México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece




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cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en una cantidad de 5 (cinco) gramos, la citada autorización atiende al contenido de la exposición de motivos que prevee la necesidad de dar atención a las adicciones, sin descuidar la organización de la estructura punitiva contra las organizaciones criminales que promueven el consumo de drogas entre nuestra juventud; así como de dar un combate más eficiente al narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo que lacera en lo más profundo las redes sociales y familiares de nuestra sociedad y al sector más vulnerable de la misma que son las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la cannabis sativa, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

También, se impone la prohibición absoluta en el territorio nacional, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras substancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3, fracción XXI, de la Ley General de Salud, se deduce que el objeto de la Ley General de Salud es, entre otros, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede hacerse depender de la situación personal de los quejosos, al tratarse de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, cuya finalidad es la protección de la salud, entendida como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.

De esta forma, la prohibición contenida en los artículos impugnados no son arbitrarias, ni caprichosas; no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga los quejosos a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión de los quejosos sobre datos relativos a su persona, quedando intocada la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás.

Tampoco, no se vulnera en perjuicio de los quejosos el desarrollo de la personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

De igual forma, no existe violación a la intimidad de los quejosos, pues los numerales que consideran inconstitucionales no pretende coartar su libertad de decidir que aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

Ciertamente, en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, es de dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º constitucional, bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, preservando derechos de terceros y del orden público, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

Asimismo, no existe violación al principio de autodeterminación, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los gobernados, entonces, no sería razonable la prohibición contenida en los mismos, trátese de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que la protección de la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de la limitación a la libertad de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, así la dignidad humana, está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, cuya protección se vería puesta en peligro por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos como los que las previsiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Así, contrario a lo señalado por los quejosos, no existe violación al derecho fundamental de la dignidad humana, reclamado éste con los principios de personalidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, pues como quedó señalado, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en el párrafo tercero del artículo primero que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”, atiende a la dignidad de la persona humana que fundamenta la diferencia en el trato de las personas y las cosas, subrayando que la jerarquía de la persona humana es algo que se establece en relación con los demás seres corpóreos, pero no en relación de unas personas con otras; esto es, cuando se habla de la dignidad en relación de unas personas con otras no existe ese significado de superioridad, sino un significado de igualdad, pues la dignidad la poseen todas las personas por el mero hecho de tener naturaleza humana.

Así, las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de prohibir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinarios ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

En este orden, es obligación del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

En ese sentido, es infundado el concepto de violación hecho valer, pues la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

Por otra parte, respecto al tema del derecho a la salud, la prohibición contenida en los artículos impugnados es una medida instrumentalmente apta para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador legítimamente busca proteger, por tanto, no se viola en perjuicio de los quejosos los derechos de identidad personal, autodeterminación y disposición de la salud propia; pues contrario a lo señalado por los quejosos, no se imponen modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

Además, cabe recordar, que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y los quejosos pretenden defender el derecho a la salud en su aspecto negativo, máxime que el consumo de mariguana no es un derecho fundamental; de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos; de modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud.

Asimismo, contrario a lo señalado por los quejosos el consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos, se ha convertido en una de las adiciones que representan más graves problemas de salud pública, de ahí que el legislador haya establecido prohibición absoluta en relación con diversas sustancias y vegetales; además como quedó señalado en la exposición de motivos de la reforma a la Ley General de Salud de mil novecientos noventa y uno, el objetivo más amplio de la política de la salud, asistencia y seguridad social persigue impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social en esta materia.

Entendida en un sentido amplio, la salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico y social propicio para su sustento y desarrollo. La salud es un elemento imprescindible del desarrollo y, en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales, es un derecho esencial de todos.

Así, la salud es un necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales; por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.

Ahora, dado que la salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario a lo señalado por la parte quejosa sea necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

Además, en sentido contrario a lo que aducen los quejosos, los preceptos que impugnan, si bien es cierto establecen una prohibición, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o mariguana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su salud, de modo que la afectación que los peticionarios de amparo pudieran resentir, encuentra justificación constitucional.

El derecho de acceso a la salud no se relaciona directamente con el derecho de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

Sin que el suscrito desatienda que los quejosos sostengan que el consumo de mariguana no genera un daño a la salud sino un riesgo de daño a la salud; porque tal afirmación se trata de una situación particular de los quejosos, a la cual pretenden darle el carácter de general, con el fin de obtener una autorización en su beneficio; sin que en este caso se encuentre demostrado lo aducido por los quejosos y sí, por el contrario, permitiría que gozaran de una autorización que puede llegar a afectar a la salud de la población en general, lo que no es jurídicamente permisible y que tampoco genera la inconstitucionalidad de la ley.

