Manual de agricultura orgánica
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Agrocombustibles y Separatismo en Bolivia La Cámara de industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se han constituido en los principales impulsores de la producción de los agrocombustibles en Bolivia. Según plantea uno de sus documentos a principios del 2008, las tareas principales (IBCE, 2008a) del IBCE eran: a) Certificación “Libre de Trabajo Infantil” para empresas exportadoras; b) Diálogo con la sociedad civil y estudios sobre producción, comercio exterior e integración; c) Biocombustibles, juntamente con CAINCO. Estas actividades cuentan con el financiamiento del Centro de Promoción de Importaciones de Holanda (CBI); La Secretaría de Estado de Economía (SECO) de Suiza y USAID-EEUU. En su campaña, el IBCE se ha empeñado en presentar la gran magnitud del negocio, como una fiesta abierta a quien quiera; resaltando las grandes posibilidades de cada uno los departamentos de Bolivia, los cuales tendrían incluso materia prima autóctona para producirlos, como la t’ola en el altiplano. Suponiendo, según uno de sus cálculos, que tan solo entráramos al 1% del mercado mundial de agrocombustibles significaría una inversión acumulada de 2470,55 millones de dólares y una exportación de 5322,02 millones en 10 años. La argumentación es como sigue: “el Etanol si bien tiene una estructura de costo desfavorable respecto de la gasolina, cuando se compara -… entre Etanol de diversos cultivos- el mismo es favorable para la caña de azúcar. Si además se considera que por razones ambientales y estratégicas la tendencia mundial es a adoptarlo como reemplazo o complemento de las gasolinas, … las oportunidades para un país como el nuestro son más que evidentes; …, haríamos bien en mirar al Etanol como…, “una oportunidad global” (Delius, 2008). Obviamente, “oportunidad global”, ni nada de esto, es un planteamiento económico propiamente dicho. El “Troyano” de los agrocombustibles: Los pequeños productores En este mundo de oportunidades, lo más importante según el IBCE, es que los agrocombustibles pueden ser también producidos por los pobres de los países en desarrollo (Solares & Solares, 2008). Los beneficios que más frecuentemente se citan son: buenos precios, seguridad alimentaria y empleo. Zaratti (2008), ex delegado presidencial de Mesa (7), se ha referido a los altos precios que obtendrían los productores como una revancha histórica del campo contra la ciudad. Como fundamentación de este tipo de argumentos, empero, no hallamos más que una cuestión de fe: “…la tendencia en los mercados de combustibles es hacia una mayor transparencia y libertad, menos barreras de acceso y por lo tanto, comercio más libre, algo que cuando de alimentos se trata, definitivamente no se da con frecuencia” (Delius, 2008). Con esta base se evade el análisis del proceso de fijación de precios, y cómo estos se diferencian desde lo que reciben los pequeños productores, hasta los comercializadores finales. Se evade el hecho de que el origen del mercado de agrocombustibles, no ha sido natural, sino impuesto por la fuerza de la ley; y que en todos los niveles de la economía de los agrocombustibles, es el monopolio el que impone sus propias reglas de fijación de precios (8). El monopolio impera también en la tenencia de la tierra y los agrocombustibles avanzan donde ya esta constituido. En Bolivia existen 14.000 productores de soya (Soyabolivia.blogspot.com, en Ribera, 2008), y un 70% de sus tierras está en manos de 300 grandes empresarios, sólo 30 de ellos bolivianos (Montes de Oca, 2005), esto es que la extranjerización es parte del monopolio. Según Amorim (2006), el canciller del Brasil, los soyeros brasileños en Bolivia, responden por el 40% de la producción de soya en Bolivia y por el 60% de la exportación de este producto. El IBCE plantea el problema de la tierra solo como una cuestión de su disponibilidad física, ocultando su carácter económico, el cual es un campo donde los terratenientes y capitalistas son la parte poderosa. En el contexto económico, la tierra como cualquier mercancía, puede aparecer y desaparecer aunque la tengamos frente a nosotros, y ante estos hechos los pequeños propietarios, los sin tierra, y la