la falta de regulación el desarrollo tecnocientífico sobre la clonación humana. La prohibición podría tener efectos contraproducentes: abrir la puerta a prácticas indiscriminadas y no transparentes, regidas sólo por los intereses económicos del mercado mundial de biotecnología.

Por ello, es necesario buscar una posición de consenso que no prejuzgue sobre un contenido moral particular y no lo imponga a todos los demás, lo cual deja abierta la posibilidad de que cada Estados establezca controles, regulaciones o incluso una moratoria sobre este tipo de investigaciones..

Debe reconocerse que los embriones humanos (obtenidos por FIV o por clonación) tienen un valor especial, distinto del de otros seres vivos, porque llevan dentro de sí el código genético de nuestra especie, lo que implica el deber de tratarlos con precauciones y cuidados; sin embargo, es una falacia afirmar que un embrión es igual (en desarrollo, capacidades, rasgos y potencialidades humanos) a una persona nacida y crecida. No hay razones convincentes seculares y apoyadas en los conocimientos científicos actuales para afirmar que disponer y destruir embriones preimplantados (de hasta 14 días de desarrollo) sea equivalente a utilizar y destruir el cuerpo de seres humanos. Muchas personas pueden aducir razones morales y/o religiosas para desaprobar esa práctica, pero no para imponer su criterio a otros.

No obstante, el trato que merecen los embriones debe ser regulado para evitar su cosificación y su mercantilización. La disposición de células embrionarias, sean clonadas o no, implica una nueva y extendida responsabilidad social, por lo que es indispensable monitorearla estrictamente para evaluar los riesgos y prevenir efectos negativos. Las regulaciones deben minimizar el uso de embriones y exigir su plena justificación, si es que no existen alternativas para avanzar en las investigaciones. Muchas otras regulaciones y controles son necesarios para evitar la reducción de estas células embrionarias a mero material de laboratorio; pero, como se ha dicho, no existe una razón secular suficiente y necesaria para prohibir tajantemente la clonación de embriones para su utilización con fines de investigación biomédica, independientemente de los beneficios que realmente puedan lograrse.

Tampoco es conveniente argumentar que es una necesidad ineludible la clonación de células embrionarias para el desarrollo de nuevos tratamientos médicos. Existen muchas expectativas, pero nadie puede predecir hasta qué punto tendrán éxito las investigaciones para la aplicación terapéutica de la clonación. Puede ser engañoso afirmar que gracias a la clonación de embriones curaremos todos los males que aquejan a la humanidad. El argumento para permitir la investigación en torno a la clonación terapéutica no debe estar sustentado en tan altas expectativas que son inciertas, sino más bien en la libertad misma de investigación y en la diferencia de estatus entre el embrión no implantado y una persona. Dos fines justificarían la clonación terapéutica: los propiamente cognoscitivos y las posibles aplicaciones para transplantar tejidos que no generen rechazo inmunológico; estos fines no son incompatibles con la dignidad humana, y no imponen un único criterio moral.

En cambio, en lo que respecta a la clonación reproductiva, sí existen razones prudenciales y precautorias, por los riesgos biológicos, sociales y políticos que conlleva, para sostener una prohibición o, por lo menos, una moratoria. Sin embargo, tampoco en este caso hay consenso científico y filosófico sobre si la posible clonación reproductiva implicaría un daño o una afrenta contra la dignidad humana; si en el futuro fuera técnicamente viable, los seres que nacieran por clonación deberían ser reconocidos como miembros de la comunidad humana con plenos derechos. Provisionalmente y por un principio de precaución, es conveniente no llevar a cabo la clonación reproductiva hasta que se acumule suficiente conocimiento y práctica experimentales con otros seres vivos y se superen los problemas inherentes a esta rudimentaria técnica. Al contrario de lo que sucede con la clonación terapéutica, el rechazo a la clonación con fines reproductivos sí ha tenido consenso, y de hecho, era la posición de países que votaron en contra de la Declaración, como Bélgica, España o el Reino Unido.

Me parece que es oportuno aprovechar la ocasión de esta polémica para exhortar al poder legislativo de nuestro país a que elabore una ley específica que regule el uso de células embrionarias para la investigación biomédica, que no prohíba más que la clonación con fines reproductivos, y que abra la posibilidad de iniciar investigaciones con células embrionarias humanas, producidas por clonación o no. Ojalá que, a diferencia de la ley de bioseguridad recientemente aprobada, se dé una amplia deliberación con una pluralidad de actores sociales para encontrar un verdadero consenso racional, secular y democrático que permita un acuerdo mínimo, necesario para una sociedad en la que coexisten una pluralidad de concepciones y convicciones morales acerca del significado de la vida humana.




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