Uso sustentable de la biodiversidad




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Capítulo II


De la Conservación Ex Situ
Artículo 51.- El Estado fortalecerá la conservación de la biodiversidad silvestre ex situ como complemento de la conservación in situ y en la medida que se recuperen las poblaciones silvestres en su medio natural en condiciones controladas y documentadas.
Serán objeto prioritario de conservación ex situ las poblaciones, razas o variedades y el material genético que:


  1. Se encuentren reducidas, en estado de erosión genética o amenazadas de extinción.

  2. Representen un valor estratégico científico o económico, actual o potencial.

  3. Sean aptas para el cultivo, domesticación o mejoramiento genético de las mismas, o que hayan sido objeto de mejoramiento, selección, cultivo y domesticación;

  1. Cumplan una función clave en las cadenas tróficas, especialmente aquellas que sirven para el control biológico;

  1. Sean parientes silvestres de especies cultivadas;

  2. Se encuentren actualmente en colecciones de agrobiodiversidad; y,

  1. Constituyan especies con un particular significado religioso, sagrado o cultural.


Artículo 52.- El Ministerio del Ambiente, bajo condiciones y requisitos determinados, aparte de los que se fijen en las disposiciones tributarias para el caso de los establecimientos privados con fines de lucro, autorizará el establecimiento y supervisará el funcionamiento de herbarios, jardines botánicos, zoológicos, museos de historia natural, zoocriaderos, centros de rescate y otros medios adecuados, públicos y privados, destinados a la conservación ex situ y a la reproducción en cautiverio o en condiciones controladas de especies silvestres terrestres, en particular aquellas amenazadas de extinción que consten en la lista CITES, en las expedidas periódicamente por el Ministerio del Ambiente o que sean de interés comercial.
El Ministerio del Ambiente autorizará la tenencia y cría de biodiversidad silvestre terrestre con fines comerciales o de subsistencia en condiciones ex situ, en aquellos casos en que los organismos seleccionados no se encuentren amenazados de extinción de acuerdo a la lista CITES y a las expedidas periódicamente por el Ministerio del Ambiente.
Artículo 53.- El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca autorizará el establecimiento y supervisará el funcionamiento de acuarios públicos y privados destinados a la conservación ex situ y a la reproducción en cautiverio o en condiciones controladas de especies silvestres marinas y dulceacuícolas, en particular aquellas amenazadas de extinción que consten en la lista CITES, en las expedidas periódicamente por el Ministerio del Ambiente, o que sean de interés comercial. El Reglamento General de aplicación de esta Ley definirá las condiciones y requisitos para su funcionamiento.
Artículo 54.- El Ministerio del Ambiente autorizará el establecimiento y supervisará el funcionamiento de bancos de germoplasma y otros mecanismos de conservación ex situ de la biodiversidad del país, con excepción de la agrícola y pecuaria. El Ministerio definirá las condiciones y requisitos para su funcionamiento y supervisión.
Artículo 55.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, autorizará el establecimiento y supervisará el funcionamiento de bancos de germoplasma y otros mecanismos de conservación ex situ de la biodiversidad agrícola y pecuaria del país. El Reglamento General de aplicación de esta Ley definirá las condiciones y requisitos para su funcionamiento.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, llevará a cabo las acciones necesarias para iniciar la repatriación de colecciones ex situ de la agrobiodiversidad del Ecuador, que se encuentren fuera del país.
Artículo 56.- El Ministerio del Ambiente en los casos de especies terrestres y el Ministerio de Industrias Comercio, Integración y Pesca en los casos de especies marinas y dulceacuícolas realizarán una evaluación científica previa al inicio de todo programa o actividad de reintroducción, repatriación y traslocación de especies silvestres, como consecuencia de programas planificados de conservación o por otras razones.
En el caso de programas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se requerirá la autorización del Ministerio del Ambiente.
Capítulo III

De la Recuperación, Rehabilitación y Restauración

de la Biodiversidad y sus Funciones



Artículo 57.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que ocasione daños comprobados documentadamente a cualquier elemento de la biodiversidad del Ecuador y sus funciones, producidos por actividades dolosas o culposas, estará obligada a ejecutar actividades de recuperación, rehabilitación y restauración de los ecosistemas y hábitats impactados o degradados y de especies nativas que haya determinado el Ministerio del Ambiente o la autoridad competente.
El Ministerio del Ambiente en coordinación con todas las entidades públicas que tienen competencia en esta materia, vigilará el cumplimiento de esta obligación y compelerá su ejecución por las vías legales existentes.
Artículo 58.- El Estado, a través de las entidades públicas y privadas, incentivará la investigación técnica y científica orientada a diseñar y ejecutar procesos de conservación, recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas de extinción.
Capítulo IV