economía nacional son siempre las víctimas (9). Los agroempresarios nacionales se han hecho de las mejores tierras, con agua y acceso a infraestructura y en estas condiciones, su mayor producción y bajos costos compiten con la peor tierra, la de los pequeños propietarios. Las ventajas de las buenas tierras han sido adquiridas por influencias políticas y para encubrirlo se ha creado el mito de un “pujante empresariado agroindustrial” frente a una producción campesina retrasada y de baja productividad. En los gráficos, vemos que la caña en Bolivia ha experimentado una productividad creciente, correlativa con una ampliación de la superficie cultivada. La soya experimenta una productividad decadente y una expansión extrema de la superficie cultivada; actualmente 38% del total nacional.  Nota: (1) Incluye campaña de invierno anterior, en el caso de maíz se toma en cuenta a partir de 2003 Año 1991=100%.(10) - Fuente: Elaboración propia con datos del INE. En cambio, los cultivos tradicionales como la papa y la yuca, experimentaron una extensión con tendencia decadente pero con una creciente productividad. Lo mismo ocurre con muchos otros cultivos, no industriales, como la haba y la cebada. En los casos del café y la quinua los cuadros son muchos más positivos (11).  Nota: Año 1991=100%. - Fuente: Elaboración propia en base a INE. Esto demuestra que la agroindustria debe sus méritos al pirateo de un recurso natural nacional, la fertilidad de las tierras nuevas, y de otros recursos como el agua, a los cuales accede por política, mientras los pequeños productores permanecen por centurias trabajando la misma tierra. Ocultando el carácter económico de la tierra se pretende hacer creer a la gente que grandes y pequeños productores y propietarios gozaran de una relación idílica en torno a los agrocombustibles. Contrariamente, Carlos León (2008), Presidente del CIOEC, ha declarado: “Cuando estas grandes empresas nos invadan van a requerir grandes extensiones de tierras y de productos,… los pequeños productores seremos sometidos… empleados, explotados”. Es la voz de la experiencia. La relación entre grandes y pequeños ya se daba en Santa Cruz hace varias décadas, en un sistema donde casas importadoras de insumos y equipo y fábricas de aceite financian a los pequeños productores de soya y caña; estas obtenían su producto y descargaban en aquellos los riesgos de la producción y los costos sociales que corresponderían si se tratara de asalariados. Este sistema trabaja para las transnacionales del rubro. En el Brasil, este sistema de financiamiento de los cultivos y control de la logística de distribución, ha puesto el mercado de granos en manos de las trasnacionales. Las empresas nacionales de soya y también las cooperativas, como las de agricultores familiares de la región sur, dependen de las negociaciones con estas transnacionales para acceder al mercado. (Ortíz, 2008). Tal como se señaló anteriormente, al considerar las condiciones laborales, como resultado de su situación desventajosa, los pequeños productores se convierten en una especie de empleados de las financieras, trabajando auto explotados”, en condiciones en que –por algo- las financieras no invierten directamente, y a la larga, quiebran y se quedan sin tierra. En Bolivia, los latifundistas no ocultan su deseo de acaparar las tierras de los pequeños propietarios (12); y el IBCE (CAINCO & IBCE, 2008) propone una legislación de la tierra “sin perjuicio de su libre disposición por parte del propietario”.(13) Seguridad y soberanía Ante el impacto de los agrocombustibles en la seguridad alimentaria, se sostiene que la seguridad alimentaria es simplemente la disponibilidad de dinero para comprar alimentos, cosa que esta garantizada con el empleo generado por los agrocombustibles. Esto coincide con el discurso de Lula, pero no con la realidad de los zafreros de caña del Brasil. En los años 80, estos cortaban 4 t., por R$ 9,09/día, y ahora cortan 15 t., por R$ 6,88/día. Tratándose de caña transgénica, deben cortar un área tres veces mayor, porque pesa tres veces menos. Siendo que el zafrero gana por peso cortado, antes obtenía 10 t macheteando 100 m2, ahora debe machetear 300m2 para obtener el mismo peso. (CPT & RSJDH, 2007) Para dar una idea