1. Contexto Mundial de la Producción de Energía Eléctrica y el Movimiento contra Represas




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título1. Contexto Mundial de la Producción de Energía Eléctrica y el Movimiento contra Represas
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Propuesta de Agenda

1.- Detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas transnacionales, que destruye la economía campesina, afecta irreversiblemente la naturaleza y en especial el ciclo de reproducción del agua así como los proyectos de vida de las comunidades. En tal sentido, se requiere del control y reordenamiento territorial con la participación efectiva y real de las comunidades que ancestral y tradicionalmente han habitado los territorios dando prioridad a los usos del suelo de vocación agropecuaria sobre proyectos extractivos. En tal sentido, se propone:

- Un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica de producción de alimentos y un nuevo modelo minero energético soberano. Para tal fin, se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral, la suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para dichos proyectos. Implica de manera inmediata:

- La suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina –ZRC- a partir del Decreto 1277 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras” y en el Artículo 1 numeral 1 se refiere como primer beneficiario a las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.

- La suspensión de las licencias Ambientales para los proyectos Ituango e Hidrosogamoso y la exploración y explotación petrolera en el la Colosa, San Turban y Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional y el no otorgamiento de Licencias para la exploración y explotación petrolera en las 12 áreas aprobadas en el Huila en el marco de la “Ronda Colombia 2014”

- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena” y no a las represas ni microcentrales en el Huila y demás cuencas hídricas hasta tanto no se debata la política minero energética y se garantice la participación efectiva de las comunidades afectadas y del sector académico. Definición de un Plan Estratégico para la protección de la Cuenca del río Magdalena y Cauca y la elaboración de Proyectos por parte de las Comunidades como un Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los Petroglíficos- Estrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce del Municipio de Isnos.

- Indemnización por parte de las empresas a todos los afectados -víctimas del desarrollo- causado por los megaproyectos minero energéticos y agroindustriales.

2.- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

3.- Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de BUEN VIVIR desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.

4.- La conservación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas de la Década de los 70; de las Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, sus valles y la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de la región y la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentarias argumentada por Movimientos Sociales y ONG ambientalistas.

5.-Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las comunidades lo decidan por las condiciones agroecológicas y económico-sociales, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

6.- Garantizar por parte del estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma. Impulso a los Acueductos Comunitarios Públicos de manera autónoma.

7.- Establecer una nueva legislación socioambiental que regule el otorgamiento de Licencias para proyectos minero energéticos alternativos y soberanos lo cual implica la derogatoria del actual Código Minero y las reformas al procedimiento de licenciamiento ambiental.

8.- Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.

9.- Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública y la Autonomía Universitaria que implica la Defensa del Territorio.

10.- Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población, la revisión y control de medicamentos provenientes de las empresas farmacéuticas y el reconocimiento de las medicinas alternativas y prácticas saludables de nuestros ancestros indígenas.

11.- Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.

12.- Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.

13. Creación de una mesa de alto nivel donde se dialogue la política minero- energética con la participación de las comunidades afectadas, los ministerios de ambiente, minas y energía, agricultura, los entes de control y otras autoridades competentes así como el sector académico y empresarial. Las y los afectados no pueden seguir siendo tenidos en cuenta solamente para socializar los proyectos. Es necesario garantizar la participación de todos los sectores en la construcción de la política energética en virtud de garantizar el Estado Social de Derecho establecido en la Carta Política Colombia.

14. Realizar un estudio riguroso sobre Represas en Colombia por parte de un equipo interdisciplinario, la conformación de una Comisión Nacional de Represas que produzca directrices vinculantes para tomar decisiones sobre nuevos proyectos; se declare una moratoria para proyectos en curso hasta tanto se obtengan los resultados del estudio el cual a su vez, servirá de herramienta para la reparación histórica de los afectados por represas en Colombia. Esta propuesta se encuentra contemplada específicamente en el Pliego Unitario de la Cumbre Étnica, Agraria y Popular.

15. Se garantice la participación ciudadana en todas las decisiones que afecten su vida, en especial en aquellos lugares donde se presenta conflicto armado el cual mina las posibilidades de participación y beneficia los megaproyectos

16. Las empresas solicitantes y beneficiarias de las licencias ambientales no deben adelantar ni contratar los estudios de Impacto Ambiental.

17. Exigir el cumplimiento estricto de la Sentencia T-135/13 de la Corte constitucional, y, específicamente, la garantía de los derechos fundamentales donde el afectado es un sujeto de derechos y, en consecuencia, las empresas no deben intervenir en su caracterización en los proyectos.

Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades que habitan los territorios cercanos y la sociedad en general. No importa que empresa las construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. En la actualidad, los proyectos de represas se orientan para abastecer el mercado internacional de la energía que crece aceleradamente, o las grandes necesidades energéticas de las industrias extractivas, especialmente megamineras, que se instalan en el país. En contraposición a lo que aducen los medios de comunicación, inversores y empresas constructoras, este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos ancestrales en los territorios.

Las represas que se han construido han desplazado miles de personas en Colombia, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Diversas comunidades rurales se han visto obligadas a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle. Esto se evidencia claramente con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, El Quimbo e Hidrosogamoso, entre otras, donde cientos de campesinos, pescadores e indígenas fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y proyectos de vida.

Los proyectos energéticos deben surgir desde los territorios, cuando se requieran para atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno central hacia los territorios, lo cual ha implicado que el discurso del desarrollo y la competitividad se contraponga y vulnere los planes de vida de las comunidades que habitan las áreas afectadas por estos proyectos.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
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