Delitos contra el orden economico




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LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA


Se argumenta a favor de la intervención administrativa como instancia única o previa a la intervención penal, aparte de su mayor conocimiento especializado del ámbito económico, su mayor efectividad. Así, las sanciones administrativas y contravencionales tendrían importantes efectos intimidatorios, porque se aplican con más rapidez, exigen menos requisitos para su imposición y pueden alcanzan fácilmente montos mucho más elevados que las multas penales.

La solución está en buscar un sistema que permita un control efectivo de los ilícitos económicos, sin renunciar al control administrativo, pero sin desproteger al mismo tiempo la vigencia del bien jurídico. Es por ello recomendable, por un lado obligar a la autoridad administrativa a remitir lo actuado inmediatamente a la Fiscalía al verificar la omisión de un hecho de trascendencia penal. Independientemente a ello el Juez debería poder iniciar un proceso penal por delitos económicos, sea de oficio, por denuncia privada o por denuncia del Fiscal, sin condicionamientos previos de carácter administrativo. Además, la imposición de una pena debería excluir la sanción administrativa (respeto del principio”ne is in idem”). Sólo cuando por motivos de hecho no haya podido imponerse una pena, debería facultarse a la Administración a imponer una sanción.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS


Las medidas administrativas preventivas más comunes son la amonestación y la orden de cese de la práctica. Cuando estas son insuficientes se suelen aplicar sanciones más severas.

En primer lugar resulta evidente la aplicación general de multas elevadas. Puesto que, según la experiencia, los hombres de negocios hacen reflexiones económicas sobre costes y beneficios para decidirse a favor o en contra de la comisión de delitos con contenido económico, el análisis económico es de gran ayuda en la imposición de sanciones administrativas o sanciones penales pecuniarias. Esto presupone, naturalmente que la sanción sea utilizada en el marco de una prevención general positiva, la cual no excluye, en contra de lo que se cree, la intimidación. Efectivamente, si se comprende que la “confianza en la validez de la norma”, en realidad, sólo puede significar confianza justificada y que esta justificación resulta “de una protección concreta, efectivamente dispuesta, de bienes jurídicos, de intimidación”, se ve entonces claramente que la intimidación y la prevención general positiva no se excluyen, en el sentido de la afirmación de la norma, sino se complementa.

Una sanción monetaria o una multa penal suficientemente elevada contra la propia empresa puede tener también efectos preventivo-generales, porque con ello crece el interés de la empresa para organizarse de manera tal que se evite, en lo posible, la comisión de ilícitos.

Sin constituir una sanción, el decomiso de ganancias ha demostrado ser también una medida teóricamente intimidante en la lucha contra las infracciones económicas. Puesto que se trata de despojar al infractor de las ganancias ilícitas, la medida es idónea para contrarrestar directamente los estímulos económicos que alientan la comisión de las infracciones. Su efecto intimidante es indispensable, si bien es discutible su aplicación práctica. En todo caso, las dificultades que puedan surgir para la verificación del monto de dichas ganancias ilegales podrán ser superadas mediante el trabajo de especialistas. Esto no es imposible, sobre todo a nivel administrativo.

Por lo demás, debe criticarse la concepción partidaria de una reducción del marco de las multas administrativas reconduciéndolas al nivel de las multas penales. Aún cuando la práctica muestre que los jueces penales imponen multas bajas para hechos por los cuales la Administración con seguridad hubiera impuesto multas millonarias, la debilidad no está en la Administración, sino en la Justicia penal. No resulta comprensible por qué frente a los daños y a las posibilidades de ganancias del autor, no deba ser adecuada una multa penal elevada. En última instancia hay que advertir que precisamente las sanciones contra algunos ilícitos contravencionales, como las restricciones de la competencia, tienen que responder al carácter cuasi-penal de estas infracciones. Se podría decir que este tipo de sanciones administrativas son las más cercanas a las auténticas penas, dentro de un nivel jerárquico.
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