1. Contexto Mundial de la Producción de Energía Eléctrica y el Movimiento contra Represas




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La locomotora minera.

Otra de las locomotoras del desarrollo del Gobierno Santos es la minería. Sobre el particular ha causado indignación el anuncio del presidente al final de la Cumbre de la Tierra Rio + 20, de declarar 17,6 millones de hectáreas del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada como Reserva Estratégica Minera, cuando se suponía que la discusión era como afrontar la crisis ambiental, social y climática que enfrenta la humanidad. Santos ve en estas regiones una bolsa de minerales estratégicos como el uranio, el oro, el cobre, el coltán, este último, indispensable en la producción de teléfonos móviles, GSP, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, ordenadores portátiles, cohetes espaciales y cámaras fotográficas, entre muchos otros.

Con estas últimas medidas, el presidente multiplicó por más de 1000 las áreas de Reserva Estratégica del país y estaría decretando, como dijo recientemente el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la Amazonia oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia.

En los ocho años de Uribe, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones en 2001 a 8,53 millones en diciembre de 2010 para la explotación minera. Es decir, casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas (4.9 millones de hectáreas).Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas. Durante ese periodo Uribe firmó 1900 contratos mineros en los páramos.

Para profundizar en el modelo extractivista es preciso registrar el avance de los proyectos y las transnacionales petroleras. La Ronda 2012 ofreció 115 nuevos bloques petroleros dispersos por todo el territorio nacional. Del total de bloques ofrecidos, 12 se encuentran costa afuera y los restantes en territorio continental, en áreas montañosas y selváticas. Estos bloques sumarán un área sustancial a la ya adjudicada en la Ronda 2010 en la que fueron concesionadas para la exploración de petróleo y gas en Colombia más de 20 millones de hectáreas, lo cual implica, en total, entregar más de 30 millones de hectáreas en exploración y alrededor de 2,5 millones en explotación petrolera que si las sumamos con las mineras y las de la agroindustria, significarán un cambio radical del mapa territorial y profundos conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales.

En el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014”, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han asignado 12 áreas de exploración Petrolera en el Huila concesionada a nueve compañías transnacionales, entre ellas, a la multinacional francocanadiense Alange Energy Corp en la Cuenca del río las Ceibas. El bloque denominado VSM 16 (Valle Superior del Magdalena), suspendido temporalmente producto de la resistencia social, incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná que afectan las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza con el uso de la técnica de extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) denominada fracking o fracturación hidráulica. El gobierno autorizó una licencia ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas multipozo al interior del Campo de Producción Gigante, y la construcción de líneas de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo afectando el Páramo de Miraflores.

La política minero energética de Santos es producto de un cambio en el patrón de acumulación –en los tres últimos lustros, reforzando las tendencias de reprimarización de la economía basadas en la extracción intensiva de los recursos naturales, especialmente energéticos y mineros. Lo novedoso es que la reprimarización está ligada a la especulación financiera transnacional, el proceso de financiarización del capital. No se trata simplemente de un regreso al sector primario de la economía. La financiarización de la naturaleza hace referencia a los títulos de propiedad sobre los patrimonios naturales, es decir, la mercantilización y privatización de los bienes naturales con la estandarización de precios, la transformación de dichos bienes en activos financieros (sujetos de transacción en bolsa y a mercados especulativos de carácter internacional). Dicha financiarización implica el control político de los territorios, muchas veces asegurado con estrategias de militarización que no participan del circuito de producción y son de origen transnacional. Conlleva la pérdida de control popular de los territorios que convertidos en activos financieros son controlados por agentes externos para asegurar su disponibilidad y aprovechamiento en los mercados.

3.- Los conflictos socioambientales.

