Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004




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títuloDiligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004
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4.- Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica las pruebas practicadas, el Tribunal considera como,

HECHOS PROBADOS
I. Los acusados Vicente Navarro Ruiz, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, que eran en la fecha de los hechos que se relatarán general de División del cuerpo de Sanidad, comandante y capitán médico, respectivamente, son mayores de edad y carecen de antecedentes penales.
II. En las primeras horas del día 26 de mayo de 2003 un avión marca Yakolev, modelo 42, se estrelló cuando realizaba una maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebizonda (Trabzon, Turquía), falleciendo en el acto la totalidad de sus ocupantes, que eran sesenta y dos militares españoles pertenecientes al contingente ASFOR IV que tras concluir su misión en Afganistán regresaban a España, doce miembros de la tripulación, de nacionalidad ucraniana y un ciudadano bielorruso.

Tras la recogida de los cadáveres, que fueron introducidos en bolsas individualizadas y numeradas, se dispuso su traslado a una morgue improvisada ubicada en las proximidades Trebizonda.

III. Conocida la noticia del accidente en España, fueron comisionados por el Ministerio de Defensa para la identificación y repatriación de los cadáveres de los militares españoles los acusados Vicente Navarro Ruiz, general de Sanidad, el comandante médico José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Sáez García, que se desplazaron a Turquía junto con otros militares, entre ellos el general Beltrán Doña, el militar de mayor graduación y antigüedad.
IV. Para cumplir con la misión encomendada, una vez en el lugar donde se hallaban los cuerpos sin vida de los españoles, durante la tarde del día 26 de mayo y a largo del día siguiente, los acusados Ramírez García y Sáez García, bajo las órdenes del también acusado Navarro Ruiz, procedieron al examen del de los cuerpos contenidos en las bolsas, labor que realizaron conjuntamente con un equipo de médicos forenses turcos que también se había desplazado hasta allí.

Determinaron en un primer momento la nacionalidad de las personas a las que pertenecían los restos introducidos en las bolsas y las causas de los fallecimientos, debidos estos, en todos los casos, a lesiones traumáticas multiorgánicas propias del accidente. A continuación, basándose en signos externos tales como los uniformes, arma y/o cuerpo al que pertenecían, graduación, apellidos adheridos al uniforme o a otras ropas, documentos, chapas de identidad, tarjetas de identidad, objetos personales como anillos, cadena y otros signos distintivos, llegaron a la razonable certeza de la identidad de treinta y dos cadáveres, los numerados como 2, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 46, 47, 52, 54, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 y 74.

Por el contrario, los treinta cadáveres restantes, que ocupaban las bolsas número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 35, 41, 43, 45, 50, 53, 55, 56, 60, 62, 64, 69, 71 y 75, presentaban tal estado que no era posible identificarlos mediante el examen visual y la deducción, por lo que el equipo turco que había tomado muestras de ADN para la obtención de la huella genética, advirtió a los acusados de la necesidad de utilizar dicha técnica respecto de esos treinta cuerpos para poder identificarlos.

V. El resultado de la observación o examen de cada cadáver era recogido por el comandante Ramírez y el capitán Sáez en una nota o ficha que, entregada al general Navarro, servía a éste para asignar una identidad a cada cuerpo. Sólo con ellas, sin realizar diligencia o análisis complementario alguno, a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecía un nombre y apellidos correspondiente a uno de los 62 militares españoles fallecidos, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos.

No consta que el comandante Ramírez García ni el capitán Sáez García intervinieran en la confección del referido listado.

VI. A las 2:30 horas del día 28 de mayo de 2003, tras diversas conversaciones y negociaciones entre las autoridades turcas y españolas, comenzó la entrega de las sesenta y dos bolsas con los cadáveres a las autoridades españolas.

Antes de la entrega se firmó un acta, denominada “de identificación, autopsia y control de los cadáveres” en la que se describe el estado de cada uno de los 62 cadáveres y aparece un listado con 32 números no correlativos y, junto a cada uno de ellos, el nombre de uno de los militares españoles fallecidos. En párrafo aparte, se reseñan otros 30 números no correlativos, uno detrás de otro y sin nombre alguno, correspondientes estos a los otros 30 cadáveres, estos no identificados.

Este documento fue suscrito por parte española por los generales Beltrán Doña y el acusado Navarro, que era consciente de que recibía 30 cuerpos sin identificar. A pesar de ello, Navarro manifestó al general Beltrán que él los tenía identificados todos, lo que no se correspondía con la realidad.
VII. La carga y transporte de las bolsas desde las cámaras frigoríficas en que se hallaban hasta el lugar donde estaban los ataúdes, distante unos cuarenta metros, fue realizado por soldados del ejército turco bajo la supervisión de los acusados Ramírez y Sáez.

Para identificar a la persona cuyos restos iban dentro de cada ataúd, siguiendo la lista elaborada por el general Navarro, se colocó sobre cada uno de los féretros vacíos un papel o folio, sujeto con cinta adhesiva, con un leyenda en español con el nombre de la persona, la graduación militar que correspondía al cadáver y el número de la bolsa que lo contenía.

