Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial




descargar 70.68 Kb.
títuloAcción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial
fecha de publicación25.10.2016
tamaño70.68 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA.

Acción : TUTELA

Actor : FELIZ EDUARDO DIAZ ROJAS

Accionado : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Radicación : 41001233300020130039900


ACCIÓN DE TUTELA - Improcedente por existir otro medio de defensa judicial.
Para la Sala, lo manifestado por el accionante no es argumento suficiente para la procedencia de la tutela, ya que en el acervo probatorio allegado no existe recomendación médica o soporte alguno que indique con claridad que su señora madre no puede trasladarse a la ciudad de Medellín, la cual cuenta con adecuados servicios de salud, partiendo del supuesto de que la atención de la progenitora dependa exclusivamente del señor Félix Eduardo Díaz Rojas; entre otras cosas porque si el accionante consideraba que existía amenaza o vulneración al derecho a la salud de su progenitora, debió probar que en la ciudad donde fue trasladado no existían los medios necesarios para poder proporcionarle los cuidados que requiere.
En cuanto a la presunta lesión de su derecho a la unidad familiar, la sala advierte que con el traslado del doctor Félix Eduardo Díaz Rojas realizado por la Fiscalía General de la Nación, no se está en detrimento de la armonía y la unidad de la vida familiar, puesto que fue el mismo accionante quien tomó la decisión de trasladarse a la ciudad de Neiva alejándose de su esposa e hijos, cuando pudo haber trasladado a su progenitora a la ciudad de Bogotá, para atender los requerimientos que le exige su estado de salud, en aras de no causar una ruptura grave a su unidad familiar; razones suficientes para que esta sala no conceda el amparo solicitado por el accionante.
En lo concerniente al ámbito estrictamente laboral, se tiene que al actor se le traslada a un cargo de igual categoría al que desempeñaba en la ciudad de Neiva, en el cual ejecutará idénticas funciones y devengará el mismo salario. En consecuencia, no se encuentra que las condiciones laborales del funcionario trasladado se hayan desmejorado.
A lo anterior se agrega que, como se ha indicado, como regla general las decisiones de traslado de la administración no pueden estar condicionadas por las conveniencias de tipo personal de cada uno de los funcionarios, especialmente en una entidad como la Fiscalía General de la Nación, la cual goza de un especial grado de discrecionalidad, en razón de las funciones que debe cumplir.
En consecuencia, puesto que no se encuentra demostrada la concurrencia de un perjuicio irremediable, el actor debe acudir a la vía contenciosa administrativa para que sea ella la encargada de verificar la legalidad del acto, ya que dada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, el juez constitucional no puede decidir la controversia planteada.
Lo anterior, como ya quedó consignado, en cuanto que la presunta vulneración de que es objeto el actor, puede ser reparada en su integridad mediante el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo ejercicio contempla, además, la posibilidad de solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los actos objetos de reproche.
Esto último, reforzado por el hecho de que el traslado ordenado por la Fiscalía General de la Nación tuvo por fundamento la necesidad del servicio y de contera el mejoramiento en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales a cargo de la Seccional ubicada en la ciudad de Medellín, así como también que el mismo no supuso la desmejora en las condiciones laborales, en cuanto fue trasladado para el ejercicio de funciones afines a las que desempeña en esta ciudad, las cuales fueron de similar naturaleza, categoría y remuneración.
Por lo precedentemente anotado, no resulta factible conferir la protección de tutela impetrada y, en consecuencia, se declarara la improcedencia de la misma.

En lo que tiene que ver con la adopción de la medida preventiva donde se ordenó a la Fiscalía General de la Nación, inaplicar las resoluciones No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013, y la No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013, por medio de las cuales se traslada al Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas de la Dirección Seccional de Fiscalías en Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías en Medellín la Sala resuelve revocar dicha medida.
FUENTE FORMAL: Art 86 de la Constitución política.
NOTA DE RELATORÍA: SU- O37 del 28 de Enero de 2009 MP. Rodrigo Escobar Gil/ T-608 del 27 de Octubre de 1998 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
SALA TERCERA DE DECISIÓN SISTEMA ORAL
Magistrado Ponente:

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Neiva, veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013)

Asunto : Sentencia en Acción de Tutela.

Actor : Félix Eduardo Díaz Rojas

Demandado : Fiscalía General de la Nación y otros.