del poder adquisitivo de aquella suma, un almuerzo de regular calidad en San Pablo cuesta $R 9, o sea, que los ingresos de la zafra no garantizan la alimentación. El concepto de seguridad alimentaria manejado por el IBCE, excluye la soberanía nacional sobre la alimentación, que se justifica, entre otras cosas, porque la dependencia alimentaria constituye un efectivo instrumento de presión de los países ricos sobre los pobres. “Lo mejor de todo”: Los empleos para los bolivianos Lo mejor de todo, nos dicen, en la campaña, son los empleos. Para el supuesto caso de la participación boliviana en el 1% del mercado mundial de agrocombustibles, se prevé para el año 2019 (14), un total de 138.368 empleos correspondientes a 219.632 has, asumiendo un crecimiento del 6% de la demanda; y si fuera del 14%, se prevén 272.136 empleos (431.962 has). El problema es que este cálculo se basa en 0,63 empleos/ha que se aplica a cultivos no mecanizados, como si el cultivo de la caña no fuera a mecanizarse ni en 10 años. Si lo fuera, aplicaríamos 0,3 empleos/ha; entonces tendríamos 142.547 empleos menos. Esto es solo para dar una idea de la posible diferencia, porque la introducción de maquinaria depende en parte de cuanto pueden soportar los zafreros la explotación para no ser “despedidos” por las máquinas (15). En el Brasil, han soportado tanto que su vida activa en el cañaveral ha resultado inferior a la de los esclavos (Zafalon, 2007, en Corina, 2008). Con todo, entre 1970 y el 2000 la agricultura paulista, principal centro cañero, eliminó aproximadamente 700.000 empleos (Schlesinger et al, 2008); esto, hablando de caña; y peor, en el caso de la soya, por cada 300 has se crea solo 1 a 4 empleos. Esas son las perspectivas reales de “lo mejor de todo”. No todo es positivo, reconocen los consultores del IBCE; existe el riesgo de que el pequeño productor sea objeto de condiciones de compra prefijadas, de endeudamiento forzado, y que se convierta en un empleado sin derechos laborales ni sociales (Solares & Solares, 2008). Su solución es simple: elaboración de normas legales apropiadas. Pero la verdad es que este “riesgo”, es también una vieja realidad, como lo certifica un estudio de la OIT el 2005 (Bedoya & Bedoya, 2005). El trabajo en la zafra de la caña, según otro estudio, es una de las peores formas de trabajo infantil; los niños desde los 6 años, trabajan con sus padres (Flores, 2008). Los grupos de migrantes llegan a la zafra en familia. Viven amontonados en carpas de plástico, sus condiciones de salud son deplorables y deben correr con los gastos de atención ellos mismos. El 32% de la mano de obra en las agroindustrias del norte cruceño, tiene una edad inferior a los catorce años (CEDLA, 2003, en Flores, 2008). Los contratos de trabajo están tercerizados (Bedoya & Bedoya, 2005), y la jornada laboral es de 12 a 14 horas.; la paga es por producción, y es común que se engañe en el pesaje. La situación es similar en la cosecha de algodón, pero se basa en el trabajo infantil, adolescente y de mujeres mayores (Flores, 2008). Vemos así, que los abusos laborales los comete justamente el sector que ahora promociona los agrocombustibles y plantea la elaboración de una normativa para impedir esos abusos en la producción de agrocombustibles. Parte de esta estrategia para acceder a mercados acaudalados y “consientes” es la pretendida certificación “libre de trabajo infantil” para tapar un hueco y ocultar 10, porque los niños son una de las víctimas humanas y ambientales de este sistema. La experiencia de Bolivia con las certificaciones es elocuente: ocupa el primer lugar del mundo en área forestal certificada, pero solo un 5,7% del total corresponde a comunidades, el resto a empresas privadas. Esto ha empeorado porque en 1999, correspondía a las comunidades, un 9% de la extensión certificada (Villegas, 1999). Ahí vemos quienes se benefician; los grandes exportadores y sus acaudalados clientes del mundo desarrollado. Connotaciones políticas de la campaña por los agrocombustibles La campaña por los agrocombustibles, no es un objetivo económico aislado; es parte de una estrategia mayor manifiesta en el “Decálogo”: una serie de directivas que se envía al gobierno boliviano, que surge de más de 20 Foros de