México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece




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cannabis sativa y Tetrahidrocannabinol (THC), limitación que no es absoluta, en virtud de que existe la posibilidad de realizar los actos señalados siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Ley General de Salud.

En este sentido, es importante conocer los motivos que dieron origen a la limitación señalada, los cuales se encuentran contenidos en la exposición de motivos de las diversas reformas que ha sufrido la Ley General de Salud, cuyo contenido es el siguiente:

DECRETO 07 FEBRERO 1984

PROCESOS LEGISLATIVOS EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN CAMARA DE DIPUTADOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

MEXICO D.F., A 15 DE NOVIEMBRE DE 1983.

INICIATIVA

LEY GENERAL DE SALUD

(…)

La iniciativa da también particular importancia al combate del consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos, que se ha convertido en una de las adiciones que representan más graves problemas de salud pública.

La iniciativa dispone que habrá un programa de prevención y rehabilitación y regula la prescripción de esos productos por parte de los profesionales de la salud.

(…)

Se actualiza la enumeración de estupefacientes estableciendo las disposiciones legales a las que quedan sujetas y las prohibiciones absolutas en relación con diversas sustancias y vegetales; se establece, también, la forma de prescripción a la base de recetarios y permisos especiales y una limitación para preparados que contengan las sustancias que se listan. Su preparación, prescripción y venta y suministro al público, quedan sujetas a disposiciones especiales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y entre ellas que sólo pueden ser vendidos en establecimientos autorizados para ese fin.

Se establece que las sustancias sicotrópicas serán aquellas que determine específicamente el Consejo de Salubridad General a la Secretaría de salubridad y Asistencia y que, en general, son: los barbitúricos y otras sustancias naturales o sintéticas, depresores o estimulantes del sistema nervioso central, que por su acción farmacológica pueden inducir a la farmacodependencia.”.

REFORMA 14 JUNIO 1991

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN CAMARA DE SENADORES

EXPOSICION DE MOTIVOS

MEXICO D.F. A 23 DE NOVIEMBRE DE 1990

INICIATIVA

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

PRESENTES.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, señala que el objetivo más amplio de la política de la salud, asistencia y seguridad social persigue impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social en esta materia.

Entendida en un sentido amplio, la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico y social propicio para su sustento y desarrollo. La salud es un elemento imprescindible del desarrollo y, en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales, es un derecho esencial de todos.

Es por ello que con el propósito de modernizar el texto de la Ley General de Salud, para adecuarlo a las actuales exigencias nacionales en el ámbito de la salud se envía a esa H. Representación Nacional el presente proyecto de reformas y adiciones, con el que se promueven reformas en los rubros de planificación familiar, efectos del ambiente en la salud, control sanitario de medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos, publicidad, control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, así como de autorizaciones sanitarias y sanciones administrativas.

(…).”.

REFORMA 07 MAYO 1997

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

CÁMARA DE ORIGEN:SENADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MÉXICO D. F. A 20 DE MARZO DE 1997

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

P R E S E N T E S

La salud es un necesidad primordial en la vida de las personas. Es sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicos como intelectuales.

La salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento. Es el primer requisito para el bienestar.

La salud es una condición biológica y sociológica en lo individual, y es también un bien social en lo colectivo.

Dado que la salud es un derecho esencial de todos, el Estado Mexicano tutela su protección con la prestación de los servicios, el fomento en la materia, la regulación sanitaria, la capacitación de sus profesionales, la investigación, la prevención y control de enfermedades y accidentes, las políticas sobre salud reproductiva, los programas contra las adicciones y la atención y rehabilitación de enfermos, entre otras actividades.

(…).”.

REFORMA 13 JUNIO 2003

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

México, D.F., a 5 de Diciembre de 2002

INICIATIVA DE DIPUTADOS

(…)

Exposición de Motivos

El uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes de uso terapéutico, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, que hace necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos, que puede causar problemas tan graves como la drogadicción. Esta problemática exige contar con personal capacitado así como de la coordinación de instituciones y programas disponibles en el país, que permita implementar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento y normatividad, de tal forma que se garantice que estas acciones beneficien directamente a la población, proporcionado la debida seguridad hacia el manejo de los medicamentos en cuestión. Asimismo debe asegurarse un nivel de calidad en la prestación de los servicios con la finalidad de reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de estos medicamentos, por lo que es importante establecer las condiciones adecuadas para la prescripción de los mismos.

