Claves del derecho de familia en el codigo civil y comercial




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c) La inoponibilidad de los actos realizados en fraude de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Es necesario recordar que el régimen de comunidad que el Código Civil y Comercial establece en forma subsidiaria establece que los bienes adquiridos por cualquier forma no gratuita son gananciales y están destinados a ser partidos por partes iguales al momento de la disolución del matrimonio.
El sistema de la ganancialidad nace del reconocimiento que el crecimiento patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio es fruto del esfuerzo común y recíproco y de la cooperación y de la solidaridad mutua. En definitiva es el producto del "hacer compartido" que suma el empeño recíproco de cada uno de los esposos.
Si los cónyuges quieren a partir de que se apruebe el Código Civil y Comercial podrían cambiar su régimen de bienes, lo que no pueden es distorsionarlo a través de una maquinación fraudulenta. Si ello acontece se prevé como sanción la inoponibilidad del acto.
Hubiera sido preferible que se estableciera una sanción al fraude como en el código civil Uruguayo o en el Código de Quebec consistente en la pérdida del derecho a la ganancialidad.

En el art. 471 del Código Civil de Quebec se establece que  un esposo es privado de su parte de los gananciales de su cónyuge si ha sustraído u ocultado gananciales, si ha dilapidado sus gananciales o si los ha administrado de mala fe.
Lamentablemente el Código Civil y Comercial optó por establecer solamente la inoponibilidad del acto.
d) Detallada regulación de los bienes propios y gananciales tratando de dar respuesta legal a todas las cuestiones que durante años preocuparon a la jurisprudencia.

En el artículo 464 del Código Civil y Comercial se hace una prolija enumeración de los bienes propios:

Se ha tratado de sistematizar la enunciación, agru­pando los diversos supuestos de la siguiente manera:

En el inc. a, los bienes aportados al matrimonio.

En el inc. b, los adquiridos a título gratuito.

En los incs. c a f, los adquiridos por subrogación real con otros bienes propios.

En los incs, g a j, los adquiridos por título o causa ante­rior al matrimonio.

En el inc. j, los adquiridos por accesión, y en los incs. k y l los adquiridos por un supuesto especial de accesión, que mejor podría calificarse de anexión a otros bienes propios.

En los incs. m a o, los bienes propios por su naturaleza.

En el inc. K. la situación especial de la propiedad intelec­tual e industrial.
Las fuentes son los arts. 1243 y 1263; Cód. Francés, art­1405, párr. l°: Cód. Belga, art. 1399; Cód. de Quebec, art. 482, inc. 1°; Cód. Italiano, art. 179, a. Artículo 457 del Código Civil y Comercial de 1998 y 515 del Código Civil y Comercial de 1993.
e) Se presume el carácter ganancial de los bienes.

Se presume, excepto prueba en contrario, que son ganan­cia­les todos los bienes existen­tes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adqui­ridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumen­to del cual resulta el título de adquisi­ción. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.

Si bien, en principio, el carácter propio o ganancial es indiferente para los terceros por el sistema de separación de deudas que se admite, puede llegar a tener importan­cia si, después de disuelta la comunidad, se intentara disminuir la garantía de los acreedores atribuyendo el carácter de propios a los bienes gananciales a fin de excluirlos de la partición.

El segundo párrafo sustituye el régimen de los arts. 1246 y 1247 del Cód. Civil, adaptándola a las necesidades actuales mediante la fijación del modo de demostrar a terceros, durante la comunidad, el carácter propio de los bienes adquiridos por inversión o rein­versión.
f) Deudas de los cónyuges.

Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los ganan­ciales por él adquiri­dos.

Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
Se mantiene el principio de responsabilidad separada del art. 5" de la ley 11.357. A la responsabilidad del cónyuge que no contra­jo la obligación, establecida en las disposiciones aplicables a todos los regímenes, se añade la responsabilidad por los gastos de conservación y reparación de los bienes ganancia­les, pero en este caso se considera prudente limitar la responsabili­dad a los bienes también gananciales.
g) Administración de los bienes gananciales.

Se corrige el actual primer párrafo del art. 1277 adoptando una redacción similar a la del Código francés, mucho más precisa- Las principales modificaciones son las siguientes: 1) el asentimiento se requiere para enajenar o gravar, terminología jurídica clara que comprende toda enajenación (venta, donación, permuta, dación en pago, aporte en sociedad, etc.), y toda constitución de gravámenes (derechos reales de garantía o que implican desmembramiento del dominio, dación a embargo, etc.); 2) se incluyen los actos relativos a establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, lle­nando un vacío de la actual legislación; 3) se suprime la alusión ex­presa a los aportes a sociedades, por tratarse de actos de enajena­ción; 4) se adopta la fórmula más extensa de enajenar o gravar las participaciones sociales –excepto las acciones al portador-, la que comprende la transformación y fusión de sociedades de personas, y 5) se incluye la referencia a las promesas, a fin de dejar aclarada la situación de los boletos de compraventa.
h) Administración de los bienes adquiridos conjuntamente.

