Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004




descargar 146.32 Kb.
títuloDiligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004
página3/5
fecha de publicación06.02.2016
tamaño146.32 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5

1.3. Presunción de inocencia e in dubio pro reo.

El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro ordenamiento con rango fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley -artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)-.
La valoración de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.

Ahora bien, para alcanzar una convicción condenatoria y enervar la presunción de inocencia, es necesario que la prueba practicada en el juicio oral abarque la existencia del hecho punible así como todo lo atinente a la participación que en él tuvo el acusado (STC núm. 138/92).
Por su parte, el principio in dubio pro reo, no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que resuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza -STS. 27.4.96- .

El Tribunal no tiene obligación de dudar ni de compartir las dudas que abriguen las partes, pero si tiene obligación de no declarar probado un hecho del que dependa un juicio de culpabilidad si no ha superado las dudas que inicialmente tuviese sobre él.
Por lo tanto, el principio "in dubio pro reo" tiene carácter procesal. Su ámbito propio de aplicación está en la valoración de la prueba, pues opera en supuestos en que el Tribunal, tras valorar la válidamente producida, no pueda llegar a una convicción seria y firme sobre los hechos imputados o sobre la intervención en ellos del procesado, caso en el que esa situación -que puede ser también de incertidumbre o duda- debe resolverse a favor del reo o acusado.

Se trata, en suma, de un principio auxiliar, no integrado en precepto sustantivo alguno al tener naturaleza procesal, que equivale a una norma de interpretación dirigida al Tribunal sentenciador y que, en todo caso, debe ser tenido en cuenta al ponderar todo el material probatorio (SsTS de 20 abril y 25 junio de 1990, 11 julio y 30 octubre de 1995 y 21 abril de 1997, entre otras muchas).

1.4. Prueba practicada que valora el Tribunal.

El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECr. ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 C.E. y llegar al relato de hechos probados que antecede con la declaración de los acusados y la prueba testifical, pericial y documental practicada en la vista oral.

Respecto de la testifical, se planteó por las defensas la improcedencia de la admisión, mediado el juicio, de la declaración de dos forenses turcos –los señores Bulent Sam y Omer Muslumanoglu- que no habían sido admitidos con tal carácter en el auto de señalamiento ni citados por el tribunal, sino que fueron puestos a disposición de la sala por una de las acusaciones particulares.

La sala, tras oír a todas las partes, aceptó su testimonio por la vía del artículo 729.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al estimar que no se trataba de una prueba sorpresiva y que, en ningún caso, causaba indefensión, pues ya aparecía propuesta en dos escritos de acusación con distintos carácter –prueba anticipada y testifical-, además de ser dos de los firmantes del “Acta de identificación, autopsia y control de los cadáveres” –en adelante acta turca o acta de entrega de cadáveres- junto con otros forenses y autoridades turcas y los generales españoles Beltrán y el acusado. Éste acta, incorporada a la causa en distintas formas y desde distintas procedencias, es sobradamente conocida por las defensas y ha sido uno de los ejes en los que se sustentan las acusaciones, de modo que las defensas al evacuar sus respectivos escritos de calificación provisional conocían la prueba propuesta y pudieron articular la que estimaran relevante de contario.

Es más, el tribunal, en el auto de admisión de prueba y señalamiento, admitió como testifical la de tres forenses turcos firmantes del acta –los tres que aparecen en primer lugar- lo que junto con la declaración también como testigo del general español Beltrán Doña y de la declaración como acusado del general Navarro, los dos firmantes por parte española, se estimó más que suficiente para poder debatir sobre todos las cuestiones que suscitara dicho documento. Sin embargo, las autoridades turcas comunicaron que los citados no comparecerían ante el tribunal y que su legislación no permitía la práctica de la prueba por videoconferencia, por lo que a pesar de los esfuerzos de la Audiencia y de las autoridades españolas, que llegaron a facilitar los equipos necesarios en las oficinas comerciales consulares de Estambul y Ankara, no fue posible la práctica de la prueba admitida –véase la contestación a la segunda comisión rogatoria, folio 305 del rollo de sala-.