(…)

Que la garantía individual salvaguarda, en nuestra Ley Fundamental, establece lo referente a que ‘toda persona tiene derecho a la protección de la salud’, así como los cuerpos normativos que de forma simétrica la sustentan, señalan cómo responsabilidad del gobierno que para alcanzar el desarrollo de la sociedad, uno de los mecanismos es proporcionar las herramientas normativas para que los medicamentos no puedan bajo ninguna circunstancia ser subestimados o tratados como cualquier mercancía de lucro.

Que la Secretaría de Salud tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud; para ello se basa principalmente en los avisos de apertura que tramita cada establecimiento farmacéutico. A partir de este requisito, la Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios como organismo federal, y los Servicios de Salud de cada entidad federativa, de acuerdo a sus competencias, pueden vigilar sanitariamente a los establecimientos al emitir ordenes de visitas de verificación sanitaria para constatar las condiciones sanitarias de los establecimientos con toma de muestras de materias primas, productos en proceso, productos terminados y etiquetas.

(…).”.

REFORMA 07 JUNIO 2005

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES

EXPOSICION DE MOTIVOS

México, D.F., a 5 de Diciembre de 2002.

INICIATIVA DE SENADORES (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN)

(…)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos que son el horizonte de la legitimidad política, se basan en el reconocimiento de la dignidad humana, es por ello que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha establecido dentro de su preámbulo que: ‘la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana’.

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ha establecido que ‘los pueblos del continente americano han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad’.

Por otra parte, nuestra Constitución establece en el párrafo tercero del artículo primero que ‘queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas’.

Los instrumentos jurídicos mencionados hacen referencia a un concepto filosófico, cuando hablan de la dignidad de la persona humana, el Doctor Jorge Adame Goddard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dice en su libro ‘Naturaleza, Persona y Derechos Humanos’, que la dignidad significa, entre otras cosas, la excelencia o jerarquía, que tiene el ser humano sobre los demás seres corpóreos, en virtud de su naturaleza racional.

El Doctor Adame Goddard continúa diciendo, que desde el punto de vista jurídico, la dignidad de la persona fundamenta la diferencia en el trato de las personas y las cosas, subrayando que la jerarquía de la persona humana es algo que se establece en relación con los demás seres corpóreos, pero no en relación de unas personas con otras. Es decir, cuando se habla de la dignidad en relación de unas personas con otras no existe ese significado de superioridad, sino un significado de igualdad, pues la dignidad la poseen todas las personas por el mero hecho de tener naturaleza humana, sin importar cual sea el grado de desarrollo o perfección de cada persona en lo particular, así, el doctor establece que la tienen los niños lo mismo que los adultos, los nacidos lo mismo que los no nacidos, los hombre tanto como las mujeres, en suma la tiene cualquier ser humano porque cualquiera que sea la etapa o estado de su desarrollo o perfeccionamiento, es un ser corpóreo de naturaleza racional.

La dignidad de la persona, que también radica en su corporeidad y el respeto debido a ella no se extinguen con la muerte y por tanto dentro de los derechos de la persona encontramos el derecho a un trato digno al cadáver de todo ser humano. Nuestro derecho positivo ha reconocido este hecho al establecer en el artículo 346 de la Ley General de Salud que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

(…).”.

REFORMA 20 AGOSTO 2009

PROCESOS LEGISLATIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, D.F., a 2 de octubre de 2008.

(…)

Durante la última década, el narcotráfico se transformó de una forma particularmente grave para nuestro país; toda vez que hemos dejado de ser un país preponderantemente de producción y paso de drogas; ahora también se ha incrementado la venta al menudeo y el consumo ilícito de las mismas.

Las organizaciones criminales han aprovechado la división de competencias en materia de investigación, persecución y sanción de este tipo de delitos, promoviendo el consumo de drogas principalmente entre jóvenes que aún no alcanzan incluso la mayoría de edad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro del Eje de Estado de Derecho y Seguridad, en el apartado de Procuración e Impartición de Justicia establece que en México se requieren leyes que ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes y no permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad.

En el Objetivo 4, denominado ‘Modernizar el sistema de justicia penal’, se prevé el diseño de más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada. Ese reto exige que las leyes e instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la realidad.

Asimismo, en el Objetivo 8 se planteó la necesidad de recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

En dicho documento programático se establece que deberá implementarse una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo.

En este sentido, los resultados del esfuerzo desplegado por el Gobierno Federal y de las entidades federativas para combatir el narcomenudeo no tiene precedentes. De manera conjunta, en el último año se logró la detención de 9,840 personas, el aseguramiento de 31,924 kilogramos de marihuana y 875 kilogramos de cocaína. Asimismo, se desmantelaron cinco laboratorios clandestinos y se eliminaron 1,147 centros de distribución.

