El Desarrollo Económico de América Latina desde la independencia”




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4.- La pobreza, distribución del ingreso y las convergencias truncadas

En cuanto a la pobreza, los autores, no son explícitos en la metodología que les sirve para medirla, pero tenemos la impresión que es por el lado del ingreso, como la definen las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial o la misma CEPAL: el método de línea de pobreza que consiste en comparar esta línea con el ingreso o gasto del hogar, expresando ambos elementos de la comparación con una cantidad de dinero por unidad de tiempo. No obstante, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha escogido la posición contraria para medir la pobreza, como se puede comprobar en sus informes de Desarrollo Humano (1990-1998). Bértola y Ocampo nos dicen: citando a Prados de la Escosura (2007) que “la pobreza se redujo en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México) de 71% en 1913 a 27% en 1990” (P. 237). “(…) La pobreza disminuyo durante la ISI, la estimación de la CEPAL para 1970, indica que 40% de los hogares latinoamericanos era pobre, esta cifra bajó a 35% en 1980 (P. 236). “(…) Una reducción de la pobreza moderada de 43% en 1970 a 23.7% en 1982, y de la pobreza extrema, de 19.2% en 1970 a 10.2% en su punto más bajo, en 1981” (P. 236). Ahora bien, de la misma forma que el PIB, es un agregado de bienes y servicios medido en dinero, con la misma lógica, la pobreza la miden con el ingreso (el Banco Mundial y la CEPAL), otra vez una cantidad de dinero. ¿Cuál es el papel de indicadores como la disponibilidad electricidad, agua potable, alcantarillado, analfabetismo, seguridad médica o social? Expresados en unidades de medida muy diferentes al dinero.38 Si tomáramos en cuenta los indicadores sociales mencionados, o aquellos cuya satisfacción no depende de la disponibilidad de dinero, como: la identidad, el afecto, la participación, la creación y la libertad. Entonces, siguiendo el razonamiento de Boltvinik, (…) toda una población que vive bajo regímenes autoritarios, se clasificaría como pobre. El método de la línea de pobreza lo que mide son los gastos privados de consumo corriente, lo que señala es la satisfacción de necesidades humanas. Sin embargo, los hogares con altos niveles de ingreso podrían no satisfacer ninguna necesidad, si es que ahorran gran parte de lo que ganan, o si gastan grandes cantidades en artículos no necesarios (como drogas y alcohol). No obstante el método los clasificaría como no pobres ya que tienen los recursos requeridos, aunque decidan no hacerlo.

Por otro lado, la pobreza de sociedades eminentemente agrarias, es muy diferente a las industrializadas o urbanizadas, Boltvinik, citando a Peter Towsend, nos confirma este razonamiento: “las necesidades de la vida no son constantes. Están siendo adaptadas e incrementadas en la medida que ocurren cambios en la sociedad y en sus productos. También parafraseando La Riqueza de las Naciones de A. Smith, afirma: “La gente se siente avergonzada cuando no puede cumplir con una norma básica. La presencia del sentimiento de vergüenza sería el indicador de que la carencia observada es una carencia básica”. La disponibilidad de gas, electricidad, agua potable, drenaje y una infinidad de electrodomésticos, son indispensables en la actual vida urbana, que no lo eran en las agrarias. El uso del automóvil particular es indispensable en ciudades donde el transporte público es muy malo, e innecesario en ciudades como París o Londres que tienen un sistema de transporte público eficiente. Se debe colocar la pobreza con una línea de corte, que refleje un nivel debajo del cual la gente, en algún sentido está en pobreza o indigencia, un nivel de vida común tanto para cada país, como época histórica en particular, de lo contrario es muy insignificante lo que afirman las estadísticas con respecto a las convergencias truncadas, la distribución del ingreso y la pobreza.