Radicación : 41 001 23 33 000 2013 00399 00
Aprobada en Sala de la fecha. Acta No. 103

1. PETICIÓN.
El señor Félix Eduardo Díaz Rojas en nombre propio y en ejercicio de acción de tutela, solicita se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, salud, integridad, unidad familiar, entre otros, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalías Bogotá D.C., la Dirección Seccional de Fiscalías en Neiva, y en consecuencia se ordene la revocatoria y/o nulidad de las resoluciones que ordenaron su traslado de la Dirección Seccional de Fiscalías Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
2. HECHOS.
Manifiesta el actor que es funcionario de la Fiscalía General de la Nación desempeñando el cargo de fiscal seccional hace aproximadamente 22 años, que en la actualidad cuenta con 59 años de edad, y por reunir los requisitos legales, hace más de dos años solicitó la pensión, es decir que en este momento ostenta la calidad de prepensionado de dicha entidad.
Advierte que mediante resolución No. 2-0857 del 12 de marzo de 2010, fue traslado en el mismo cargo de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Neiva Huila, luego de haber solicitado dicho traslado en razón al delicado estado de salud en el que se encontraban su progenitora, y su hermana, esta última fallecida meses después; a pesar que su esposa y sus hijos vivían en la capital de la república.
Indica que luego de haber sido trasladado a la ciudad de Neiva fue reubicado en la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde debía trabajar los fines de semana, situación que le imposibilitaba atender los cuidados de su progenitora quien en la actualidad cuenta con 84 años de edad y padece una enfermedad coronaria severa, además de visitar a su núcleo familiar quien se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
Por lo anterior, afirma que solicitó en reiteradas ocasiones al Director Seccional de esta ciudad su reubicación a una Fiscalía en la ciudad de Neiva, recibiendo respuestas dilatorias; ya que por el contrario le informaron sobre su traslado a la ciudad de Medellín, el cual se efectuó mediante resolución No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013 y la No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013. Respuesta que para el accionante constituye un abuso de poder, y que a todas luces desconoce sus derechos fundamentales y de contera los de sus seres queridos.
Afirma que una vez notificado de esta decisión, solicitó por medio de múltiples derechos de petición al Fiscal General de la Nación, a la Directora Nacional de Fiscalías, y a la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, se revocara esta decisión, obteniendo la negativa a su solicitud argumentando la necesidad del servicio, desconociendo el delicado estado de su progenitora, la cual la obliga a estar en compañía permanente de alguien para suplir sus necesidades básicas y el suministro de medicamentos que en el momento son proporcionados por el accionante, situación que conllevaría la imposibilidad de compañía y provisión, razón de ser de su ubicación en Neiva; entre otras cosas porque se desconoce la prohibición de efectuar traslados de los servidores, hecha por la Fiscalía General de la Nación.
Por lo anteriormente expuesto solicita se ordene la revocatoria y/o nulidad de las resoluciones que ordenaron su traslado de la Dirección Seccional de Fiscalías Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
Solicitó como medida provisional se ordene al señor Fiscal General de la Nación y/o la Dirección Nacional de Fiscalías suspender las resoluciones Nos. 2-2906 del 21 de agosto de 2013 y 2-3007 del 27 de agosto de 2013, por medio de las cuales se traslada al Dr. Félix Eduardo Díaz Rojas quien ocupa el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito en propiedad, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, en razón al delicado estado de salud de su progenitora.
3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA.
Mediante auto del 15 de octubre de 2013 se avocó el conocimiento de la presente solicitud de tutela, librándose oficio a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección Nacional de Fiscalías en la ciudad de Bogotá, y a la Dirección Seccional de Fiscalías Neiva Huila, informaran los motivos por los cuales, según el accionante, no atendieron la solicitud de nulitar las resoluciones de traslado del señor Félix Eduardo Díaz Rojas, en razón a que su progenitora se encuentra delicada de salud.
Como medida preventiva se ordenó a la Fiscalía General de la Nación, inaplicara las resoluciones No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013, y la No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013, hasta tanto se resuelva la presente acción de tutela o se revoque la medida que se adopta.
4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS.
4.1. Dirección Nacional de Fiscalías.(Fls 140 a 151)
Afirma la entidad que el accionante mediante derecho de petición de fecha 2 de septiembre de 2013 solicitó a esa dirección revocar la resolución No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013, mediante la cual la Secretaría General lo traslada por necesidades del servicio de la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías en la ciudad de Medellín.
Ratifica que una vez revisados los argumentos expuestos por el Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas, la Dirección procedió a dar traslado por competencia a la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, mediante oficio DNF 22732 del 6 de septiembre de 2013.
Afirma que con la decisión administrativa cuestionada, no se le ha impedido al funcionario, desarrollar en condiciones dignas y justas las funciones propias del cargo que viene ejerciendo porque únicamente el cambio conllevó la variación de su sede manteniendo idénticas condiciones laborales.
Considera que respecto de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante, no se observa que exista una acción u omisión que pueda atribuirse esa Dirección Nacional, pues el traslado ordenado mediante resolución No- 2-2906 del 21 de agosto de 2013 es una decisión que compete exclusivamente a la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, y ninguna participación o intervención en dicho trámite tiene esa Dependencia.
Solicita se denieguen las pretensiones del accionante y/o la acción sea rechazada por improcedente.
4.2. Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación (fls 152 a 193)