Diálogo con la Sociedad Civil realizados desde el año 2006 (IBCE, 2008b) financiados por USAID. Sintéticamente, el Decálogo se refiere sobre todo a cuestiones de mercado de exportación; exige al gobierno la firma de un TLC con los EEUU y censura el acercamiento al MERCOSUR, ALBA, TCP y a Irán; exige que el gobierno aplique las demandas de los “actores productivos” y le critica su “fuerte orientación hacia un Estado Socialista-Comunitario, subsidiador y paternalista” (16); cuestiona su política de tierras (17) y, como anticipamos, abriga el tema de los agrocombustibles. Otro aspecto de importancia es que la Directiva del IBCE es exclusivamente regional. La integran representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Forestal de Bolivia, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). La participación de estos sectores en el movimiento separatista es un hecho público. Como es sabido, los separatistas, debido al sufragio popular, quedaron en minoría en la Asamblea Constituyente, pero lograron por otros medios, introducir cambios sustanciales en la nueva Constitución.  Con todo, la Constitución aprobada por la Constituyente y el Estatuto Autonómico (EA) de Santa Cruz compartían su interés por los agrocombustibles, pero el EA se atribuía una competencia exclusiva sobre el tema. Ahora la Constitución reformada en el parlamento les ha reconocido esa competencia. El EA está a favor de los transgénicos (Arts: 97-II; 98; 97-III); la Constitución parlamentaria también los ha aceptado. Con esto se han abierto las puertas, más que ha cierta tecnología, a un modelo de producción que no solo es anti ecológico sino que por su vinculación estrecha con el capital transnacional pone en riesgo la soberanía nacional. Un elemento clave de la influencia del EA en la nueva constitución es que se ha eliminado la posibilidad del monopolio de Estado (Art. 316;4), de su intervención directa en la producción (Art. 316;3), y conducción de la economía (Art. 316;2) (Villegas, 2009). Por lo demás, allá donde este modelo se establece, socaba seriamente los derechos laborales y humanos, y genera un ambiente de violencia y, en Bolivia, ha hecho carne en los sectores que buscan implantar un régimen fascista. Parte central de la campaña por los agrocombustibles, es el enfoque en los pequeños propietarios y el empleo, y su argumentación pobre desde el punto de vista económico y en frecuentemente encubierta por una jerga izquierdista, hace evidente que su objetivo no es el declarado sino el ablandamiento de la resistencia social a los agrocombustibles y la seducción de los intelectuales, las ONGs y la gente del gobierno. En todo esto, el rol de cierta cooperación internacional es por demás claro. A manera de conclusión Hemos podido constatar hasta aquí que los agrocombustibles constituyen una respuesta cuando menos inadecuada ante problemáticas globales como el calentamiento global y el hambre. En efecto, la producción de estos carburantes a gran escala no representa ningún deslinde frente a los combustibles fósiles, que son requeridos para su elaboración y transporte. Además, implica una intensificación del modelo agrícola industrial, responsable de manera sustancial de la actual crisis ambiental y del empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas. Los únicos beneficiarios de esta propuesta resultan ser conglomerados de grandes grupos empresariales, varios de los cuales han contribuido de hecho en la generación del cambio climático y de una deuda ecológica no asumida, mediante su participación en la industria petrolera, automovilística, agroalimentaria y constructora. A partir de todos los elementos considerados, pensando también en la obsesión por el crecimiento sostenido –y no sostenible-, pilar de la lógica capitalista, la propuesta de la FAO nos sitúa ante una ecuación imposible de resolver. Además, parte de una consideración simplista tanto del medio ambiente como de las poblaciones afectadas. Esto se debe a que desdeña un parámetro clave: los seres humanos todavía no somos autómatas. Los millones de personas empobrecidas en todo el planeta no pueden ser consideradas como máquinas que requieren una fuente de energía adecuada. Por ejemplo, las comunidades andinas pugnan por la