De la Protección de Especies

Endémicas y Amenazadas de Extinción
Artículo 59.- Es obligación del Estado la protección en el territorio nacional de las especies endémicas y amenazadas de extinción. A tal efecto, el Ministerio del Ambiente en coordinación con otras entidades públicas y privadas, promoverá, regulará, ejecutará y controlará las acciones enfocadas a la conservación, investigación y recuperación de estas especies, preferentemente mediante la protección de sus hábitats.
Artículo 60.- Se prohíbe la cacería, captura, recolección, tenencia, transporte, comercialización interna y exportación de especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies silvestres amenazadas de extinción que consten en la lista CITES y aquellas que emita periódicamente el Ministerio del Ambiente, excepto para actividades de investigación y de conservación ex situ, debidamente autorizadas por el Ministerio del Ambiente.
Capítulo V

De la Introducción y Control

de las Especies Exóticas
Artículo 61.- El Ministerio del Ambiente, en coordinación con las entidades públicas, privadas nacionales o internacionales involucradas, en especial con aquellas que disponen de información científico-técnica pertinente, regulará, controlará o prohibirá la introducción y el manejo de especies exóticas al territorio nacional y dentro del mismo, en base a una evaluación de riesgo.
Artículo 62.- Se prohíbe la introducción de especies exóticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, excepto para fines de control biológico científicamente justificado y aprobado por el Ministerio del Ambiente. Los respectivos planes de manejo de cada área establecerán medidas para el control y erradicación de las especies exóticas previamente introducidas en dichas áreas.

TITULO IV



DEL USO SUSTENTABLE DE LA

BIODIVERSIDAD Y SUS FUNCIONES

Capítulo I



De la Utilización Sustentable de la Biodiversidad
Artículo 63.- El uso sustentable de la biodiversidad es el aprovechamiento extractivo o no extractivo de las poblaciones silvestres y cultivadas, sus elementos constitutivos y productos derivados, tanto en su medio natural como en cautiverio.
El uso sustentable de la biodiversidad deberá:


  1. Garantizar el mantenimiento y la regeneración de las especies dentro de sus parámetros biológicos y mantener las condiciones ecológicas necesarias para su subsistencia en forma natural;

  2. Asegurar que las poblaciones de las especies utilizadas puedan seguir cumpliendo sus funciones ecológicas y que su utilización no altere la integridad, la composición y el funcionamiento del resto de la comunidad y del hábitat al cual pertenecen; y,

c) Propender a que los niveles de uso de las especies se basen en el conocimiento científico de sus características biológicas. Cuando este conocimiento no sea suficiente, su utilización deberá basarse en el principio de precaución, considerando además los conocimientos tradicionales, las experiencias de otros países, y sobre otras poblaciones taxonómica y ecológicamente similares.
Artículo 64.- Las actividades productivas que se realicen en el país y que utilicen recursos biológicos en sus procesos, tienen la obligación de usar sustentablemente dichos recursos de un modo y a un ritmo que no ocasione el deterioro y la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, el patrimonio cultural asociado y la salud humana.
El Ministerio del Ambiente, definirá criterios, procedimientos, índices, e indicadores para el manejo sustentable de la biodiversidad.
Artículo 65.- El Ministerio del Ambiente promoverá el desarrollo de nuevas alternativas de uso sustentable, extractivas y no extractivas, de las especies y poblaciones silvestres, sus productos derivados y elementos constitutivos, que de manera directa o indirecta, contribuyan a la conservación de la biodiversidad y sus funciones.