La reprimarización de la economía y la financiarización de la naturaleza agudizan los conflictos socioambientales y sus costos son incuantificables por los daños causados por los megaproyectos minero energéticos: La invasión por parte de las empresas transnacionales para la explotación intensiva de los recursos naturales (minerales, petróleo, agricultura, energía) y de la fuerza de trabajo para la mayor acumulación de riquezas, destruye los territorios, la biodiversidad natural y genética, la seguridad alimentaria, los ecosistemas, los proyectos de vida por el desplazamiento de comunidades y el patrimonio cultural.

Los conflictos se definen como la manifestación de las contradicciones sociales en la relación ser humano-naturaleza. Surgen cuando las transnacionales irrumpen en el territorio y privatizan los bienes naturales comunes, fracturando las dinámicas naturales y los flujos de vida.

En Colombia hay una afectación y consecuencias muy graves debido a la profundización del modelo de explotación y acumulación por expropiación en muchos casos violenta por el control corporativo de los territorios. Uno de los indicadores es la generación de nuevos conflictos territoriales, tales como:

  • Destrucción del patrimonio natural (Macizos, Páramos), y de los bienes comunes como por ejemplo, las aguas.

  • Expropiación de predios y depreciación de los mismos por medio de las declaratorias de utilidad pública.

  • Destrucción de las cadenas productivas y de la seguridad agroalimentaria incrementando los índices de desempleo.

  • Desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de desarrollo

  • Desconocimiento de la participación de las comunidades en el control y autogobierno de sus territorios debido a la legalización del ordenamiento de facto impuesto por los Megaproyectos Minero Energéticos.

  • -Presencia de grupos insurgentes y paramilitares que pugnan por el control del territorio y de los ecosistemas estratégicos.

  • Destrucción de la producción agroalimentaria, Empresas Comunitarias, tejidos sociales.

  • Persecución a la minería artesanal para favorecer a la gran minería

  • Privatización de ríos y vías para la competitividad (Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena)

  • Destrucción de Resguardos Indígenas e infraestructura (Puente El Paso del Colegio)

  • Control del mercado interno de los estupefacientes, drogadicción y violencia.

  • Degradación de la condición humana, especialmente la comercialización del sexo femenino donde se realizan los megaproyectos.

4. Resistencia Social

Los conflictos territoriales y socioambientales se expresan en las luchas contra la extracción de los patrimonios naturales, el despojo, la contaminación y/o la apropiación de dichos patrimonios. Las luchas son demandas por el mejoramiento de la calidad de vida, la garantía del derecho a la permanencia en el territorio, al disfrute de un ambiente sano, el restablecimiento de sus medios de subsistencia y respeto por sus formas de vida tradicionales. Los agentes de esas luchas por lo general son sujetos colectivos y se visibilizan a través de estrategias de movilización y resistencias construidas por ellos mismos.

Existen diferentes concepciones sobre la Resistencia. Es enfrentar el despojo como alternativa prioritaria para la defensa del territorio y la vida. Es negarse a la globalización neoliberal, al considerar la naturaleza como una mercancía. La resistencia rompe con la normalización a la que han conducido el capitalismo y el colonialismo. Es una forma utópica de soñar el futuro. En la resistencia se aprende, se construye, se potencia y se crean habilidades para las que antes las comunidades se sentían negadas. Se aprende de derecho, de comunicación, de psicología, de geología, de ecología, de biología de economía. Se discute sobre lo que antes se creía exclusividad de los expertos y se proponen y valorizan sus formas de vida.

La resistencia es una lucha donde priman las alternativas sociales y comunitarias donde se desafía el modelo de desarrollo hegemónico contraponiendo sus formas de vida y posibilitando otras para el Buen Vivir y el Vivir Bien.

Desde la resistencia se construyen nuevos conceptos: Soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, el mínimo vital gratuito del agua, moratoria de la política minero-energética.

