M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida




descargar 71.89 Kb.
títuloM. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida
fecha de publicación29.10.2016
tamaño71.89 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

M.P. DR. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA



Neiva – Huila, diez (10) de Abril de dos mil doce (2.012).

ACCION: TUTELA

ACTOR: RIGOBERTO MORA

ACCIONADO: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

PROVIDENCIA: SENTENCIA 2ª Instancia

RADICACION: 41 001 33 31 002 2012 00029 01

RAD. INTERNA: 2012 0040
Aprobada en la fecha. Acta N° 024.

1.- ANTECEDENTES.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha 17 de febrero de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que tuteló los derechos invocados por el actor.
2.- LA DEMANDA.
Refiere el accionante que es desplazado por la violencia, inscrito en el Registro Único de Población Desplazada y de conformidad con la Ley 387 de 1997 tiene derecho a recibir todas las ayudas allí contempladas.
Manifiesta que la ultima ayuda que recibió fue hace muchos meses y que ha sucedido que solicitó nuevamente la ayuda, debido a que ya había cumplido el término de los tres meses para recibir la ayuda, encontrándose con que la entidad le manifiesta que no le van a dar la ayuda por cuanto debido que cuenta con el Régimen Contributivo, para lo cual manifiesta que no es cierto, ya que el régimen de salud de él es subsidiado al igual que el de su esposa.
Resalta que su esposa en este momento padece de insuficiencia renal crónica terminal, por lo que desde hace tres (3) años se realiza un tratamiento de hemodiálisis interdiaria por fístula arterio-venosa nativa, además que su estado de salud no es favorable y es una persona de 59 de años de edad y para él es muy difícil conseguir empleo, por lo que el sostenimiento del núcleo familiar se hace muy difícil.
Refiere que no cuenta con ningún ingreso económico para la manutención de su núcleo familiar, solicita entonces que se le ordene la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria. Cita entre otras las sentencias T-025/04.
Solicita el actor que se protejan los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la igualdad real y efectiva, al debido proceso, al trabajo y los derechos de la tercera edad.
Con el escrito de tutela la demandante aportó fotocopia de los siguientes documentos:
- Cédula de ciudadanía del accionante (f.9 c. 1).