Capítulo II



De la Biodiversidad Silvestre Terrestre


 

Artículo 66.- El uso de la biodiversidad silvestre terrestre se realizará de conformidad con lo establecido en esta Ley. El Ministerio del Ambiente establecerá los criterios e indicadores de sustentabilidad que serán la base de los planes de manejo para el uso de la biodiversidad silvestre terrestre, cuyo cumplimiento será supervisado periódicamente por este Ministerio.
Artículo 67.- Las actividades de cacería, captura, recolección y comercialización de especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies silvestres terrestres, en todo el territorio nacional estarán reguladas por el Ministerio del Ambiente el cual establecerá las especies, períodos, vedas totales o parciales, permanentes o temporales, áreas geográficas, armas e instrumentos permitidos y prohibidos, y demás requisitos para la ejecución de estas actividades de conformidad con lo establecido por esta Ley, su Reglamento General de Aplicación y otras regulaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente.
Estas actividades deberán contar con las respectivas autorizaciones otorgadas por el Ministerio del Ambiente, previo el cumplimiento de respectivos requisitos.
Artículo 68.- La exportación e importación de especímenes, elementos constitutivos y subproductos de especies silvestres terrestres, estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, de los instrumentos internacionales vigentes en la materia, y de las regulaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente.


Capítulo III




De la Biodiversidad Marina, Costera y Dulceacuícola



Artículo 69.- El uso de la biodiversidad marina, costera y dulceacuícola deberá ser realizado sustentablemente, en concordancia con las leyes nacionales y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.
Artículo 70.- La utilización sustentable de los recursos marinos, costeros y dulceacuícolas deberá:


  1. Mantener de la diversidad, calidad y disponibilidad de los recursos pesqueros a fin de garantizar los procesos ecológicos y satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable;

  2. Asegurar la conservación no sólo de las especies que son objeto de uso directo, sino también de aquellas dependientes o asociadas al mismo ecosistema;

  3. Evitar su sobreexplotación, asegurando que el esfuerzo pesquero sea proporcional a la capacidad de producción de estos recursos;

  4. Basarse en decisiones fundamentadas en los datos científicos más fidedignos disponibles, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales acerca de los recursos y su hábitat, así como los factores ambientales, económicos y sociales pertinentes;

  5. Garantizar que los hábitats críticos para la pesca en los ecosistemas marinos y de agua dulce, especialmente los manglares, los arrecifes, las lagunas, los ríos, las zonas de cría y desove, entre otros, sean protegidos y rehabilitados cuando sea necesario; y,

  6. Asegurar el ejercicio de los derechos de los pescadores artesanales a realizar, en las aguas de jurisdicción nacional, su actividad, y al acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros y zonas tradicionales de pesca; y,

  7. Promover la cooperación bilateral, regional y multilateral en la investigación y conservación, reconociendo la naturaleza transfronteriza de los ecosistemas acuáticos.


Capítulo IV

De la Biodiversidad Agrícola y Pecuaria


 

Artículo 71.- El Estado reconoce los Derechos de los Agricultores basados en su contribución a la conservación, mejora y diversificación de los recursos fitogenéticos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otros organismos vinculados, desarrollarán, promoverán y apoyarán estrategias de producción en las que participen directamente los agricultores y los centros de investigación agropecuaria. Estas estrategias buscarán la recuperación de variedades locales domesticadas o cultivadas, su propagación ex situ, su caracterización y evaluación, el mejoramiento genético y producción de semillas a partir de dichas variedades, y la difusión de los resultados a fin de generar nuevas estrategias de producción.
Artículo 72.- El Estado basado en las iniciativas de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, así como en otras iniciativas de distintas organizaciones, incentivará el desarrollo de programas de conservación in situ, el fortalecimiento de bancos de germoplasma y otros mecanismos para la conservación de la biodiversidad agrícola y pecuaria, a través de actividades que permitan prevenir la pérdida de la variabilidad genética, particularmente en las áreas en donde las variedades de plantas y animales locales puedan ser afectadas por la introducción o sustitución de otras especies o variedades.
Artículo 73.- El Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros organismos vinculados con la conservación y uso sustentable de la biodiversidad agrícola, promoverá y creará incentivos para la producción y utilización de las variedades tradicionales, con el fin de apoyar la seguridad alimentaria y reducir las causas de erosión genética.
Artículo 74.- El Estado impulsará la conservación y el desarrollo de sistemas de producción agrícola sustentable, que mantengan una alta biodiversidad nativa. Además, prestará asistencia a los campesinos y agricultores en caso de desastres naturales para recuperar estos sistemas de producción.


