México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil trece




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Compartimos la necesidad de dar un combate más eficiente al narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo que lacera en lo más profundo las redes sociales y familiares de nuestra sociedad y al sector más vulnerable de la misma que son las niñas, niños y jóvenes, por lo que creemos importante avanzar hacia las reformas que permitan la concurrencia de facultades para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo, y creemos que las propuestas que estaban contenidas en la Iniciativa de Decreto que se aprobó por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 2006, vetada por la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) y Vicente Fox, permitían dotar a las autoridades federales y locales de dichas facultades.

Sin embargo, no compartimos que criminalizar a los jóvenes que consumen narcóticos sea una medida que permita combatir realmente al flagelo del narcomenudeo. Es necesario priorizar la prevención del consumo y el tratamiento de los farmacodependientes, más que reprimirlos y hacerlos víctimas de las extorsiones por parte de policías, agentes del ministerio público y juzgadores, como actualmente ocurre.

El combate al narcomenudeo es un buen pretexto para criminalizar el consumo y, por ende, a los adictos, quienes no deben ser sujetos de persecución policíaca sino de tratamiento médico, psicológico y social. La línea que divide al consumidor o adicto del narcomenudista es ambigua y, por tanto, al ser aplicada con discrecionalidad por autoridades policíacas y judiciales se abre la puerta para todo tipo de arbitrariedades, injusticias y violaciones a los derechos civiles de consumidores y adictos.

Entre las diversas estrategias fallidas que la Procuraduría General de la República (PGR) ha instrumentado contra el crimen organizado desde el sexenio pasado, ha estado la de priorizar ‘el combate contra el narcomenudeo’. Así, el 3 de octubre de 2005, el entonces titular de esta institución Daniel Cabeza de Vaca Hernández declaró al diario ‘La Jornada’ lo siguiente: ‘el narcotráfico de gran escala no es problema de seguridad nacional; creo que lo más grave es el narcomenudeo, y por ello los tres niveles de gobierno debemos convocar a la sociedad para trabajar juntos contra este flagelo’.

El sucesor de Cabeza de Vaca en la PGR, Eduardo Medina-Mora ha hecho declaraciones similares en diversas ocasiones durante estos dos últimos años, dos de ellas con la evidente concepción que anima la Iniciativa del Ejecutivo Federal de criminalizar a los consumidores y farmacodependientes. En pocas palabras el adicto que no se rehabilite (sic) va a ir a la cárcel. (Milenio, viernes 3 de octubre)

La experiencia de los últimos años evidencia que es un hecho que las políticas de prevención del consumo de drogas, implantadas tanto por el Ejecutivo Federal, como por las demás entidades federativas, no están dando los dividendos que la sociedad espera. Como mencionábamos antes, los resultados iniciales de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) de 2008, no dejan de ser ilustrativos del incremento que se ha dado durante los últimos años del consumo de drogas ilícitas, así como de la imperiosa necesidad de reforzar los programas preventivos que, como se ha mencionado, dejan mucho que desear en cuanto a sus impactos en la población.

Entre los principales resultados de la última ENA, destacan los siguientes:

1. En seis años (de 2002, fecha de la anterior Encuesta Nacional a 2008 en que se realiza esta nueva ENA), se incrementó el número de adictos en un 50%, lo que equivale en números absolutos a medio millón de personas.

2. Durante ese mismo período de tiempo, se incrementó el 30% de quienes consumieron por primera vez: en el 2002 era de 3.5 millones, en el 2008 es de 4.5 millones.

3. Las personas entre 12 a 25 años están más expuestas (en un 43%).

4. El 21.5% la ha consumido de manera experimental.

5. El 13% de manera frecuente; de éstos el 2% de hombres y el 1.2 de mujeres llegan a niveles de dependencia.

6. Los consumidores de coca se duplicaron: de 1.23% a 2.5%.

7. Los consumidores de marihuana de 1.1 a 3.3% en mujeres, y del 4.4 a 8.3 en hombres.

8. Los jóvenes de 12 a 17 años son los más vulnerables y el 82% de los riesgos se da en las escuelas. Entre los estudiantes de estas edades, el 17% manifestó que les fue regalada.