Adicionalmente, la protección a la salud es una política integral que no se ve menoscabada con la prohibición de sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comercializar, transportar en cualquier forma, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga y que podrían resultar nocivos para la salud, no obstante los diversos beneficios que a decir de los quejosos se pudieran obtener, al constituir un aspecto de orden público, que en términos de lo expuesto, encuentra justificación constitucional, ya que el derecho del particular, debe ceder ante el interés público.

Por otra parte, no le asiste la razón a los quejosos cuando sostiene que la prohibición contenida en los artículos impugnados es injustificada y que sólo dejaría de serlo si fuera necesaria para evitar una afectación a los derechos de terceros o de la sociedad, situación que a su juicio no se da en la hipótesis regulada, porque, según sostiene, los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de mariguana ni para combatir las adicciones.

En efecto, la eliminación de la prohibición contenida en los artículos reclamados implicaría simple y sencillamente frustración de los objetivos de protección a la vida y a la salud anteriormente identificados. No hay en las normas cuestionadas, por consiguiente, restricción innecesaria de los derechos que por esta vía defiende, sino implementación de medidas adecuadas y necesarias para alcanzar objetivos legítimos constitucionalmente protegidos.

Aducen también los quejosos que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero, contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, que permitan establecer que la medida no es proporcional para alcanzar los resultados deseados, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por los quejosos.

Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de regular una restricción prevista constitucionalmente a un derecho fundamental sean válidas, deben satisfacer en principio, los siguientes requisitos, los cuales deben ser analizados siempre que se trate de restricciones a los derechos fundamentales (y no ante cualquier regulación legislativa que incida en cualquier contenido constitucional):

a) En primer lugar, la restricción reglamentada por el legislador debe ser admisible en la Constitución. El legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1o. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a derechos fundamentales adicionales a los que derivan de la Norma Fundamental, y sus facultades de producción normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a las mismas.

b) En segundo lugar, la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de ese fin, sino que de hecho esa medida debe ser la idónea para su realización, por ende, el Juez constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales. Las restricciones constitucionalmente previstas a las garantías individuales tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de ellas sólo cuando sea estrictamente necesario.

c) Debe ser proporcional. La medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

Con base en lo anterior, lo que procede es analizar si los artículos impugnados, cumplen con estos tres requisitos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza la restricción a la libertad de trabajo en tres supuestos:

a) cuando se trata de una actividad ilícita,

b) cuando se afecten derechos de terceros, y

c) cuando se afecten derechos de la sociedad en general.

Así, una de las restricciones válidas a la identidad personal y a la autodeterminación es la afectación a los derechos de terceros, lo cual “implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro”, y los artículos reclamados de la Ley General de Salud buscan proteger el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; así como la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y, por tanto, evitar que se afecten los derechos de terceros tutelados por el artículo 4o. constitucional; esto es, se trata de normas que buscan la protección de los derechos de terceros que se pueden ver afectados por la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa (marihuana); por tanto, los artículos reclamados actualizan una restricción constitucionalmente válida -evitar la afectación de los derechos de terceros- a través de un objetivo expresamente previsto en la Norma Fundamental: proteger el derecho a la salud de las personas establecido en el artículo 4o. constitucional.

De igual forma, la medida legislativa impugnada es instrumentalmente adecuada e idónea para cumplir con el objetivo señalado, pues se trata de un medio necesario para lograr el fin constitucionalmente legítimo, que es la protección a la salud de las personas, cabe aclarar que esta necesidad no se satisface si se ocupa de un interés particular o si hay otros medios que restrinjan en menor escala este derecho fundamental para alcanzar dicho fin, sino que necesariamente debe ser un interés público constitucional y no existir otro mecanismo menos restrictivo por el que pueda alcanzarse éste, así la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.

Para lograr una mejor comprensión de lo que debe entenderse como “necesidad” se considera adecuado traer a colación un ejemplo de cómo se ha entendido este concepto en los tribunales internacionales de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto a las restricciones válidas a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales respecto a los cuales tienen competencia (Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente), ha establecido que: "necesarias”, sin ser sinónimo de indispensables, implica la existencia de una necesidad social imperiosa y que para que una restricción sea “necesaria” no es suficiente demostrar que sea útil, razonable u oportuna. La necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido.

Con base en este concepto de necesidad, debe analizarse si la restricción como medio necesario para la protección del derecho a la salud, que establecen los artículos reclamados, además de salvaguardar los derechos de terceros, que es una de las restricciones autorizadas constitucionalmente, es razonable para el fin que se busca, que es la protección de la salud de las personas.

Como ha quedado señalado, el artículo 4o. constitucional, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, así el Máximo Tribunal del país ha señalado que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, es decir, que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad.

El contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta se ha realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre otros, el párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social).

En congruencia con lo anterior, la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Esto también ha sido señalado por órganos internacionales de protección de los derechos humanos, y al respecto podemos señalar lo que ha establecido el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación General No. 14 sobre el tema:

El derecho a la salud es, un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la Ley.

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.

El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar
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