- Fotocopia del certificado médico de su esposa la Señora María Isaura Manquillo, en donde consta que padece una insuficiencia renal crónica terminal desde hace tres años, que se le practica hemodiálisis interdiaria. Y que a consecuencia de lo anterior se encuentra incapacitada para trabajar. (fls. 10 a 12 Vto.)
3.- RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA (f. 7 a 23 c. 1).
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional), a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Apoderado Judicial, luego de exponer el proceso de transformación institucional, naturaleza jurídica y la competencia de la entidad, señala que la información suministrada a los despachos judiciales en materia de Atención Humanitaria de Emergencia y Registro Único de Población Desplazada, corresponde a los datos proporcionados por la Subdirección de Atención a la Población Desplazada, a través de las diferentes áreas que la componen, dependiendo de la naturaleza de los asuntos objeto de controversia.
Informa que verificado el Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD, se constató que el actor se encuentra incluido en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD – desde el 26 de agosto de 2005, junto con su esposa y/o compañera María Isaura Manquillo Chantre y su hijo Héctor Mora Manquillo, menor de edad (ver cuadro folio 20).
Frente a la Prórroga de la Atención Humanitaria de Emergencia, manifiesta que a fin de establecer las condiciones de vulnerabilidad de los hogares inscritos y la procedencia de la prórroga de esta ayuda, la entidad implementó el denominado proceso de Caracterización, explicando en qué consiste el mismo, resaltando la necesidad de surtir dicho procedimiento.
Manifiesta que una vez analizado el estado de vulnerabilidad de la accionante, consultada la base de información del Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – se encontró que el señor RIGOBERTO MORA, identificado con la C.C. No.83.035.008, figura como afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo a través de HUMANA VIVIR S.A. E.P.S., en calidad de cotizante principal, con fecha de afiliación 1 de abril de 2011, estado Activo (ver cuadro f. 22 c.1).
Que la Resolución No. 03069 de 12 de mayo de 2010, en su artículo 15 establece que: “No se suministra Atención Humanitaria de transición a la población en situación de desplazamiento Incluida en RUPD que previa consulta al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social, aparezca como cotizante.”
Concluye que como quiera que en el caso de la familia del Accionante se tiene la presunción de autosostenimiento, que se configura con el hecho de un miembro del hogar estar vinculado al régimen contributivo en salud, presumiéndose que goza de un empleo formal que garantiza el ingreso de un salario mínimo al hogar, no se procedía a la entrega de ayudas humanitarias.
De conformidad con los argumentos fácticos y jurídicos expuestos solicita al Despacho negar las pretensiones incoadas, argumentando que teniendo en cuenta el régimen transición señalado, en especial el término establecido en el artículo 156 de la ley 1448 de 2011, con lo cual no se estaría vulnerando derecho fundamental alguno toda vez que la entidad se encuentra dentro del término establecido por los nuevos parámetros legales para resolver su solicitud.
4.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (f. 49 a 53 c-1).
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva resuelve CONCEDER el amparo solicitado al considerar que:
(…) queda claro para éste Despacho que ante la enfermedad de la señora Manquilla (sic) Chantre y el estado actual de la afiliación al sistema de seguridad social del señor Rigoberto Mora, quien se encuentra desafiliado, como se constató lo antes expuesto, así como la edad del accionante que dificulta su acceso al mercado laboral al contar con 59 años de edad y tener la responsabilidad de ser jefe de hogar en su núcleo familiar, es clara la situación de vulnerabilidad en que se encuentra y al respecto la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, ha sido enfática en establecer, que podrían solicitar dicha atención de emergencia dos tipos de personas desplazadas, que debido a sus condiciones particulares tienen derecho a la asistencia (…) es meridianamente claro que los supuestos fácticos alegados por la parte actora no han sido desvirtuados; que la ponderación de tales elementos constituyen razón suficiente para estimar en esta oportunidad, que la negativa a suministrar la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia al actor, vulnera sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, y al mínimo vital, así como el de su núcleo familiar. De tal suerte se ordenará a la entidad demandada que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a informar al accionante las circunstancias de tiempo modo y lugar en que le será entregada la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia (…).”
5.- LA IMPUGNACIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONANDA (f. 40 y 42 c. 1):
En escrito allegado el 22 de febrero de 2012, la Jefe de la Oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social propone la nulidad de la sentencia de primera instancia por considerar que hay una violación al debido proceso, solicitud que fundamenta respecto de la legitimación en la causa por pasiva, para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido dentro de la presente acción1, aclarando que quien es el competente para asumir la responsabilidad respecto al ejercicio de la defensa, suministro de información y acreditación de cumplimiento teniendo en cuenta la transformación institucional y creación de nuevas unidades administrativas al tenor del artículo 35 del Decreto 4155 de 2011, parágrafo 1.
Que en ese orden de ideas, a partir del 1 de enero de 2012 asumirá la Unidad Administrativa Especial para atención a Víctimas, todos los procesos judiciales nuevos que se interpongan que tengan que ver con sus competencias. Por tanto la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas deberá asumir la defensa judicial así como el pago de la decisiones judiciales adversas proferidas con posterioridad a la fecha precitada.