Las resistencias se expresan en la movilización contra la entrada de los megaproyectos en los territorios y a los espacios comunitarios donde permanece la vida, como la autogestión comunitaria de modelos de aprovechamiento de los bienes comunes, en procesos agroecológicos y de recuperación de semillas, en la producción de energías alternativas, en la recuperación del trueque y de mercados locales, en la agricultura urbana, en distintas formas de movilidad sustentables, en diálogos entre el campo y la ciudad, en la recuperación de la ancestralidad, de Zonas de Reserva Campesinas agroecológicas, de procesos educativos desde el saber popular y ambiental y para la construcción colectiva de conocimiento.

La resistencia consiste en “la pervivencia y persistencia de los pueblos en sus territorios, sus culturas, sus modos de conocer (desde cosmovisiones y epistemologías propias) en contraposición de un modelo de desarrollo imperante, extractivista, neoliberal y desigual que llevaría a la destrucción de sus medios de vida y sus culturas”. La resistencia busca generar nuevas relaciones sociales, ajenas a toda forma de explotación, superando el capitalismo, el patriarcalismo y el colonialismo, recuperando la dignidad y desafiando los sistemas políticos y económicos existentes. Contribuye a construir justicia social, reivindica y revaloriza los saberes, las tradiciones, la espiritualidad, las tecnologías y las relaciones más armónicas con la naturaleza y entre los seres humanos y construye relaciones más horizontales, más democráticas, más fraternas.

La resistencia es concebida como acción argumentada y propuesta alternativa, referente de identidad individual/colectiva que implica oposición radical contra la explotación, exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento y, al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos, contra el control de los territorios por el capital financiero internacional y las corporaciones transnacionales. La resistencia como referente de análisis expresa la lógica de confrontación de poderes y la forma como pretenden legitimarse en el control territorial.

La resistencia recupera el arraigo al territorio. El derecho a la soberanía hídrica y alimentaria. La naturaleza como sujeto de derechos (CP Ecuatoriana) se la asume como un ser vivo que necesita de cuidados y normatividades para su protección.

Muchas son las experiencias: La Resistencia Civil organizada por Asoquimbo por la Defensa de nuestros Territorios, el río Magdalena, la biodiversidad natural y genética, las comunidades afectadas por megaproyectos minero-energéticos y agronegocios, las que se oponen a las represas Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manzo y La Miel I, con las exigencias de Asprocig de mitigación de impactos generados por Urra I; con las organizaciones sociales y cívicas que luchan contra la explotación minera a cielo abierto en “La Colosa”, Cajamarca, Tolima y en el páramo de Santurbán; con la asociación campesina de Inzá, Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales; con las comunidades indígenas de la Guajira que se oponen a la desviación del río Rancherías y, a nivel internacional, contra la represa del Zapotillo en México y Palo Viejo en Guatemala, entre otros. Nuestra resistencia es fuente de derecho alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas.

Producto de las resistencias surge la conformación del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos!, sus capítulos regionales y su articulación/alianza con movimientos y redes a nivel internacional Rivers.

Hoy los desplazados por represas de los procesos organizados en Ríos Vivos suman cerca de 200.000 personas. Se trata de la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígenas. Es imposible el avance de grandes proyectos minero energéticos sin el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión de los pueblos indígenas.

Entre los logros más significativos de este movimiento social se destacan:

- El posicionamiento de la temática sobre “Desplazamiento forzado por Proyectos de Desarrollo” al solicitar ante la CIDH, con el apoyo de otras organizaciones, a que se inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades. El Movimiento solicitó, además, se inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de Sesiones de su 153º período ordinario, realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014 expresó que:

(…) La Comisión también recibió información preocupante sobre la tensión que a menudo existe entre la ejecución de proyectos de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos humanos para grandes segmentos de la población en las Américas. Se han dado casos de violaciones del derecho a la vida, el desplazamiento forzado, casos en los que las fuentes de agua y de los alimentos han sido cortadas, y la violencia contra los líderes que se oponen a los proyectos de desarrollo, entre otros problemas. En las audiencias relativas a varios países, la Comisión recibió información sobre el impacto negativo que muchos proyectos de desarrollo tienen en los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, así como sobre los derechos de las comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas. (…) La Comisión Interamericana insta a los Estados a adoptar medidas para prevenir las múltiples violaciones de los derechos humanos que pueden resultar de la ejecución de proyectos de desarrollo, tanto en los países en los que los proyectos se encuentran, así como en los países de origen de las corporaciones, como Canadá (…)”

