Ley-adecuación a circunstancias actuales/proceso de filiacion




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Sentencia C-807/02
CIENCIA Y TECNOLOGIA-Avances/CIENCIA Y TECNOLOGIA EN PROCESO DE FILIACION-Atribución o exclusión de paternidad
CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MATERIA DE LEYES-Avances las convierte en obsoletas
LEY-Adecuación a circunstancias actuales/PROCESO DE FILIACION-Prueba del ADN es obligatoria
GENOMA HUMANO/INFORMACION GENETICA-Naturaleza dual
INVESTIGACION DE PATERNIDAD-Prueba del ADN
DERECHOS FUNDAMENTALES-Carácter por la materia y el sujeto al que pertenecen
PROCESO DE FILIACION-Esquema probatorio es diverso/JUEZ EN PROCESO DE FILIACION-Deber de practicar prueba del ADN/PROCESO DE FILIACION-Deber de practicar primera prueba del ADN aunque no se suministren recursos económicos/PROCESO DE FILIACION-Deber de practicar primera prueba del ADN por el Estado
El legislador obligó al juez a decretar la prueba, que en el estado actual de la ciencia, es definitiva para que el niño pueda saber con exactitud quienes son sus padres y esta prueba y su practica no puede estar inicialmente condicionada a que el presunto padre o madre aporte recursos económicos para su practica, ya que se dejaría el interés superior del niño constitucionalmente protegido y prevalente a merced de la voluntad del presunto progenitor. La primera prueba de ADN que impone el legislador debe ser practicada aunque los padres no suministren recursos económicos (y aunque los tengan) y el costo inicialmente debe asumirlo el Estado; sólo después que el Estado asuma el costo y se practique la primera prueba de ADN, es que entra a jugar el elemento económico: Si es pobre o no el presunto progenitor, si tiene recursos debe asumir el costo y se aplican las reglas sobre costas para saber finalmente quien paga y quien no paga la prueba. La Corte deja claramente establecido que la primera prueba se asume en su costo, inicialmente por el Estado, y éste la practica aunque el presunto padre tenga recursos económicos y se niegue a pagar lo que le corresponda. De no ser así el interés superior del niño quedaría a merced de la voluntad del presunto progenitor, a quien le bastaría con no suministrar los recursos, para que no se pudiera practicar la primera prueba de ADN e impedir que se le declare progenitor y no asumir sus obligaciones como padre. Esto sin perjuicio de que el Estado con posterioridad recupere lo gastado cuando resulte condenado el progenitor renuente o el que demandó a quien no era progenitor y deban reembolsarle los gastos.
PROCESO DE FILIACION-Finalidad
ESTADO CIVIL Y DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA
PRUEBA OFICIOSA-Finalidad
Como quiera que el Estado a través de la administración de justicia busca o tiene como finalidad primordial no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también lograr la efectividad de los derechos de las personas, ha dotado al juez de mecanismos y herramientas procesales para que la verdad procesal coincida con la verdad real y para ello ha consagrado la institución procesal de la prueba oficiosa, que es aquella que el juez decreta y practica no a petición de parte, sino porque considera conducente y pertinente a la verificación de los hechos.
INVESTIGACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Prueba oficiosa de ADN ordenada por legislador
INVESTIGACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD-Finalidad de práctica de prueba de ADN como obligatoria y única/PROCESO DE FILIACION-Finalidad de práctica de prueba de ADN como obligatoria y única
La finalidad del Estado al imponer la prueba del ADN como obligatoria y única en los procesos de filiación, no es otra distinta a su interés de llegar a la verdad, de establecer quien es el verdadero padre o madre, a través de esta prueba por estar demostrado científicamente que su grado de certeza es del 99.99%.
PRUEBA DE OFICIO-Costas procesales/PRUEBA DE OFICIO-Asunción por mitad por cada una de las partes
PRUEBA DE OFICIO-Renuencia al pago por una de las partes no impide práctica ni valoración
PROCESO DE FILIACION-Asunción por el Estado de costos de prueba de ADN
DICTAMEN PERICIAL-Modificación o rectificación ante explicación, ampliación o aclaración
DICTAMEN PERICIAL-No costos adicionales ante explicación, ampliación o aclaración
PROCESO DE FILIACION-Objeción por error grave en experticio sobre el ADN
PROCESO DE FILIACION-Asunción de costos para segunda prueba de ADN/AMPARO DE POBREZA EN PROCESO DE FILIACION-Práctica de segunda prueba de ADN
AMPARO DE POBREZA-No desconocimiento de igualdad
PRUEBA PERICIAL-Inconstitucionalidad de negación por no pago del costo

Referencia: expediente D-3979
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º parcial de la Ley 721 de 2001.
Demandante: Ariel de Jesús Cuspoca Ortiz.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA



Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil dos (2002).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES.-
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano ARIEL DE JESUS CUSPOCA ORTIZ, demandó un aparte del artículo 4º de la Ley 721 de 2001 “Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS.-
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44661 del 29 de diciembre de 2001, resaltando en negrilla el aparte demandado.
LEY 721 DE 2001

(diciembre 24)
por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 4º. Del resultado del examen con marcadores genéticos de ADN se correrá traslado a las partes por tres (3) días, las cuales podrán solicitar dentro de este término la aclaración, modificación u objeción conforme lo establece el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
La persona que solicite nuevamente la práctica de la prueba deberá asumir los costos; en caso de no asumirlo no se decretará la prueba.

