Resolución 042-2010 del 16 de abril del 2010




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ATENTADO CONTRA LA CALIDAD DE LA OBRA
Siguiendo con el razonamiento anterior, podemos anticipar que al producirse “acuerdos” entre constructores y fiscalizadores, se perderá la independencia que debe haber siempre entre ellos, y esto inexorablemente afectará la calidad de la obra, por la dependencia económica de los fiscalizadores con respecto a los constructores.

CONTRADICCION EN LA REDACCION
De otra parte, a nuestro entender y analizar, existen contradicciones en la redacción del texto mencionado, por cuanto la Resolución 942-2010 del INCOP, por un lado señala:
“…….sin que en ningún caso la oferta económica o el consecuente monto y forma de pago del contrato de fiscalización de obra pueda estar referido o fijado como un porcentaje del valor de la obra a ser fiscalizada”
Mas sin embargo, al final del texto indica que:
El monto del contrato de fiscalización de obra se dividirá para el monto del contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el porcentaje que será aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra”
Por lo que consideramos que el INCOP debe dar una aclaración al respecto.
DERECHO DE REPETICION
Finalmente, de acuerdo con el Artículo 11 de la Constitución del Ecuador: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”.
Por otro lado, la Constitución Política del Estado, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado que se encuentra vigente, establece que: “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con el resultado del procedimiento previo. La indicación de los presupuestos de hecho, no será necesaria para la expedición de actos de reglamentación”, para evitar así la negligencia, o mala fe de un servidor público que pueda creer que está por encima del bien y del mal y que basado en aquella premisa errónea, pueda decidir cualquier cosa que se le ocurra, que pueda violar la Constitución y las leyes, sin sufrir ninguna consecuencia.

La Resolución 042-2010 del INCOP del 16 de Abril del 2010 es violatoria de la Ley de modernización, porque simplemente no está motivada. No existe una fundamentación jurídica para la misma; por el contrario, existe una serie de argumentos jurídicos, como los anteriormente expuestos, que sirven para motivar su inaplicabilidad.
Finalmente, conviene también en estos casos recordarles al Director del INCOP y/o al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, las admonitorias palabras con las que José Joaquín de Olmedo y Maruri, Presidente de la Convención Nacional del 8 de agosto de 1835,celebrada en Ambato, hizo entrega de la banda presidencial a su hermano masón Vicente Rocafuerte Bejarano, quien había sido elegido Presidente de la República del Ecuador: "El poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede; es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones.
El ciudadano investido de poder, no tiene más derecho ni más prerrogativas que la de tener mayores facultades para el bien, y la de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes, ni debe proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día, por su moderación, por su constancia, por su cordial sumisión a las leyes, el amor de sus conciudadanos y la gratitud de la patria”
Agradeciendo por su atención y trámite favorable, sin otro particular suscribimos de usted.
Muy Atentamente


Ing. Hugo Enrique Landívar Armendáriz, M.Sc.

Presidente de Grupo Consultor FVL Cia. Ltda.
Cc: Arq. Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Eco. Ricardo Patiño Aroca, Canciller del Ecuador.

Ab. Roberto Ponce Noboa, Asambleísta del Ecuador.

Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil.

Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Ing. Fernando Aguilar García, Presidente de ACCE.

Ing. Nelson Caicedo Carriel, Presidente de ACCE Guayas

Ing. Rafael Estrada Velásquez, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles – Guayas

Sr. Emilio Palacio Urrutia, Director de Opinión de Diario El Universo (Guayaquil).

Eco. Galo Martínez Merchán, Director Diario El Expreso (Guayaquil)

Sr. ___________, Director Diario El Comercio (Quito)

Sr. ___________, Director Diario Hoy (Quito)

Sr. Xavier Alvarado Roca, Director de Vistazo

Sr. Jorge Ortiz, Noticiero Tele Amazonas.

Archivo
Artículos de la Constitución que son violados con la Resolución 042-2010 del INCOP para el pago de Contratos de Fiscalización.

Capítulo Segundo

Sección Octava

Trabajo y Seguridad Social
Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempleo de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Artículo 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
El estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo ya quienes se encuentran en situación de desempleo.
Capítulo sexto

Trabajo y producción

Sección primera

Formas de organización de la producción y su gestión
Artículo 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.
Artículo 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.
La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.
Capítulo sexto

Trabajo y producción

Sección segunda

Tipos de propiedad
Artículo 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.
Artículo 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.
Artículo 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.
Artículo 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal.
Capítulo sexto

Trabajo y producción

Sección tercera

Formas de trabajo y su retribución
Artículo 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto-sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
Artículo 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y des-afiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
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