Por tanto considera que el A Quo no tuvo en cuenta que las acciones de tutela que versen sobre asuntos señalados en el artículo 168 de la ley 1448 de 2011 debía ser notificada al domicilio de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas ubicada en la calle 6 No. 7-54 oficina 209, vulnerando el derecho de defensa de la entidad.
Posteriormente mediante un nuevo escrito de fecha 23 de febrero de 2012, el apoderado Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expone que para el caso en particular, no es viable acceder a la solicitud de entrega de la prórroga de Ayuda Humanitaria de Emergencia, pues efectuado el proceso de caracterización y consultadas las fuentes de información, en el Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – figura que el señor RIGOBERTO MORA se encuentra afiliado a HUMANA VIVIR S.A. EPS, en el Régimen Contributivo de Salud, en calidad de cotizante principal desde el 1 de abril de 2011, estado Activo.
Alega además que hay un desconocimiento de la naturaleza subsidiaria de la Acción de Tutela, precisando que como pareciera ocurrir en éste caso, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que no puede incoarse con el objeto de obviar los trámites normales en cada uno de los programas que ofrece la Unidad para la Atención de las Víctimas o cualquiera de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – SNARIV – por lo que solicita revocar el fallo de tutela proferido por el Juzgado de primera instancia y en consecuencia, negar las pretensiones del accionante.
6.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:
La acción de tutela es un mecanismo de defensa constitucional preferente y sumario, consagrado por el artículo 86 de la Constitución Política, para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier momento y lugar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares que presten un servicio público y respecto de los cuales el afectado se encuentre en circunstancias de subordinación o indefensión, siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa para lograr la satisfacción o reparación del derecho coartado o puesto en peligro.
6.1 Asunto jurídico a resolver:
El problema jurídico consiste en determinar si el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ha incurrido en violación a los derechos fundamentales invocados por el actor, al no otorgarle la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia peticionada, teniendo en cuenta que se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el Régimen Contributivo, a través de HUMANA VIVIR S.A. E.S.P y en estado Activo.
6.2 Reglamentación Legal y Jurisprudencial:
La ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, define al desplazado interno en los siguientes términos:
Artículo 1º. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”
La Corte Constitucional ha advertido que el desplazamiento forzado interno comporta una masiva, compleja, sistemática y continuada violación de derechos fundamentales. Consecuentemente, ha entendido que el desplazamiento forzado interno, testimonia la ocurrencia de una verdadera crisis humanitaria. Por donde, la Corte ha previsto que sea el Gobierno Nacional el que tome las medidas conducentes tanto a la prevención de los desplazamientos como a la estabilización socioeconómica de la población desplazada, mediante el retorno o el reasentamiento voluntarios en condiciones que aseguren la dignidad de las víctimas del desarraigo y el despojo violentos.2
En la Sentencia T-025 de 20043, se indicó que las connotaciones del desplazamiento forzado son de tal índole, que se está ante la vulneración generalizada y sistemática de los derechos fundamentales de la población directamente afectada.
Fue precisamente el contexto de una situación de extrema vulnerabilidad y marginalidad que gravitaba alrededor de la población desplazada, lo que motivó a la Honorable Corte a producir la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, en relación con las condiciones de vida de dicho grupo, para exigir del Estado, en términos generales, un trato preferente de forma urgente a quienes por su condición de indefensión y desamparo no se hallaban en capacidad de atender siquiera sus más apremiantes necesidades, una vez producida la situación del desplazamiento forzado.
Dentro de las primeras medidas, se encuentra el tema de la Atención Humanitaria de Emergencia y la prórroga de la misma, para lo cual está Sala, resalta algunos de los apartes jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, encontrando que la Ley 387 de 1997 surgió precisamente como consecuencia del querer estatal de reconocer y adoptar medidas y prerrogativas para prevenir, atender y proteger a las víctimas del desplazamiento forzado interno, así como para lograr que éstos se estabilicen socioeconómicamente. Por esta razón, tal normativa se constituye en el marco jurídico de orientación para el diseño e implementación de políticas públicas sobre la materia.
Dicha atención humanitaria de emergencia, consagrada en el artículo 15 de la ley 387, tiene por finalidad proteger a las personas en situación de desplazamiento y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas; todas las cuales contribuyen a garantizar el goce de los derechos fundamentales de la población desplazada, entendida dicha atención según sentencia C-278 de 2007 de la Corte Constitucional, hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su auto sostenimiento.
De igual manera la Corte Constitucional ha referido sobre el tema de la ayuda humanitaria de emergencia sobre su entrega y prórroga lo siguiente:4
21. De lo expuesto la Sala extracta las siguientes conclusiones: i) a pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; ii) la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega de forma prioritaria ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la prórroga de la ayuda humanitaria debe ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se trata de adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de la asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia C-278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento.”