Si los países del cono sur (Argentina, Uruguay y Brasil), fueron receptores de grandes cantidades de población europea, durante el siglo XIX y principios del XX, fue porque en América Latina pudieron disminuir los efectos de la pobreza: tales como la angustia y la violencia. Ahora son los latinoamericanos los que huyen de sus tierras natales hacia el norte (Estados Unidos y Europa), porque el arraigo está ligado, hay que reiterarlo, a la estabilidad laboral y social que fue arrebatada, hace más de tres décadas, de la región. Por eso se invirtieron las corrientes migratorias, como lo afirman Bértola y Ocampo: “La proporción de residentes latinoamericanos nacidos fuera de la región experimentó una declinación de largo plazo desde la década de los sesenta” (P. 236). En los siete primeros años del presente siglo, solamente de México, emigraron a Estados Unidos, más de medio millón anualmente. De la población de América del Sur y Centroamérica se calcula, por los organismos internacionales, que lo hacen ilegalmente más de trecientos mil al año39. Se está formando un verdadero “Ejército Industrial de Reserva” a nivel mundial, asistido por los países del sur. Los migrantes, con sus remesas, no solo resuelven problemas de consumo y supervivencia en muchas ciudades latinoamericanas, sino que garantizan los medios económicos para el traslado de la nueva mano de obra barata para la agricultura, la industria y los servicios de los países del norte.
VI. CAPÍTULO V. LA REORIENTACIÓN HACIA EL MERCADO, LA ENTRADA DEL NEOLIBERALISMO EN AMÉRICA LATINA

Este último capítulo Bértola y Ocampo lo dividen en cinco grandes temas: 1.- La crisis de la deuda y la década perdida; 2.- Las ideas y la práctica de la reformas de mercado (o la entrada del neoliberalismo); 3.- La integración creciente a la economía mundial; 4.- El comportamiento macroeconómico y terminan con; 5.- Los efectos sociales y transformaciones económicas. Como ya hicimos una crítica a lo que se refiere al primer punto solo vamos a señalar algunas puntualizaciones, que tienen que ver con lo del conflicto social y su relación con la transición al neoliberalismo. Bértola y Ocampo dicen que, no es muy clara la relación, fuera del Cono Sur y del conflicto centroamericano de la década de los ochenta (…) “las confrontaciones tenían un carácter más rural y provenían de las concentraciones de la tierra y, tal vez, del modelo primario exportador antes que de la peculiar combinación con una débil industrialización dirigida por el Estado (ISI). En Colombia el conflicto interno tenía una vieja data y había iniciado también con problemas rurales, pero la nueva fase que vivió desde mediados de la década de los ochenta tuvo otro cariz: la incidencia del tráfico ilícito de drogas, que vendría a financiar todas las formas de violencia, la propia, la paramilitar y la guerrilla (…). Los problemas de violencia asociados al tráfico de estupefacientes se extendería dramáticamente hacia México y Centroamérica en la primera década del siglo XXI” (P. 244). Para el caso Centroamericano, hay que señalar en primer lugar, la agudización de contradicciones entre prolongadas dictaduras (ya señaladas), la concentración en pocas manos no sólo de la tierra, sino del capital en los núcleos urbanos, la pauperización y discriminación de los obreros, campesinos e indígenas. En segundo lugar, la influencia de los logros de la Revolución cubana y la lección aprendida, del fracaso de la vía parlamentaria en Chile, para el cambio de las estructuras sociales. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, había asimilado su propia historia y no estaba repitiendo la lucha del “general de hombres libres”, como se le llamó a César Augusto Sandino, en la década de los treinta. De la misma forma El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador, se planteó una revolución socialista, más allá de una simple reforma agraria. La Unión Revolucionaria Guatemalteca, se había radicalizado frente al genocidio indígena, que después denunciará Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz en 199240. En tercer lugar, en Colombia, la época de la “violencia” tiene que ver con el magnicidio del candidato del partido liberal, Jorge Eliecer Gaytán en 1948, el llamado “Bogotazo”. Los responsables fueron los oligarcas conservadores, encabezados por Laureano E. Gómez C., designado presidente de Colombia en 1950. Después de la Revolución cubana la guerrilla liberal se radicalizan y asumen banderas socialistas, Manuel Marulanda Vélez, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), efectivamente fue un campesino que asumió posiciones marxistas e impulsaba, por la vía armada, la revolución socialista en ese país suramericano. En la década de los sesenta surgirán los pro-guevaristas del Ejército de Liberación Nacional, en donde el padre Camilo Torres Restrepo tendrá un papel importante en la popularidad de esa guerrilla, que existe hasta el presente. En los setenta, con el fraude electoral al exdictador y populista Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), surge la Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1973, de Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Luis Otero Cifuentes, Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almarales, Everth Bustamante, Iván Jaramillo y Vera Grabe. El ala socialista de la ANAPO, que depondrá las armas en 1990 y participa en la nueva Constitución nacional de 1991, que rompe el monopolio político del bipartidismo liberal-conservador, permitiendo la entrada de nuevos partidos políticos en la contienda electoral. En esa época lo rural, fue un tema que prácticamente no se tocó, y aunque hoy tiene un papel trascendente en las negociaciones de paz de las FARC con el gobierno colombiano, no es la única reivindicación de justicia social que demandan los alzados en armas; equidad, soberanía y democracia, son los temas centrales de la agenda.

