Delitos contra el orden economico




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SANCIONES PENALES


Len el campo de los delitos económicos la disputa entre las distintas teorías de la pena (retributiva, preventivo general y preventivo especial) experimenta algunos cambios respecto a la discusión general en el Derecho penal.

En efecto, se suele admitir que la prevención especial no funciona para el delincuente económico, pues se trata de personas no necesitadas de resocialización. Pero también puede considerarse a la prevención especial en el sentido más estricto de “evitar la reincidencia”: la pena privativa de libertad podría desarrollar un “efecto contramotivador” de la reincidencia. Sin embargo, consideramos que, en el Derecho penal económico, la prevención especial también es posible en otro sentido. Habría que considerar la rehabilitación y reeducación en un sentido adecuado al tipo de autor, es decir considerando el modelo de agente económico que se desea para un Estado de Derecho social y democrático. Claro que esto implicaría crear todo un sistema carcelario correspondiente a estos fines. Por otro lado, otras medidas previstas en las legislaciones penales, como el trabajo comunitario, la imposición de determinadas obligaciones, etc., buscan también indirectamente fines reeducativos.

En el Derecho penal económico se recurre fundamentalmente a la prevención general de las penas. Así, si no se quiere que4 los tipos penales contra delitos económicos sólo constituyan una criminalización “de jure”, sino también una “de ipso”, las penas tienen que ser lo suficientemente intímidatorias, tanto en lo que se refiere a su magnitud como a su imposición efectiva. Aquí no sólo entra a tallar la “efectividad” de la justicia en la punición de todos los delitos económicos, sino, principalmente la forma de la punición para que pueda tener carácter disuasorio frente a potenciales delincuentes. Es aquí donde el análisis económico del Derecho puede aportar valiosas ideas, debido a que se trata de contrarrestar fundamentalmente, el eficiente que implican las enormes ganancias provenientes de los delitos económicos.

Esto se debe a la excesiva benevolencia por parte del legislador cuando se trata de delitos económicos. Esto se debe a la excesiva benevolencia por parte del legislador cuando se trata de delitos económicos. Así, el Código penal peruano se caracteriza precisamente por su excesiva tolerancia a los delitos económicos. A excepción del tipo agravado de la venta ilícita de mercaderías (art. 237, segundo párrafo), en los tipos básicos más graves del título X el máximum legal es de seis años: abuso del poder económicos (art. 232), especulación (234, primer párrafo), acaparamiento, especulación y adulteración agravados (art. 236), venta ilícita de mercadería (art. 237, primer párrafo), funcionamiento no autorizado de casinos (243ª). Pero en la mayoría de los casos el máximun o bien no pasa de los tres años, o se prevé la sustitución de la privación de libertad por multas (desprestigio industrial del art. 240, fraudes en las licitaciones del art. 241, omisión de información del art. 242) o sencillamente no existe pena privativa de libertad (publicidad engañosa del art. 238).

De no aceptarse la responsabilidad autónoma de la empresa, el Derecho penal debe tenerse sus fundamentos en la responsabilidad individual.

En relación con los individuos no debe olvidarse que las mutas penales no pueden tener efectos intimidatorios ni afirmar positivamente la validez de la norma, si los empleadores, es decir las empresas, pueden asumir los costos de la sanción o incluso derivarlos a los consumidores. Entonces, una auténtica punición es recién posible cuando ya se ha dispuesto un “decomiso o confiscación de ganancias” (Gewinnabschôpfung) contra la empresa. De esta manera, la empresa no podría asumir sin más la multa penal impuesta a la persona individual, pues siempre obtendrá un balance negativo del delito, difícilmente compensable mediante una desviación de los costos al consumidor, porque ello haría peligrar su competitividad.

La privación de libertad tienen efectos especialmente intimidatorios en los delincuentes económicos, siempre que sean impuestas de manera efectiva. La práctica norteamericana presta valiosas experiencias. Allí parece ser muy efectivo, debido a su efecto suficientemente intimidante, el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad de corta duración (de un mes a dos años). Ya en 1977 las “Guidelines for Sentencing Recomendations in Fellony Cases Under the Sherman Act” recomendaban a las autoridades Antitrust solicitar penas privativas de libertad “intimidantes” de por lo menos 18 meses. En la época siguiente la persecución penal fue acentuándose poco a poco en el sentido de la concepción de la intimidación. Últimamente las penas privativas de libertad han llegado a los 3 años y las multas penales hasta 350,000 dólares para personas naturales y 10 millones de dólares parra las empresas.

