Nociones generales, principios y fuentes del derecho del trabajo




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Prestaciones por desempleo para trabajadores del régimen de la construcción: (Ley 25371) Las prestaciones previstas por este sistema son tres: a) la prestación económica por desempleo; b) las prestaciones médico-asistenciales para el beneficiario y su grupo familiar correspondientes al Programa Médico Obligatorio (PMO) las cuales serán brindadas por la obra social en la cual el trabajador está afiliado al tiempo del cese laboral, con cargo al FNE; c) las asignaciones familiares durante el período en que percibiere la prestación económica. Son requisitos para su percepción: a) encontrarse en situación legal de desempleo y en disposición para ocupar un puesto de trabajo adecuado; b) estar inscripto en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción; c) haber cotizado en el FNE durante un período mínimo, continuo o discontinuo de 8 meses durante los dos años anteriores al cese de la relación laboral que dio origen a la situación legal de desempleo; d) solicitar las prestaciones dentro de los 90 días contados a partir del cese precitado. Habiéndose presentado alguna de las causas que prevé la Ley para encontrarse en situación legal de desempleo (bastante similares a las anteriores): a) si el trabajador percibió el fondo de cese laboral (Ley 22250) y no se reinsertó en el mercado laboral dentro de los 60 días de operado el distracto, puede tramitar la prestación de desempleo una vez transcurrido dicho plazo; b) si el trabajador no percibió el fondo de cese laboral, puede tramitar de inmediato la prestación por desempleo, debiendo acreditar de manera fehaciente la intimación de pago. El tiempo de duración de las prestaciones oscila entre tres y ocho meses según el período de cotización dentro de los dos años anteriores al cese del CT. La cuantía de las prestaciones es calculada como un porcentaje del importe neto de la remuneración sujeta a aportes percibida durante el período de seis meses anteriores a la desvinculación laboral, sin estar sujeta a mínimos y máximos. Se fijó en un  50% del importe neto de la MRMNH del trabajador. Asimismo, igual que la ley 24013, fija para el quinto al octavo mes la prestación en el 85% del monto mensual percibido durante los cuatro primeros meses. El empleador está obligado a hacer los aportes a la obra social. Si el trabajador hubiere cotizado en los dos sistemas de prestaciones por desempleo (Ley 24013 y Ley 25371) para alcanzar los períodos mínimos de cotización se pueden sumar los meses trabajados en actividades contempladas por uno u otro régimen. Sin embargo, el período mínimo considerado estará en relación con la última desarrollada, y ésta determinará la duración de las prestaciones según la Ley correspondiente.


MÓDULO 7: PROCEDIMIENTOS

 

UNIDAD QUINCE: Normas Procesales

Su importancia en materia de Seguridad Social. Principios que rigen las normas procesales del DSS: Gratuidad; Cosa juzgada; Derecho adquirido. Recursos. Naturaleza Jurídica de los organismos de la Seguridad Social.

Tramitación de beneficios previsionales. Las prestaciones previsionales del RR son otorgadas por la Anses, ente gestor ante el cual se realiza la tramitación de los beneficios. Para ello el afiliado debe peticionar ante la agencia u organismo regional de la Anses correspondiente a su domicilio real. Se formaliza mediante un formulario preimpreso de solicitud con sus datos personales completos, además en dicha oportunidad debe acompañar toda la documentación exigida para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales propios de cada prestación. Por ejemplo para la PBU es necesario acreditar servicios con aportes, en el caso de un trabajador en RD deberá presentar las certificaciones de servicios y remuneraciones expedidas por sus empleadores a lo largo de su vida laboral. El trámite administrativo es realizado por el ente gestor, se rige por las normas de a ley 24241, sus decretos reglamentarios y supletoriamente por la ley 19549 de procedimiento administrativo nacional, y numerosas resoluciones internas. Asu término se expide resolución fundada, mediante la cual se acuerdan o deniegan las prestaciones solicitadas.
Procedimiento en materia previsional: Nociones Generales. Competencia. Interpretación de leyes previsionales. Uniformidad de procedimientos. Recursos.

