Nociones generales, principios y fuentes del derecho del trabajo




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Unidad NUEVE: Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales

 

Los infortunios de trabajo: concepto. Causas, efectos y proyecciones. La persona que trabaja puede sufrir distintos acontecimientos desgraciados o infortunios en el transcurso de la relación jurídica que lo une al empleador. En efecto, puede accidentarse o contraer enfermedades. Cuando esto acontece y el trabajador no puede prestar servicio transitoriamente, su obligación quedará suspendida, pero si como consecuencia del infortunio la imposibilidad es definitiva, la relación laboral se extingue. Cualquier infortunio da lugar en general a dos series de consecuencias. Por una parte, imposibilitan para la realización de una prestación laboral, lo cual se traduce en un lucro cesante. Por otra, provocan la exigencia de un gasto extraordinario para recuperar o mejorar la salud (daño emergente). De acuerdo a si la causa de la contingencia se vincula o no con la relación de trabajo, se califica a la contingencia de “profesionales” o “inculpables”. Para las últimas, se impone al empleador el respectivo pago de la indemnización como un elemento propio del contrato de trabajo. Evolución del principio de responsabilidad empresaria. Teorías: civilistas, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tendencia Actual. Existen diversas teorías de riesgos laborales o teorías de la responsabilidad que dieron origen a las normas jurídicas que conforman los antecedentes legales del régimen. En general se parte de la búsqueda de la justificación de la responsabilidad del empleador de distintos ángulos de análisis, que fundamentalmente se dividen en criterios provenientes del derecho civil, y las nuevas teorías provenientes del derecho del trabajo. 1) Responsabilidad por culpa (aquiliana): sistema que contempla la responsabilidad extracontractual basada en la acción negligente (actos positivos) como en la omisión en las medidas o conductas que hubieren sido necesarias para impedir o evitar el daño, aislar los riesgos, proporcionar equipos adecuados, brindar elementos de seguridad y confiables, capacitar y entrenar al personal en prevención, etc. Si bien la carga de la prueba estaría en principio en cabeza del damnificado, por el hecho de ejercer control el empleador, da lugar a que cabría invertir la carga de la prueba, presumiéndose su culpa, salvo prueba en contrario a su cargo; 2) Responsabilidad contractual: esta teoría responsabiliza al empleador por los daños provocados en el ámbito laboral  en virtud de la existencia del CT. La víctima debe probar la existencia del CT (se presume si existe relación de trabajo) y la existencia del hecho que provoca el daño (relación causal). Se debía demostrar la cuantía del daño a fin de obtener en proporción a ello la reparación económica. El empleador podía eximirse de responsabilidad demostrando la culpa de la víctima; 3) Responsabilidad objetiva: es la originada en el marco de la culpa o el dolo, donde debía haber nua conducta reprochable del causante del daño. Al igual que la anterior, deja una serie de casos sin resolver, cuando los hechos son provocados por o con las cosas, inclusive sobre todo en los casos donde no se pudiere detectar aquella conducta reprochable. El empleador responde por los hechos dañosos provocados por las cosas (con riesgos o vicio) en la medida que resulte ser el titular o el guardián de las mismas (teoría del riesgo creado). No es necesario la existencia de la culpa, el riesgo nace de la cosa viciosa o riesgosa; 4) Teoría del Riesgo Profesional: según esta teoría, el empleador crea un riesgo profesional por la sola interposición de la máquina, equipos, sistemas productivos. De la producción de bienes o servicios se obtiene una utilidad, y el empleador provoca y genera el riesgo al ordenar el proceso productivo con la maquinaria, y por lo tanto debe ser el responsable de los daños generados por el empleo de los mismos; 5) Teoría del Riesgo de Autoridad: el ejercicio de los derechos de organización y dirección generan al obligación de responder por los daños originados en dichas facultades; 6) Teoría de la Responsabilidad Social: la sociedad en general debe asistir a quienes sufren daños, por ser la sociedad toda la que se beneficia de una forma u otra, por los bienes y servicios producidos por el trabajador en relación de dependencia.