Seguidamente, la bolsa era introducida en el féretro que tenía su mismo número, de modo que había una correlación entre el número de bolsa y el número del ataúd y, por lo tanto, entre la persona que contenía la bolsa, la que constaba en el exterior de cada féretro y la identidad que le había asignado Navarro.

VIII. A pesar de que no se había realizado la inscripción de los fallecimientos en el registro civil consular ni obtenido los permisos sanitarios internacionales, en las primeras horas del día 28 de mayo de 2003, los sesenta y dos ataúdes con los fallecidos fueron transportados en tres aviones C-130 a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid),

Una vez en España, cuando los acusados Ramírez García y Sáez García ya se habían marchado ya hacia sus domicilios, recibieron una llamada desde la base aérea de Torrejón de Ardoz ordenándoles regresar para que realizaran los informes de necropsia de los sesenta y dos fallecidos.

Una vez en la base, en cumplimiento de la orden recibida, procedieron a hacer los informes solicitados, para lo que usaron las fichas o notas que habían elaborado en Turquía durante el reconocimiento de los cuerpos, haciendo constar como lugar y fecha del informe “Trabzon, 27/05/2003”.

Los acusados Ramírez y Sáez, conscientes de que treinta de los cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían, hicieron constar al principio de todos los informes la siguiente leyenda: “Se realiza necropsia de cadáver de varón, al que se nos presenta identificado con el número (X) y como (nombre y apellidos)”.

No obstante, a sugerencia del acusado Navarro, con la excusa de “dulcificar” la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación hecho por aquel, permitiendo que Navarro pudiera emitir los certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia.

Así, en los informes de 16 de los 30 cuerpos a los que Navarro había asignado una identidad inauténtica, los numerados como 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1 3, 14, 17, 23, 50, 56 , 62 y 75, omitieron conscientemente que estaban “mayoritaria, prácticamente, generalmente o totalmente” carbonizados.

En los restantes 14 informes se omitió toda referencia a carbonización que afectara a partes relevantes u otras lesiones significativas.
IX. Tras celebrarse en la tarde del día 28 de mayo de 2003 un funeral de Estado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, se entregó a la familia de cada uno de los fallecidos el ataúd que según la identidad asignada por Navarro contenía los restos mortales de su ser querido, procediendo a su inhumación o incineración en distintos cementerios de España.

X. Las treinta y dos identidades reseñadas con nombres y apellidos en el “acta de identificación, autopsia y control de los cadáveres” que fue firmada conjuntamente por las autoridades turcas y los generales españoles Beltrán y el acusado Navarro, resultaron ser ciertas y correctas.

Por el contrario, las treinta que fueron unilateral y aleatoriamente asignadas por Navarro, que en la referida acta constaban como no identificados, resultaron falsas y erróneas.