En cuarto lugar, el narcotráfico que, reiterando la afirmación de Bértola y Ocampo: “vendría a financiar todas las formas de violencia (…) en Colombia. (…) Los problemas de violencia asociados al tráfico de estupefacientes se extendería (…) hacia México y Centroamérica en la primera década del siglo XXI” (P. 244). Podemos confirmar el primer comentario, sólo que este rentable negocio que le permite corregir problemas de balanza de pagos, a cuatro economías de la región (Bolivia, Perú, Colombia y México), Centroamérica y otros países de América del Sur, son también lavadores del dinero, del producto de esta rentable economía subterránea; distribuyen, consumen y permiten el tránsito de los enervantes a los grandes mercados de Europa y Estados Unidos. Porque hay que recordarle a los autores que este flagelo no es sólo un problema de oferta41. En el segundo aspecto, se equivocan, porque los carteles de Medellín y del Valle del Cauca tuvieron vínculos con los de Sinaloa y Culiacán, desde la década de los ochenta. Obviamente, la cercanía de México a Estados Unidos, obliga a pasar esta mercancía (la única con altos costos comparativos del agro latinoamericano), por cielo, mar o tierra, del país azteca.

En cuanto a la crisis de la deuda y la década perdida, sólo agregamos algunas cosas que nos parecen que faltaron en el análisis de los autores, por ejemplo cuando afirman que “América Latina puede verse como víctima de una forma de manejar lo que fue también una crisis bancaria estadounidense” (P. 256). Estamos de acuerdo, ese fue el papel de la intervención de los dos Secretarios de Economía estadounidenses en 1985 Baker y en 1989 Brady, el primero otorgando dinero para pagar los servicios de la deuda externa atrasados, con insuficientes créditos, pero obligando a los latinoamericanos morosos a los ajustes económicos de primera generación, recetados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); las reformas fiscales (los impuestos al valor agregado), disminución de gasto público, la devaluación y el control de la inflación, el segundo corresponde a la antesala del llamado Consenso de Washington; es decir, reformas como la libre movilidad de capitales de corto plazo, la desregulación del comercio exterior y la privatización de las empresas estatales; corresponden a los ajustes de segunda generación. De una manera más lenta unos países (los cautelosos), que otros (los agresivos), pero todos entraron indiscutiblemente en estas políticas económicas neoliberales. ¿Qué les faltó señalar a los autores? Por un lado, el empobrecimiento de las clases medias, la destrucción del movimiento obrero organizado (en consecuencia la alta informalidad, la flexibilidad o precariedad laboral), el recrudecimiento de la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso. Esto es lo que explica por el otro lado, el surgimiento de las translatinas en la región y de los dieciséis multimillonarios mexicanos entre los cien más ricos del mundo. La década perdida tiene que ver con la “gran moderación” o la reducción de la volatilidad del ciclo económico, de la economía de Estados Unidos, la “moderación” de las fluctuaciones a partir de mediados de 198042. Pero Bértola y Ocampo insisten en que en algunos países “se produjo una abierta y exitosa oposición política a privatización de empresas públicas (Costa Rica y Uruguay) y en otras el proceso avanzó manteniendo varias de estas empresas, particularmente en los sectores de servicios públicos domiciliarios y en la producción petrolera y minera, e incluso en el caso mexicano, conservando como norma constitucional del sector petrolero. “Chile mantuvo sus empresas públicas en la producción de cobre y petróleo, así como su banco de desarrollo y un banco estatal de primer piso” (P. 267). Los autores sólo ubican entre los países agresivos en materia de privatizaciones a: Argentina, Bolivia y Perú. Sin embargo, para el caso mexicano, cuatro de sus bancos más grandes están en manos de Citicorp-Citigroup (Banamex) de Estados Unidos, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)-Bancomer, Santander-Serfin de España y el HSBC Holdings Pic., de la Gran Bretaña; la banca nacional no es más del 3%. PEMEX contrata gran cantidad de servicios de producción, extracción, refinación y comercialización a concesiones privadas y el gobierno actual de Enrique Peña Nieto (PRI), está empeñado en sacar una reforma energética, que le permita la legitimación de la privatización total de los hidrocarburos. De la misma forma Chile tiene gran participación de la IED en combustibles y minerales y el Banco del Estado, nunca lo privatizaron los militares, porque les sirvió para sacar buena parte de sus reservas y hacer millonaria a la familia del dictador Pinochet.

