Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gral del Derecho Eduardo A. Russo, 463




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títuloColección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gral del Derecho Eduardo A. Russo, 463
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Derechos Económicos Sociales y Culturales.-

Derecho a la Salud.


Tribunal: 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)







 











Fecha: 

01/06/2000




Partes: 

Asociación Benghalensis y otros c. Estado nacional







Publicado en: 

LA LEY 2001-B, 126, con nota de Maximiliano Toricelli - Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gral. del Derecho - Eduardo A. Russo, 463 - Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gral. del Derecho - Ricardo A. Guibourg, 200 - DJ 2001-1, 965 - ED 2000/11/30, 12 - Cs Fallos 323:, 1339 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo - Julio Rodolfo Comadira, 293













HECHOS:

Un grupo de entidades no gubernamentales que desarrollan actividades contra la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, promovieron acción de amparo a fin de obligar al Estado Nacional a cumplir con la asistencia, tratamiento, rehabilitación y suministro de medicamentos a los enfermos que padezcan aquella dolencia.Contra la decisión de la Cámara que, al confimar la del a quo hizo lugar a lo solicitado, interpuso el Estado nacional recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación,por mayoría, confirmó la sentencia apelada.

SUMARIOS:

  1. Si bien los gastos que demanda el cumplimiento de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627) deben ser solventados por la Nación y por las provincias, ello no supone que el Estado federal haya delegado la responsabilidad del cumplimiento del mencionado régimen -en el caso, no se suministraron los medicamentos en forma oportuna-, declarado expresamente de interés nacional (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

  2. Aunque los medicamentos para los enfermos de SIDA -de acuerdo a la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)- se distribuyan a través de los gobiernos locales, el Estado Nacional es el responsable del cumplimiento de la ley frente a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a las jurisdicciones provinciales o instituciones privadas (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

  3. La responsabilidad del Estado, en su condición de autoridad de aplicación que diseña el plan de distribución de los medicamentos para los enfermos de SIDA -ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)-, no se agota con las entregas, sino que debe velar por su correcto cumplimiento, asegurando la continuidad y regularidad del tratamiento médico (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

  4. Procede el recurso extraordinario contra la acción de amparo por la que se ordenó al Estado nacional suministrar medicamentos para los enfermos de SIDA -en los términos de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)-, toda vez que se ha cuestionado la inteligencia y aplicación de una norma federal y la decisión recaída en la causa ha sido adversa a las pretensiones del recurrente (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).

  5. Las autoridades sanitarias de la Nación, conforme al art. 4º de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627), deben aplicar métodos que aseguren la máxima calidad y seguridad, deben desarrollar programas destinados a la detección, investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de la enfermedad, gestionando los recursos para su financiación y ejecución (del voto de los doctores Moliné O'Connor y Boggiano).

  6. El art. 8º de la ley de Lucha contra SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627) establece el verdadero alcance de las medidas enumeradas en su art. 4º, al señalar que las personas infectadas tienen el derecho a recibir asistencia adecuada, reflejada -en el caso- a través del suministro continuo y oportuno de los medicamentos (del voto de los doctores Moliné O'Connor y Boggiano).

  7. El Estado nacional está obligado a proteger la salud pública -en el caso, a través del suministro oportuno de medicamentos de los enfermos de SIDA-, pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (del voto de los doctores Moliné O'Connor y Boggiano).

  8. El Estado nacional, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627), es responsable del cumplimiento de dicha norma -en el caso, a través del suministro oportuno de medicamentos de los enfermos de SIDA- en todo el territorio de la República, sin perjuicio de que los gastos que demande tal cumplimiento sean solventados por la Nación y los presupuestos provinciales (del voto de los doctores Moliné O'Connor y Boggiano).

  9. Las asociaciones cuyos estatutos incluyen la protección y asistencia de los enfermos de SIDA están legitimadas para interponer la acción de amparo tendiente a obtener del Estado Nacional el suministro oportuno de medicamentos para aquéllos -en los términos de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)-, pues el art. 43 de la Constitución Nacional reconoce legitimación a sujetos potencialmente distintos a los directamente afectados (del voto de los doctores Moliné O'Connor y Boggiano).