El accidente de trabajo y la enfermedad profesional: concepto. Diferencias. El accidente de trabajo es un acontecimiento externo y súbito que produce un daño, pudiendo enumerarse cuatro elementos integrativos del concepto: a) causa externa, instantánea, o al menos de duración muy limitada y de carácter violento; b) daño causado a la persona del dependiente; c) relación de causalidad entre el hecho generador y su consecuencia; d) ocurrencia durante el tiempo en que el trabajador estaba a disposición del empleador en y para cumplimiento de la prestación objeto del contrato o de ida o vuelta a su domicilio. El Art. 6º punto 1 de la LRT considera accidente de trabajo “a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo”.

Son enfermedades profesionales, conforme el Art. 6º punto 2 de la LRT, las que se encuentran incluidas en el listado que elabora y revisa anualmente el Poder Ejecutivo previo dictamen vinculante del Comité Consultivo que está compuesto por representantes del Ministerio de Trabajo, CGT y demás Cámaras empresariales, con especial previsión de preservar la representación de las PyMEs. La lista debe identificar el agente del riesgo, los cuadros clínicos y actividades con capacidad de determinar por sí la EP. Luego del dictado del Dto. 1278/00 antes de confeccionarse el listado debe mediar el dictamen de la Comisión Médica Central e integran la categoría de “enfermedad profesional” aquellas dolencias que sin figurar en el listado hayan sido provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo, declarada conforme procedimiento previsto en el mismo decreto. Las enfermedades no incluidas en el listado o no declaradas tales según el procedimiento del decreto, tales como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas resarcibles. Antecedentes. Con la revolución industrial se tomó conciencia de prevenir los accidentes y enfermedades y de la necesidad de reparar los daños ya acaecidos. Las legislaciones se han hecho cargo de la responsabilidad del Estado en la organización de un sistema de prevención y reparación. Un estudio encomendado a Juan Bialet Massé sobre las condiciones en que desempeñaban sus tareas los trabajadores de las distintas actividades justifica la necesidad de dictar una legislación protectora del trabajador que ha perdido su capacidad de trabajar por causa del trabajo. Este informe motoriza la sanción de la primera ley de riesgos del trabajo 9688/15, en la cual se responsabiliza al patrón por todo accidente sufrido por el trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el itinerario de su residencia al trabajo o viceversa, o por una enfermedad causada directamente por el trabajo (enfermedad profesional) pudiendo eximirse de esa responsabilidad sólo cuando media culpa grave del trabajador o de los causahabientes de la víctima. La responsabilidad que se atribuye por la ley es presumida y en razón de ella el patrón debe reparar el daño  causado mediante el pago de una indemnización que se tarifa en función de la extensión del daño, La ley admite la contratación de un seguro por accidente de trabajo, reconociéndole al trabajador una acción directa en contra del asegurador para que efectivice la indemnización, sin perjuicio de la responsabilidad individual del empleador. También admite que los trabajadores o los beneficiarios de la indemnización opten por una reparación integral de conformidad con las normas civiles, cuando haya mediado culpa grave del empleador en el acaecimiento del siniestro. La actividad de los jueces frente a los casos concretos verificó frecuentemente casos en los que el trabajador había sufrido un daño con motivo o en ocasión del trabajo prestado para otro, pero causados por hechos o circunstancias o condiciones de labor que no podían ser identificadas como típicos accidentes de trabajo (acontecimiento súbito y violento producido por el hecho o en ocasión del trabajo) ni tampoco típicas enfermedades profesionales (las causadas por un agente externo cuya presencia se verifica en el lugar del trabajo y que se identifica como causa única del daño, siempre que la autoridad de aplicación así lo hubiere reconocido y declarado al incluir a determinada dolencia en esa categoría en forma expresa y por acto administrativo).. Frente a la inequidad que significaba sostener que esos daños que no se correspondían con ninguna de las dos matrices quedaran sin ser reparados, se conceptualizó la enfermedad del trabajo o “enfermedad-accidente”, asimilando a la EP aquellos daños sufridos por el trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo, a causa de condiciones de labor, requerimientos de las tareas o situaciones vividas, pero que no reconocían esa única causa ni figuraban reconocidas como EP por autoridad alguna. Para poder atribuir responsabilidad al empleador en tales supuestos se requería: a) hecho generador de la responsabilidad; b) daño y su extensión; y c) nexo de causalidad entre ambos. Recién con la reforma introducida en 1988 se introduce legalmente el concepto de “enfermedad de trabajo”, categoría que se mantuvo en la ley 24028 que por primera vez conceptualiza el eje en torno al cual se formula toda la teoría general de la RC –el daño- entendiendo por tal al causado a la integridad psicofísica de los trabajadores; establece que los daños causado por enfermedades de trabajo requieren la demostración de una responsabilidad subjetiva del empleador (conducta omisiva o activa violatoria de una norma jurídica) limitada en su extensión a la proporción en que tales daños hubiesen sido causados exclusivamente por la causa trabajo. Así hasta la vigencia de la Ley 24557/96 conocida como LRT que luego analizaremos. Los sujetos amparados. Son beneficiarios las personas a favor de las cuales la ley establece que deben acordarse las prestaciones dinerarias y en especie, cuando algunas de las contingencias previstas en ella (accidente de trabajo en el lugar de prestación del servicio, o en el itinerario, o enfermedad profesional) causen un daño incapacitante de extensión parcial o total o la muerte. En el primero de los casos, el beneficiario es el propio damnificado, y en el segundo la viuda o el viudo, la o el conviviente, las hijas solteras, los hijos solteros, y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, todos ellos hasta los 18 años de edad. La limitación de edad no rige si los derechohabientes se encuentran incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran 18 años. Para que el o la conviviente adquieran el carácter de beneficiarios, deben haber estado separados de hecho o legalmente, o haber sido solteros, viudos o divorciados y haber convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo se reducirá a dos cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. El conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiera sido culpable del divorcio o separación personal. En caso contrario, y cuando el o la causante hubieran estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales. El decreto 1278 amplió este grupo  aludiendo a los familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. Se entiende por tal cuando concurre un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía personal.