9. Solo el 16% de los adictos acude a tratamiento.

10. El consumo de drogas aumentó en la población femenina: 800 mil mujeres consumen enervantes, lo que significa que por cada 4.5 hombres adictos hay 1 mujer.

11. Otro dato importante es que el 10% de éstos, intentó suicidarse.

ANTECEDENTES

- El 7 de enero de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió por parte del Poder Ejecutivo un paquete de iniciativas con proyecto de decreto para proponer reformas, adiciones y la derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de narcomenudeo.

- De acuerdo con la exposición de motivos de dicha iniciativa, ‘se estima que el flagelo del narcomenudeo constituye un problema de interés nacional que, en primera instancia, lesiona la salud de los habitantes de la célula primaria del Estado, es decir de los municipios y por ende de los gobernados de las entidades federativas.’

- Bajo esta premisa, la iniciativa incluyó una reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional para dotar al H. Congreso de la Unión de facultades para establecer en las leyes federales los supuestos en que las autoridades del fuero común pudieran conocer y resolver sobre delitos federales. Esta reforma fue el sustento constitucional a la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal y al de Procedimientos Penales para que el narcomenudeo fuera una materia concurrente, es decir, que tanto la federación como las entidades federativas tendrían facultad para investigar y combatir el delito.

- La reforma constitucional fue aprobada por el Senado el 4 de agosto de 2004 y en la Cámara de Diputados el 28 de junio de 2005, tras cursar el proceso de aprobación por los congresos locales, fue publicado el Decreto en el Diario Oficial el 28 de noviembre del mismo año

- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura organizó una reunión con autoridades estatales (procuradores, secretarios de seguridad pública y presidentes y magistrados de tribunales) el 8 de marzo de 2005 para discutir la reforma constitucional; y ya aprobada ésta, nuevamente convocó a reuniones de trabajo con procuradores, secretarios de seguridad pública y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, y al Procurador General de la República, respectivamente, los días 15 y 28 de febrero de 2006. Como parte de este debate, se convocó a una comparecencia ante el Pleno de la Cámara al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora (ahora procurador General de la República) en el mismo mes de febrero.

Las opiniones generalizadas de las autoridades estatales en estas reuniones fueron de oposición a las reformas legales en materia de narcomenudeo, principalmente bajo los siguientes argumentos:

- Desacuerdo con la transferencia de facultades disfrazada de concurrencia de competencias

- Falta de recursos presupuestarios para instrumentar los programas de combate al narcomenudeo

- Falta de capacitación e infraestructura de los cuerpos policíacos

- Mayor vulnerabilidad del sistema para ser presa de la corrupción

- Criminalización del consumidor de estupefacientes

- Su oposición a la inclusión de disposiciones de carácter penal en una normatividad administrativa como la Ley General de Salud

- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de Cámara de Diputados en la legislatura pasada dirigida por el PRI, debido a su desacuerdo con los términos en que se planteaban las reformas a la legislación secundaria, aceptó iniciar un trabajo de revisión y análisis conjuntamente con expertos, legisladores, juzgadores, y funcionarios de procuración de justicia y seguridad pública de las entidades federativas.

- Después de una amplia discusión y debate entre los responsables de las áreas vinculadas con el tema de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, se logró consensar un dictamen cuya base fue la propuesta de modificaciones a la Minuta del Senado.

- El dictamen de la Minuta del Senado, con modificaciones sustanciales, se aprobó por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de abril de 2006, y se regresó al Senado.

- La discusión de la Minuta modificada se inició en el Senado casi a la medianoche del 26 de abril, y se discutió si se aceptaban las modificaciones realizadas por Cámara de Diputados. El senador Carlos Chaudri del PRI planteó que conforme el procedimiento que el Senado de la República había establecido en relación con la Minuta del voto de los mexicanos en el exterior que envió la Cámara de Diputados, el Senado había acordado que las y los diputados no tenían la facultad de modificar sus modificaciones y que lo único que procedía era o aceptar las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados a la Minuta enviada por el Senado o no aceptarlas.