Afirma la entidad que la petición de revocatoria de fecha 30 de agosto de 2013, radicada bajo el No. 20136111408242 del 4 de septiembre de 2013, fue resuelta oportunamente por esa secretaria como autoridad que expidió el acto administrativo mediante oficio No. 20133000018421 del 10 de septiembre de 2013.
Señala que la solicitud de revocatoria hecha por el señor Félix Eduardo Díaz Rojas, nunca se mencionó la supuesta dependencia y estado de salud de su progenitora , razón por la cual en la aludida respuesta dicha situación no fue contemplada, por lo que si esas eran las razones de fondo que lo llevó a solicitar la revocatoria del traslado a la ciudad de Medellín, así debió haberlo hecho saber a la administración, y no esperar más de dos meses evadiendo su responsabilidad de prestar sus servicios los cuales fueron requeridos en la ciudad en mención.
Aunado a lo anterior, manifiesta la entidad que no es de recibo lo solicitado por el señor Félix Eduardo Díaz Rojas en la presente acción de tutela en cuanto a que la razón para no trasladarse a la ciudad de Medellín, radica en el delicado estado de salud de su progenitora, ya que el señor Díaz Rojas, no vive con ella, simplemente la visita, situación que permite inferir que no existe una dependencia absoluta que hagan que se entiendan trasgredidos los derechos de su progenitora o una situación insuperable que haga procedente el amparo constitucional.
Afirma la Secretaria General de la Fiscalía que en efecto el accionante teniendo en cuenta su situación familiar, y luego de haberlo solicitado, fue trasladado a la Dirección Seccional de Fiscalías en la ciudad de Neiva, aunque la entidad no entiende porque razón el servidor deja solos a sus cuatro hijos y a su esposa ante la posibilidad de trasladar a su progenitora a la ciudad de Bogotá, donde contaría con tratamientos médicos especializados que al parecer requiere, si es que depende exclusivamente de él.
Advierte que no existe prueba alguna que la madre del señor Díaz Rojas dependa económicamente de él, ya que el mismo accionante indica en la acción de tutela que tiene dos hermanas que al parecer viven en el exterior, omitiendo mencionar cualquier otro familiar que conviva con su progenitora , incluso según la entidad, el accionante manifiesta en el numeral 12 del escrito: “después de las 6 pm para visitar a mi señora madre en la ciudad de Neiva”, indicio que para la secretaria permite inferir que el accionante pretende evadir el cumplimiento de sus deberes como servidor público, valiéndose de narraciones fundamentadas en el cuidado permanente de su madre en la ciudad de Neiva cuando dicho cuidado permanente no existe.
Además, según la Secretaria General, con el traslado del servidor en ningún momento se pretendió perjudicar su unidad familiar, toda vez que esta circunstancia no llevó implícito el deterioro de la armonía y unidad de la vida familiar y mucho menos el deterioro de su familia, entre otras cosas porque la unidad familiar no se refiere simplemente a la unidad física (techo y lecho), sino que va más allá, pues implica lazos espirituales que irradian amor y afecto.
En lo relacionado con la seguridad social y pensión, que le asiste al accionante, la entidad señala que la medida de traslado a la ciudad de Medellín, además de sustentarse en razones de mejoramiento del servicio, no conllevó a la disminución del salario percibido por él puesto que el traslado se hizo en el mismo cargo que desempeña, por lo que se infiere que actualmente devenga un salario que le permite atender sus necesidades básicas y las de su familia, así como seguir cotizado en el sistema de seguridad social en pensión, razón suficiente para afirmar que no le asiste ningún motivo para solicitar la protección de estos derechos; entre otras cosas porque la entidad en cumplimiento a los establecido en el artículo 46 de la resolución 0013 del 4 de enero de 2005 garantiza los gastos que le ocasione el desplazamiento.
