México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece




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Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, por derecho propio y por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil, a través de su representante legal, en ese sentido, en primer término, se procede analizar los conceptos de violación esgrimidos por lo que hace a la peticionaria de garantías citada en último término.

Como se señaló, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Así, en el primer párrafo del numeral citado, el Constituyente Permanente no distinguió entre “personas” físicas o morales; e, incluso, es de advertir que modificó el anterior texto del citado párrafo, que, previamente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, establecía:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.”

El anterior texto constitucional contemplaba el concepto de “individuo” como titular de las “garantías” previstas en la Constitución; sin embargo, en el proceso legislativo que culminó con la referida reforma constitucional, se señaló al respecto, lo siguiente:

Cámara de Senadores

Exposición de motivos

México, D.F., a 25 de septiembre de 2008.

11. Iniciativa de senadora (Grupo Parlamentario del PRD)

Gaceta No. 259

Presidente de la Mesa Directiva

H. Cámara de Senadores

Presente

La que suscribe, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos.

Introducción.

Las libertades públicas del gobernado en qué consisten los derechos humanos son, en México, objeto de constantes y sistemáticos atropellos por parte del poder público. Esas violaciones se deben, en gran medida, al origen antidemocrático o contrario a los intereses populares de los gobiernos, legales o de facto como el actual, de los últimos tres cuartos de siglo.

Sin embargo, ese estado lastimoso de los derechos humanos en nuestro país obedece a otra causa igualmente relevante que la anterior: la deficiencia normativa con la que se regula su reconocimiento y garantía en nuestra Constitución Política; la eficacia y respeto a los derechos humanos debe pasar por su adecuado reconocimiento en nuestro Texto Fundamental. Esta es la finalidad de la iniciativa que ahora presento; la misma mejora y amplía a la que presenté sobre el tema en octubre de 2007 y fue elaborada por organizaciones de la sociedad civil, por académicos y académicas especialistas en el tema de derechos humanos, siendo entregada a la comisión que presido para que tal propuesta fuera retomada como opción en la discusión que del tema se realizaba en el Congreso de la Unión; ante el fracaso de la llamada reforma del Estado y, en particular, el desdén mostrado hacia el tema en el proceso de ésta última, es que retomo la propuesta con el objetivo de mejorar la ineficaz regulación que existe en la materia para que, a partir de una estructura normativa más completa y garantista, puedan alcanzar los derechos humanos el respeto y observancia que tanto reclama el pueblo de México.

1. Terminología de las libertades públicas en la Constitución Mexicana.

...

2. Reconocimiento de derechos.

La Constitución es el lugar idóneo en el que se debe hacer un reconocimiento explícito del catálogo de derechos humanos de los que gozan las personas y grupos que habitan el territorio de un Estado. De esta manera, los derechos humanos forman parte de la Norma Suprema que rige en ese territorio y ocupan la máxima jerarquía jurídica en el orden jurídico del país. También, por supuesto, es una manera de asegurar, por una parte, que todas las actividades del Estado deben dirigirse a la consecución de los derechos humanos para todos y todas como su objetivo central y, por otra parte, que todas las normas jurídicas secundarias deben estar en plena sintonía con su contenido.

Actualmente el artículo primero de la Constitución establece que ‘todos los individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitución’. Aunque a través de esta oración la Constitución Mexicana hace un reconocimiento de los derechos humanos, la terminología que emplea para ello resulta limitativa de los alcances que los derechos humanos pueden llegar a tener en la práctica. Son tres las limitaciones principales:

...

2) El término ‘individuos’ resulta limitativo, dado que los únicos titulares de derechos son los individuos aislados, excluyendo como titulares de derechos a las personas jurídicas o morales e, incluso, a grupos o colectividades de personas, como pueden ser los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, una propuesta del presente documento es sustituir el término individuo por el de ‘persona’, entendiendo que se trata de un término menos limitativo, con una larga tradición jurídica y, además, neutral en cuanto al género.

Senadores

Dictamen

México, D.F., a 8 de marzo de 2011.

Gaceta No. 223

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la minuta proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 162, 182, 186, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada minuta, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de las siguientes:

...