En el artículo 471 se establecen reglas para regir la situación de los bienes adquiridos en común por los dos esposos, la cual no se encuentra prevista en los textos actuales. Se propone la aplicación de las reglas del condominio, pero con importantes limitaciones que hacen a la especificidad de las relaciones entre cónyuges: supresión de la decisión por mayoría en la administración, posibilidad de autorización judicial en caso de disenso sobre la administración o la disposición, y limitación de la facultad de requerir la división de los condominios.
i) Extinción de la comunidad.

Se convierte a la declaración de ausencia con presunción de falle­cimiento en causa de disolución de la comunidad de pleno derecho, lo que implica la eliminación de los arts. 1307 a 1311, Cód. Civil, y la última parte del art. 30 de la ley 14.394, por las dudas interpretativas que la subsistencia de esas disposiciones plantea, y por considerar actualmente injustificados los recaudos legales limitativos de los efectos de la muerte presunta.
j) Momento de la extinción.

Se propone ampliar la regla del efecto retroactivo de la sentencia del actual art. 1306 a la anulación del matrimonio y a todos los casos de separación judicial de bienes, a fin de eliminar las dudas interpretativas que se suscitan en la materia, agregándose la posibilidad de efecto retroactivo a la separación de hecho, norma tomada del Código de Quebec, pero entonces se faculta al juez para que establezca si ello es equitativo o no lo es, a fin de evitar que tenga efectos jurídicos un pedido que sea abusivo. En cuanto a los párrs. 2º y 3º del art. 1306, introducidos por la ley 17.711, se propone su supresión en virtud de las numerosas críticas formuladas por la doctrina: al segundo, por apartarse del criterio jurisprudencial anterior que hacía pesar los alimentos sobre las rentas y no sobre el capital, y al tercero por consagrar la extraña e inequitativa situación de una comunidad en la cual uno de los copartícipes se queda con todo lo ganado por él y también con la mitad de lo ganado por el otro.
k) Indivisión postcomunitaria.

Se regla la indivisión postcomunitaria estableciendo que si esta se produce por muerte se aplican las reglas de la indivisión hereditaria y si se extingue en vida de ambos cónyuges, se aplican las reglas que estos acuerden y si no lo hicieren, las de la comunidad.

Se establece que durante la indivisión, cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos, para darle oportunidad a su ex cónyuge que se oponga al mismo, cuando el acto vulnere sus derechos.

Se propone que los frutos y rentas de los bienes indivisos aumenten la indivisión y que el que los administra debe rendir cuentas y pagar un canon compensatorio cuando el otro lo solicita.
l) Atribución preferencial.

Se propone incluir la atribución preferencial en virtud de la cual se tiende al mantenimiento de la unidad económica de uno de los esposos cuando esté relacionado con su actividad profesional, comercial o industrial o constituya su vivienda aunque exceda de su parte en la comunidad con cargo de pagar la diferencia en dinero, pudiéndole concedérsele plazos para el pago.


  1. La adopción

El Código Civil y Comercial de Código Civil y Comercial de la Nación propone múltiples cambios en materia de adopción que en esta introducción no vamos a explicar simplemente, los vamos a enumerar:

a) Incorporación de una parte general en materia de adopción con principios generales.

  1. Definición limitada de uno de los cuatro tipos de adopción que acepta el Código. La adopción de menores.30

  2. Regulación de cuatro tipos diferentes de adopción: de menores, de mayores, de integración y en el extranjero.

  3. Fortalecimiento del derecho a conocer sus orígenes.

  4. Establecimiento de cuatro procesos para llegar a la adopción. Uno administrativo y tres judiciales.

  5. Administrativización de los procesos judiciales para lograr la adopción. Intervención en calidad de parte del órgano administrativo.

  6. Regulación de la declaración de adoptabilidad.

  7. El abandono deja de ser una causal de entrega en guarda con fines de adopción.

  8. Los convivientes pueden adoptar conjuntamente.

  9. Se permite la adopción conjunta por divorciados.

  10. Se disminuye la edad para adoptar de treinta, a veinticinco años.

  11. Se suprime la condición de duración de tres años en el matrimonio.

  12. Se suprime la esterilidad matrimonial para legitimar la adopción, sin la edad legal.

  13. Se disminuye la diferencia de edad entre adoptante y adoptado de 18 a 16 años.

  14. El mayor de 10 años debe dar su consentimiento para ser adoptado.

  15. Se regula la adopción de integración.

  16. Regulación de las relaciones con la familia biológica.

  17. Disminución del plazo de guarda con fines de adopción de un año a seis meses.

  18. Aceptación relativa de las guarda de hecho.

  19. Intervención judicial de oficio en juicio de adopción.

  20. La adopción plena se relativiza y se mantienen los lazos con la familia de origen.

  21. En la adopción plena se permite la investigación de la filiación biológica a los fines de los impedimentos matrimoniales y de los derechos sucesorios.