En ausencia de la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas jurídicas se recomienda prever consecuencias accesorias contra la empresa; p.e. la exclusión de miembros, la prohibición temporal de actividades, la disolución de la sociedad o el cierre del negocio, la modificación de estatutos, el nombramiento de un fideicomiso, y otras. Aunque algunas de estas medidas ya han sido introducidas en algunos Códigos penales (p.e. en el art. 105 del C.P. peruano.

Todavía más intimidante para las empresas parece ser la grave pérdida de prestigio causada por la publicidad del proceso y de la condena, ya que puede llevar a reacciones negativas de los clientes y, con ello, a fuertes pérdidas financieras. La publicidad del proceso como “transparencia procesal” se ve expuesta a serias objeciones: ella no sería capaz de satisfacer el principio de proporcionalidad (también un informe anónimo satisface la necesidad de control de la generalidad) y sería inaceptable en un Estado de derecho (debido a su carácter de “pena de sospecha”).

Sin embargo la práctica demuestra que las empresas pueden compensar exitosamente los perjuicios de la publicidad de las sentencias mediante contramedidas tales como campañas publicitarias, aunque esto signifique costos adicionales para ellas. Por lo menos la gran cuota de empresas reincidentes hace suponer que no se debe esperar una suficiente intimidación mediante las sanciones de publicidad hasta ahora aplicadas en algunos países.

TITULO IX

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I

ABUSO DEL PODER ECONÓMICO

Artículo 232.- Abuso de poder económico

(*) Articulo Derogado por el inciso b) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio 2008. La citada Ley entrrá en vigencia a lso treinta30) días de su publicación en el Diario Oficial el Peruano.

CAPÍTULO II

ACAPARAMIENTO, ESPECULACIÓN, ADULTERACIÓN

Art.233.- Acaparamiento

(*) Articulo Derogado por el inciso b) de la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1034, publicado el 25 de junio 2008. La citada Ley entrrá en vigencia a lso treinta30) días de su publicación en el Diario Oficial el Peruano.



  • DECRETO LEGISLATIVO N° 1034

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUBA LA LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

25/ Junio/2008

Tiene por finalidad prohibir y sancionar las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.

Esta norma, establece criterios de análisis que generan mayor predictibilidad en su aplicación (tiene parámetros objetivos) y redefiniendo y mejorando sustancialmente el procedimiento administrativo correspondiente. Queda claro que lo que se busca es incentivar la eficiencia económica en los mercados, promoviendo así la competitividad en el país.

la norma define y enumera tres conductas anticompetitivas y, por lo tanto, sancionables: El abuso de la posición de dominio, las prácticas colusorias horizontales y las prácticas colusorias verticales. Estaremos en  el  primer supuesto cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición. Las prácticas colusorias horizontales vienen referidos a los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. Finalmente, se consideran prácticas colusorias verticales a aquellos acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia.

Otro aspecto importante de la norma está referido a las autoridades que deben velar por la defensa de la libre competencia. No hay cambios respecto al régimen anterior, manteniéndose a los dos organismos administrativos encargados de tal función: Indecopi y Osiptel (solo para casos donde el denunciado o denunciante sea una empresa de telecomunicaciones). Así, se establece que en primera instancia administrativa la autoridad de competencia es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia; mientras que en segunda instancia administrativa la autoridad de competencia es el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Por otro lado, debe precisarse que la norma ha dispuesto en su Segunda Disposición Complementaria la derogación de los artículos 232, 233 y del numeral 3 del artículo 241 del Código Penal, lo cual genera importantes consecuencias para la configuración de la actividad económica en el país, considerando que a través de los precitados artículos se prevé los delitos de abuso de poder económico, acaparamiento, así como una modalidad del fraude en remates, licitaciones y concursos públicos, respectivamente. Con ello, comportamientos como el abuso de posiciones monopólicas u oligopólicas que distorsionen la libertad de competencia, o la sustracción del comercio de bienes de consumo con una finalidad lucrativa, entre otros, se insertan en el ámbito de lo penalmente irrelevante. 

ART. 234.- ESPECULACIÓN

El productor fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa.

El que, injustificadamente vende bienes, o presta servicios a precio superior al que consta en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o prestador de servicios, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de un y con noventa a ciento ochenta días-multa.