En cuanto a la interpretación de las normas de SS, además de los principios fundamentales, como que la ley debe evaluarse “en la totalidad de sus preceptos y propósitos finales que la informan, de manera que armonice con todas las normas del OJ vigente y del modo que mejor concuerde con los principios y garantías e la CN” se ha establecido que “dado el carácter de las normas previsionales, que tienden a reconocer derechos alimentarios, su interpretación y aplicación no puede hacerse en forma que conduzca, en definitiva, a negar su fin esencial, que es el de cubrir riesgos de subsistencia y de ancianidad; por tanto, no deben seguirse pautas rígidas de tipo gramatical, sino computar el significado profundo de ellas, teniendo en cuenta sus fines y contexto general”. “Entre la inteligencia de las normas en debate que conduzcan a la negación del derecho provisional, y otra que, sin violencia de su texto, permita su reconocimiento, debe ser preferida la segunda”. La cuestión en cierta manera ha quedado superada con la reiteradamente citada jurisprudencia de la CS según la cual, en caso de duda, debe pronunciarse a favor de quien peticiona el derecho cuando tiene una apariencia de verosimilitud.

La A.N.S.E.S. es un órgano descentralizado dentro de la jurisdicción del MTySS. Desde la sanción del Dto. 2741/91 es el órgano competente en el cual se deben sustanciar reclamos o beneficios comprendidos en el SUSS, relativos a aportes y contribuciones, deudas previsionales, régimen de asignaciones familiares, así como los derivados del régimen de desempleo. En el caso de intimaciones por deudas al SUSS, el deudor las puede impugnar y debe fundar su oposición por escrito en el plazo de quince días hábiles siguientes a la intimación, presentándose en el lugar que indique la actuación administrativa que determinó la deuda y presentando toda la documentación y prueba en su poder.

Instancia revisora administrativa (optativa): Con el fin de reducir la gran conflictividad judicial generada por la ley 24463, el MTySS crea por Res. 456/99 una instancia administrativa para revisar las resoluciones de la Anses, previa a la interposición de la demanda judicial. Esta etapa suspende los plazos procesales para el inicio de la acción judicial, hasta el pronunciamiento de la Comisión Revisora o quien haga a sus fines. El pedido de revisión debe ser interpuesto por el interesado dentro de los 30 días hábiles de notificada la denegatoria y tendría como objetivo la ratificación, confirmación, revocación, modificación o sustitución del acto impugnado y también para solicitar medidas para mejor proveer. Asimismo puede interponerse en los supuestos de: reapertura del procedimiento; nulidad de los beneficios otorgados; denegatorias de exenciones de aportes; y denegatorias y/o conflictos con el régimen de AF. No es competente esta instancia revisora en: denegatorias que se refieran a reajustes de haberes, en los que se hayan planteado cuestiones de movilidad o inconstitucionalidad de éstos; y cuestionamientos  sobre el grado de invalidez dictaminado por la CM.

Instancia judicial: La ley 23473 creó la Cámara Nacional de Apelaciones de la SS, compuesta de tres salas con tres jueves cada una, y determinando su competencia. Una ley posterior la transforma en Cámara Federal de la SS y establece el procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la Anses. Por su parte la ley 24655 crea la justicia federal de primera instancia de la SS, compuesta de diez juzgados. La CFSS es competente para resolver: a) recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los juzgados federales de primera instancia de la SSde Capital Federal; b) recursos contra la resoluciones que dicte DGI que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deudas determinadas por el citado organismo, siempre que en el plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada; c) recursos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios familiares; d) recursos de apelación contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social; e) recursos de queja por apelación denegada y pedidos de pronto despacho.

El sistema de la ley 23473/87 permitía impugnar directamente las resoluciones de la Anses mediante recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la SS, la que realizaba un control de legitimidad de la resolución administrativa resolviendo en base a las constancias del expediente, limitándose la incorporación de prueba a la que excepcionalmente se ordenara como medida para mejor proveer. Este sistema era rápido, al intervenir directamente un tribunal especializado en instancia única, siendo sus decisiones definitivas y sólo revisables por recurso extraordinario ante la CS, en su caso. La ley 24463 reforma completamente el sistema, creando un sistema de impugnación amplio siendo las resoluciones de la Anses impugnables mediante demanda de conocimiento pleno ante la justicia federal de primera instancia de la SS en la Capital Federal y ante los juzgados federales con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad de 90 días hábiles judiciales previsto en la LPA (Art. 25 Inc. a) Ley 19549) a contarse desde la notificación de la resolución administrativa. A los fines de articular la instancia judicial no se requiere la interposición de ningún recurso administrativo previo. Se admiten en general todos los medios de prueba, salvo la confesional de la Anses, recayendo el control judicial sobre los hechos de la causa y el derecho aplicable. La decisión recaída en el proceso es apelable ante la Cámara Federal de la SS y la sentencia definitiva que dicte ésta es a su vez apelable ante la CSJN por recurso ordinario. Los fallos de la Corte son obligatorios para los jueces inferiores en las causas análogas. Por lo tanto, el sistema actual prevé tres instancias judiciales ordinarias, por lo que su gran amplitud procesal implica triplicar los tiempos de demora de la causa hasta la sentencia definitiva, aspecto que resulta perjudicial a los afiliados al sistema que por su elevada edad y estado de necesidad económica, requieren celeridad para tener certeza de su situación jurídica.