6.3 Caso concreto:
El señor ROBERTO MORA se encuentra inscrito, junto con su esposa y un hijo menor de edad, en el Registro Único de Población Desplazada, que ante su difícil situación socioeconómica y debido a la enfermedad que padece su esposa, solicitó ante la entidad accionada, se le hiciera entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, pero Acción Social no le autorizó la referida ayuda, argumentando que figura afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo.
La Sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la acción, al considerar que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL – vulneró el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de la accionante, al no haberle entregado la ayuda humanitaria de emergencia que requiere, atendiendo las particulares y extremas condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra.
En respuesta a lo solicitado por esta Corporación el Instituto del Seguro Social, certificó que el usuario ROBERTO MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.035.008 se encuentra afiliado a dicha entidad desde el 01 de febrero de 1997 y aparece como activo cotizante, de igual manera que una vez revisada la nómina de pensionados refleja que el accionante no figura percibiendo ningún tipo de prestación económica (f.16 a 18).
Conforme al precedente citado se distinguen dos situaciones:
i) personas que se encuentren bajo situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones para asumir su propio sostenimiento a través de proyectos de estabilización socioeconómica, como el caso de niños sin acudientes, personas de la tercera edad que por su avanzada edad o su delicado estado de salud resulta imposible que puedan generar sus propios ingresos o madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al cuidado de niños menores o adultos mayores”.
Analiza la Sala sí la situación descrita por la parte actora, se enmarca dentro de alguna de las establecidas por la ley y la jurisprudencia para que haya lugar a ordenar, que la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia le sea entregada de forma prioritaria e inmediata, como a continuación se expone:
El señor RIGOBERTO MORA, en la actualidad cuenta con 59 años de edad, situación que permite colegir que no corresponde a una persona en ancianidad, que haya superado la expectativa de vida (71 años) y esté dentro de los márgenes de especial vulnerabilidad.5 Si bien está probado que la esposa del accionante, la señora María Isaura Manquillo Chantre, quien de acuerdo a la certificación emitida por el médico Internista-Nefrólogo padece de una enfermedad terminal determinada como insuficiencia renal crónica y que en consecuencia se encuentra incapacitada para trabajar, de igual manera se evidencia de los hechos narrados por el accionante en el escrito de tutela, de los documentos allegados por el demandante como lo es la historia clínica de la señora Manquillo Chantre y de la consulta que se realizó a la página web del Ministerio de Protección Social,6 se encuentra afiliada a un régimen de salud subsidiado, usuaria de COMPARTA7, es usuaria activa desde el 18 de octubre de 2011 y actualmente se le está presentando el servicio de salud; por lo que en este momento no está probado que se le esté vulnerando derechos fundamentales al núcleo familiar del accionante.
Debe resaltarse por parte de esta Sala de Decisión que el accionante no acredita ningún padecimiento que le impida continuar con el normal desarrollo de sus actividades cotidianas y contrario a lo afirmado por el A Quo, el accionante es cotizante principal del Régimen Contributivo, lo que se infiere es que tiene un empleo y devenga un salario mínimo legal mensual vigente,8 lo que le permite el sostenimiento de su familia.
Ahora bien, en lo que respecta a su hijo Héctor Mora Manquillo quien aparece identificado con Tarjeta de Identidad No. 92071763686 (ver cuadro f. 20), se tiene que a la fecha es mayor de edad y además, no se allegó prueba por parte del accionante que permita constatar que el referido presenta alguna incapacidad física, sensorial o síquica por la cual sus progenitores deban dedicar todo su tiempo, dedicación y esfuerzo exclusivamente a su cuidado y atención.
De lo consultado por el Despacho en el Registro Único de Afiliados a la Protección y en el FOSYGA en trámite de impugnación (f. 12 Y 13 c. 2), se acredita que el señor Rigoberto Mora, se encuentra afiliado al Régimen Contributivo de Salud a través de la E.P.S. HUMANA VIVIR S.A., con fecha de afiliación desde el 01 de abril de 2011, en estado Vigente en calidad de cotizante principal, mas no como lo afirma el accionante, en el régimen subsidiado.
Así las cosas, teniendo en cuenta que su único hijo ya es mayor de edad, considera el Despacho que, en virtud del principio de solidaridad social y de acuerdo con las reglas vigentes de derecho civil colombiano9, tienen los hijos del accionante, la obligación de proporcionarle el socorro y la ayuda que requieran, sus padres con mayor razón si se encontrase en una precaria situación económica y/o de salud, esto para corresponder a los esfuerzos realizados por sus padres, más aún en este momento en el requiere de su colaboración.
Lo anterior lleva a concluir al despacho, que en el presente caso el accionante no reúne las condiciones particulares que ha definido la Honorable Corte Constitucional para recibir ayuda humanitaria de emergencia, durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley y aún cuando arguye que atraviesa por una difícil situación económica, ningún medio de prueba se aportó a efecto de acreditar una situación de urgencia manifiesta; por lo que sin desconocer su condición de vulnerabilidad – que deriva del desplazamiento mismo – por lo que no resulta posible acceder a la entrega inmediata de dicha ayuda, pues tal y como informó la entidad accionada y se corroboró por el Tribunal, consultada la base de información del Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – el señor RIGOBERTO MORA, figura como afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo a través de HUMANA VIVIR S.A. EPS, en calidad de COTIZANTE PRINCIPAL, con fecha de afiliación ultima de 1 de febrero de 2011, estado Activo (f.13 C-2).
Respecto a este punto, la Sala considera relevante precisar que en ejercicio de las facultades constitucionales, el legislador expidió la ley 100 de 1993, reguladora del Sistema Integral de Seguridad Social en materia de salud y de riegos profesionales.
En lo que se refiere a la salud, el legislador estableció dos regímenes distintos de participación al mismo: el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.
En el régimen contributivo sus afiliados deben pagar una cotización o aporte económico previo, el cual puede ser financiado directamente por el afiliado o en concurrencia con el empleador. Son afiliados obligatorios a este régimen las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, incluyendo sus beneficiarios.
Mientras que los afiliados al régimen subsidiado son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización, dentro del cual se incluye la población más pobre y vulnerable del país y sus grupos familiares.
Lo anterior, para resaltar que como criterio general se presume que quien haga parte del primero de los aludidos regímenes, cuenta con capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización.
Por lo que considera el Despacho, que en el caso bajo estudio la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el tutelante, ya que luego de surtir el correspondiente proceso de Caracterización, este arrojó como resultado que no era viable asignar turno para la entrega de la Ayuda Humanitaria, por las razones ampliamente expuestas en precedencia, lo que indica que el actor y/o su núcleo familiar, cuenta con una fuente de ingresos que les permite cubrir sus necesidades básicas y por lo tanto no le fue autorizada la ayuda.
Por otra parte, la Sala no le haya razón a la actora, frente a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, como quiera que no se probó, en el caso concreto, que la entidad accionada hubiere accedido a lo solicitado por el demandante para otra persona desplazada, sin cumplir con el proceso preestablecido, obviando el término legal previsto para ello o saltando el orden de los turnos asignados, beneficiando con ello a una persona en iguales o por lo menos similares condiciones que la suya; pues ni siquiera realizó la accionante afirmación alguna o trajo a colación un caso que resulte equiparable al suyo.
Por las razones expuestas la Sala revocará el fallo de primera instancia y no tutelará los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la igualdad, al trabajo y a la tercera edad invocados por el actor, al no advertir su vulneración por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
6.4 Decisión
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Revocar el fallo de tutela de fecha 17 de febrero de 2012, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.
Segundo: En su lugar, NO TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, al trabajo y a la tercera edad del señor RIGOBERTO MORA,que no se encuentran vulnerados de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase copia del fallo al juzgado de origen y el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.

GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA


Magistrado

RAMIRO APONTE PINO

Magistrado

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado.


1 En cuanto a que la orden de: “consecuente con lo anterior ordenar a Acción Social, Unidad Territorial Antioquia (sic) que dentro del término de quince-15- días hábiles siguientes a la notificación de éste fallo, y a partir de los procedimientos actualmente señalados para ello, determine las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la actora(sic) de tutela RIGOBERTO MORA y su grupo familiar y de persistir las penurias de económicas, informarle sobre la forma en que se le hará la entrega de la asistencia humanitaria de emergencia; además, se le brinde instrucción completa sobre los demás beneficios que eventualmente le pueden asistir por la condición de desplazada (sic)”

2 Ver, la Sentencia SU-1150 de 2000 MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

3 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

4 Sentencia T-496 de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

5 La jurisprudencia de esta corporación ha considerado que la tercera edad inicia a los 71 años de edad. Cfr. T-456 de 1994 (octubre 21), M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-1226 de 2000 (septiembre 7), M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-463 de 2003 (junio 5), M. P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.

7 Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Solidaria de Salud COMPARTA SALUD LTDA ESS.

8 Quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos $566.700.

9 En particular, el artículo 411 y siguientes del Código Civil, que se refieren a la obligación alimentaria no sólo de los padres a los hijos, sino también de éstos hacia sus progenitores.

similar:

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconFotografía: Gerardo Cedeño I

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconLópez Franco Iván Alberto

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconLuis Gerardo Romero O´hara

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconInstituto integrado francisco serrano muñOZ

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconPrograma de Vinculación, Iván Espinoza (ute)

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconPrólogo al libro de Gerardo Sánchez Ruiz

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconElaborado por: Dr. Carlos Ivan Arjona

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconGilles deleuze1 Traducción castellana de Juan Bauzá y María José Muñoz

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconYanina Castello, Gabriela Mercado, Flavia Muñoz, María Sánchez, Ana Velásquez

M. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida iconFlores Rangel Roberto Iván Relativismo Jurídico Teoría relativista de Gustav Radbruch




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com