- La Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo y expresó que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”. Además, la Corte instó a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obliga a que “antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

- La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en el “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para Exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas -septiembre de 2014- estableció 14 hallazgos administrativos uno con presunta incidencia disciplinaria, contra la ANLA al señalar i) se evidencian “falencias en el otorgamiento de las licencias ambientales conferidas por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y debilidades en el seguimiento”, señalando que “de la lectura de las denuncias, se puede concluir que la ciudadanía no ha encontrado en la ANLA, el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo, limitándose a darlas a conocer a los representantes del proyecto, sin ningún tipo de seguimiento y evaluación, lo que se valida en que los afectados tuvieron que recurrir a la justicia colombiana, que a su vez reconoció sus derechos por fallas en los procedimientos del censo, según consta en Sentencia T-135 de 2013”, ii) el PH. El Quimbo constituye un riesgo no solo para la sostenibilidad económica y alimentaria de una región entera, sino que no cuenta con medidas de manejo que puedan “garantizar que el proyecto no se convierta en amenaza para los recursos naturales renovables y no renovables de la Nación, ante la falla de alguno de los elementos estructurales del mismo”, razón por la cual la suspensión de las obras de este proyecto, representa una medida oportuna y necesaria debido 1. A las amenazas no cubiertas como resultado de “la ausencia de una zonificación por amenaza volcánica relacionada con la presencia y actividades del Volcán Nevado del Huila y el Volcán Sotará”; 2. la ausencia de un modelamiento morfo dinámico relativo a las amenazas provenientes de “avenidas torrenciales, flujos de lodos, generadas por crecientes en el sector de los Ríos Páez y La Plata y el sector Río Magdalena y Río Suaza”; y 3. La ausencia de una “caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita establecer bajo un modelo determinístico o probabilístico la ocurrencia de sismos generados” por las diez fallas geológicas identificadas por el EIA que allí se señalan. Además, el ente de Control en relación con las centrales hidroeléctricas reconoce la necesidad de “profundizar en los argumentos que existen para no continuar con la construcción de las represas que expone el documento ´12 razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de las iniciativas de energía renovable´.

- El movimiento Ríos Vivos contribuyó con la elaboración de la Agenda “Unidad en la Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral” donde se consignan iniciativas para la solución negociada del conflicto armado en Colombia, en la caracterización de las Victimas de megaproyectos y la naturaleza como víctima al sostener que los megaproyectos de desarrollo -minero energéticos y de agroindustria- son parte del conflicto armado y se propone: 1) Reconocimiento de las siguientes víctimas y actores del conflicto a) Victimas de megaproyectos, b) Victimas del desarrollo, c) La naturaleza como víctima del conflicto d) Las multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia como actores del conflicto armado. 2) Suspensión o moratoria de proyectos minero-energéticos para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 3) creación de una Comisión Nacional de Represas que se encargue de estudiar y dar seguimiento a los proyectos ya construidos y en construcción, para establecer la verdad de lo ocurrido en los territorios, las relaciones entre represas y conflicto armado; instaurar directrices para la toma de decisiones sobre nuevos proyectos de represas en cuanto a lo ambiental, técnico, social, cultural y económico. Mientras el trabajo de esta comisión avanza no deberán otorgarse licencias ni permisos ambientales para la construcción de proyectos y los resultados o directrices de la Comisión deberán ser adoptados mediantes proyectos de Ley o en las Política Publicas del gobierno nacional. 4) Creación de una Comisión de la Verdad Ambiental que establezca los daños que el conflicto armado y sus actores le han generado a la naturaleza, genere directrices para su reparación y garantías de no repetición en términos ambientales y sociales.

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