No obstante, los resultados preliminares de la última encuesta nacional contra las adicciones refleja datos preocupantes. En los últimos 6 años se incrementó el número de adictos a las drogas en el país en un 51%. De 2002 al 2008 el número de adictos se incrementó de 158,000 a 307,000. En ese mismo periodo el número de personas que probaron alguna vez droga subió de 3.5 millones a 4.5 millones, lo que representa 28.9% más.

A fin de eficientar la labor del Estado en materia de combate al narcomenudeo se requiere de reformas legislativas que permitan determinar de manera clara la corresponsabilidad de los Gobiernos federal y de las entidades federativas para la prevención y el combate a la posesión, comercio y suministro de narcóticos; la tipificación y sanción de esas conductas delictivas; así como la determinación de mecanismos para el tratamiento médico y programas de prevención para farmacodependientes y no farmacodependientes.

Ante estas circunstancias, el Estado mexicano esta obligado a reorganizar todos sus esfuerzos para prevenir y combatir la posesión, comercio y suministro de narcóticos a través del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas.

A pesar de la gravedad del problema, se requiere otorgar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de la intervención punitiva de las entidades federativas, al efecto, se establece que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conozcan y resuelvan de los delitos o ejecuten las sanciones y medidas de seguridad cuando se trate de los narcóticos señalados en la ‘Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato’ prevista en la iniciativa, y la cantidad sea menor del resultado de multiplicar por mil la señalada en la misma tabla.

Las drogas y cantidades señaladas en la tabla referida en la iniciativa son resultado del intercambio de experiencias por parte de la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de la República, y el Centro Nacional contra las Adicciones, de la Secretaría de Salud, en los cuales se tomó en consideración principalmente las sustancias que han sido detectadas como de mayor consumo.

Esta reforma permitirá incorporar el esfuerzo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia que tienen mayor cercanía con la sociedad afectada, así como un mayor número de elementos a su cargo en todo el país que las instituciones federales.

Lo anterior, sin menoscabo de que la Federación pueda conocer de dichos ilícitos.

En este caso, bastará que el Ministerio Público Federal solicite al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación correspondiente para continuar las diligencias necesarias para ejercitar la acción penal a nivel federal.

Esta situación es así, toda vez que en muchas ocasiones las actividades relacionadas con el narcomenudeo están estrechamente vinculadas con organizaciones delictivas que podrían rebasar las capacidades de las mismas instituciones estatales.

Se trata de fortalecer la investigación y combate a este tipo de ilícitos, no debilitar la capacidad del Estado, por tanto, se plantea un esquema de competencias en el cual las entidades federativas podrán hacer frente a un problema que genera efectos devastadores en las comunidades pero que el marco jurídico limitaba su capacidad de respuesta, y cuando las características de dicho fenómeno delictivo lo amerite, podrá la Federación reforzar, a su vez, la reacción por parte del Estado mexicano.

Además de la hipótesis antes referida en que la Federación conocerá de los delitos relacionados con narcomenudeo, se especifica en la iniciativa que también será competente la Federación para conocer de los delitos cuando la cantidad sea igual o mayor al resultado de multiplicar por mil las establecidas en la tabla arriba mencionada, al igual que cuando el narcótico no esté contemplado en la misma.

Se establece la obligación para el Ministerio Público local de informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación sobre el inicio de las averiguaciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación.

La iniciativa propone sancionar tres conductas: comercio o suministro, aún gratuitamente del narcótico sin autorización; posesión del narcótico con la finalidad de comerciarlo o suministrarlo, aún gratuitamente, y la posesión simple del mismo.

En razón de lo anterior, las reformas que se presentan a consideración de esa Soberanía definen con precisión la competencia de autoridades federales y locales a través la tabla antes citada. Así, la autoridad federal conocerá del delito cuando: a) la cantidad del narcótico exceda los límites de la tabla; b) el Ministerio Público Federal realice la solicitud de remisión del asunto al Ministerio Público local; o bien, c) el narcótico no se encuentre en la tabla de referencia.

Por lo que hace a la sanción de las conductas de narcomenudeo, se proponen reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, estableciendo penas de cuatro a ochos años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa a quien comercie o suministre narcóticos (aún de manera gratuita).

Se aumenta la pena prevista si: a) la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; b) la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, juzgar y ejecutar las mismas conductas o que pertenezcan al sistema penitenciario, además de que se les destituirá e inhabilitará de su cargo; c) la conducta se comete en centros educativos, asistenciales, policiales, de reclusión o dentro de un espacio comprendido a menos de trescientos metros del límite de su colindancia; y e) la conducta es realizada por profesionistas, técnicos y personal relacionado con la salud.