El que vende bienes que, por unidades tiene cierto pesa o medios, cuando dichos bienes sean inferiores a estos precios o medidas, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa.

El que vende bienes contendidos en embalajes o recipientes cuya cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa

Esta figura presenta cuatro modalidades

      1. Venta de productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente

      2. Venta de bienes o prestación de servicios a precio superior al que consta en los anuncios

      3. Venta de bienes por unidad con peso o medida inferiores al debido

      4. Venta de bienes embasados con contenido inferior al anunciado

  • PRIMERA MODALIDAD,

VENTA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS OFICIALMENTE DE PRIMERA NECESIDAD A PRECIOS SUPERIORES A LOS FIJADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

Bien jurídico tutelado - Se protege el orden económico, específicamente, la defensa de la economía pública que puede ser puesta en peligro por los fraudes dirigidos a turbar la acción de las leyes económicas que reúnen la determinación de los precios. Por ello se considera un delito de fraude, análogo a la estafa, con la característica particular de que es un fraude colectivo, un engaño a un grupo de personas

Se distingue los siguientes comportamientos:

El sujeto activo solo puede ser el productor, fabricante o comerciante. Por lo tanto es un delito especial, teniendo en cuenta que:

Productor: es quien produce o hace dar frutos a las tierras y plantas.

Fabricante: es aquella persona que elabora los productos, y que siendo propietario de los medios de producción, produce artículos de consumo personal o productos.

Comerciante: es la persona que pudiendo disponer libremente de sus bienes, ejerce habitualmente el comercio en nombre propio y sin tener impedimento legal.

El sujeto pasivo es la sociedad; es decir, la colectividad

La acción penal consiste en vender productos de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente. Poner en venta es todo acto por el cual l sujeto activo ofrece productos a titulo oneroso. Solo se comprenden los productos que son considerados de primera necesidad; es decir, es una norma penal en blanco, donde la autoridad competente indicara la relación de productos que son de primera necesidad. Es importante destacar que desde una representación restrictiva del tipo, no podría incluirse la venta de materias primas para elaborar un determinado producto.

Esta venta de productos tiene que realizarse a un precio superior a lo establecido por la autoridad competente. Se entiende que la relación que la relación de qué productos son considerados de primera necesidad ha de ser puesta con anterioridad a la elevación ilegal de su precio por parte del sujeto activo.

Es una ley imperfecta o en blanco como la doctrina señala, ya que esta disposición penal resulta contradictoria contra el mandato constitucional, pues en un primer extremo, atenta contra la libre competencia que es fundamento del orden de nuestra economía social del mercado y, porque no existe a la fecha ninguna autoridad administrativa competente para fijar precios en los artículos de primera necesidad.

El delito se consuma cuando se ponen en venta productos considerados de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente. No se requiere que efectivamente se haya producido venta, basta con que se oferten en el mercado estos bienes a precios superiores a los debidos. El bien jurídico específicamente tutelado “control de precios establecidos en función de la protección de la economía de las mayorías” puede afectarse no solo con la venta efectiva de la cosa, sino con la solo oferta, pues esta es suficiente para crear expectativas de alza. no se trata de un delito de peligro, sino de un delito de lesión, por cuanto el jurídico resulta efectivamente dañado con la sola oferta de la mercancía.

Requiere de dolo, no exige la presencia de otros elementos subjetivos del injusto; no es posible la tentativa

PENALIDAD

      • Pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años y noventa a ciento ochenta días-multa

  • SEGUNDA MODALIDAD

VENTA DE BIENES, O PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIO SUPERIOR AL QUE CONSTA EN LOS ANUNCIOS

Bien jurídico tutelado - Necesidad social de que se persevere la confianza del público en los anuncios que hace el vendedor en cuanto al precio, evitando que se induzca a error al consumidor

El sujeto activo puede ser el vendedor o el prestador de servicios; es decir, cualquier persona, delito común

El sujeto pasivo es la sociedad, la colectividad

La acción penal consiste en vender, injustificadamente bienes o prestar servicios a precio superior al que consta en la etiqueta rótulos, letreros o listas elaboradoras por el propio sujeto activo. Por venta se entiende toda entrega de un bien a cambio de una suma de dinero. Prestar servicios es todo ofrecimiento de servicios que realiza una persona a otra a cambio de dinero. Por tanto ambos comportamiento se realizan a titulo oneroso.