III. LA DEMANDA.-
Considera el demandante que el aparte demandado vulnera los artículos 2º y 229 de la Constitución Política, por las siguientes razones:
Cargos:
El texto demandado no se ajusta al artículo 2º de la Carta Política por que quebranta uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, siendo uno de esos derechos que debe garantizar el Estado el del acceso a la administración de justicia. Pero, tal como está concebida la disposición demandada se limita el ejercicio del derecho a impugnar una prueba a las personas que no cuentan con medios económicos para sufragar las costas de ésta y aún en el caso de quienes tienen recursos para asumir su costo se establece una presunción de temeridad o mala fe toda vez que exige el pago previo para poder dar trámite a la aclaración u objeción del dictamen.
Señala que el aparte cuestionado establece una condición no razonable que limita o impide el acceso a la administración de justicia en el trámite de un proceso de filiación en el que se debate uno de los derechos fundamentales de la persona humana como lo es, la personalidad jurídica y más cuando afecta principalmente a menores de edad, pudiendo concluir en la incertidumbre de quien es el padre o madre porque la práctica de una nueva prueba tiene que ser pagada por el impugnante so pena de no ser atendido.
Agrega que no se puede limitar o impedir el acceso a la administración de justicia con el argumento económico y previo de que se debe pagar primero para tener derecho a ser oído en un proceso judicial, máxime cuando los conflictos familiares que se suscitan por el no reconocimiento de la paternidad o maternidad se presentan en mayor medida en los sectores poblacionales con menores ingresos (estratos 1, 2 y 3).

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2893, recibido en esta Corporación el 27 de mayo de 2002, solicita a la Corte declarar exequible el aparte demandado por lo siguiente:
“...como el proceso de filiación es el instrumento para lograr la determinación del derecho fundamental de toda persona a un nombre y una familia, corresponde al Estado asumir los costos de los medios técnicos necesarios para su determinación. En ese sentido, si las partes consideran que debe realizarse una segunda prueba, sin razones objetivas para ello, ellas y no el Estado, deben asumir su costo, sólo cuando existan factores atribuibles al Estado que permitan desvirtuar la certeza de ese medio probatorio, la segunda prueba estará a cargo nuevamente del Estado.
Es razonable, entonces, que la segunda prueba que se solicite, sea costeada por la parte que la solicite, salvo las excepciones de error grave, nulidad o el incumplimiento de los requisitos para su práctica, entre ellos, cuando el porcentaje arrojado no alcance los niveles de que habla la ley 721 de 2001.
En este orden de ideas, no es cierto que la norma acusada desconozca el derecho de acceder a la administración de justicia consagrado en el artículo 229, pues, precisamente, lo que se busca con la norma acusada, es que las partes no abusen de este derecho, solicitando la práctica de esta prueba, pese a no existir razones para ello.
En primer lugar, ha de precisarse que el legislador, en desarrollo de la cláusula general de competencia (artículo 150 constitucional), puede señalar las formas propias de cada juicio, esto es, entre otros, requisitos, costas del proceso, decreto y práctica de pruebas así como la asunción de los costos de los dictámenes técnico científicos necesarios. En el caso de la referencia, es claro que si las partes pretenden un segundo examen, cuando el primero ha sido avalado como medio probatorio válido por el juez, serán las partes quienes asuman su costo.
En segundo lugar, la norma acusada tampoco desconoce el derecho al nombre o a la personalidad jurídica, pues es claro que el Estado está asumiendo a su costa la práctica de los exámenes técnico científicos para la determinación de la filiación. Y cuando las partes, sin razones válidas buscan un segundo examen, deben ser éstas y no el Estado quienes asuman el costo de dicha prueba, toda vez que la prueba que se practica en la forma adecuada debe dar un índice de probabilidad superior al 99.9. Esta primera prueba, actualmente es asumida económica y técnicamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, razón por la cual en sentido lógico la segunda prueba debe ser asumida por la parte interesada, teniendo en cuenta la misma debe arrojar el resultado de que trata el artículo 1 de la Ley 721, cumpliendo los requisitos que señala el Código de Procedimiento Civil para los dictámenes periciales científicos.

Lo anterior significa que si hay que repetir la prueba porque no fue bien practicada (sic), no existe prueba válida y corresponderá al Estado asumir su valor. Por tanto, es deber del Estado realizar las acreditaciones correspondientes y vigilar los laboratorios que realizan dicha prueba con el fin de garantizar la eficiencia científica, veracidad y transparencia de las pruebas con marcadores genéticos ADN, así como reglamentar la realización de ejercicios de control de calidad a nivel nacional”.


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