De los tres últimos puntos de este capítulo: la integración creciente a la economía mundial, el comportamiento macroeconómico y los efectos sociales y transformaciones económicas, vamos a centrar la atención en la parte más frágil de las tres, donde nos parece que Bértola y Ocampo hacen una presentación más ideológica que económica, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo económico latinoamericano.

La apertura comercial y las integraciones liberales, siguiendo la concepción del sistema mundo de I. Wallerstein, corresponden a las transformaciones neoliberales y la conformación de los Estados continente. Bértola y Ocampo sintetizan las reformas de esta forma: “La eliminación de los sistemas de control de cambios internacionales y la liberalización financiera interna; (…) la liberalización de las tasas de interés, la eliminación de la mayoría de las formas de crédito dirigido; (…) la reducción y simplificación de los encajes a las cuentas bancarias. La privatización de un conjunto amplio de empresas públicas; (…) la apertura a la inversión privada en los sectores públicos domiciliarios; (…) la eliminación de los controles de precios, la simplificación de trámites y de barreras a la entrada” (P. 265). Esta integración bautizada por la CEPAL como “regionalismo abierto” que, como bien señalan los autores, entraba en contraste con las versiones ortodoxas que reclamaban la apertura comercial unilateral” (P. 267).43 Empezó primero con “la creación del Mercosur en 1991 y la revitalización simultánea de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercado Común Centroamericano. Estos dos acuerdos de integración regional habían experimentado un virtual colapso a principios de los años ochenta” (P. 268). “La versión de integración regional “neoortodoxa” corresponde básicamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés). Este tratado de libre comercio, que se firmó en 1993, incluye “muchas nuevas áreas en los acuerdos, que aparte de profundizar aquellas que ya eran parte de la OMC (servicios y propiedad intelectual), incluyeron nuevas normas de inversión y reglas sobre compras gubernamentales” (P. 268). Sin embargo, no podemos ver como iguales las integraciones impulsadas desde Washington, que las que se promueven en América de Sur. Pues como bien nos recomienda A. Methol Ferré : “La falsa posibilidad de la “unidad” bajo la hegemonía norteamericana; en ese caso nos convertiríamos en un inmenso Puerto Rico, sin cumplir ninguno de nuestros objetivos. Una segunda alternativa es la “unidad” con predominio brasileño; aquí nos embarcaríamos en una lucha perpetua (…) entre potencias que aspiran a ser continentales, además de que habilitaríamos la posibilidad de intervenciones de poderes extra-latinoamericanos. La tercera vía implica la equiparación del mundo luso-portugués y del mundo hispanoamericano; esta opción si nos llevaría a la comunidad nacional sudamericana”44 . Por eso no estamos de acuerdo, con Bértola y Ocampo, en señalar como un fracaso (P. 268.) las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se propuso la Cumbre de Miami en 1994, y se rechazó en la Cumbre latinoamericana, que se llevó a cabo en Argentina en 2005. La respuesta de integraciones “posliberales” a las integraciones regionales “abiertas” del neoliberalismo, son el producto de su fracaso, en materia de desarrollo económico, en toda la región. Bértola y Ocampo paradójicamente lo reconocen: “Las industrias manufactureras y sectores agropecuarios afectados por la apertura han experimentado un fuerte proceso de restructuración (deforestación, abandono y verdadero ecocidio), que no en pocos casos han implicado la desaparición de empresas y ramas productivas. Los mercados intrarregionales han aumentado su peso relativo, aunque sujetos a fuertes fluctuaciones cíclicas, las empresas latinoamericanas más exitosas se han regionalizado (…) las translatinas” (P. 270). No obstante que los autores se dan cuenta de la diferencia de los tratados de libre comercio del norte de Latinoamérica, al que le llaman “patrón del norte”. Pues ellos que reconocen las limitaciones en el desarrollo económico local de las maquilas, por el alto contenido de bienes importados y la ausencia de encadenamientos productivos tanto, hacia atrás, como hacia adelante. En el caso del ensamble, dicen: “debe tenerse en cuenta que la actividad productiva que se realiza tiene un contenido tecnológico simple (…) cuando se ensamblan en zonas francas (…) el proceso productivo tiene muchas veces el carácter de un verdadero “enclave”” (P. 274). En cuanto a la IED, dicen que “experimentó un aumento notable en los años noventa y alcanzó su máximo nivel, en términos de transferencias netas de recursos, entre mediados de dicha década y los primeros años del siglo XXI”.(p.281) (…)“una parte importante de esta IED se involucró en la adquisición de empresas existentes, tanto estatales, que así se privatizaban, como, crecientemente, privadas, dentro de un proceso mundial de fusiones y adquisiciones. Esto implica que su contribución a la acumulación de activos productivos fue menos notable de lo que indican los flujos financieros correspondientes” (P. 282).