introducción en la naciente Constitución boliviana, del Suma Qamaña, entendido como el “vivir bien”, en un territorio que para ellos es sagrado y donde la diversidad de la naturaleza y sus divinidades conviven con la especie humana. Tras años de estudio de diversas culturas indígenas en América Latina, la antropóloga Alicia Barabas señala que las representaciones sobre el espacio y las pautas culturales de construcción constituyen categorías estructurantes en una cultura puesto que sus significados y orientaciones resultan claves para la reproducción social (Barabas, 2003). Por tanto, es a partir del reconocimiento de la complejidad y diversidad cultural de los seres humanos que podemos acercarnos a dilemas como el cambio climático y a las contradicciones generadas por el sistema capitalista. Ante ello, las posibilidades de actuar son múltiples. Las organizaciones indígenas y campesinas han plasmado sus reivindicaciones en el concepto abarcador e integral de la soberanía alimentaria y más recientemente de la soberanía energética. Existen también campañas populares que demandan que sea detenida la plantación de cultivos energéticos y piden una moratoria frente a las políticas de la UE de incentivos a los agrocombustibles, importaciones de agrocombustibles y monocultivos agroenergéticos de la UE o que trabajan sobre la deuda ecológica y la soberanía alimentaria (18). Es a partir de este tipo de iniciativas, y en un esfuerzo de empatía, escucha y colaboración entre las diferentes resistencias al sistema capitalista que podremos sin duda encarar de manera responsable los actuales problemas globales y recuperar la posibilidad de una vida digna para todos los pobladores del planeta. www.ecoportal.net Pablo Villegas es Investigador en antropología y salud pública y Mónica Vargas es Investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (Universidad Politécnica de Cataluña). 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Adoptamos la postura de cientos de organizaciones campesinas reunidas en el Foro Social Mundial sobre Soberanía Alimentaria de Nyeleni, según las cuales se trata de una industria que constituye una agresión para el medio ambiente. 3 -Se trata esencialmente de los agrocombustibles de segunda generación, que serán considerados más adelante. 4 -Por ejemplo, el término B30 indica que el diesel contiene 30% de biodiesel (GRAIN, 2007) 5 -Para una exhaustiva explicación de este fenómeno véase: García, F., Rivera-Ferre, M. y Ortega M. (2008). 6 -Para más información véase: García, F., Rivera-Ferre, M. y Ortega M. (2008) y Ribeiro, S. (2008). 7 -Francesco Zaratti, cuando era delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, se movilizaba con viáticos pagados por Petrobras y Total. (Bolpress, 2004). Así, no extraña que declarara que: “No se puede obligar a las empresas a abastecer primero el mercado interno porque por precios y volúmenes es marginal con relación al mercado externo”, y que “No son empresas de caridad”. (Bolpress, 2008) 8 -Ante recientes restricciones de la UE a la importación de agrocombustibles, la informalmente llamada "OPEP de los Biocombustibles" integrada por Brasil, Argentina, Colombia, Malawi, Mozambique, Sierra Leona, Indonesia y Malasia tuvo que iniciar una campaña para que la UE revise sus exigencias ambientales para las importaciones de etanol, argumentando que estas congelarían la expansión de la producción de etanol en Sudamérica y en África (www.radioamerica.hn. Newsletter Nº 2, 14-11-2008). Esta situación muestra la extrema sensibilidad de los agrocombustibles al capricho de sus clientes, que no se guía, como queda claro de la decisión de la UE, por cuestiones de mercado. Como dice la tal “OPEP”, esto puede congelar nada menos que dos continentes, mientras la UE puede tranquilamente seguir viviendo sin agrocombustibles. Lula también se ha visto obligado a reclamar: “Hemos dicho que si queremos tener éxito en la ronda de Doha es preciso que los países ricos flexibilicen los precios agrícolas para que los productos de los países pobres entren a ese mercado. Entonces, dejen la hipocresía y comiencen a comprar biocombustible” (La Razón Abril 28 de 2008). 