Régimen legal vigente. La LRT 24557 vigente desde el 01/07/96 implementa un sistema distinto a los vigentes desde principios del siglo XX, cuya nota más relevante se identifica con: a) la instauración de un sistema de seguro obligatorio a pactarse con entes privados especialmente autorizados al efecto denominados Administradoras de Riesgos de Trabajo; b) la liberación de la responsabilidad del empleador que contrata ese seguro o que obtiene la aprobación para encontrarse autoasegurado; c) el establecimiento de un sistema cerrado donde no resultan resarcibles los daños causados por contingencias distintas a las que allí se mencionan y donde la reparación integral –de proceder- se acumula a la propia del sistema y resulta autorizada sólo en el supuesto de daño causado por dolo en los términos del Art. 1072 CC. Los objetivos explícitos del sistema se traducen en términos de: a) prevención de los riesgos del trabajo; b) reparación de los daños causados; y c) rehabilitación y recalificación de los trabajadores afectados (este último objetivo no ha sido reglamentado quedando por tanto enunciado sólo como cláusula programática). Personal comprendido y excluido. En el art. 2º de la LRT se enumera cuál es el personal que obligatoriamente se encuentra incluido en el ámbito de la LRT, enumerando en el inciso a) a los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios, y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (las estipulaciones de este inciso exceden la competencia delegada por las provincias, sus municipalidades y por la ciudad de BA al Congreso, por lo cual su validez se encuentra condicionada a la sanción de una norma dentro de la esfera del derecho público provincial o municipal, que adhiera al sistema de RT. El inciso b) incluye a los trabajadores en relación de de dependencia del sector privado (se remite a la LCT pero incluye a los trabajadores rurales, dado que en la LT no está excluidos) cualquiera sea el tipo de contrato de trabajo, aún durante el período de prueba. El decreto 491/97 incluye a los trabajadores vinculados con relaciones no laborales como pasantías, becas, etc. Por último, el inciso c) incluye a las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública (servicio militar, testigos citados a juicio, integrantes de jurados, convocados a prestar servicios extraordinarios a la Nación, etc. – la enumeración no es taxativa-). Podemos hablar por otro lado del personal cuya inclusión queda sujeta a un acto decisorio del Poder Ejecutivo. Responden a una clara delegación del Congreso al PE y se enumeran al servicio doméstico, los trabajadores autónomos, los vinculados por relaciones no laborales (vimos más arriba) y los bomberos voluntarios.