Por ello, cuando se pone a disposición del tribunal a otros dos forenses turcos que han firmado el acta de entrega de cadáveres, teniendo en cuenta que estaban propuestos como testigos en dos escritos de acusación y examinadas las peculiaridades del procedimiento abreviado, que permite incluso la proposición y admisión al inicio de la sesión de prueba no propuesta, vid artículo 786.2 de la LECr, el tribunal no encuentra razón alguna para denegar la práctica de la prueba. Prueba que, en su esencia, había sido considerada útil y pertinente ya en el auto de admisión de prueba y señalamiento, variando sólo las personas que depondrían.

Por lo tanto, no existe ni sorpresa ni indefensión de parte alguna.

Por último, desde la perspectiva de la imparcialidad del tribunal, el Tribunal Constitucional en su sentencia número 188/2000, de 10 de julio de 2000, tiene declarado que el uso del artículo 729.2 LECR no compromete la imparcialidad objetiva del juzgador cuando acuerda una diligencia probatoria, en el seno del juicio oral, por lo tanto con plena garantía de contradicción, con el fin de esclarecer un hecho reconocido por las acusaciones y por el mismo acusado, ni tampoco la imparcialidad subjetiva, pues el tribunal ya había admitido prueba equivalente sin conocer cuál iba a ser su sentido, favorable o perjudicial para los imputados.

2.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, cometida por funcionario público, previsto y penado en el artículo 390.1, 1ª y 4ª del Código Penal.

El Tribunal no aprecia la continuidad delictiva solicitada por algunas de las acusaciones por cuanto, tal como se describe en el hecho probado, es una sola la decisión delictiva, una sola la voluntad criminal, sin que existan nuevos impulsos de voluntad criminal, que se reflejan en la inveraz atribución de treinta identidades a otros tantos cadáveres de los militares españoles fallecidos en Trabzon, de modo que puede decirse que existe una mera intensificación cuantitativa del injusto, pero no un injusto diferente en cada uno de los treinta actos.

Es más, incluso desde la perspectiva de la unidad del expediente administrativo al que el Ministerio Fiscal aludió, las falsedades parciales, de cada documento, no privan de unidad al documento complejo.

Esta es la tesis que pacíficamente se viene sosteniendo en delitos similares, como la falsificación de tarjetas de crédito o de billetes cuando no se acredita que haya habido una separación temporo-espacialmente relevante en el proceso de fabricación, lo que mutatis mutandi es aplicable al caso que nos ocupa, donde la unidad de acción es, además de jurídica, natural.
2.1. A efectos penales, documento es todo soporte material que expresa o incorpora datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica -art. 26 CP-.

Por lo tanto, como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosísimas sentencias, en particular desde la de 19 de abril de 1991, el soporte material del documento puede ser cualquiera, discos, grabación magnética o digital, placas, etc.

Respecto de la naturaleza del delito de falsedad, la jurisprudencia es totalmente pacífica en el sentido de que no se trata de un delito cuya realización requiera que la acción típica haya sido personal y corporalmente realizada por el autor -no es un delito de propia mano-, por lo que no ha de probarse que los acusados hayan efectuado por sí la falsificación de o los documentos, pudiendo inferirse su intervención penalmente relevante de otros hechos o actos.

Para que exista el delito es necesario que el documento tenga eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica; es decir, que tenga capacidad para producir efectos en el tráfico jurídico, dependiendo la concreta eficacia de cada clase de documento.

Por lo tanto, el documento, en cuanto destinado a entrar en el tráfico jurídico, debe tener una significación probatoria, debe servir para probar algo, ya sea una relación jurídica o un hecho jurídicamente relevante. Esa es su finalidad objetiva, que no tiene que ser necesariamente la perseguida por el autor del delito.