De los movimientos de personal definidos por el Fiscal General de la Nación la Secretaria indica que teniendo en cuenta la circular No. 0018 del 23 de agosto de 2013, por medio de la cual se restringen los movimientos de personal en la entidad, entre ellos el traslado de servidores, es claro que el traslado del señor Félix Eduardo Díaz Rojas fue dispuesto mediante resolución No. 2-2906 del 21 de agosto del 2013, la cual se dio con anterioridad a la publicación de la circular en mención, razón por la cual su validez no se ve afectada.
Explica que la resolución de traslado No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013 aclara la resolución 2-2906 del 21 de agosto de 2013 respecto del cargo que ostenta el señor Díaz Rojas en la Fiscalía General de la Nación, aclaración que versó sobre un error de transcripción que en ningún momento modificó el sentido material de la decisión, la cual ya se encontraba materializada.
En todo caso la entidad considera que, si se aceptara en gracia de discusión que el acto administrativo de traslado quedó materializado con la resolución No- 2-3007 del 27 de agosto de 2013, debe tenerse en cuenta que la notificación de la circular 0018 del 23 de agosto de 2013 se efectuó el 28 de agosto del mismo año, fecha para la cual ya habían sido expedidos los actos a través de los cuales se dispuso el traslado del accionante a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
Por último reitera que, la Fiscalía General de la Nación no ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Félix Eduardo Díaz Rojas ni a su núcleo familiar, por lo que solicita se declare la improcedencia de la presente acción, pues existen mecanismos judiciales idóneos contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo, y de lo Contencioso Administrativo para someter a juicio los actos administrativos que se consideren trasgresores de nuestro régimen legal y constitucional.
4.3. Director Seccional de Fiscalías Neiva (fls 195 a 305)
El Director manifiesta que la Dirección Seccional de Fiscalías, no tiene competencia para suspender o revocar las resoluciones por medio de las cuales fue trasladado el señor Félix Eduardo Díaz Rojas, toda vez que la Fiscalía General de la Nación mediante resolución 0-4367 del 27 de diciembre de 2006 resolvió delegar a partir del 1 de enero de 2007 en el Secretario General de la Entidad la función administrativa para conferir encargos, traslados, licencias y comisiones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, cuya competencia no este asignada a los Directores Seccionales Administrativos y financieros.
Indica que mediante oficio DSF-1550 del 23 de mayo de 2013, se solicitó a la Directora seccional de Fiscalías, se estudiara la posibilidad y procedencia de trasladar al Dr. Félix Eduardo Díaz Rojas, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, en razón a las constantes quejas de los usuarios internos y externos de la entidad, entre ellas comunicaciones recibidas, acciones de tutela, denuncias en las que se ha visto inmerso el servidor, generando situaciones conflictivas y presuntos hechos de corrupción afectando el buen funcionamiento de los Despachos donde se le ha ubicado, originando en su contra el inicio de indagaciones de carácter penal por delitos de prevaricato, concusión y calumnia, que afectan el buen nombre de la institución.
Frente a la afirmación hecha por el accionante en el sentido de considerar que con el traslado se vulneran sus derechos fundamentales, el Director Seccional considera que no existe tal violación por cuanto el accionante cuenta con todas las acciones contencioso administrativas idóneas para cuestionar la legalidad del acto administrativo.
Por otra parte, la atribución de la Fiscalía de ordenar el traslado al señor Félix Eduardo Díaz Rojas no desmejora sus condiciones, ya que se traslada en el mismo cargo y con el mismo salario, además, porque el acto administrativo que dispuso el traslado del funcionario se ajusta a derecho, cuenta con motivación suficiente y no menoscaba sus derechos laborales puesto que este permanece vinculado a la entidad en iguales condiciones en las que se encontraba antes de ordenar su traslado, como son cargo y salario y este obedece a los requerimientos del servicio sin desmejorar sus condiciones.