Capítulo V
De los procesos de consulta y consentimiento


Artículo 75.- Previo a la toma de decisiones por parte de la entidad competente respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II del Título II de la presente Ley, se requerirá de consulta previa de las comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos o comunidades involucradas y propietarios privados, sobre la realización de actividades relacionadas con prospección, exploración y explotación de recursos genéticos que se hallen en sus tierras.
Estos procedimientos de consulta previa respetarán las prácticas, mecanismos y formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales.
Artículo 76.- El consentimiento fundamentado previo debe ser ejercido por el Estado ecuatoriano, con relación a todo otro Estado, en materia de uso de la biodiversidad y sus funciones.
Las actividades de acceso al componente intangible asociado a los recursos biológicos y genéticos requerirá del consentimiento fundamentado previo de las comunidades involucradas, y en especial de los pueblos indígenas y afroecuatorianos.
Los procedimientos para obtener el consentimiento informado previo respetarán las prácticas, mecanismos y formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales.
Artículo 77.- La consulta previa y el consentimiento fundamentado previo deberán basarse en información veraz, transparente, fidedigna, completa, oportuna, actual y accesible, proporcionada a las comunidades involucradas o propietario privados por la autoridad competente o por el solicitante, para la toma de las decisiones a las que se refieren los artículos anteriores, mediante el procedimiento que establezca el Ministerio de Ambiente.


Capítulo VI

Del Acceso a los Recursos Genéticos
Artículo 78.- El Estado, a través del Ministerio del Ambiente, en ejercicio de su derecho soberano sobre la biodiversidad, facilitará y regulará el acceso a sus recursos genéticos y productos derivados y determinará las condiciones relativas a la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su uso., de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales ratificados por el país, las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones y otras normas vigentes. Para ello otorgará autorizaciones de acceso, siguiendo el procedimiento que señale el reglamento respectivo.
Artículo 79.- Los principios de Precaución y de Consentimiento Fundamentado Previo de la presente Ley, se aplicarán como mecanismos obligatorios en todo lo concerniente al acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados.
El Consentimiento Fundamentado Previo podrá ser otorgado por el Estado, cuando el Ecuador sea el país de origen de los recursos genéticos, en los términos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como requisito previo a la negociación o suscripción de contratos de acceso a recursos genéticos y sus componentes intangibles asociados, siempre que esto signifique un beneficio para el país. Cuando en estos contratos se incluya el componente intangible asociado, el Consentimiento Fundamentado Previo sobre ese componente, deberá ser otorgado además por los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales relacionadas. Este consentimiento protege los derechos de propiedad intelectual colectiva sobre los conocimientos ancestrales de estos pueblos, así como su derecho a su valoración, uso y desarrollo conforme a la Ley.
Los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo respetarán las prácticas, mecanismos y formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales.
.Artículo 80.- Los derechos preexistentes otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan derechos de ninguna naturaleza sobre los recursos genéticos o sobre los productos derivados en ellos contenidos.
Las licencias, permisos y autorizaciones que amparen las actividades de investigación, manejo, comercialización u otras, de especimenes, elementos constitutivos y subproductos de especies silvestres no confieren la autorización de acceso a los recursos genéticos en ellos contenidos.
Se prohíbe la utilización de un recurso biológico como recurso genético sin la correspondiente autorización de acceso.
Artículo 81.- No constituyen derechos sobre recursos genéticos, productos sintetizados y componentes intangibles asociados, incluidos los de propiedad intelectual, aquellos que hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso otorgada legalmente o que no cumpla con lo establecido por el Ministerio del Ambiente, de conformidad con los convenios internacionales ratificados por Ecuador, las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, las regulaciones naciones vigentes y otras normas aplicables.

Capítulo VII

De la Bioseguridad
Artículo 82.- El Ministerio del Ambiente regulará:


  1. El desarrollo, la manipulación, la transferencia incluyendo la importación y exportación, el transporte, el uso contenido, la liberación, la comercialización y la utilización de organismos vivos modificados, sus productos y el tratamiento de sus desechos; y,

  2. Todos los procesos en la cadena de producción y las prácticas que impliquen la utilización de la tecnología del ADN recombinante y técnicas moleculares en laboratorios, hospitales e industrias.