  10. El propósito preeminente que inspiró el dictado de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627) fue la protección de la salud pública, de modo que la problemática de dicha enfermedad -en el caso, no se suministraron oportunamente medicamentos- no se circunscribe a una provincia en particular o a varias de ellas sino que afecta a la vasta extensión de nuestro país (del voto del doctor Vázquez).

  11. La decisión de dejar en manos del Ministerio de Salud y Acción Social la fiscalización y control de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627) recalca el objetivo de afianzar la salubridad en todo el territorio nacional, lo cual no implica desconocer que la ejecución de la norma en cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias, a cuyos fines podrán dictar las normas complementarias (del voto del doctor Vázquez).

  12. Si bien los gobiernos locales son responsables directos y primarios en la adopción de las medidas indispensables para que los enfermos de SIDA puedan recibir una atención digna -en los términos del art. 8º de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)-, el Estado Nacional asumió la coordinación en la implementación de dicho programa y es responsable por cualquier incumplimiento -en el caso, suministro tardío de medicamentos- en que incurra (del voto del doctor Vázquez).

  13. Frente al incumplimiento concreto y probado de los gobiernos locales en el suministro oportuno de medicamentos para los enfermos de SIDA, el gobierno nacional debe responder frente a los damnificados, sin perjuicio de realizar el reclamo pertinente a las provincias, pues tal distribución de responsabilidad guarda concordancia con el objeto de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627), que es establecer un sistema eficiente que garantice la protección y recuperación de los enfermos que padecen dicho mal (del voto del doctor Vázquez).

  14. Es inadmisible, en los términos del art. 280 del Cód Procesal, el recurso extraordinario interpuesto contra la acción de amparo por la que se ordenó al Estado Nacional suministrar medicamentos para los enfermos de SIDA -en los términos de la ley de Lucha contra el SIDA 23.798 (Adla, L-D, 3627)- (del voto en disidencia de los doctores Nazareno, Fayt y Petracchi).

Campodónico de Beviacqua

Tribunal: 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)







 











Fecha: 

24/10/2000




Partes: 

C. de B., A. C. c. Secretaría de Programas de Salud y otro







Publicado en: 

LA LEY 2001-C, 32, con nota de Walter F. CarnotaColección de Análisis Jurisprudencial Derechos Hum. Y Garantías – Juan Antonio Travieso, 51LA LEY 2001-D, 23, con nota de Víctor Abramovich y Chiristian CourtisDJ 2001-2, 94JA 2001/03/28, 37Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. De Derecho Administrativo – Julio Rodolfo Comadira, 65CS Fallos 323:, 3229










HECHOS:

La madre de un menor que nació con un padecimiento grave en su médula ósea dedujo acción de amparo contra el Ministerio de Salud y Acción Social, que privó a su hijo de la prestación necesaria que le era suministrada sin cargo por dicho organismo. Condenada la Nación, en ambas instancias, a la entrega de las dosis requeridas, interpuso recurso extraordinario que en queja motivó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal, por mayoría, confirmó la sentencia apelada.

SUMARIOS:

  1. La autoridad pública debe garantizar el derecho a la preservación de la salud con acciones positivas –en el caso, suministro de medicamentos-, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga.

  2. El Estado nacional no puede desligarse del deber de promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad –en el caso, suministro de medicamentos- so pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, pues aquél ha asumido compromisos internacionales encaminados a tutelar la salud de los menores.

  3. El Estado nacional debe garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios –en el caso, suministro de medicamentos a un menor-, coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios.

  4. Es inadmisible –en el caso- la interrupción del suministro de medicamentos a un menor que los necesita para salvaguardar su vida y su salud, pues aquél se encuentra amparado por la ley de protección integral de las personas discapacitadas 22.431 (Adla, XLI-A, 230), que obliga a la autoridad nacional a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o la obra social a la que esté afiliado.



VocesVoces : 

ASISTENCIA MEDICA






Título: 

El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible

(a propósito del fallo Campodónico de Beviacqua)




 











Autor: 

Abramovich, Víctor - Courtis, Christian
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