Límites de la responsabilidad del empleador. El empleador está obligado a contratar un seguro en una ART. En caso de omitir la contratación, está obligado a otorgar al dependiente damnificado las mismas prestaciones que a éste le hubieren correspondido de haber estado asegurado. El empleador podrá eximirse de afiliarse a una ART solicitando quedar incluido en el régimen de autoseguro que la propia LRT establece y que requiere acreditar, con la periodicidad que fije la reglamentación, solvencia económico-financiera para financiar las prestaciones y garantizar los servicios necesarios para las prestaciones de asistencia médica.  Si el daño en la salud del trabajador se produce por una conducta del empleador asumida con intención de causarlo, será responsable conforme las normas del ordenamiento civil, que incluyen la reparación integral del daño causado, sin perjuicio de las prestaciones previstas en la LRT. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones sin perjuicio de repetir del empleador el costo de éstas. En tal caso el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la LRT. Si el empleador omitiera total o parcialmente el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas. En caso de insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado, las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo del Fondo de Garantía de la LRT. La insuficiencia patrimonial del empleador será comprobada mediante el procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde aquélla deba acreditarse. Son obligaciones de los empleadores notificar a los trabajadores la identidad de la ART en que se encuentran afiliados, denunciar a la ART y SRT los siniestros y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos; cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido  el plan de mejoramiento y mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. Los incumplimientos de los empleadores de abonar las cuotas o declarar su pago, serán sancionados con prisión de seis meses a cuatro años. La competencia para entender en este delito es atribuida a la justicia federal. Situación de varios empleadores. La LRT dispone que el PEN debe dictar las normas relativas a las situaciones de pluriempleo, de relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial, sobre la sucesión de siniestros, y cuando el damnificado es un trabajador jubilado o con jubilación postergada.

Acciones emergentes de los infortunios laborales. El decreto 717/6 establece el procedimiento para la percepción de las prestaciones, como asimismo el que debe seguirse ante las Comisiones Médicas cuando la denuncia fuese rechazada por la aseguradora, negando la existencia de la naturaleza laboral del accidente o el carácter profesional de la enfermedad, o medien divergencias con la aseguradora en relación a la incapacidad laboral temporaria o permanente, al contenido y el alcance de las prestaciones en especie, o se pretenda extender el plazo de provisoriedad de una enfermedad permanente, o la declaración de definitiva de ésta. Las CM intervendrán y dictaminarán al respecto, con excepción de las divergencias sobre la existencia de la relación laboral o monto de la retribución computable para el cálculo del  ingreso base, las que deberán ser resueltas previamente por la autoridad competente. El decreto también establece los recursos que pueden interponer el trabajador o empleador ante la Comisión Médica Central conteniendo una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida. Si la CM que dictaminó corresponde a la jurisdicción provincial, el recurso puede interponerse también y a opción del trabajador antes el juez federal. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios. Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las CM serán recurribles ante la Cámara Federal de la SS. Todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia donde tenga domicilio el trabajador y serán gratuitas para éste. Cuando se accione pretendiendo el resarcimiento integral fundado en el Art. 1072 CC en la Capital Federal será competente la justicia civil y en cada jurisdicción provincial la competencia se regirá por las normas procesales vigentes, invitándose a las provincias a adherirse al criterio de competencia enunciado en la ley. Contingencias previstas en el ordenamiento. Los accidentes de trabajo (por el hecho o en ocasión del trabajo o en el itinerario) y las enfermedades profesionales del listado y las reconocidas conforme el decreto 1278/00 para resultar relevantes en el sistema de la LRT deben ocasionar un daño en la salud del trabajador. Ese daño debe ser de entidad tal que provoque la muerte o incapacidad a la víctima (sea temporal o definitivamente, parcial o totalmente) para efectuar la prestación objeto del contrato. En el capítulo 3 la LRT define las siguientes contingencias: a) Incapacidad laboral temporaria (ILT): cuando el daño sufrido por el trabajador le impide temporariamente la realización de sus actividades habituales. El estado de la ILT comienza desde la primera manifestación invalidante de la enfermedad o accidente, y concluye en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) con el alta médica (certificado médico de que la enfermedad ha remitido o que el paciente se encuentra asintomático y con capacidad total para trabajar); 2) con la declaración de ILP; 3) con el mero transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; y 4) con la muerte del damnificado; b) Incapacidad laboral permanente (ILP):