De igual forma, se precisa el no ejercicio de la acción penal cuando: a) la persona posea medicamentos que contengan narcóticos de los mencionados en la tabla, y por la naturaleza y cantidad de los mismos, se concluya que es el necesario para su tratamiento; b) la persona se encuentre en posesión de peyote u hongos alucinógenos cuando por la cantidad y circunstancias se presuma que serán utilizados en ceremonias, usos y costumbre indígenas; c) quien posea alguno de los narcóticos señalados dentro de los límites de la tabla, es decir para su consumo personal e inmediato, se somete y cumple voluntariamente el tratamiento médico respectivo para atender su farmacodependencia o en el caso de los no farmacodependientes, a los programas de prevención correspondientes que al efecto señale la autoridad sanitaria.

Sin embargo, este beneficio no se aplicará cuando la posesión del narcótico se realice: a) por tercera o ulterior ocasión; b) en el interior de centros de educación, deportivos, parques públicos o privados de acceso público, o c) dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia de los lugares señalados en el inciso anterior.

Se dará seguimiento al cumplimiento de los programas de rehabilitación o prevención, en caso de que la persona no termine el programa se iniciará averiguación previa en su contra.

Además de las sanciones previstas por la posesión, comercio o suministro de estupefacientes, se establece la obligación de las autoridades de sanitarias de brindar tratamiento médico respectivo para atender a farmacodependendientes y programas de prevención para el caso de los no farmacodependientes.

Únicamente para fines de la investigación de los delitos de narcomenudeo, a efecto de lograr la detención del responsable y el aseguramiento del narcótico, el Titular del Ministerio Público Federal podrá autorizar a los agentes de la policía bajo su conducción y mando a que compren, adquieran o reciban algún narcótico. El Titular del Ministerio Público Federal podrá autorizar a los titulares de las entidades federativas para que empleen la misma técnica de investigación.

El fenómeno del narcotráfico debe ser enfrentado por el Estado mexicano empleando todos los recursos a su alcance, otorgándole prioridad a los medios de prevención y atención a las adicciones, sin descuidar la organización de la estructura punitiva contra las organizaciones criminales que promueven el consumo de drogas entre nuestra juventud.

Debemos cerrarle el paso a la delincuencia en todos los niveles, ya sea federal o de las entidades federativas, por el crimen organizado de gran escala, así como la delincuencia que se favorece del narcomenudeo en detrimento de la salud y seguridad de nuestras comunidades.

El Congreso de la Unión ha abordado este tema con anterioridad y ha habido avances importantes, estoy seguro que la responsabilidad y compromiso de los representantes populares llevarán a cabo un análisis y discusión sobre este tema que es de importancia fundamental para nuestro país.

Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Soberanía somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(…)

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, D.F., a 9 de octubre de 2008.

2. INICIATIVA DE SENADOR (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La punición ha sido la respuesta típica y generalizada del Estado mexicano ante el problema de la farmacodependencia y del consumo de narcóticos. En la actual normatividad, se deja al juzgador la determinación discrecional de penalizar a quien se le encuentra en posesión de algún narcótico, y lo que ha generado es un esquema de criminalizar el consumo de estupefacientes y psicotrópicos ilegales.

No hay una política antidrogas de prevención del consumo y la farmacodependencia, sino el seguimiento fiel a la política antidrogas de los Estados Unidos que destina casi 70 por ciento del presupuesto federal a la persecución y punición y solamente un escaso 30 por ciento para la prevención del consumo. Las cifras de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en donde se aumenta ostensiblemente el presupuesto para las áreas de seguridad pública, defensa, procuración de justicia, y se disminuye el presupuesto de las áreas sociales son muestra palpable de lo anterior.

Se persiste en combatir la oferta de narcóticos en lugar de prevenir el consumo de los mismos. Esta política ha demostrado su fracaso en el aumento del consumo, como se ha hecho evidente en los resultados de la encuesta Nacional de Adicciones 2008 presentada recientemente por el secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova; y en las consecuencias de la ‘guerra’ como política de gobierno que unilateralmente se le declaró al crimen organizado, especialmente al narconegocio, y que han colocado a nuestro país en situaciones de violencia criminal nunca antes vistas.

Esta concepción fallida, con la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, enviada al Senado el pasado 2 de octubre por el Ejecutivo Federal, pretende ser respaldada jurídicamente.

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