México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece




descargar 0.74 Mb.
títuloMéxico, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece
página1/14
fecha de publicación25.10.2016
tamaño0.74 Mb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Juicio de Amparo 844/2013

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece.

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 844/2013, promovido por Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, por derecho propio y en representación de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil, contra actos del Presidente de la República y de otras autoridades; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el cinco de julio de dos mil trece, remitido el día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito, Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, por derecho propio y en representación de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

2. C. Secretario de Gobernación;

3. C. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación;

4. H. Congreso de la Unión;

5. C. Secretaria de Salud;

6. C. Secretario de Relaciones Exteriores;

7. C. Secretario de la Defensa Nacional;

8. C. Secretario de Marina:

9. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público…;

10. C. Secretario de Economía…;

11. C. Secretario de Comunicaciones y Transportes;

12. C. Secretaria de Desarrollo Social…;

13. C. Secretario de Educación Pública;

14. C. Secretario del Trabajo y Previsión Social;

15. C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal…;

16. El C. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.”.

ACTOS RECLAMADOS:

1. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamamos el decreto de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la referida Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

2. Del C. Secretario de Gobernación reclamamos el refrendo del aludido decreto promulgatorio de la Ley General de Salud y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.

3. Del C. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación reclamamos la publicación del Decreto Presidencial promulgatorio de la ‘Ley General de Salud’, en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.

4. Del H. Congreso de la Unión reclamamos la expedición de la ‘Ley General de Salud’, de 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en relación con los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248; con todas sus consecuencias y efectos.

5. De la Secretaria de Salud (antes Secretario de Salubridad y Asistencia); el Secretario de Relaciones Exteriores; el Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Secretario de Hacienda y Crédito Público (antes también Secretario de Programación y Presupuesto); el Secretario de Economía (antes Secretario de Comercio y Fomento Industrial); el Secretario de Comunicaciones y Transportes; la Secretaria de Desarrollo Social (antes Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecológico); el Secretario de Educación Pública; el Secretario del Trabajo y Previsión Social, y Jefe de Gobierno del Distrito Federal (antes Jefe de Departamento del Distrito Federal) reclamamos el refrendo del aludido decreto promulgatorio de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.

6. Del C. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, reclamamos la aplicación en nuestro perjuicio de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud.”.

SEGUNDO. Garantías individuales violadas. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio los contenidos en los artículos 2, 3, 4, 19, 25, 29, 73, fracciones XVI y XXI, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señaló que no existe tercero perjudicado.

TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil trece (folios 71 a 73), se admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada con el número 844/2013, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Concluido en su trámite el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes, al tenor del acta que antecede.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es competente para conocer de este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 35, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama una ley federal con motivo del primer acto de aplicación.

SEGUNDO. Fijación de actos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional.

Lo anterior quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto dicen:

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P./J. 40/2000

Página: 32

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.”

Asimismo, es aplicable la tesis aislada cuyos datos de identificación, rubro y contenido son los siguientes:

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIX, Abril de 2004

Tesis: P. VI/2004

Página: 255

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”

En este orden de ideas, de acuerdo con los criterios resaltados, así como de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados, se debe acudir al estudio integral de la demanda de garantías, sin atender a calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, desprendiéndose, por ende, que los actos reclamados consisten en:

a).- La expedición y promulgación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248.

b).- La aplicación de la Ley General de Salud artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, a través del oficio de trece de junio de dos mil trece.

En virtud de que no se impugnaron por vicios propios se deja de tener como actos reclamados el refrendo y la publicación de los ordenamientos impugnados atribuidos a los Secretarios de Gobernación, de Salud, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (en su denominación actual y correcta), con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo.

Precisados los actos reclamados se debe verificar su existencia, a fin de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de garantías y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos.

Es aplicable la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y contenido son los siguientes:

Materia(s): Común

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo 76, Abril de 1994

Tesis: XVII.2o. J/10

Página: 68

ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.”.

TERCERO. Certeza de los actos. Actos ciertos. Las autoridades responsables Cámara de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, y Presidente de la República, al rendir informe con justificación (folios 110, 108 y 178 respectivamente), manifestaron que son ciertos los actos que se les reclama, consistentes, dentro del ámbito de su competencia, respectivamente, en la expedición y promulgación de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en particular los artículos 235, en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, en su último párrafo, y 248.

La certeza anotada encuentra apoyo en lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, y en la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y contenido son:

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta

Tomo XII, Agosto de 2000

Tesis: 2a./J. 65/2000

Página: 260

PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo.”.

Por otra parte, la autoridad responsable Director Ejecutivo de Autorización de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios al rendir informe con justificación (folio 183), manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en la aplicación de la Ley General de Salud, artículos 235, en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, en su último párrafo, y 248, a través del oficio de trece de junio de dos mil trece.

Certeza que se corrobora con el original del oficio de trece de junio de dos mil trece, exhibido por la parte quejosa (folio 45), documental a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por ser un documento público del que se advierte que la autoridad responsable señalada emitió el acto impugnado en este juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y contenido son los siguientes:

Materia(s): Común

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990

Tesis:

Página: 588

INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos.”

CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. infundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento al contenido del artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, así como de la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación, rubro y contenido son:

Materia(s): Común

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo VII, Mayo de 1991

Tesis: II.1o. J/5

Página: 95

IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

La autoridad responsable Director Ejecutivo de Autorización de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos, y Sustancias Químicas aduce que no obstante que es cierto el acto reclamado conviene decretar el sobreseimiento en el juicio, en atención a que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo para ser combatido en esta instancia, toda vez que el principio de definitividad refiere que el juicio de amparo es el último recurso legal con el que cuentan los gobernados, por lo que se debieron agotar los recursos ordinarios que contemplan las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, previo a interponer el juicio de amparo.

Para determinar la eficacia o ineficacia de la causa de improcedencia propuesta, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo:

ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

(...).”.

ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;

(…).”.

El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; sin embargo, dicho principio admite excepciones reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y contenido son:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XII, Julio de 2000

Materia(s): Común

Tesis: 2a. LVI/2000

Página: 156

DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.”.

Luego, es dable colegir que la parte quejosa no se encontraba obligada, previo a este juicio de amparo, a promover el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ya que los peticionarios de amparo impugnan la Ley General de Salud con motivo de su primer acto de aplicación, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, por tanto, es dable sostener que el supuesto de improcedencia anunciado por la responsable no se actualiza, pues es evidente que la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar ningún medio ordinario de defensa, previo a la interposición de este juicio de amparo, ya que el acto que reclama se ubica en las excepciones a los principios precisados; en consecuencia, no ha lugar a sobreseer en este sumario de garantías.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas cuyos datos de localización, rubro y texto son:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo X, Agosto de 1999

Materia(s): Común

Tesis: IV.1o.A.T.10 K

Página: 793

RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO SE TRATA DE UN CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES OPTATIVO PARA EL PARTICULAR AGOTARLOS O ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS. Acorde al artículo 73, fracción XII, tercer párrafo de la Ley de Amparo, existe una excepción al principio de definitividad, cuando el acto reclamado consiste en una ley que se estima inconstitucional, pues en este caso cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el particular hacerlo valer o impugnarlo en juicio de amparo. Así que, si en la especie, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías apoyándose en la circunstancia de que el quejoso debió de agotar el recurso de inconformidad previsto por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, la determinación del juzgador de amparo carece de fundamento y motivación, en razón de que en el caso a estudio se impugnó la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, y por ende, tendrá el quejoso el albedrío de hacer valer el recurso ordinario o acudir al juicio de garantías.”.

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo XIV, Octubre de 1994

Materia(s): Común

Tesis: I. 3o. A. 143 K

Página: 356

RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO SOLAMENTE SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION (EXCEPCION UNICA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO). Si bien es cierto que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo lo es el de definitividad, conforme al cual, el referido juicio es improcedente cuando se endereza en contra de actos, respecto de los cuales procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también lo es que dicho principio admite como única excepción, cuando el acto reclamado no se ataca por ser violatorio de disposición legal secundaria alguna, sino por considerar que con dicho acto se vulnera en forma directa alguna garantía individual o precepto constitucional, por lo que sólo en ese supuesto no es necesario agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, para hacer procedente el juicio constitucional.”.

Por tanto, es infundado el motivo de improcedencia propuesto por la responsable, pues la parte quejosa reclama diversos artículos de la Ley General de Salud.

Por otra parte, el Presidente de la República aduce que el quejoso carece de interés jurídico y legítimo, en virtud de que la cita de los artículos reclamados en el oficio de trece de junio de dos mil trece no constituye acto de aplicación alguno, pues de ninguna manera se puede considerar que dicho oficio obligue a la parte quejosa a realizar acción alguna o que se le sancione, o bien, se vede derecho alguno de la accionante de garantías.

El estudio de la causal de improcedencia invocada implica analizar el oficio de trece de junio de dos mil trece, lo que conlleva a realizar el análisis de fondo de la litis constitucional; en esas circunstancias, no es posible decretar el sobreseimiento en el juicio por el motivo de improcedencia que se aduce.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son:

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta

Tomo XV, Enero de 2002

Tesis: P./J. 135/2001

Página: 5

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”.

Por su parte, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aduce que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y por eso, solicita que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia se decrete el sobreseimiento en este juicio constitucional; sin embargo, dicha manifestación resulta inatendible, ya que la misma no constituye razonamiento lógico-jurídico, por virtud del cual se esté en posibilidad de avocarse al estudio de la causal que se aduce, dado que, cuando en el juicio de amparo se hacen valer causales de improcedencia, éstas deben ser claras e inobjetables y no basarse en presunciones; es decir, para que se esté en aptitud de atender a una causal de improcedencia que se haga valer en el juicio constitucional, es necesario que la misma sea patente, clara e inobjetable; además, deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y contenido son:

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo III, Junio de 1996

Tesis: V.2º. J/18

Página: 610

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.- Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIVI, Octubre de 2006

Tesis: 2a./J. 137/2006

Página: 365

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio.”.

No existiendo más causales de improcedencia que se hagan valer, ni que se advierta de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

similar:

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconSantiago, veintiséis de diciembre de dos mil trece

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconSantiago, trece de noviembre de dos mil siete

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconEn la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de Marzo...

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconA los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconBuenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del...

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece icon1. 0 Elementos contaminantes del distrito federal

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconEn la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,...

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconProcuraduría general de justicia del distrito federal instituto de formación profesional

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconMexico: Pide senador al gobierno federal detener el cierre de radios...

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece iconEn Limache, a veinticuatro de noviembre de dos mil siete




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com