Artículo 83.- El Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional competente, velará por el cumplimiento de la presente Ley en materia de bioseguridad y las resoluciones que adopte tomarán en consideración el informe técnico emitido por los ministerios competentes. De igual manera, coordinará con las entidades públicas y privadas involucradas en el tema, la elaboración del Reglamento Nacional sobre Bioseguridad.
El Ministerio del Ambiente podrá delegar a entidades públicas o privadas de alta tecnología las funciones de evaluación, de riesgo, auditoria y control de las actividades que impliquen la utilización de organismos vivos modificados.
Artículo 84.- A fin de proteger el ambiente, la biodiversidad y la salud humana, la transferencia o el ingreso de un organismo vivo modificado al territorio nacional estarán sujetos a un procedimiento de evaluación de riesgo, de conformidad con el Reglamento respectivo.
Cada organismo vivo modificado deberá ser objeto de análisis individual, sin excepciones, y la autoridad competente podrá aceptar o negar la solicitud de guía de transferencia o ingreso.
Artículo 85.- Los Principios de Precaución y de Consentimiento Fundamentado Previo de la presente Ley se aplicarán como mecanismos obligatorios en todo lo concerniente a las actividades de manipulación, utilización, liberación, transferencia y comercialización de organismos vivos modificados.
Los sectores en los que se utilice o se planeé utilizar la tecnología del ADN recombinante y técnicas moleculares, como en la medicina e industria farmacéutica, agricultura (cultivos y pastos), ganadería y avicultura, productos veterinarios incluyendo vacunas, acuacultura y piscicultura, industria alimenticia, microorganismos de uso variado para bioremediación y biofertilización, deberán sujetarse a los principios mencionados.
El Reglamento Nacional de Bioseguridad definirá el mecanismo mediante el cual se aplicarán tales principios en materia de bioseguridad.
Artículo 86.- El Consentimiento Fundamentado Previo debe ser otorgado por el Estado, como requisito previo a la negociación o suscripción de contratos en todo lo concerniente a las actividades de manipulación, utilización, liberación, transferencia y comercialización de organismos vivos modificados dentro del territorio nacional o bioseguridad.
Mediante reglamento se definirá el mecanismo mediante el cual se aplicarán tales principios en materia de bioseguridad.
Artículo 87.- Toda persona natural o jurídica que introduzca, produzca o comercialice dentro del territorio nacional organismos vivos modificados, sus productos derivados y los productos que los contengan, deberá etiquetarlos, marcarlos e informar a los posibles compradores y consumidores sobre su naturaleza y contenido, protegiendo así el derecho a la información.
Artículo 88.- Toda persona natural o jurídica necesita obtener autorización, de acuerdo al Reglamento, para introducir al país organismos vivos modificados. Sin perjuicio de la obtención de la autorización, los daños causados por estos organismos serán imputables a estas personas, quienes estarán obligadas a pagar los costos e indemnizaciones correspondientes de acuerdo al Reglamento.

Capítulo VIII

Del Desarrollo y Transferencia de Biotecnología



Artículo 89.- El Estado regulará, fomentará y controlará la capacitación, investigación y desarrollo de la biotecnología en el país de conformidad con las normas establecidas en esta Ley. Así mismo, velará por la protección de los derechos de propiedad intelectual de los productos de la biotecnología obtenidos en el país.
Artículo 90.- El Estado, a través del Ministerio del Ambiente y de todas las demás entidades públicas con competencia en la materia:


  1. Tomará las medidas necesarias para asegurar que todas las actividades que impliquen utilización de nuevas tecnologías se realicen en condiciones justas y equitativas para el país y garanticen su transferencia, incluso en aquellos casos en que dicha tecnología está protegida por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. No obstante, garantizará que todas las actividades de transferencia de la tecnología sujetas a patentes u otros derechos de propiedad intelectual, se realicen en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual; y,

  2. Establecerá las prohibiciones necesarias a los acuerdos o convenios de cooperación con entidades nacionales o extranjeras cuando exista riesgo de que la aplicación de alguna biotecnología afecte a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad ecuatoriana.


TITULO V

DE LA INFORMACION SOBRE LA BIODIVERSIDAD
Capítulo I

De la Investigación y el Monitoreo
Artículo 91.- El Estado, a través del Ministerio del Ambiente y en coordinación con las universidades, entidades públicas y privadas involucradas, definirá las prioridades de investigación científica para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
El Reglamento correspondiente definirá los requisitos y procedimientos para la realización de actividades de investigación sobre la biodiversidad en el país.
Artículo 92.- Los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales participarán en las actividades de investigación sobre la biodiversidad y sus componentes intangibles que se desarrollen dentro de sus tierras comunitarias o zonas de influencia.
Artículo 93.- El Ministerio del Ambiente, en coordinación con otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, evaluará periódicamente el estado de conservación de los diferentes ecosistemas y especies, con base en criterios e indicadores específicos, conforme al correspondiente Reglamento.
Artículo 94.- La participación de universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras en actividades de investigación y monitoreo será apoyada y autorizada siempre y cuando:


  1. Se realice en asociación con instituciones de investigación nacionales;

  2. Se realice con la participación y capacitación de investigadores nacionales;

  3. Se incluyan mecanismos de transferencia tecnológica y científica que sirvan al desarrollo de la capacidad científica nacional; y,

  4. Se respeten los conocimientos tradicionales y se garanticen los derechos de las comunidades y del Estado en el usufructo de cualquier beneficio económico derivado de estas investigaciones.

