Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gral del Derecho Eduardo A. Russo, 463




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Tribunal: 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)







 











Fecha: 

16/05/2006




Partes: 

Reynoso, Nilda Noemí c. Instituto Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados







Publicado en: 

LA LEY 04/08/2006, 5 - DJ 05/07/2006, 715 - IMP 2006-15, 1903 - Sup.Adm 2006 (setiembre), 18, con nota de Giancarlo Henríquez Maionica













HECHOS:

Una persona que padece diabetes y presenta una discapacidad promovió amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados solicitando la cobertura de medicamentos que necesita. El juez federal admitió la demanda. La Cámara de Apelaciones confirmó lo resuelto en cuanto a la obligación de la demandada de proveer insulina humana 100V, cintas reactivas y jeringas descartables, mientras que revocó parcialmente la sentencia en orden a la cobertura total de un medicamento y a la provisión de pañales descartables, por no corresponder. La actora dedujo recurso extraordinario afirmando que está en juego el derecho a la vida y a la salud y que lo resuelto desconoce normas constitucionales e internacionales, la ley 23.661 y decretos del Poder Ejecutivo Nacional. La Corte Suprema admite el recurso y, por mayoría, incluye la provisión de pañales descartables.

SUMARIOS:

  1. Estando probado que la actora es una persona anciana que se desplaza en silla de ruedas, que su enfermedad se encuentra en un estado avanzado y que no tiene posibilidad alguna de afrontar el costo de fármacos e insumos —en el caso, la diabetes le provoca demencia senil e incontinencia de esfínteres, por lo que requiere pañales descartables—, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados debe proporcionárselos, sin que ello importe anticipar opinión para otros supuestos en que no concurran circunstancias de extrema necesidad. (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

  2. Si bien los anexos del Programa Médico Obligatorio prevén la cobertura de un porcentaje del medicamento que necesita la actora para tratar su dolencia y no contemplan la provisión de ciertos insumos —en el caso, pañales descartables—, ellos resultan complementarios y subsidiarios y deben interpretarse en razonable armonía con el principio general que emana del art. 1 del decreto 486/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXII-B, 1698) en cuanto —aun en la emergencia sanitaria— garantiza a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

  3. El derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

  4. Cuando se trata del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que recibe financiamiento público —art. 8.k. de la ley 19.032 (Adla, XXXI-B, 1242)—, la situación de carencia económica del afiliado debe ser considerada a efectos de otorgar cobertura sanitaria. (Del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).

  5. Si bien toda obra social debe aplicar sus recursos con algún efecto distributivo —art. 3, ley 23.660, "in fine" (Adla, XLIX-A, 50)—, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por recibir fondos estatales, debe incluir en esa regla de distribución el dato referido a la capacidad total de recursos propios e imposibilidad de trabajar de sus afiliados. (Del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).

  6. Corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados financiar un porcentaje tal que permita el acceso efectivo de todos los afiliados a las mismas prestaciones incluidas en la cobertura y, en caso de que —por razones presupuestarias— esa cobertura no pueda ser igual para todos, entonces deberá ser diferencial hasta alcanzar las posibilidades económicas del afiliado y si, finalmente, éstas son nulas, deberá financiar el cien por ciento del medicamento, pese a que otros afiliados sólo tengan una cobertura parcial. (Del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).

  7. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no puede justificar en el Plan Médico Obligatorio de Emergencia su posición de cubrir sólo un porcentaje del medicamento que requiere el afiliado que no cuenta con medios para afrontar el costo —en el caso, padece diabetes—, ya que el aporte de dinero público que recibe le obliga a seguir una lógica distributiva más intensa que las demás obras sociales, razón por la cual la capacidad adquisitiva del afiliado debe ser un dato a tomar en cuenta cuando se trata de brindar cobertura sanitaria. (Del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).

  8. Tratándose de prestaciones —en el caso, entrega de pañales descartables— que están fuera de la cobertura que ofrece el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no puede ordenarse que éste las cubra, ya que de acuerdo con el régimen general, ningún afiliado recibirá financiamiento, cualquiera sea su condición económica y, por ende, no se fracturan las reglas básicas sobre las que debe funcionar dicha obra social, de acuerdo a la ley 19.032 (Adla, XXXI-B, 1242). (Del voto en disidencia parcial de la doctora Argibay).



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