- Puesta la discusión en esos términos el último día de sesiones de la LIX Legislatura, y dada la presión social que el tema concitaba, a propuesta del entonces presidente del Senado, Jorge Zermeño, se votó si aceptaban o no las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, y en una votación en la que los mismos grupos parlamentarios dividieron su voto, se aprobó por mayoría que sí se aceptaban.

- La posición oficial que emitió el Ejecutivo a través del vocero presidencial, Rubén Aguilar, fue de beneplácito por la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas; e informó que el Ejecutivo federal iba a enviar el Decreto a su publicación en el Diario Oficial.[1]

- Otros actores salieron a opinar, el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, declaró que no conocía los términos de la nueva normatividad, pero que el gobierno de Estados Unidos estaba en contra de dicha aprobación (sic).

- El nivel de intervencionismo de la administración Bush se expresó con tal fuerza que varios funcionarios estadunidenses de inmediato buscaron contacto con los responsables del gabinete de Seguridad del ejecutivo federal para manifestar el rechazo de su gobierno a las reformas aprobadas por el Congreso mexicano y presionar para que éstas fueran rechazadas.[2]

- También el representante de la jerarquía católica, el cardenal Norberto Rivera, salió a pontificar acerca del tema. [3]

- Las reacciones fueron diversas. Algunos de los que rechazaban las reformas aprobadas argumentaban en contra de la no criminalización de los consumidores. En la lógica de quienes sostenían que se estaba legalizando el consumo de drogas, y criticando la tabla que se estableció de las dosis mínimas permitidas para el consumo personal, que fue otra de las observaciones de los funcionarios de Estados Unidos.[4]

- La postura prohibicionista se impuso en el Ejecutivo Federal a pesar de que al interior se dieron opiniones de que se publicara el Decreto, y ya publicado se presentara una iniciativa de modificaciones que contuviera el sentido de las observaciones que, principalmente, habían hecho los funcionarios de la seguridad doméstica de Estados Unidos.

- Ante esta situación, se organizó un Foro de discusión sobre las Reformas en materia de Narcomenudeo el 11 de mayo de 2006, convocado por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Salud, presididas por la diputada Claudia Ruiz Massieu (PRI) y el entonces diputado, ahora Secretario de Salud del gobierno calderonista, José Ángel Cordova Villalobos (PAN).[5]

- Vicente Fox no planteó un veto oficialmente, sino arguyó que tenía observaciones a las reformas y esperó hasta el último segundo del plazo constitucional establecido para la publicación del Decreto, sólo entonces envió las observaciones.

- Las observaciones del Ejecutivo Federal fueron enviadas para su análisis en Comisiones Unidas, y en las reuniones de las mismas se resaltaron las observaciones siguientes:

a. el cuestionamiento a la concepción represiva que regresa al esquema de criminalización a los consumidores;

b. el tema presupuestal para darle operatividad a las acciones e instancias derivadas de la Ley, en particular se señaló la carencia de centros de rehabilitación en el país, sobre todo la carencia de ellos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) y en la mayoría de municipios en los estados;

c. la inexistencia de una política de prevención al consumo y derivado de ello, el riesgo potencial de llenar las cárceles con los consumidores

- El 28 de marzo de 2007, se convocó a una reunión bicameral de Comisiones Unidas de Salud, Justicia y, Estudios Legislativos Segunda con funcionarios del Ejecutivo Federal para discutir el tema. En esta reunión se presentaron datos, cifras y argumentos a favor y en contra de las observaciones al Ejecutivo Federal.