Capítulo II


De la Información sobre la Biodiversidad
Artículo 95.- El Ministerio del Ambiente promoverá la recopilación, sistematización y difusión de la información sobre la biodiversidad para actividades de conservación, investigación, monitoreo y utilización sustentable, en coordinación con instituciones especializadas.
El Ministerio de Ambiente fomentará la elaboración del Inventario Nacional de Biodiversidad que incluirá los registros existentes en herbarios, jardines botánicos, zoológicos, zoocriaderos, museos de historia natural, centros de rescate, y otros establecimientos; así como en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El Ministerio del Ambiente será el ente coordinador o punto focal nacional del Mecanismo de Facilitación de Información del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Capítulo III

De los Derechos de Propiedad Intelectual
Artículo 96.- El Estado reconoce, fomenta y valora los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a la biodiversidad, fruto de la práctica ancestral de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, y por lo tanto reconoce sus derechos intelectuales colectivos.
Los aspectos relacionados con los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a la biodiversidad de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales estarán regulados de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y otras normas nacionales e internacionales vigentes.
Artículo 97.- El Estado no reconocerá ningún derecho de propiedad intelectual sobre elementos tangibles o intangibles de la biodiversidad y sus productos derivados que hayan sido obtenidos a partir de actividades que infrinjan las normas establecidas en esta Ley, sus reglamentos y otros instrumentos jurídicos relacionados.
En lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual se aplicará lo dispuesto en el régimen jurídico que sobre la materia se encuentra vigente.

TITULO VI
DE LOS INCENTIVOS
Artículo 98.- El Estado fomentará la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y sus funciones mediante la creación de incentivos específicos de carácter crediticio, económico, técnico, científico o de otra índole. El Ministerio del Ambiente desarrollará instrumentos económicos para fomentar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y sus funciones, así como para desmotivar aquellas prácticas que atenten contra su conservación y uso sustentable, conforme a lo establecido en el Reglamento correspondiente.
Artículo 99.- Los propietarios de predios donde existan bosques y otros ecosistemas nativos que generen servicios ambientales recibirán una tasa a ser pagada por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que se beneficien de dichos servicios.
El Ministerio del Ambiente promoverá, regulará y controlará el funcionamiento de dichas tasas conforme a lo establecido en el Reglamento correspondiente.
Artículo 100.- El Estado, a través del Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias y demás instituciones con competencia en la materia, impulsará programas de conservación in situ y ex situ de la biodiversidad silvestre, es decir, flora y fauna, y de la agrobiodiversidad, dirigidos especialmente a pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales.
Artículo 101.- Las áreas protegidas privadas y otras tierras privadas legalmente destinadas a la conservación in situ de la biodiversidad, gozarán de la protección prioritaria de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En caso de invasiones que afecten total o parcialmente a estas áreas, la entidad competente ordenará el desalojo inmediato de acuerdo a los procedimientos establecidos para este fin.
Artículo 102.- Las áreas protegidas privadas y otras tierras privadas legalmente destinadas a la conservación in situ de la biodiversidad estarán exentas del pago del impuesto predial y sus adicionales. Sin embargo, el incumplimiento del respectivo plan de manejo dará lugar a la eliminación automática de este incentivo.