El comportamiento se configura cuando la venta o prestación de servicios se realiza a un precio superior al establecido por el sujeto activo, en caso contrario, se estaría engañando a las personas, además de ir en contra de la ley de mercado.

Acertadamente el tipo legal exige que la subida de precios de venta o por prestación de servicios sea injustificada; según esto, estaría justificada la subida de precios, por ejemplo en el supuesto en que las materias primas hubieran subido de precios repentinamente por la inflación y no haya dado lugar a cambiar las listas.

En cuanto a la tipicidad subjetiva Requiere de dolo.

El delito se consuma con la venta injustificada de bienes o prestación de servicios a precios superiores a los indicados en las listas elaboradas por el propio sujeto activo. A diferencia del comportamiento anterior en este caso ha de realizarse la venta. Por tanto, no hay inconveniente en admitir la tentativa, que tendrá lugar desde el momento en que se ofrecen los bienes o prestaciones de servicios a un determinado precio, superior al que constan las listas.

PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no menor de un año y noventa a ciento ochenta días-multa

  • TERCERA MODALIDAD

VENTA DE BIENES POR UNIDAD CON PESO O MEDIDAD INFERIORES AL DEBIDO

Es el supuesto defraude en el peso a medida de ciertos bienes que están en venta.

Bien jurídico tutelado - Confianza en las transacciones comerciales

EL sujeto activo puede ser cualquier persona, delito común

El sujeto pasivo la sociedad

La acción penal vender bienes por unidad con peso menor al enunciado. El delito se consuma con la venta de los bienes con pesos o medidas inferiores a lo establecido. No hay inconveniente en admitir la tentativa

Requiere de DOLO

PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no menor de un año y noventa a ciento ochenta días-multa

  • CUARTA MODALIDAD

VENTA DE BIENES ENVASADOS CON CONTENIDO INFERIOR AL ANUNCIADO

En este caso existe un engaño que recae sobre la cantidad del bien vendido, por ejemplo, la venta de planchas de papel higiénico donde en cada plancha falten uno o dos rollos de papel

Bien jurídico tutelado - Confianza en las transacciones comerciales

El sujeto activo Cualquier persona, delito común

El sujeto pasivo la sociedad

La acción penal recae en vender bienes por unidad con peso menor al enunciado.. se trata del caso en que vende paquetes conteniendo bienes independientes, anunciándose un determinado número de ellos, que es menor que el que realmente existe. El delito se consume con la venta de los bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a las mencionadas en ellos. No hay inconveniente en admitir la tentativa

Requiere de dolo

Penalidad

Pena privativa de la libertad no menor de un año y noventa a ciento ochenta días-multa

ART. 235.- ADULTERACIÓN

El que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o mediad de artículos considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor, será reprimido con una pena privativa de la libertad o menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa

Bien jurídico tutelado – Se protege el orden económico, específicamente, el interés social en la conservación de la confianza de las actividades mercantiles, a fin que no se vea alterado el crédito que favorece su desarrollo

El sujeto activo Puede ser cualquier persona, delito común; normalmente serán el comerciante y el productor

El sujeto pasivo es la sociedad

La acción penal Consiste en alterar o modificar la calidad, cantidad, peso o mediad de artículos de primera necesidad en perjuicio del consumidor.

Por alterar se entiende todo acto del sujeto activo tendente a modificar el valor de un artículo de primera necesidad, en este caso aumentándolo. Alterar es más que adulterar, ya que comprende tanto la simple modificación del artículo por agregación de otro elemento inocuo, como su adulteración, que implica las mezcla con una sustancia nociva, por ejemplo sucede en la venta de sacos de pimienta que contienen arena.

Por modificar se entiende toda variación, transformación o cambio del artículo de primera necesidad, de tal manera que llegue a ser distinto de lo que era antes

Se configura como una norma penal en blanco, puesto que habrá que recurrir a otra disposición extrapenal para saber que artículos son considerados de primera necesidad

Requiere de DOLO, es decir, la conciencia y voluntad de alterar o modificar un artículo de primera necesidad en perjuicio del consumidor. Por tanto no se requiere en realidad que se haya causado un perjuicio al consumidor, sino que la acción delictiva tiende a ello.

Admite TENTATIVA

El delito se consuma con la alteración o modificación de la cantidad, calidad, peso o medida del artículo de primera necesidad.

PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no menor de un año y noventa a ciento ochenta días-multa

ARTÍCULO 236.- AGRAVANTE COMÚN

Época de conmoción o calamidad

Su fundamento se encuentra en el aprovechamiento del sujeto activo de momentos de aflicción pública.

PENALIDAD

Pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a ciento sesenta y cinco días-multa

CAPÍTULO III

VENTA ILÍCITA DE MERCADRÍAS

ART 237.- BIENES PROVENIENTES DE DONACIÓN

El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años. 

      La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 36, cuando el agente transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes de tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por funcionario o servidor público, la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años." 

    • BIEN JURIDICO TUTELADO

Los recursos económicos provenientes de donación suficientes para la subsistencia

    • SUJETO ACTIVO Cualquier persona, delito común

    • SUJETO PASIVO la sociedad

    • ACCION PENAL

        1. Poner en venta o negociar de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita.

Ejm.- leche en polvo (vaso de leche)

        1. Cuando el agente transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes de tratamiento tributario especial

Teniendo en cuenta que:

Donación.- (art 1621 C.C)Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien.

-Quien dona lo da en forma voluntaria y gratuita.

    1. Requiere de DOLO

    2. No Admite tentativa

    3. Penalidad

      1. Pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años.

      2. La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 36

ART 238.- informaciones falsas sobre calidad de productos

(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Derogatoria del Decreto legislativo Nº 1044, publicado el 26 de juno 2008. La citada ley entró en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial el Peruano, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.

Artículo 239.-Venta de bienes o prestación de servicios diferentes a los anunciados

(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Derogatoria del Decreto legislativo Nº 1044, publicado el 26 de juno 2008. La citada ley entró en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial el Peruano, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.

Artículo 240.-Aprovechamiento indebido de ventajas de reputación industrial o comercial

(*) Artículo derogado por la Segunda Disposición Derogatoria del Decreto legislativo Nº 1044, publicado el 26 de juno 2008. La citada ley entró en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su publicación en el Diario Oficial el Peruano, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.

DECRETO LEGILATIVO Nº 1044

Decreto Legilativo que Aprueba La Ley De Represión de la Competencia Desleal

26/JUNIO/2008

La presente Ley reprime todo acto de conducta de competencia desleal que tenga por efecto real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.

Art 8.- Actos de engaño

8.1 Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición, en general, sobre os atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

ART. 241.- FRAUDE EN REMATES, LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa quienes practiquen las siguientes acciones: 

 1. Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público, en una licitación pública o en un concurso público de precios. 

2. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio.

 Si se tratare de concurso público de precios o de licitación pública, se impondrá además al agente o a la empresa o persona por él representada, la suspensión del derecho a contratar con el Estado por un período no menor de tres ni mayor de cinco años.

Bien Jurídico Tutelado - Vemos que lo que se busca es la protección de la libertad que existe en un remate, en una licitación o en un concurso de orden público.

Constituye factor importante de la libre concurrencia y la capacidad de ofertar sin ninguna clase de presión, si se tiene en consideración que la administración pública se ve sujeta a este tipo de datos, y la experiencia demuestra-a la frecuencia con que los particulares que intervienen en ellos con bastante facilidad, se ponen previamente de acuerdo, con el objetivo de poder obtener beneficios, en perjuicio directo de la administración pública y la ciudadanía en general

La necesidad de que el comercio se desenvuelva dentro de las condiciones normales de lealtad y limpieza en la competencia

El sujeto activo Cualquier persona, delito común

El sujeto pasivo la sociedad, cualquier persona

La acción penal Se da en dos modalidades

      • En el primer numeral, se trata del sujeto que solicita una dadiva o recompensa, con la intención de participar en un remate público. Aunque también se incluye al sujeto que acepta, nos encontramos frente a un figura mixta de carácter alternativo, pues tal ambivalencia da a entender que la responsabilidad penal incluye al que solicita y al que recibe.

      • En cuanto al segundo numeral el elemento principal que se encuentre sujeto contra aquel que plantea una amenazas. Se entiende que es el anuncio de provocar un mal determinado, susceptible de alterar el proceso de motivación de la voluntad sin que se exija la intimidación que aleja realmente al postor, ya que lo que se busca es castigar el simple intento de distanciar a los postores. No solo se trata de una amenaza, dadiva y promesa, sino que deja abierto cualquier otro tipo de posibilidad o artificio que puede ser puesto en práctica por el autor del delito

Requiere de DOLO

No Admite tentativa

Es posible la
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