Se olvidan los autores en señalar la alta concentración del comercio con Estados Unidos, por lo menos en lo que se refiere a este “patrón del norte”, y en particular al TLCAN, pues: El comercio mexicano se ha profundizado con Estados Unidos llegando a representar 90% del total, mientras que Canadá apenas si llega a un 3%. El mismo comportamiento observa la IED, con una participación de alrededor del 70% de Estados Unidos y sólo un 2.5% desde Canadá. De manera que, más que una integración trilateral, lo que se ha logrado son dos bilateralismos (Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México)”.45 El crecimiento del comercio con Estados Unidos se ha dado en el contexto de total apoyo a las empresas extranjeras, en condiciones de total asimetría con México (…) se otorga a las empresas la capacidad de demandar al Estado cuando algunas de las disposiciones de política fiscal, ambiental o social reducen la utilidad de las mismas. (México ha recibido 15 demandas, de las cuales 2 fallos en contra y las otras se encuentran en proceso. (Correa 2009)46.

Más del 77 por ciento de las exportaciones mexicanas van hacia el país del norte, y no obstante que el balance comercial con Estados Unidos es positivo, si le restamos al mismo el petróleo, las ventas de las maquiladoras y las remesas de los migrantes, este saldo comercial se hace negativo. En el año 2012, las exportaciones de petróleo y las maquiladoras representaron el 85 por ciento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

El drama del campo alcanza magnitudes alarmantes, el precio del maíz cayó más del 66 por ciento, debido a que las importaciones provenientes de Estados Unidos aumentaron 400 por ciento. Lo mismo ocurrió con las exportaciones del país del norte hacia México de soya, trigo, algodón y arroz. Se importa 95 por ciento de la soya, 60 de arroz, 49 de trigo, 25 de maíz 40 de la carne que se consume en el mercado interno. Y, aunque las exportaciones de hortalizas de México a Estados Unidos aumentaron, la balanza agropecuaria no pudo equilibrarse por el peso de los alimentos básicos. México importa hoy 60 por ciento del trigo y 70 del arroz que consume. Antes del TLCAN, sólo dependía del 8 por ciento de las importaciones de maíz, hoy representa más del 32 por ciento. La producción de los principales granos, gracias al diferencial de productividad y los subsidios de la producción agropecuaria de Estados Unidos cayeron 12 por ciento, las carnes rojas, 33, y los productos maderables, 37. El PIB agropecuario se estancó 1.8 por ciento al año y su participación en el PIB nacional se ha ido disminuyendo: 3.57 por ciento en 2000; 3.55 en 2006 y 3.39 en 2011. El precio de la canasta básica aumentó 257 por ciento, en los veinte años del TLCAN.