- El 24 de abril que se realizó una reunión de Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda para discutir un Anteproyecto de Dictamen en el que se aprueban, con el voto en contra de los legisladores del PRD, una serie de modificaciones a los Artículos 478 y 479 que satisfacen las observaciones del Ejecutivo federal e incluyen definiciones de algunos de los senadores integrantes de las comisiones; en dicha reunión acordaron que se hacían las modificaciones al Anteproyecto de Dictamen que surgieron en la discusión y que se presentaban a una nueva reunión de Comisiones Unidas para aprobar el Dictamen.

- El pasado 23 de octubre de 2007, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Alejandro González Alcocer, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 479 y 482 de la Ley General de Salud, que fue dictaminada a favor y presentada para su aprobación en la sesión convocada para el 14 de noviembre de 2007. En el proyecto de Decreto de reformas a la Ley General de Salud vetado por el Ejecutivo Federal foxista, por la DEA y el Departamento de Estado estadunidense, se ampliaban los artículos de la Ley hasta 482, sin embargo, al no publicarse el decreto no existen estos artículos.

- Al momento, se encuentra en Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos: un Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales aprobado el 27 de abril de 2006 por el Congreso de la Unión y no publicado por las observaciones del Ejecutivo Federal; y una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los mismos ordenamientos legales presentada por el ejecutivo Federal el 2 de octubre del 2008.

[1] CIUDAD DE MÉXICO (AP). El presidente Vicente Fox sí tiene previsto promulgar una ley aprobada por el Congreso que despenaliza la portación de pequeñas cantidades de cocaína, marihuana e incluso heroína para uso personal, informó el martes su vocero./ El portavoz presidencial Rubén Aguilar defendió en rueda de prensa la ley ratificada el viernes pasado por el Senado, pese a que ha generado algunas críticas en Estados Unidos por considerar que podría incrementar los problemas relacionados con las drogas. / ‘El señor presidente va a firmar esa ley’, declaró Aguilar. Indicó que el gobierno la considera ‘un avance’ porque ubica ‘con precisión los mínimos que un ciudadano puede portar para consumo personal’. / La ley permite poseer no sólo a adictos sino a ‘consumidores’ en general hasta 25 miligramos de heroína, cinco gramos de marihuana o 0,5 gramos de cocaína; también autoriza pequeñas cantidades de otras drogas como LSD, MDA y MDMA, también conocido como Éxtasis. / Actualmente, la ley mexicana deja en manos de jueces la posibilidad de no fincar cargos a una persona si ésta puede probar que es adicto y si se establece que fue detenida con la cantidad necesaria sólo para su uso personal. No se establecen cantidades específicas. / La reforma también faculta a las policías locales para perseguir el tráfico de drogas al menudeo, lo que a decir del vocero de Fox ‘permite una mejor acción y una mejor coordinación para la lucha en contra del narcomenudeo’. / ‘Nos parece que es una buena ley y un avance para combatir al narcotráfico’, añadió. / En California, el alcalde de San Diego Jerry Sanders criticó la nueva ley: ‘Pienso que vamos a ver más drogas disponibles en los Estados Unidos’, dijo. Fuente: Dow Jones Newswires, 2 de Mayo.

[2] Así mismo, el procurador de justicia estadounidense, Al Gonzales, llamó a su par mexicano, Daniel Cabeza de Vaca, la titular de la DEA, Karen Tandy se reunió con Eduardo Medina Mora secretario de Seguridad Pública y el zar antidrogas, John Walters, externó su preocupación al respecto dando como resultado que el presidente de la República, Vicente Fox Quezada, vetara la ley sobre drogas que él mismo había propuesto, sin embargo el canciller Luis Ernesto Derbez opinó que EU no había influido en la decisión del presidente.

Ante estas reacciones, el Ejecutivo federal regresó la ley al Congreso para que se hicieran las correcciones; señalando ‘revisaremos las cantidades de las dosis establecidas en la tabla y se castigará penalmente a quienes posean drogas para consumo personal’. Fuente: DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS EN MÉXICO, Guadalupe Ramírez Zepeda. Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas del Estado de Sinaloa. Página Web.