la que se produce cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. Puede ser: 1) total: si la disminución de la capacidad laborativa fuera igual o superior al 66% de la capacidad total obrera; 2) parcial: inferior al 66%; 3) provisoria: será considerada así toda aquella que dé derecho a la percepción de una prestación de pago mensual durante los primeros 36 meses desde su declaración, plazo que podrá ser ampliado por 24 meses más cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. En caso de ILP parcial, el plazo de provisoriedad podrá ser disminuido si existiera certeza del carácter definitivo del porcentaje de disminución laborativa; 4) definitiva: vencidos los plazos de provisionalidad la ILP tendrá carácter de definitiva. También lo tendrá la ILP que diere derecho al damnificado a percibir una suma de pago único; c) gran invalidez: cuando el trabajador en situación de ILP total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de la vida; d) muerte del trabajador. Contingencias excluidas. En cuanto a las contingencias excluidas del sistema legal de la LRT, citaremos: a) toda enfermedad causada o concausada por el trabajo que no figure en el listado de triple columna o no obtenga tal calificación conforme el procedimiento del decreto 1278/00; y b) el accidente producido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el itinerario y la enfermedad profesional por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo (se infiere por conducta dolosa aquella que se asume con intención de sufrir el daño, con la intención del trabajador de aceptar un riesgo innecesario y adoptar una actitud temeraria, sin necesidad ni utilidad); c) las incapacidades preexistentes a la iniciación de la relación laboral (debidamente acreditadas en el examen preocupacional). Las acciones contra terceros. Si alguna de las contingencias previstas en la LRT hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponder de acuerdo al CC, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado. Salario y prestaciones (dinerarias y en especie). Para determinar la cuantía de las prestaciones se considera el “ingreso base” (IB) que es una variable que resulta de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (PMI) o al tiempo de prestación de servicio si fuere menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado. El “valor mensual de ingreso base” (VMIB) resulta de multiplicar la cantidad obtenida según lo dispuesto anteriormente, por 30,4. Se considera “renta periódica” la prestación dineraria de pago mensual contratada entre el beneficiario y una ART o compañía de seguros de retiro, quienes a partir de la celebración del contrato respectivo serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta periódica comienza a partir de la declaración del carácter definitivo de la ILPP y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. Si el empleador no está afiliado a una ART la prestación debe ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario, la que a partir de la celebración del contrato respectivo será la única responsable del pago.

 

Incapacidad Laboral


Prestaciones Dinerarias (percepción compatible con realización de actividades remuneradas por cuenta propia o en RD)

Temporaria

Prest. de pago mensual = VMIB (primeros diez días: a cargo del empleador, restantes: ART). Durante su vigencia (desde el día siguiente al de la primera manifestación invalidante (PMI) y mientras dure la ILT) el trabajador no percibe remuneración de su empleador. El responsable del pago debe aportar y contribuir a los subsistemas que conforman el SUSS.

Permanente Parcial Provisoria

PPM = VMIB x % incapacidad + AF

 

Permanente Parcial Definitiva

a)Incap. <=50%: indem. de pago único = 53 veces VMIB x % incap. X coef. (65/edad PMI) con tope $ 180.000 x % incap.; b) Incap. >50% y <66%: renta periódica (RP) contratada según LRT (con ART o CSR) = VMIB x % incap. (sujeta a aportes y contrib. -para AF- hasta encontrarse en condiciones de jubilarse) (Limite valor actual: $ 180.0000) + PC Art. 11 LRT $ 30.000.-

 

 

Permanente Total Provisoria

PPM = 70% VMIB + AF (con carácter no contributivo) Sin derecho a prestaciones del régimen previsional (en el resto de los casos su percepción es compatible con las prestaciones de la ART), sin perjuicio de gozar del servicio de salud (ART debe retener aportes respectivos y derivarlos al INSSJP o equivalente) Si no deviniera en definitiva, la ART se hará cargo del “capital de recomposición” del Art. 94 Ley 24241 (lo ingresado al régimen previsional mientras duraron las prestaciones anteriores, para el RC o equivalente para otro régimen)

Permanente Total Definitiva

Prestaciones de retiro definitivo por invalidez del régimen previsional al que estuviese afiliado (ojo el RI es incompatible con actividad en RD) + PC (Art. 11 LRT) $ 40.000.- + PPM complementaria a la del régimen provisional. El monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 53 veces el VMIB x coef. (65/edad PMI) y no podrá ser superior a $ 180.000.-

Gran Invalidez

Prestaciones correspondientes a la IPT + PPM = 3 AMPO ($ 240) + PC (Art 11 LRT) $ 40.000.-
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