Se asiste a una devastación medioambiental que está terminando con los recursos naturales por el abuso de los agroquímicos. Se están sobreexplotando los mantos acuíferos. En pocas palabras, de los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas por la erosión hídrica y eólica. La OCDE acaba de señalar que México es el país de esa organización que más pierde bosques, con una devastación de 155 mil hectáreas de vegetación tan sólo entre 2005 y 2010”.

México no ingresó al primer mundo, tampoco disminuyó la emigración de los campesinos hacia Estados Unidos, desaparecieron los precios de garantía y no hay un crecimiento espectacular. Como se le prometió al país, el primero de enero de 1994, cuando entro en vigor el TLCAN.

Bértola y Ocampo, se olvidaron del “Plan Puebla Panamá” (PPP), “Plan Mérida” o “Iniciativa Mesoamericana”. Este plan PPP, diseñado por el Gobierno mexicano (2001), pretende la “modernización” económica tanto, de los nueve estados del sur de México47 como de crear un “corredor comercial” con las siete repúblicas centroamericanas48, que permita generar empleos y desarrollar la infraestructura necesaria, para detener las corrientes migratorias hacia el norte, aproximar la producción de hidrocarburos y el producto de las maquilas a los grandes mercados del TLCAN (1994)49. En lo que concierne al sur de México, se pretende crear las condiciones económicas para que los campesinos, las comunidades étnicas y la población en su conjunto puedan enrolarse en los trabajos de las nuevas industrias (petróleo, turismo, monocultivos, selección y clasificación de la diversidad biológica y las maquilas).

Se olvidaron también, Bértola y Ocampo, de La Comunidad del Caribe (CARICOM) (por sus siglas en inglés: Caribbean Community). Reestructurado con el Mercado Económico Común, creado en 2006, los Estados o territorios del CARICOM/CSME empiezan un proceso con miras a obtener, en un periodo de tres años, la total libertad de movilidad laboral.

13 Países del territorio del CARICOM sobre 15 (excluido Haití y Bahamas): Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, R. Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat (Territorio del Reino Unido), Santa Lucía, San Cristofer y Nevis, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, están asociados con Venezuela y República Dominicana; cinco países firman tratados de libre comercio entre ellos y además se está en conversaciones con Cuba.

Por otra parte, algunos territorios permanecen fuera de estos procesos de integración regional. De esta manera, los departamentos franceses de la Martinica, Guadalupe y Guyana están más unidos a Francia y al Mercado de la Unión Europea que a sus vecinos. Algunos de estos países (Centroamericanos y del Caribe), sólo son señalados (por Bértola y Ocampo), como un “patrón terciario” (P. 276). Patrón que lo caracterizan por las exportaciones tanto, de servicios de transporte, como financieros en Panamá, y turismo en los demás.