III. Consideraciones

Como se ha descrito en los antecedentes del presente dictamen, la minuta fue aprobada en la colegisladora con modificaciones, que a continuación se señalan:

Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término ‘persona’ propuesto desde la cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.”

De lo transcrito, se deduce que la intención del Constituyente Permanente de sustituir el concepto de “individuo” por el de “personas”, fue dar claridad sobre los sujetos titulares de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución, debiendo comprender tanto a personas físicas, como a jurídicas en los casos en que ello sea aplicable. Acotación que es acorde con la naturaleza jurídica de dichas personas jurídicas o morales y el catálogo de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la persona jurídica, colectiva o moral, como resultado de la asociación de dos o más personas físicas, crea un ente jurídico independiente al de sus integrantes y sí es apta de ser titular de diversos derechos y obligaciones, autónomos, al que tienen los seres humanos que la conforman.

El artículo 25 del Código Civil Federal, señala:

Artículo 25. Son personas morales:

I. La Nación, los Estados y los Municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.”.

En congruencia con lo anterior, el artículo 6 de la Ley de Amparo establece:

Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

(…)”

Precepto que evidencia la posibilidad de que las personas morales puedan ocurrir al juicio de amparo, a través de sus representantes, alegando violaciones a los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante lo anterior, debe distinguirse entre los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución que pueden ser invocados en general por cualquier persona (física o moral), y aquellos que por su naturaleza se encuentran reservados al ejercicio de los seres humanos (no a personas morales).

Así, por ejemplo, los dos tipos de personas pueden invocar el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ambos pueden ser sujetos de un acto privativo que, por regla general, requiere de un juicio previo.

Sin embargo, por su naturaleza de ente abstracto y ficción jurídica, una persona moral no puede gozar “De los derechos de toda persona imputada”, previstos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que penalmente sólo pueden ser responsables de la comisión de un delito los seres humanos que en su caso conformen a esa persona jurídica (sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 del Código Penal Federal, que establece que en casos exclusivamente especificados por la ley, el juez podrá decretar la suspensión o disolución de la agrupación cuando se estime necesario para la seguridad pública); pues, incluso, no se podría privar de la “libertad” a dicho ente abstracto.

Lo mismo ocurre con lo alegado en los conceptos de violación que se estudian, ya que la Constitución Federal, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana; es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXV/2009

Página: 8

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”.

Criterio que derivó del juicio de amparo directo 6/2008, resuelto el seis de enero de dos mil nueve, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya ejecutoria, destaca lo siguiente:

“…que nuestro orden fundamental prohíbe cualquier tipo de discriminación, entre otras, por razón de sexo o cualquier otra, que atente contra la dignidad humana.

Asimismo, los documentos internacionales que, sobre derechos humanos, ha suscrito nuestro país, reconocen, entre otros derechos, que toda persona humana tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros, por razón de sexo, al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Así, se reconoce una superioridad de la dignidad humana, prohibiéndose cualquier conducta que la violente.

La doctrina jurídica ha sentado que la dignidad del hombre es inherente a su esencia, a su ser. Se trata del reconocimiento de que en el ser humano, hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, pues ‘se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad’.

Es un derecho absolutamente fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. Así, de la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana.

De esta manera, algunos autores señalan que, de la dignidad humana, se deriva la teoría de los derechos de la personalidad, que componen un sector, dentro del más amplio de los derechos humanos, en el cual se encuentran, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

(…).”.

De lo transcrito, se deduce que el concepto que se analiza es atinente al “ser humano”, en cuanto a su dignidad y, por ello, no es dable hacerlo extensivo a las personas jurídicas o morales; esto es, el concepto de “dignidad humana” es propio de la “naturaleza humana”, a la que hizo referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-4/84, de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (atinente a la “propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización”), la cual establece, en lo conducente, lo siguiente:

55. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

56. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose ‘en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos’ definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando ‘carece de justificación objetiva y razonable’ [Eur. Court H.R., Case ‘relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium’ (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.”

Lo anterior es acorde a los artículos 62 y 64, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen:

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