Señala, que el Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas fue trasladado de la Unidad Seccional de Fiscalías de Bogotá a la Unidad Seccional de Fiscalías de Neiva, en razón a que su señora madre se encontraba delicada de salud, mediante resolución No. 2-0857 del 12 de marzo de 2010. Inicialmente se le ubicó en la Fiscalía Séptima Seccional de la URI, posteriormente fue ubicado en la Fiscalía Veintisiete Seccional de Pitalito donde se encontraba la vacante, situación que llevó a interponer acción de tutela ante esta Corporación, alegando que dicho traslado le ocasionaba un desmejoramiento en su situación laboral, tutela que fue rechazada por improcedente.
Posteriormente indica la entidad que el accionante interpuso queja por acoso laboral en contra del entonces Director Seccional de Fiscalías, argumentando persecución por haber sido trasladado a la ciudad de Pitalito, cuando su deseo era la de permanecer en la ciudad de Neiva, queja que no prosperó; sin embargo posteriormente, mediante oficio No. DSF 907 del 4 de abril de 2011, el accionante es ubicado en la fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, en calidad de encargo. Una vez terminado el encargo, esto es el 29 de julio de 2011, fue ubicado en la Fiscalía dieciocho Seccional de Neiva.
Sostiene la Entidad que el 29 de febrero de 2012, se recibió escrito anónimo, donde comunican unas presuntas irregularidades, y actos de deshonestidad en los que viene incurriendo el Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas, de lo cual se corrió traslado a la Dirección Nacional por lo que el 1 de marzo de 2012 el accionante fue ubicado en la Fiscalía Quince Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI de esta ciudad. A partir de este momento, el funcionario en mención interpuso una serie de derechos de petición argumentando persecución en su contra e informando su descontento por haber sido ubicado en la Unidad de Reacción Inmediata URI, ya que por estar en dicha unidad se le impide viajar a la ciudad de Bogotá a visitar a su grupo familiar conformado por su esposa e hijos, a quien tuvo que dejar por el precario estado de salud de su señora madre residente en la ciudad de Neiva.

