Delitos contra el orden economico




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DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PENAL


De las anteriores reflexiones se desprende también que el control de la mayoría de los delitos económicos (si no de todos) debería ser establecido primariamente de manera preventiva, mediante disposiciones administrativas y encargado a autoridades especializadas. Esto garantizaría un mayor respeto del principio de certeza, para superar las dificultades que surgen de la complejidad y do la particularidad de la materia, así como la vigencia del principio do intervención mínima y subsidiaria del Derecho penal. Materialmente se fundamenta también esta decisión político-criminal en la tesis aquí postulada de la necesidad de un injusto más elevado para la criminalización de los ilícitos económicos. Se presupone, entonces, un modelo combinado de controles administrativos y panales, a partir del cual se pueda desarrollar un futuro y más amplio «modelo sancionatorio de actividades empresariales».

El control administrativo debería estar a cargo de órganos especializados pertenecientes a la administración pública, pero independientes de ella en cuanto a sus decisiones. Por otro lado, siguiendo la tendencia garantiste de países que cuentan con tal organización (Alemania y España), el Derecho «sancionatorio» administrativo debería respetar los principios generales del Derecho penal (legalidad, prohibición de la analogía, ne bis in ideen, culpabilidad, etc.). Lo mejor sería que estos principios, así como una delimitación precisa entre ilícitos administrativos graves y delitos, estén contenidos en una ley especial (ley de contravenciones), tal como sucede en Alemania o Portugal'.

No hay duda que, para respetar el principio de cosa juzgada, no debe sancionarse dos veces por el mismo hecho, ni siquiera bajo el artificio de considerar la afección de dos bienes jurídicos distintos (el penal y el administrativo). Pero por otro lado, habría que cubrir el vacío de punibilidad que ocurriría cuando el juez penal, debido a su menor especialización o por cualquier otro motivo fáctico, no puede imponer sanciones penales a nadie, pese a la constatación de la existencia de un delito.

A tratar quedan todavía problemas prácticos de competencias entre las autoridades administrativas y penales, aún después do una clara delimitación (cualitativa) de las sanciones. Esto puedo emprenderse considerando una cláusula delimitadora de las bagatelas o reglas sobre los presupuestos de la persecución penal.

DELIMITACIÓN ENTRE ILÍCITO PENAL E ILÍCITO ADMINISTRATIVO


Según la tradición de muchos Códigos penales latinoamericanos (así como también del antiguo y del nuevo Código penal español) se suele diferenciar entre delitos y faltas. Los límites en el caso de los delitos contra el patrimonio (p. e. hurto, estafa) son establecidos a menudo mediante «cuantías» previstas expresamente y adaptables a la inflación, las que pueden referirse a «sueldos mínimos» o, con frecuencia también a «unidades impositivas tributarías». Este sistema también es empleado para la fijación de multas penales o multas administrativas. Pese a ello, no se acostumbra usar esta técnica para delimitar los ilícitos penales de los ilícitos administrativos. Solamente se emplea a veces criterios cuantitativos para la medición de la multa administrativa.

Se ha podido apreciar que para la delimitación entre el ilícito penal y el administrativo pueden emplearse dos criterios básicos: el subjetivo o cualitativo y el objetivo o cuantitativo.

Aun cuando el elemento subjetivo resalte mejor la actitud interna dirigida contra el bien jurídico, es dudoso que éste por si solo sea el mejor criterio de delimitación entre los ilícitos administrativos y los penales. En efecto, no se requiere de un elemento subjetivo especial, cuando se trata ya de acciones dolosas, mediante las cuales el autor ha demostrado decidirse por la afección del bien jurídico. Además, en los delitos económicos no puede soslayarse el poder de¡ delincuente, así como el daño económico (dañosidad social) como criterios adicionales del merecimiento de pena, pues su magnitud hace especialmente grave la afección del bien jurídico. Las exigencias extremas para la comprobación de una intención especial dificultan, innecesariamente, a persecución penal de los delitos económicos.
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