Critica EU ley, Fox la veta; funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado señalaron que solicitaron a México no promulgar una ley que en principio busca combatir el tráfico de drogas, aunque provoca una percepción opuesta. ‘Fuimos fuertes en urgir a nuestros colegas a trabajar para asegurar que la ley evada cualquier percepción de que el uso de drogas sería tolerado en, México’, dijo una fuente del Departamento de Estado. En respuesta, el Procurador de Justicia estadounidense, Al González, llamó a su par mexicano, Daniel Cabeza de Vaca. Mientras que la Titular de la DEA, Karen Tandy, viajó a México para reunirse con el Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y el Zar antidrogas, John Walters, externó su preocupación al respecto. Fuente Periódico Reforma, 26 de mayo de 2006. p.3

[3] Ojalá que realmente sea vetada esta ley, porque no tiene sentido que en México se apruebe el consumo y repruebe el tráfico de drogas, ya que aprobar la ley como está escrita lo único que fomentaría sería el consumo de las drogas. "México, alertó, se volvería más violento". Op. Cit. Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas del Estado de Sinaloa. Página Web.

[4] ¿Quién fijó las dosis? Se trata de una propuesta específica del secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, quien aseguró que se trataba de un estudio surgido de consultas con la Secretaría de Salud y con el Instituto Nacional de Psiquiatría, en los que existe un centro especializado en adicciones. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, por recomendación de algunos expertos, que no son autoridades federales, las dosis de consumo máximo fueron incrementadas para la marihuana, anfetaminas, tachas, peyote y hongos alucinógenos. Ibid.

[5] Anexamos el resumen de las principales ponencias presentadas en el Foro. Destaca la participación en el mismo de Educado Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública y ahora procurador General de la República.”.

Del contenido de las exposiciones de motivos que quedaron plasmadas se deduce que el objetivo de la política de la salud persigue impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios, que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social en esta materia, en ese contexto. La salud es un elemento imprescindible del desarrollo y, en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales, es un derecho esencial de todos.

El uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, que hace necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos, que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

La salud es uno de los más profundos valores y derechos de los individuos, ésta dignifica al hombre y es una responsabilidad que el Estado debe asumir en cumplimiento del artículo 4°, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, en este sentido el derecho a la protección de la salud es una de las garantías sociales fundamentales del individuo que reconoce la Constitución, como condición necesaria para el ejercicio de los otros derechos y de los derechos fundamentales.

Con la publicación de las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales se buscó poner orden y transparentar diversos conceptos que, en la práctica procesal, no estaban perfectamente delineados. A partir de estos cambios se especifica, en cuanto a la persecución y castigo de la distribución de drogas, qué tanto es competencia de la Federación y cuál el ámbito donde las entidades federativas pueden intervenir. Esto mismo sucede con el denominado “consumo personal” de ciertos narcóticos.

Las modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales buscaron regular de manera clara, distintos aspectos referentes a la venta y consumo de drogas en nuestro país, asimismo, se estableció con claridad cuándo el ministerio público federal deberá atender estos asuntos y cuándo será competencia del fuero común, delimitando así en qué casos se estaría frente a un delito de narcomenudeo o de narcotráfico. Este paquete de reformas conocido como “Ley de Narcomenudeo” generó una serie de polémicas en la ciudadanía en general, pues el desconocimiento de su sentido, el de regular, se confundió por la legalización de las drogas, especialmente por establecer una tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de diferentes sustancias (artículo 479 de la Ley General de Salud).

La Ley General de Salud permite distinguir entre farmacodependiente y consumidor de narcóticos, así se entiende pro farmacodependiente a toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos, y por consumidor a aquel que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos sin presentar signos ni síntomas de dependencia.

Tanto farmacodependientes como consumidores gozan de una excusa absolutoria, siempre y cuando las cantidades de droga con que se les sorprenda no rebasen lo que señala la tabla de orientación, contenida en la Ley General de Salud, sin que esto signifique que se ha legalizado la posesión de drogas.

De acuerdo con la tabla de orientación que aparece en la Ley General de Salud, habrá narcomenudeo cuando una persona posea narcóticos en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las cantidades consideradas como dosis máximas de consumo personal.