Según el tipo de beneficio peticionado, diferirá el órgano judicial pertinente ante el cual se promueva la acción. Por ejemplo ante una denegatoria de Anses de un beneficio provisional de retiro por invalidez, la apelación se eleva ante la Cámara Federal de Apelaciones de la SS. Las denegatorias que versen sobre beneficios previsionales de prestación por vejez, pensiones, o reconocimientos de servicios, serán apelables ante los juzgados federales de cada provincia. En el caso particular de la Provincia de Córdoba, cabe destacar que, al poseer Caja Provisional propia como la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, caba incluir en el esquema general del derecho procesal de la SS, el ámbito provincial que difiere del nacional.

Procedimiento en materia de riesgos del trabajo: en sede administrativa y en sede judicial. Se remite a la Unidad 9.

MÓDULO 8: RÉGIMEN INTERNACIONAL

UNIDAD DIECISEIS: Derecho Internacional de la Seguridad Social.

Principios de la internacionalización de los Derechos de la Seguridad Social. La OIT establece los siguientes principios internacionales sobre la SS: 1) que haya una protección total y coordinada contra las contingencias que pueda sufrir un trabajador (sin culpa) que le puedan traer como consecuencia la pérdida temporal o permanente del salario, de la asistencia médica y de las asignaciones familiares; 2) la extensión de esta protección debe abarcar a todas las personas de la comunidad (aquí hay un desplazamiento de sectores, los que no trabajen en RD buscan la protección como si lo hicieran, en Argentina se observa en los consejos profesionales o colegios de cualquier profesión, siendo una forma de proteger a los afiliados en forma conjunta, mediante una entidad superior, por ejemplo, para que no negocien con una prepaga); 3) seguridad de recibir prestaciones sobre la base de un derecho legal establecido; 4) protección del financiamiento, basado en un principio de solidaridad, es decir que participan todos los sectores.

Tendencias hacia la universalización de las prestaciones.

Organismos internacionales: La Organización Internacional del Trabajo: su estructura y funcionamiento. Antecedentes. Se trata de una institución intergubernamental de constitución tripartita; está integrada por: a) representantes de los gobiernos; b) de las organizaciones de empleadores; y c) de las entidades de trabajadores. En cuanto a su funcionamiento, la PIT cuenta para su gobierno, administración y coordinación de programas, los siguientes organismos permanentes: a) la Conferencia Internacional del Trabajo (organismo supremo, especie de parlamento internacional donde se discuten las problemáticas sociales y laborales tanto internacionales como laborales de cada país representado); b) El Consejo de Administración (organismo consultivo con funciones ejecutivas, se reúne tres veces por año y se ocupa de que las conclusiones de la conferencia sean cumplidas); y c) La Oficina Internacional del Trabajo (secretaría permanente de la organización, dirige y coordina todas las actividades, reúne y estudia la documentación que recibe del mundo y se encarga de editar numerosas publicaciones informativas y técnicas). Asimismo, la OIT lleva a la práctica su accionar mediante distintas comisiones y comités (comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones; comisión de aplicación y convenios y recomendaciones de la conferencia; comisión de investigación y conciliación en materia de libertad sindical; comité de libertad sindical).

Las medidas y normas de validez internacional que se adoptan en el seno de la OIT se formalizan en convenios y en recomendaciones. Los convenios fijan directivas para facilitar la uniformidad de la legislación laboral de los países miembros. Algunos países los incorporan a su derecho interno con su ratificación y simple registro (teoría monista, receptada por España, México) mientras que otros requieren la ratificación del Congreso o Parlamento para que sus directivas sean incorporadas al derecho interno (teoría dualista, propia de Gran Bretaña, Canadá). Argentina desde la reforma constitucional de 1994 adoptó la monista, en el caso de nuestro país los convenios de la OIT tienen jerarquía infraconstitucional, pero superior a las leyes. Por medio de las recomendaciones, la OIT busca establecer mecanismos uniformes de validez internacional para llevar a cabo las medidas a ser adoptadas y orientar a los Estados miembros en la preparación de la legislación laboral.