9 -La disponibilidad física de tierras puede ser alterada, como ya ocurre en países como Argentina y Brasil, por la magnitud de capital volcado, en este caso, en cultivos para agrocombustibles, lo cual desalienta otro tipo de cultivos, genera demanda de tierras y produce un incremento de su precio y la especulación, que puede tornarse más importante que la producción misma. Por otra parte, para los pequeños propietarios pobres, no basta tener la tierra. Sin dinero para hacerla producir estos terminan de jornaleros, como ocurre con los guaraní en el Chaco boliviano, según constata Ormachea (2008). 10 -Los datos del INE muestran una baja de productividad generalizada entre los años 1993-1995. 11 -En general, los productos, tradicionales, es decir alimenticios y forrajeros, han aumentado su productividad y su extensión aunque todos han retrocedido en su participación relativa frente a los cultivos industriales que ya llegan al 50% del total cultivado. 12 -El Estatuto Autonómico de Santa Cruz anuncia la reagrupación, distribución y redistribución de las tierras para evitar el minifundio improductivo (Art. 105). Esto amenaza con reeditar la política iniciada por Melgarejo en 1867, que con el pretexto de salvar la tierra de las “manos muertas” de los indios, (que en el Estatuto aparecen como “minifundio improductivo”), desató una guerra por la tierra que desangró el área rural por décadas. (Villegas, 2008). 13 -Juan Carlos Lijerón, Coordinador del Proyecto “Bolivia – Estudio de Caso para la Mesa Redonda Global sobre Biocombustibles Sostenibles”, por su parte, plantea recuperar tierras degradadas o abandonadas por la migración. Aquí se trata evidentemente de la propiedad del pequeño productor, ni una palabra sobre las tierras “degradadas o abandonadas” de los latifundistas. 14 -No tomamos el 2020 porque el autor cometió errores de cálculo. 15 -Una cosechadora mecánica de caña hace el trabajo de 100 personas 16 -Su fundamentación es digna de leerse: “dejando de lado el hecho que el Muro de Berlín se vino abajo el año 1989, y que la Unión Soviética no existe más…” “históricamente se demostró que (el Estado) es un mal administrador”. 17 -Christian Sattori Ivanovic, Presidente de CONFEAGRO, a tiempo de criticar ácidamente la Ley 3545 (“Reconducción Comunitaria”) y su Reglamentación que genera inseguridad jurídica para el factor productivo “tierra” advirtió que sin medidas de fondo para producir más alimentos, ello condenará a los pobres a morir de inanición, cuando lo lógico sería que Bolivia con todo el potencial productivo con que cuenta, se dé a la tarea, no de hacer política con la economía, sino a generar más producción para atender no solo el mercado interno, sino la creciente demanda mundial. (IBCE, 2008c) 18 -Véase http://www.biofuelwatch.org.uk/; http://www.noetmengiselmon.org Recuadros Partiendo de una percepción, hoy cuestionada desde diferentes ámbitos, según la cual los agrocombustibles no aumentarían la concentración de CO2 en la atmósfera, varios países han legislado a favor de una implementación obligatoria de estos carburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción necesaria. Únicamente en Brasil, 59% de las emisiones provienen de la deforestación debida a la expansión de los cultivos de soya y de caña de azúcar. La agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global (Stern, 2006) Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. En Paraguay, el avance de los monocultivos de soya transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. El Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA) son megaproyectos que consideran a la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías. El monopolio impera también en la tenencia de la tierra y los agrocombustibles avanzan donde ya esta constituido. En Bolivia existen 14.000 productores de soya (Soyabolivia.blogspot.com, en Ribera, 2008), y un 70% de sus tierras está en manos de 300 grandes empresarios, sólo 30 de ellos bolivianos (Montes de Oca, 2005), esto es que la extranjerización es parte del monopolio. El concepto de seguridad alimentaria manejado por el IBCE, excluye la soberanía nacional sobre la alimentación, que se justifica, entre otras cosas, porque la dependencia alimentaria constituye un efectivo instrumento de presión de los países ricos sobre los pobres. |