En cuanto al “patrón de integración sur” que, para Bértola y Ocampo, sólo es importante señalar: “la combinación de exportaciones extraregionales de productos básicos y manufacturas basadas en recursos naturales (muchas de ellas también intensivas en capital ) con un comercio intrarregional mucho más diversificado, en el cual tienen una presencia importante las manufacturas con mayores contenidos tecnológicos” (P. 276), o simplemente decir que: “las exportaciones de productos básicos sigue representando más de la mitad de las exportaciones de (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela), en tanto que Chile y Perú lo más destacado, (…) es el creciente peso de manufacturas basadas en recursos naturales” (P. 276). En cuanto a las exportaciones extraregionales, dicen que “el efecto más positivo ha sido la oportunidad que ha creado el gigante asiático (China) para las exportaciones intensivas en recursos naturales de Sudamérica, tales como: petróleo, soya, cobre y hierro (…)” (P. 280) (…) con sus derivados de ambos metales.” Bértola y Ocampo olvidan por completo (y por eso nos parece ideológico su análisis de la integración latinoamericana), de lo que se denomina como los tratados de libre comercio “posliberales” (TLCPL); denominados de esta forma porque responden al fracaso de los tratados del neoliberalismo impulsados desde el norte. Estas reformas de libre comercio neoliberales que obligaron a la liberación de los flujos de comercio y de inversión y su consolidación en tratados de libre comercio, no son capaces de generar “endógenamente” desarrollo (más aún pueden reducir sustancialmente el espacio para la implementación de políticas nacionales de desarrollo), y para la adopción de una agenda de integración preocupada por temas de desarrollo y de equidad (Da Motta Veiga y Rios, 2007:28). De acuerdo con Sanahuja, los TLCPL priorizan la agenda política sobre la agenda económica y comercial, promueven agenda de desarrollo, con protagonismo de los actores estatales mientras que se reduce el de los privados, marcan distancia con el Consenso de Washington y el regionalismo abierto. Se le da prioridad a temas sociales, a las asimetrías, plantea el abordaje conjunto de proyectos de infraestructura, de seguridad energética, la creación de Instituciones y políticas comunes, énfasis en la cooperación sur-sur en áreas no comerciales, paz y seguridad regional. No se puede afirmar que el regionalismo posliberal es una vuelta al viejo regionalismo, pues el contexto económico actual continúa marcado por la globalización y el mayor cuidado de los países de América Latina y el Caribe por mantener el equilibrio macroeconómico. Sanahuja (2010:95-96),

Partidarios del regionalismo posliberal, cabe destacar a Venezuela, Brasil, Argentina y más recientemente a Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Honduras y muchas Islas del Caribe. Se consideran TLCPL el Mercosur, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), La Unión de Repúblicas Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), (Honduras abandonó la ALBA en 2010, con posterioridad al golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009)50.

Entre los países que claramente se deslindan de los postulados del regionalismo posliberal y que se han mostrado muy activos en firmas de TLC´s extra-regionales con Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y otros países se encuentran Chile, México, Colombia, Perú y en general los países que conforman el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque, para el MCCA, debe tenerse en cuenta el cambio de actitud de Nicaragua que, a pesar de formar parte del TLC entre el MCCA y República Dominicana, Tratado de libre Comercio para Centroamérica y República Dominicana (CAFTA+RD) (por sus siglas en inglés) y Estados Unidos, se ha adherido al ALBA.
VII. CONCLUSIONES

Nunca será lo mismo, ni siquiera lo pretendo, leer este artículo de críticas al libro de Bértola y Ocampo, que estudiar con atención el libro de los autores. Sin embargo, la historia de América Latina no es sólo la descripción cuantitativa, o la presentación efímera de uno que otro protagonista de la historia, pues de esta forma se hace historia económica intrascendental, por la ausencia del sujeto.

Es necesario leer a Bértola y Ocampo para cualquier docente especializado en la materia y que tiene las más nobles intenciones de transmitir esas reflexiones del pasado latinoamericano a las nuevas generaciones. No obstante, no se puede sesgar la bibliografía, ni mucho menos priorizar el cuantus sobre la realidad. Puesto que el aspecto cualitativo de la realidad es mucho más complejo; es ahí donde las clases sociales y sus líderes se apasionan, laboran, sufren y se confrontan, tratando de repartir mejor los bienes de producción, el producto de su trabajo y los cargos políticos de la administración pública.

La región ha avanzado sorprendentemente en su desarrollo capitalista, no así en su desarrollo económico. Por un lado, las ciudades se han modernizado, la nueva tecnología de la Tercera Revolución Industrial, entró en las empresas, las maquiladoras y las transnacionales; el consumo de la población cambió radicalmente, comparado con el de la segunda ISI. Las computadoras, los automóviles, los televisores-videos, los CD´s, los teléfonos celulares, el micro-onda, el uso del internet y toda clase de juguetes electrónicos, demuestra otro tipo de manufacturas y bienes de consumo durables que se han convertido en verdaderas necesidades de la vida posmoderna. Por otro lado, la alta concentración del ingreso (nuevos multimillonarios y las translatinas) y la internacionalización de los procesos productivos, la fragmentación de las cadenas de valor y el transporte aéreo, acortó las distancias y la “aldea global” destruyó todo tipo de intervencionismo y de proteccionismo unilateral.