Esta ley prevé, además de multas, penas de prisión para los responsables del narcomenudeo. El comercio o suministro de narcóticos en cantidades inferiores a las que resulta de multiplicar por mil tiene una penalidad de 4 a 8 años.

La posesión de narcóticos en cantidades superiores a las señaladas en la tabla de orientación se castiga, de acuerdo con el Código Penal Federal, con una pena de cinco a quince años de prisión.

Ante las dificultades para determinar a partir de qué cantidad se habla de consumo personal, de narcomenudeo o de narcotráfico, la tabla de orientación establece que cualquier cantidad que resulte inferior a multiplicar por mil la dosis máxima de consumo personal prevista en la tabla se considerará narcomenudeo.

Si ubicamos la cocaína, por ejemplo, cuya dosis máxima de consumo personal son 500 miligramos, al multiplicar esta cantidad por mil obtenemos .5 (punto cinco) gramos, así quien se encuentre en posesión de una cantidad inferior a esta última estará cometiendo un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y, por ende, será sancionado por autoridades del fuero común, por el contrario, se estará en presencia de narcotráfico cuando se esté en posesión de una cantidad que resulte ser igual o mayor de multiplicar por mil la dosis máxima personal; esto es, si alguien se halla en posesión de .5 (punto cinco) gramos o más, se considerará narcotráfico y será sancionado por la autoridad del fuero federal. En el caso de narcotráfico, el Código Penal Federal contempla penas que van de los 10 a los 25 años de cárcel.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.

En los primeros cinco conceptos de violación, mismos que se analizarán de forma conjunta, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, en esencia, la parte quejosa aduce lo siguiente:

1.- Que la política prohibicionista contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, vulneran el derecho a la identidad personal, a la dignidad humana y al principio de pluralismo, contenidos en los artículos 1, 2, 3 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preámbulo y artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda vez que el Estado no puede llevar a cabo acción alguna tendiente a socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse en sociedad, a menos que exista un interés superior para ello, como sería la existencia de un peligro concreto para terceros o una afectación a los derechos de éstos, en virtud de que todo individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida y la manera en que logrará las metas y objetivos que para él son relevantes, esto es, el gobierno de abstenerse de imponer modelos y estándares de vida que son ajenos a los particulares, esto es, no puede intervenir en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada.

2.- Que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud para la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionados con el autoconsumo de marihuana implican una restricción inconstitucional e ilegítima, toda vez que para restringir un derecho se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a).- Tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional.

b).- Que la medida empleada sea necesaria para alcanzar la finalidad deseada.

c).- Que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta.

d).- Que la persecución del objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

3.- Que la política prohibicionista no tiene una finalidad legitima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido; asimismo, la política en cuestión no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones ya que el número de consumidores de cannabis ha aumentado en los últimos años, por lo que despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma; es decir, la política prohibicionista no es un medio adecuado para conseguir el fin deseado.

4.- Que la política citada no es proporcional, toda vez que suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos; de ahí que los perjuicios que genera la política pública son mayores a los beneficios que genera.

5.- Que los artículos impugnados vulneran los derechos a la personalidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la “dignidad humana”.

6.- Que los artículos impugnados expresan que no se puede utilizar el cuerpo y la imagen para las metas y objetivos que se consideran relevantes, que no se puede disponer de forma libre y autónoma de la persona, y que el disidente y el opositor deben ser perseguidos penalmente; esto es, los artículos impugnados son una señal inequívoca de que el Estado abandona su papel de centinela y protector de los derechos humanos para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

7.- Que la política prohibicionista sobre la siembra, cultivo, cosecha, preparación para el autoconsumo de cannabis vulnera el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la facultad o potestad de disponer de la salud personal inclusive para no gozar de buena salud; así la política establecida por el legislador es la de proteger el derecho a la salud; sin embargo, se ignora absolutamente el derecho a disponer sobre la salud personal y consumir cannabis y con ello ejercer el derecho a no perseguir el bienestar físico, mental y social.