Como consecuencia de ello don Vicente Agulló Canda fue inhumado en el cementerio Sur de Madrid bajo el nombre de don Mario González Vicente; don Francisco Alarcón García fue incinerado como don Carlos Oriz García; don Joaquín Álvarez Vega resultó inhumado en el cementerio de Moraleja (Cáceres) como si se tratara de don Feliciano Vegas Javier; don David Arribas Cristóbal fue enterrado en el cementerio de San Esteban del Valle (Ávila) como don César Barciela González y éste último lo fue en el cementerio de Torrero de Zaragoza bajo el nombre de don David González Paredes, juntamente con otras dos pequeñas partes de los cuerpos de dos de sus compañeros; don Juan Bohabonay Domínguez fue inhumado en el cementerio de Pozohondo (Albacete) como si se tratara de don Juan Tornero Ródenas; don Miguel Calvo Puentes resultó incinerado como si fuese don Francisco de Alarcón García; don Francisco Cardona Gil fue incinerado como don Joaquín Álvarez Vega; don Francisco Cobas Ligero resultó enterrado en el cementerio de Albacete como si se tratara de don Israel Ferrer Navarro; don Fernando España Aparisi fue inhumado en el cementerio de Villatuxa-Lalín (Pontevedra) creyendo que se trataba de don Vicente Agulló Canda; don Israel Ferrer Navarro fue inhumado en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo (Madrid) como don Emilio Gonzalo López; don David González Paredes fue incinerado como si se tratara de don Alberto Mústienes Luesma; don Mario González Vicente fue inhumado en el cementerio de Torrero de Zaragoza como don José Moreno Murcia; don Emilio Gonzalo López fue enterrado en el cementerio de Torrero de Zaragoza como si se tratara de don José Sencianes López; don Santiago Gracia Royo resultó inhumado en el cementerio “Parque de la Paz” de Valencia bajo el nombre de don Felipe Perla Muedra; don Francisco Hernández Sánchez resultó incinerado creyendo que se incineraba a don Pedro Rodríguez Álvarez; don Juan Jiménez Sánchez fue incinerado en la creencia de que era don José Pazos Vidal; don Juan López de Borbón se enterró en el cementerio de Polvoredo (León) como si fuese don Jesús Piñán del Blanco; don Juan Maneiro Cruz fue inhumado en el cementerio Sur de Madrid como don Juan Jiménez Sánchez; don Rafael Martínez Micó fue incinerado creyendo que se trataba de don Santiago Gracia Royo; don José Moreno Murcia inhumado en el cementerio de Alcantarilla (Murcia), lo fue en la suposición de que se trataba de don Juan Bahobonay Domínguez; don Alberto Mústienes Luesma fue enterrado en el cementerio de Alboraya (Valencia) como si fuese don Francisco Cardona Gil; don Carlos Oriz García resultó enterrado en el cementerio de Alfafar (Valencia) como si se tratada de don Rafael Martínez Micó; don José Pazos Vidal fue inhumado en el cementerio de Burgos como si fuese don Juan Maneiro Cruz; don Felipe Perla Muedra resultó enterrado en el cementerio de Cornellá (Barcelona) en la creencia de que se enterraba a don Francisco Cobas Ligero; don Jesús Piñán del Blanco fue incinerado como don Juan López de Borbón; don Pedro Rodríguez Álvarez se inhumó en el cementerio de Alcalá de Henares (Madrid) con el nombre y en la creencia de que era don Miguel Calvo Puentes; don José Sencianes López fue incinerado como si se tratara de don Fernando España Aparisi; don Juan Tornero Ródenas se enterró en el cementerio de Burgos bajo el nombre de don David Arribas Cristóbal y don Feliciano Vegas Javier en el de Jabalí Viejo (Murcia) en la creencia de que se inhumaba el cuerpo de don Francisco Hernández Sánchez.
XI. Por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres los veintiún restos que habían sido enterrados se exhumaron entre los días 22 y 29 de noviembre de 2004 y fueron entregados a sus verdaderos familiares después de establecer sus verdaderas identidades mediante pruebas de ADN efectuadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La huella digital así establecida coincidía plenamente con la obtenida de las muestras extraídas por los forenses turcos en Trebizonda (Turquía).

Las familias que conservaban las cenizas de los restos incinerados las entregaron a quienes correspondían y recibieron los restos que, según los análisis, eran los de su verdadero familiar fallecido en el siniestro aéreo, lo que no pudo llevarse a cabo en el caso de dos familias que habían optado por la incineración y habían esparcido las cenizas de quienes creyeron que eran sus familiares.
FUNDAMENTOS DERECHO

1. Sobre el objeto del proceso, la prueba, la presunción de inocencia y el principio "in dubio pro reo". Prueba practicada que valora el Tribunal.
1.1. Objeto del proceso. Limitaciones al alcance de esta sentencia.

El objeto del proceso en el juicio oral se configura por los hechos y calificación jurídica de los escritos de acusación y defensa en relación a los acusados.

La sentencia, por lo tanto, contesta a las cuestiones planteadas dentro de esos límites con la finalidad de declarar o excluir la responsabilidad criminal de los acusados, no pudiendo extenderse a otras valoraciones ajenas al objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el Tribunal.

1.2. Sobre la prueba

En el proceso penal español, para formar la convicción sobre las cuestiones fácticas sobre la que verse cada procedimiento en particular, pueden valerse los tribunales de pruebas personales o reales, mediatas o inmediatas, preconstituidas o sobrevenidas, históricas o míticas, directas e indiciarias, indirectas o conjeturables.

Estas últimas, muy frecuentes en delitos como los que son objeto de acusación en este procedimiento, son aquellas mediante las cuales, partiendo del hecho(s) antecedente, se obtienen otros, llamadas consecuentes, siendo indispensable que entre los hechos probados y los que se trata de acreditar haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Actualmente dicha prueba indiciaria está regulada en el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable a la jurisdicción penal con carácter supletorio -art. 4 LEC- que dice:

"A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el hecho admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción".
Según constante jurisprudencia, la convicción judicial puede formarse y descansar en prueba de carácter indiciario con la consecuencia de enervar la presunción de inocencia siempre que aquella satisfaga, al menos, dos exigencias básicas:

1º) Que los hechos base o indicios estén plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras sospechas; sean plurales -o, excepcionalmente único pero de singular importancia-; que sean concomitantes al hecho que se trata de probar; y que no se excluyan unos a otros sino que se apoyen reforzándose mutuamente.

2º) Que en la sentencia se explicite el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se llega a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la autoría o participación en el mismo de los acusados, razonamiento que debe responder a las reglas de la lógica y del criterio humano (inducción o inferencia).

Esta inducción o inferencia es necesario que sea razonable en el doble sentido de no ser arbitraria, absurda o infundada y, además, que responda a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que los hechos base acreditados conduzcan sin forzamiento alguno al dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" (art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)
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