Para la entidad, desde el momento que se le ubicó al doctor Félix Eduardo Díaz Rojas en la Unidad de Reacción Inmediata URI , donde la carga laboral es mínima y presta un turno de disponibilidad entre semana y los fines de semana de acuerdo a la programación anual, el accionante mostró una actitud de descontento, manifestando en sus diferentes escritos sus deseos de no permanecer en ella por sentirse incómodo, desmotivado, obligado y castigado, situación que hizo que se presentaran irregularidades en la prestación del servicio, lo que originó que se le compulsaran copias para investigarlo penal y disciplinariamente por situaciones tales como: vencimiento de términos, no asistencia a las audiencias, negarse a recibir las diligencias a la policía judicial, incluyendo quejas de los jueces, defensores públicos, y usuarios. Por eso, y en procura de buscar una solución tanto para la seccional de Neiva como para el accionanate, se solicitó su traslado a la ciudad de Bogotá o una cercana a su grupo familiar y al no existir la vacante en la ciudad de Bogotá, se ordenó su traslado a la ciudad de Medellín.
Por otro lado, según lo establece la Seccional, el actor desde su traslado a la ciudad de Neiva, no ha aportado documentos o historia clínica de su progenitora donde se establezca que requiere un acompañamiento permanente o la asistencia de un profesional de la salud las 24 horas del día, ya que por el contrario la señora Ana Sofía Rojas de Díaz en memorial allegado a la presente acción de tutela, manifiesta que vive sola en su casa de habitación y una señora periódicamente le asiste en las labores de aseo y que su hijo (accionante) es quien cuando le queda tiempo acude cuando ella lo requiera por cualquier alteración de salud.
En cuanto al derecho a la integridad y unidad familiar, según la entidad fue el accionante quien trasgredió estos derechos cuando tomó la decisión de trasladarse a la ciudad de Neiva alejándose de su esposa e hijos, cuando pudo haber trasladado a su progenitora a la ciudad de Bogotá, para atender los requerimientos que le exige su delicado estado de salud.
En lo que tiene que ver con el derecho al mínimo vital, la Seccional encuentra que este no se ha vulnerado ya que con el traslado no se desmejoraron sus condiciones laborales, ya que el traslado se realizó en el mismo cargo y con el mismo salario.
No existe según la Seccional un perjuicio irremediable tal como lo indica el accionante, ya que este último sigue siendo funcionario de la Fiscalía General de la Nación, continua en el mismo cargo y recibiendo puntualmente el salario devengado con todos los emolumentos.
Con base en todo lo anterior, el Director Seccional de Fiscalías solicita denegar la tutela impetrada.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
5.1 Asunto jurídico a resolver
Corresponde determinar si la decisión de la Fiscalía General de la Nación, de trasladar al señor Félix Eduardo Díaz Rojas de la Dirección Seccional de Fiscalías de la ciudad de Neiva a la dirección Seccional de Fiscalías de la ciudad de Medellín vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, salud, integridad, unidad familiar, entre otros, por no analizar su particular situación familiar.
5.2. Del fondo del asunto.
5.2.1. De la Subsidiariedad como parámetro de procedibilidad de la acción de tutela.
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 Superior, fue diseñada por el Constituyente como un instrumento de defensa judicial para la efectiva protección de los derechos fundamentales, al que la propia Carta Política le ha reconocido un carácter residual y subsidiario, lo que significa que esta no puede concebirse como un mecanismo alternativo, adicional o complementario de lo establecido por la ley para la defensa de los derechos, ya que con ella no se pretende sustituir los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer las acciones y recursos judiciales dispuestos dentro de los mismos para controvertir las decisiones que se profieran1.
Esa condición supletiva que la carta Política le ha conferido a la tutela, ha llevado a entender que tal herramienta de defensa judicial sólo es procedente de manera excepcional y restrictiva, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se instaure para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable 2
Por lo anterior, la Corte en sentencia T 608 de 1998 indica que:
en tanto el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección de los derechos constitucionales que, desde luego, incluyen aquellos que tienen la connotación de fundamentales, la procedencia excepcional de la tutela se explica, en razón a la necesidad de salvaguardar el orden regular de las competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación sino también garantizar el principio de seguridad jurídica[7].”[8]
De acuerdo a lo anterior, es claro que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo, ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
5.2.2 Procedencia de la acción de tutela para controvertir una orden de traslado
La Corte Constitucional ha sostenido que el empleador ya sea privado o público, tiene, en principio, la facultad de ordenar el traslado de sus trabajadores cuando las necesidades del servicio así lo requieran, siempre que con ello no se desmejoren las condiciones del empleado.