8.- Que la política prohibicionista no tiene una finalidad legitima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido, a menos que haya derechos de terceros en conflicto; asimismo, la política en cuestión no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones ya que el número de consumidores de cannabis ha aumentado en los últimos años, por lo que despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma; es decir, la política prohibicionista no es un medio adecuado para conseguir el fin deseado.

9.- Que el derecho a la autodeterminación personal y corporal implica que los seres humanos tienen para sí el derecho moral y la responsabilidad jurídica de afrontar las decisiones más importantes sobre el significado y valor de sus propias vidas, por tanto, no es legítima la intervención del Estado sobre la base de que se esté protegiendo moral o físicamente al individuo contra su propia voluntad, además de que si se parte de la máxima de que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano, la prohibición a la siembra y autoconsumo de marihuana es inconstitucional y viola el derecho humano a la autodeterminación personal y corporal.

10.- Que la prohibición contenida en los artículos impugnados tiene dos objetivos: la protección de la salud de toda persona y el combate a las adicciones; sin embargo, no hay interés legítimo para que el Estado proteja coactivamente la salud de los particulares contra su voluntad, cuando no hay derechos de terceros de por medio; asimismo, combatir adicciones, entendiéndose por éstas como la dificultad para dejar o disminuir el consumo de una sustancia, tampoco es una finalidad legitima del Estado en sí, a menos que la sustancia que no se puede abandonar o disminuir en su consumo sea nociva para la salud, por lo que pretender coactivamente que los seres humanos abandonen el consumo de sustancias, por la única razón de que éstas pudieran ser difíciles de abandonar, no es un fin legítimo del Estado.

11.- Que la prohibición no es un medio al mejoramiento de la salud, dado que no reduce el número de consumidores o que, al menos, impida el incremento de los mismos, los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de marihuana ni para combatir las adicciones.

12.- Que la despenalización del consumo de marihuana no genera mayor consumo de conformidad con las razones empíricas que expresa la parte quejosa.

13.- Que el consumo de marihuana afecta exclusivamente a quien la consume, además, no genera un daño a la salud, sino un riesgo de daño a la salud, de ahí que la prohibición de la siembra, cultivo, preparación posesión y demás conductas relacionados con el autoconsumo de marihuana es irrelevante para el problema de riesgos de salud que se pudieran generar por el consumo de cannabis, lo que indica que la política prohibicionista no es instrumental para afrontar un problema de salud y que no combate adicción alguna.

En resumen, la parte quejosa, aduce:

I.- Que los artículos reclamados vulneran en su perjuicio el derecho fundamental de dignidad humana, en virtud de que la prohibición del consumo de marihuana, para quien de manera consiente, decide utilizarla implica, no sólo proscribir el uso de una substancia particular, sino también la negación y supresión de una conducta que confiere al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad y a sus propios caracteres y acciones. En ese sentido, el respeto a la dignidad humana consiste en permitir a cada cual tomar el control responsable sobre su propia vida.

II.- Que los numerales impugnados violan el derecho a la salud, en virtud de que el legislador ignora que como titulares del derecho a la salud tienen el derecho y no la obligación de recibir servicios de salud como de no recibirlos, de tener un alto nivel de bienestar físico como de no tenerlo, pues el Estado no puede llevar a cabo acción alguna tendiente a socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse en sociedad, a menos que exista un interés superior para ello, como sería la existencia de un peligro concreto para terceros o una afectación a los derechos de éstos, en virtud de que todo individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida y la manera en que logrará las metas y objetivos que para él son relevantes; de ahí que quien decide alterar su estado de conciencia, ánimo y comportamiento, mediante el consumo, en este caso, de marihuana, sin riesgo para la salud de los demás, tiene derecho a hacerlo sin restricción o impedimento alguno por parte del Estado.

En este sentido, respecto al tema de la dignidad humana, se procede a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa.

Resulta oportuno recordar que este juicio de amparo fue promovido por
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