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (O.I.S.S.). Es un organismo regional técnico y especializado encargado de promover el bienestar económico y social de los pueblos de Iberoamérica y Filipinas, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas de SS. Asociación Internacional de la Seguridad Social (A.I.S.S.). Con sede en Ginebra, coopera con la OIT, y tiene por objeto colaborar en la defensa, promoción y desarrollo de la SS, mediante su perfeccionamiento técnico y administrativo. Comisión Interamericana de Seguridad Social (C.I.S.S.), funcionamiento y estructura. Pueden ser miembros de ella las administraciones centrales y departamentos ministeriales interesados en el campo de la SS. Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). Otros organismos: también se ocupan de la SS dentro de la OEA, la oficina sanitaria panamericana (oficina regional de la OMS) y el programa de SS.

Convenios, Conferencias y Declaraciones Internacionales. La norma mínima de Seguridad Social. Así se ha dado en llamar al Convenio Internacional Nro. 102 de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1952, constituyendo legislación fundamental a nivel internacional referente a esta temática, a la que se deben adaptar las normas de los estados miembro, constituyendo además los convenios emanados de la OIT atinentes a la SS, que son fuente del DSS.

Contempla los siguientes mínimos: asistencia médica preventiva o curativa, y prestaciones monetarias de enfermedad, por desempleo, de vejez, en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, por invalidez y de sobrevivientes.

Convenios y recomendaciones posteriores. Distintos convenios de la OIT establecen estándares mínimos a los que deberían adecuarse los países signatarios. Entre ellos, el 102/55 y el 128/67, y la recomendación 131, referida a las prestaciones típicamente previsionales. Esta última incorpora el concepto de la llamada “invalidez de ganancias” que implica que la posibilidad de reinserción en el mercado laboral debe considerarse con relación a las habilidades del trabajador.

Convenios Internacionales de reciprocidad celebrados por la República Argentina. Se trata de convenios –en algunos casos verdaderos tratados- celebrados entre dos o más estados parte, por el cual se obligan mutuamente a reconocer derechos y obligaciones de los ciudadanos extranjeros con las mismas características y condiciones que fija la legislación interna para los ciudadanos nativos en el ámbito de la SS. Se refieren al reconocimiento de derechos a prestaciones de los extranjeros en las mismas condiciones que los ciudadanos nativos, como así también la acreditación de servicios prestados en otro Estado, donde se tributaron los aportes previsionales pertinentes.

Argentina ha celebrado con Chile, Uruguay, Brasil, España, Italia, Portugal, Grecia, Perú y Estados Unidos, convenios internacionales de reciprocidad previsional. Estos convenios cubren las distintas contingencias en la medida en que sean otorgadas en ambos países. Por ejemplo, en Italia se otorga el beneficio de pensión por fallecimiento al igual que en la Argentina, y los derechohabientes tienen derecho al beneficio en ambos países, pero el convenio dispone que se complementan, es decir que si en la Argentina la viuda percibe un beneficio de $ 150 y en Italia el que le correspondería fuese de $ 350, el organismo italiano de previsión social sólo le otorgará $ 200.

No debe confundirse la percepción del beneficio con la del país otorgante. Existen tres posibilidades distintas al respecto: a) un jubilado argentino se radica en el exterior y el Anses le gira el haber provisional a su país de residencia; b) un jubilado extranjero residente en Argentina percibe su beneficio cuando, conforme a la legislación del país otorgante, no es impedimento para la percepción el no residir en el país otorgante; y c) un jubilado percibe un beneficio provisional conforme a la legislación del país donde reside y además percibe un complemento por tener derecho a un beneficio en otro país con el que existe convenio.

Estas prestaciones de convenios internacionales se otorgan directamente por la Anses para las personas que continúen en el sistema de reparto. Las que optaron por un sistema de capitalización deben realizar toda la tramitación en la AFJP. También existen beneficios otorgados por otros países que guardan similitud con las pensiones graciables de Argentina, que se tramitan ante los distintos consulados, donde la verificación del estado de necesidad la realiza el país otorgante.

 

 

 

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