TITULO VII

DEL FINANCIAMIENTO



Artículo 103.- Las responsabilidades que asume el Ministerio del Ambiente de acuerdo a la presente Ley y las actividades que deba ejecutar en consecuencia, se financiarán de las siguientes fuentes:


  1. Las asignaciones contempladas en el Presupuesto General del Estado para el Ministerio del Ambiente;

  2. Los ingresos provenientes de tasas, contratos, concesiones, patentes, licencias, regalías, ejecución de garantías y otros relacionados con la aplicación de esta Ley y sus reglamentos;

  3. Los ingresos por los servicios ambientales generados por el Patrimonio de Áreas Naturales;

  4. Los ingresos generados por los usos, bienes y otros servicios del Patrimonio de Áreas Naturales;

  5. Los ingresos que se recauden por concepto de multas, decomisos, indemnizaciones y otros que se generen de la aplicación de esta Ley y sus reglamentos;

  6. Los beneficios económicos para el Estado establecidos en los contratos de acceso a recursos genéticos;

  7. Los ingresos que se deriven de las actividades relacionadas con las normas de bioseguridad contenidas en la presente Ley;

  8. Los recursos provenientes de la condonación o conversión de deuda externa oficial o comercial destinados para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad;

  9. Las donaciones de organismos nacionales e internacionales;

  10. Los créditos nacionales e internacionales que se obtengan para el efecto;

  11. Los rendimientos de inversiones financieras; y,

  12. Otros que se ajusten a los fines de la protección de la biodiversidad.


Artículo 104.- El Ministerio del Ambiente podrá delegar la administración de una parte o de todos sus fondos provenientes de autogestión al Fondo Ambiental Nacional, así como otros recursos provenientes de donaciones nacionales o internacionales, o de recursos provenientes de la condonación o conversión de deuda externa oficial o comercial destinados para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
Los recursos que administre el Fondo Ambiental Nacional por delegación del Ministerio del Ambiente para los fines de esta Ley, se utilizarán de acuerdo a las prioridades definidas en la presente Ley y por el Ministerio del Ambiente.
Artículo 105.- Todos los ingresos de autogestión generados en virtud de esta Ley, serán utilizados exclusivamente en actividades de administración, conservación y uso sustentable de la biodiversidad. El ingreso de recursos de autogestión a que se refiere este Título no implicará una reducción de las asignaciones que normalmente haya recibido y reciba el Ministerio de Medio Ambiente para el cumplimiento de las acciones que le asigna la Ley.

TITULO VIII

DE LAS ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD
Capítulo I

Normas Generales
Artículo 106.- Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica o grupo humano, podrá ejercer ante los jueces competentes las acciones determinadas en la Constitución, esta Ley y otras normas nacionales e internacionales vigentes, en defensa del ambiente y la biodiversidad.
Artículo 107.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fueren responsables de un acto, omisión o hecho dañoso o culposo que afecte al ambiente o a la biodiversidad, podrán ser objeto de denuncia o reclamación administrativa, o podrán ser demandadas y comparecerán como tales en las acciones constitucionales, civiles, penales y contencioso administrativas que se promuevan conforme a la legislación vigente.
Artículo 108.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales que se produzcan como consecuencia de los actos u omisiones de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos, no sólo en caso de culpa o dolo, sino también cuando dichos perjuicios provengan de actos y actividades lícitas y estarán obligados a indemnizar a los particulares, colectividades y grupos humanos por los perjuicios que les irroguen.
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, judicialmente declarada hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios o empleados será establecida por los jueces competentes.

Artículo 109.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplirán las órdenes emanadas del Ministerio del Ambiente y de otras entidades del sector público de acuerdo a las competencias que les asigna esta Ley, para precautelar la custodia de un área protegida o de un recurso biológico o genético, así como para garantizar la comparecencia de los presuntos transgresores. De igual manera, cumplirán la orden emanada mediante resolución que sancione al o los infractores y que ordene custodiar el bien ambiental afectado.



Capítulo II

Del Procedimiento en Sede Administrativa

Artículo 110.- En ejercicio del derecho soberano del Estado sobre su Biodiversidad, corresponde al Ministerio del Ambiente dentro de sus funciones y competencias propias conocer y sancionar toda violación a la presente Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que tales violaciones pudieran dar lugar.
Artículo 111.- Cualquier autoridad o funcionario público que por cualquier medio llegare a conocer de hechos que constituyan infracción a la presente Ley, tiene la obligación de comunicar el particular inmediatamente al Ministerio del Ambiente. En caso de no hacerlo se constituirán en responsable solidario por el daño causado al ambiente o a la biodiversidad.
Artículo 112.- El Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de parte, tan pronto tenga noticia de una violación a la presente ley, iniciará un expediente contra todos los posibles responsables de la infracción y ordenará, de ser el caso, la inmediata suspensión de las actividades u operaciones que causen real o potencial daño a la biodiversidad, u otras medidas cautelares que considere apropiadas.
Artículo 113.- El expediente, de conformidad con los artículos 106 y 111 de la presente Ley, podrá tener por antecedentes los siguientes:


  1. Denuncia hecha por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras;

  2. La noticia de una violación a la Ley, difundida por cualquier medio de comunicación social;

  3. Informe de cualquier autoridad o funcionario público del Estado sobre una violación a la ley; y;

  4. Determinación de la existencia de una infracción por parte de cualquier funcionario del Ministerio del Ambiente


Artículo 114.- El Ministerio del Ambiente calificará en el plazo de 3 días a partir del conocimiento de la infracción el fundamento que justifique la apertura o no de un expediente administrativo y notificará al infractor para que en el término de tres días justifique los hechos o presente los elementos de descargo de los cuales se considere asistido. De disponer de la información suficiente y de requerirlo la gravedad del caso, podrá disponer en la misma notificación inicial la inmediata suspensión de la actividad presumiblemente dañosa. Con la justificación o los elementos de descargo o sin ellos, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes señalará día y hora para que tenga lugar la Audiencia para escuchar a las partes.
De haber hechos que deban probarse, abrirá de oficio y en la misma Audiencia, la causa a prueba por el término de 6 días.
Dicha audiencia se realizará en un plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación para la Audiencia.
Concluido el término de prueba, el Ministerio del Ambiente dictará resolución en el término de cinco días. De esta Resolución podrá apelarse en última y definitiva instancia ante el Ministro del Ambiente o interponerse los recursos que señale el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Artículo 115.- El procedimiento de impugnación contra los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sujetas a esta Ley, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Artículo 116.- Con la resolución firme o ejecutoriada de sanción administrativa y para garantizar el pago de las multas y liquidaciones de daño ambiental, el Ministerio del Ambiente emitirá título de crédito que se cobrará mediante procedimiento coactivo.
Artículo 117.- La impugnación en sede administrativa de los actos administrativos emanados de las entidades y órganos no sujetos al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, como aquellos expedidos por los organismos del régimen seccional autónomo se sujetarán a las disposiciones de las leyes pertinentes.
Artículo 118.- No procederá ningún efecto del silencio administrativo positivo en los procedimientos que esta Ley prevé en sede administrativa.


Capítulo III

Del Procedimiento Administrativo en Sede Jurisdiccional
Artículo 119.- La impugnación en sede administrativa por parte de los administrados contra cualquier acto administrativo no será una condición para que puedan ejercer su derecho de recurrir directamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo o Tributario competentes según el caso. El iniciar y continuar dicha impugnación en sede administrativa será facultativo y se regirá por las leyes de la materia.

Capítulo IV



Del Procedimiento

en Materia Constitucional
Artículo 120.- Las demandas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y ordenanzas; estatutos y resoluciones, actos administrativos; las acciones de amparo y demás acciones de índole constitucional relacionadas con la vigencia de las normas constitucionales para la protección del ambiente y la biodiversidad, se sujetarán a las normas que rigen el procedimiento constitucional.

Capítulo V


Del Procedimiento en

Materia Civil

Artículo 121.- Las demandas por daños y perjuicios relacionadas con la protección del ambiente y la biodiversidad, se sujetarán a las normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 122.- El responsable de un daño a cualquier elemento de la biodiversidad deberá asumir el costo del 100% del valor de la restauración del daño ocasionado. Esta restauración podrá ejecutarla el responsable por cuenta propia bajo supervisión del Ministerio del Ambiente, o pagar al Estado el costo del 100 % de la restauración, que será ejecutada por el Ministerio del Ambiente, directamente o través de tercerización.
Cuando se haga por cuenta propia y el responsable asuma el costo de la restauración del daño ocasionado, el Ministerio del Ambiente realizará la auditoria correspondiente.

Capítulo VI


Del Procedimiento en Materia Penal
Artículo 123.- Las acciones penales por delitos y contravenciones contra el ambiente y la biodiversidad, se sujetarán a las normas del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal y de esta Ley.
Todo funcionario de una institución del Estado, tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio del Ambiente o ante la Fiscalía General respectivamente, sobre la comisión de contravenciones o de delitos relacionados con el ambiente o la biodiversidad. De incumplir esta disposición el funcionario o funcionarios de que se trate serán considerados encubridores y además serán responsables solidarios por el daño causado al ambiente o a los elementos de la biodiversidad; sin perjuicio de las otras sanciones que establece la ley.
Capítulo VII
De las Infracciones y sus Sanciones

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