  22. Se regula la adopción internacional.


En materia de adopción el Código Civil y Comercial continúa con la tradición argentina en la materia de: por un lado disminuir tanto los requisitos objetivos que se requieren a los adoptantes, como el plazo de guarda con fines de adopción, al tiempo que aumenta los números de procesos judiciales para lograr la adopción y agrega procesos administrativos.
Objetivamente no parece que con este aumento procedimental y administrativo se vaya a lograr dar más celeridad ni eficacia al instituto. No obstante lo cual, tenemos esperanzas que al aplicar las normas los operadores del derecho hagan primar el principio del interés superior del menor y optimicen los resultados, para bien de toda la comunidad, y en especial, de todos aquellos que tienen el corazón abierto a ser padres y dar acogida amorosa a quienes tienen la necesidad imperiosa de una familia para desarrollarse.


  1. El proceso de familia

a) Principios generales.

El Código Civil y Comercial el título VIII a los procesos de familia y en las disposiciones generales cita, en primer lugar, el principio de tutela judicial efectiva, que comprende el acceso a la justicia, el de economía y el de celeridad procesal, recogiéndose así el valor y entidad que se otorga a este principio en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia en condiciones de vulnerabilidad31, todo en relación directa con los principios de inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad y oralidad.

En este título el Código Civil y Comercial contiene una serie de reglas aplicables a los procesos de familia entre las que se encuentra las de impulso procesal de oficio requisitos de acceso al proceso, legitimación, oralidad, anticipo de la prueba, agilidad, prioridad, coordinación, especialización, actuación interdisciplinaria, proximidad; estímulo de las formas alternativas de resolución de conflictos; promoción de actuaciones destinadas a proporcionar una información básica sobre los derechos.

Se busca la aplicación del principio de agilidad o celeridad en todas las fases del procedimiento, así como en la propia ejecución. La eficacia exige rapidez en la respuesta pues, como expresa el aforismo,"justice delayed is justice denied".
b) Acciones del estado de familia.

En el Capítulo II del Título octavo se regulan las acciones del estado de familia sin definirlas, por lo cual lo primero que debe hacer el intérprete es determinar que se entiende por acciones de estado de familia.

Entendemos que son acciones de estado de familia las que tienen por finalidad comprobar un título de estado del cual se carece, destruir un estado falso o inválido, crear un estado de familia nuevo o modificar un estado ya existente.

Las acciones de familia se refieren tanto al estado matrimonial como al estado filial, es decir que comprenden las acciones de filiación, las relativas al vínculo conyugal y al derivado de la unión convivencial. Entre ellas encontramos las siguientes acciones:

– Acción de reclamación del estado matrimonial.

– Acción de reclamación del estado de conviviente.

– Acción de divorcio.

– Acción de disolución de la unión convivencial.

– Acción de reclamación de la filiación matrimonial.

– Acción de impugnación de la paternidad.

– Acción de impugnación de la maternidad.

– Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial.

– Acción de impugnación de la maternidad extramatrimonial.

– Acción de nulidad del reconocimiento.

– Acción de adopción.

– Acción de revocación de la adopción.

– Acción de nulidad de la adopción.

– Acción de pérdida de la autoridad parental.
Estas acciones tienen como característica el hecho de ser irrenunciables, imprescriptibles y de inherencia personal, pero no se establece claramente que son inalienables.
El artículo 713 del Código Civil y Comercial establece con acierto la inherencia personal de las acciones de familia que provienen del hecho que el estado de familia, como atributo de la personalidad, sea inherente a la persona, es decir que está excluido su ejercicio por toda persona que no sea su titular.

No obstante que las acciones de familia son de inherencia personal, el Código Civil y Comercial prevé que la acción de adopción sea ejercida de oficio por el juez y por el órgano administrativo (616), lo que contradice completamente el carácter de inherente a la persona que tiene la acción por la cual se solicita la filiación adoptiva de un menor.
Las acciones de estado de familia, en principio son irrenunciables, debido a que el estado de familia es irrenunciable.

La norma aclara que los derechos patrimoniales derivados del estado de familia están sujetos a prescripción y también a la posibilidad de la renuncia.

En principio las acciones son también imprescriptibles aunque se admite la caducidad de la acción de nulidad de matrimonio.
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