Aunado a lo anterior, la Corte ha señalado que en el sector público existen ciertas entidades que en razón de las funciones que les corresponde cumplir, necesitan una planta de personal global y flexible, lo que les implica un mayor grado de discrecionalidad en materia de traslados. Dentro de este grupo de entidades se encuentra la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene la facultad de determinar la reubicación territorial de sus funcionarios y empleados, con el fin de mejorar la prestación del servicio, obviamente, sin que el ejercicio de dicha facultad pueda implicar una desmejora de las condiciones laborales.
No obstante lo anterior, puede suceder que en ejercicio de sus atribuciones discrecionales, las entidades públicas, en este caso la Fiscalía General de la Nación, excedan sus poderes y la aludida facultad discrecional sea utilizada en forma arbitraria. En estos casos, la Corte en sentencia T 1498 de 2000, ha establecido que será procedente la acción de tutela siempre que se cumpla con alguno de los siguientes presupuestos:
1. Que el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido.

2. cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables.

3. cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia.[9]
Lo anterior significa que para que la acción de tutela pueda proceder por alguna de las anteriores causales, estas deben encontrarse plenamente probadas dentro del expediente, de lo contrario la tutela tendrá que negarse.
5.2.3 En el caso que se revisa, el actor asevera que el acto administrativo que ordena su traslado es arbitrario y vulnera sus derechos fundamentales puesto que le imposibilita atender los cuidados de su progenitora quien en la actualidad cuenta con 84 años de edad y padece una enfermedad coronaria severa, además de visitar a su núcleo familiar compuesto por sus hijos y su esposa quienes se encuentran radicados en la ciudad de Bogotá D.C.
Para la Sala, lo manifestado por el accionante no es argumento suficiente para la procedencia de la tutela, ya que en el acervo probatorio allegado no existe recomendación médica o soporte alguno que indique con claridad que su señora madre no puede trasladarse a la ciudad de Medellín, la cual cuenta con adecuados servicios de salud, partiendo del supuesto de que la atención de la progenitora dependa exclusivamente del señor Félix Eduardo Díaz Rojas; entre otras cosas porque si el accionante consideraba que existía amenaza o vulneración al derecho a la salud de su progenitora, debió probar que en la ciudad donde fue trasladado no existían los medios necesarios para poder proporcionarle los cuidados que requiere.
En cuanto a la presunta lesión de su derecho a la unidad familiar, la sala advierte que con el traslado del doctor Félix Eduardo Díaz Rojas realizado por la Fiscalía General de la Nación, no se está en detrimento de la armonía y la unidad de la vida familiar, puesto que fue el mismo accionante quien tomó la decisión de trasladarse a la ciudad de Neiva alejándose de su esposa e hijos, cuando pudo haber trasladado a su progenitora a la ciudad de Bogotá, para atender los requerimientos que le exige su estado de salud, en aras de no causar una ruptura grave a su unidad familiar; razones suficientes para que esta sala no conceda el amparo solicitado por el accionante.
En lo concerniente al ámbito estrictamente laboral, se tiene que al actor se le traslada a un cargo de igual categoría al que desempeñaba en la ciudad de Neiva, en el cual ejecutará idénticas funciones y devengará el mismo salario. En consecuencia, no se encuentra que las condiciones laborales del funcionario trasladado se hayan desmejorado.
A lo anterior se agrega que, como se ha indicado, como regla general las decisiones de traslado de la administración no pueden estar condicionadas por las conveniencias de tipo personal de cada uno de los funcionarios, especialmente en una entidad como la Fiscalía General de la Nación, la cual goza de un especial grado de discrecionalidad, en razón de las funciones que debe cumplir.
En consecuencia, puesto que no se encuentra demostrada la concurrencia de un perjuicio irremediable, el actor debe acudir a la vía contenciosa administrativa para que sea ella la encargada de verificar la legalidad del acto, ya que dada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, el juez constitucional no puede decidir la controversia planteada.
Lo anterior, como ya quedó consignado, en cuanto que la presunta vulneración de que es objeto el actor, puede ser reparada en su integridad mediante el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo ejercicio contempla, además, la posibilidad de solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los actos objetos de reproche.
Esto último, reforzado por el hecho de que el traslado ordenado por la Fiscalía General de la Nación tuvo por fundamento la necesidad del servicio y de contera el mejoramiento en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales a cargo de la Seccional ubicada en la ciudad de Medellín, así como también que el mismo no supuso la desmejora en las condiciones laborales, en cuanto fue trasladado para el ejercicio de funciones afines a las que desempeña en esta ciudad, las cuales fueron de similar naturaleza, categoría y remuneración.
Por lo precedentemente anotado, no resulta factible conferir la protección de tutela impetrada y, en consecuencia, se declarara la improcedencia de la misma.

En lo que tiene que ver con la adopción de la medida preventiva donde se ordenó a la Fiscalía General de la Nación, inaplicar las resoluciones No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013, y la No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013, por medio de las cuales se traslada al Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas de la Dirección Seccional de Fiscalías en Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías en Medellín la Sala resuelve revocar dicha medida.

6. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor Félix Eduardo Díaz Rojas, por tener el medio de defensa judicial de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: Revocar la medida inicialmente adoptada de inaplicación de las resoluciones No. 2-2906 del 21 de agosto de 2013, y la No. 2-3007 del 27 de agosto de 2013 por medio de las cuales se trasladó al Doctor Félix Eduardo Díaz Rojas de la Dirección Seccional de Fiscalías en Neiva a la Dirección Seccional de Fiscalías en Medellín.
TERCERO: Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 306 de 1.992.
CUARTO: Si la presente sentencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase


ENRIQUE DUSSÁN CABRERA RAMIRO APONTE PINO

Magistrado. Magistrado




JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO


Magistrado


1 Sentencia SU-037 del 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil

2 Sentencia T-608 del 27 de octubre de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

similar:

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconDice que la fun. Motriz presenta 2 aspectos: uno de intercambio con...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAcción de tutela – Pago de incapacidades laborales de origen común por parte de eps

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconReferencia: Acción de tutela interpuesta por Humberto Agamez Caly...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAcción de tutela presentada por Gloria María Bujato Polo contra la...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconI) el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal Con Función de Control...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAcción de tutela instaurada por María Cristina Aranzazu Latorre quien...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAcción de tutela

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAccion de tutela para reconocimiento de pension de sobrevivientes

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAccion de tutela para ordenar suministro de medicamentos, examenes...

Acción de tutela improcedente por existir otro medio de defensa judicial iconAcción de tutela – Protección derechos fundamentales a la vida, dignidad...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com