Las ciudades nación del siglo XIX, fueron la base de los Estados nación del siglo XX. América Latina dejó atrás sus complejas estructuras agropecuarias y, aunque las balanzas comerciales siguen dependiendo de las exportaciones de bienes primarios (la nueva primarización), la sociedad se concentra en las grandes urbes, el trabajo se hizo informal, pues los obreros, que antes estaban en las fábricas en el régimen fordista, fueron lanzados a las calles ahora como vendedores de baratijas chinas, comidas rápidas, flores y drogas. Los emigrantes ya no son los campesinos o los marginales de las ciudades mexicanas o centroamericanas, ahora son las clases medias latinoamericanas, que aunque muchos son calificados en sus oficios o profesionales universitarios, prefieren emigrar y hacer trabajos manuales, o emplearse en la rama de servicios en las grandes ciudades de Estados Unidos o Europa.

Reflexionemos seriamente sobre este aspecto: no sólo la informalidad, la flexibilidad y la precariedad laboral, a la que estamos obligados para ser receptores de las IED y las maquiladoras, son la causa de la pérdida del arraigo de la población latinoamericana. Hoy son básicamente responsables la violencia de la delincuencia organizada y el flagelo del narcotráfico que, corrompió los principios políticos, las estructuras económicas, jurídicas, militares y sociales. Transformaron países enteros, en economías subterráneas de narcotráfico y de todo tipo de giros negros: venta de armas, narcomenudeo, lavado de dinero, trata de blancas, venta de órganos, secuestros, prostitución, abusos sexual de menores y traslado clandestino de emigrantes hacia Estados Unidos. Este tipo de actividades que muchas economías europeas (Italia, Bélgica e Inglaterra), proponen hoy incluir en el cálculo del PIB, América Latina lo ejerce sin escrúpulos desde hace muchas décadas atrás.

¿De qué le sirve a un ciudadano “de a pie” de América Latina, el hecho de que suba o baje el precio petróleo a nivel internacional, si la gasolina o el transporte en los precios locales, nunca bajan?, ¿de qué le sirve que China compre e invierta más en América Latina, si la rentabilidad de las corporaciones y los terratenientes que acaparan la producción de estos bienes no se reparte?. Lo que sí sabe muy bien, más de la mitad de la población latinoamericana, es que las políticas fiscales, la informalidad y flexibilidad laboral, el alto costo de los servicios, el encarecimiento por la privatización de la atención médica, la educación (media y superior), y los fondos para el retiro, los empobrecen dramáticamente. Las políticas de “cero fome” (cero hambre) de Luis I. Lula da Silva en y de Dilma Rousseff en Brasil, “oportunidades” en México y el asistencialismo cada vez mayor, demuestran los rezagos alarmantes de más del 50 por ciento de la población latinoamericana en pobreza y del recrudecimiento de la indigencia. Los neoliberales menos ortodoxos prefieren “equilibrar la cancha” (en salud, educación y vivienda), antes de perderlo todo por la proliferación de fuertes brotes de violencia y anarquía social. No es extraño hacer política con el gasto público, en cada una de las campañas presidenciales, en América Latina. Tampoco es raro ver más clientes, que militantes, en los partidos políticos institucionales de la región.

Como los Estados continente son una realidad de la globalización, podemos afirmar que no están equivocados los integracionistas “posliberales”. El desarrollo económico incluye actualmente la integración como un requisito sine qua non; solos los países latinoamericanos están perdidos e imposibilitados de superar asimetrías y rezagos, económicos, políticos y sociales. En bloque hay que reforzar, las empresas estatales eficientes, e instituciones supranacionales, tales como: Banco del Sur, Parlasur, Telesur, Petrosur y Petrocaribe. Es indispensable la moneda única, las políticas económicas compartidas, la erradicación del analfabetismo, de la mortalidad infantil y materna. Es un requisito también de los TLCPL el respeto de los derechos humanos y la democracia, la soberanía, la autodeterminación y no intervención de las naciones. En síntesis, hay que reforzar la unidad sus-sur primero, y el desarrollo económico, que es muy diferente al sólo crecimiento del PIB.
VIII. BIBLIOGRAFÍA

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