En cuanto al elemento subjetivo, el dolo falsario ha sido entendido doctrinal y jurisprudencialmente como la conciencia y voluntad de transmutar la realidad, o como voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que quiere trastocar la realidad convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad en general tiene depositada en el valor de los documentos (SsTS de 8 de noviembre de 1995 núm. y 3 de marzo de 2003 entre otras).
La definición legal de documento público es la contenida en el artículo 1216 del Código Civil. Según esta, lo son los autorizados por un Notario o funcionario público competente con las solemnidades requeridas por la ley.

Por su parte, el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una relación de qué se considera documento público a efectos probatorios, relación en la que se solapan documentos que penalmente son considerados oficiales, pero no públicos.

En general, serán públicos a efectos penales los documentos notariales y judiciales. Serán documentos oficiales los administrativos, los que provienen de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades del servicio o función pública y de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir sus fines institucionales (STS de 10 de mayo de 1999)

Por lo tanto, en dicha categoría hay que entender todos aquellos que se emitan por las autoridades administrativas para la satisfacción de un interés o servicio público. O, más claramente, "todos aquellos que provienen, son emitidos o puestos en circulación por entidades públicas del Estado, de las comunidades autónomas, provinciales o del municipio, con la finalidad de satisfacer las necesidades del servicio público, dentro del ámbito de sus funciones" (STS de 14 de noviembre de 2003).

2.2. Según lo expuesto, los certificados de defunción y los informes de necropsia son documentos oficiales. Los primeros de forma propia o autónoma pues fijan, dan por cierto, el hecho de la muerte de una persona y aseguran que se trata de esa persona con exclusión de cualquier otra; los segundos como parte de un expediente administrativo de tipo sanitario al que se incorporan y, como luego se razonará, como materialización de una actividad coadyuvante a la falsedad incorporada a los certificados de defunción.

Estos certificados, a su vez, provocan incorrectas, por inveraces, inscripciones en los libros de registro de los lugares de enterramiento o en los de incineración, de modo que se afirma que los restos depositados en un determinado lugar, o los incinerados, corresponden a una persona determinada, no siendo así.

Esta conducta es realizada por funcionarios públicos en el ejercicio de la función que les es propia, pues estamos ante la incorporación en soporte papel –el más antiguo y genuino soporte material de las falsedades documentales- de descripciones, datos y hechos inveraces que son el resultado de una actividad realizada en el ejercicio de la función pública, del cumplimiento de un servicio público -la repatriación de los cadáveres de los militares españoles fallecidos en Turquía- en cuya ejecución se inserta la identificación de los restos mortales.

En otro orden de cosas, se discutió por las partes la relevancia jurídica o no de los documentos sobre los que se proyecta la falsedad, sosteniendo las defensas que de existir alguna mutación de la verdad esta sería impune por irrelevante.

El Tribunal no comparte esta apreciación de las defensas:

La catalogación de un documento como público u oficial supone, lleva ínsita, la relevancia jurídica del mismo. Dicho de otro modo, un documento adquiere el carácter de oficial cuando es emitido por la Administración para la satisfacción de los fines que le son propios y, en consecuencia, tiene por definición relevancia jurídica.

Más allá de esta conclusión jurídica, en el supuesto concreto que examinamos, la relevancia jurídica de la falsedad se descubre porque de la identificación de cada fallecido, de la causa del fallecimiento y del tiempo y lugar en el que ocurrió el deceso, dependen múltiples consecuencias jurídicas. La primera y fundamental la extinción de la personalidad jurídica (artículo 32 del Código Civil). A ella siguen muchas otras, como la entrega y disposición por los familiares del cuerpo del finado para, por ejemplo, donar órganos o, simplemente, proceder a las exequias, inhumación y/o incineración de los restos, la apertura de la sucesión, el devengo de derechos pasivos, el derecho o no al percibo de una indemnización derivada de un contrato de seguro, etc.

La identificación individual de cada cadáver es pues un acto con clara relevancia jurídica real y actual. Pero también la tiene potencial o futura, pues asocia un cuerpo con una persona cuyos restos quedan en su caso enterrados –depositados- en un lugar determinado, regido por normas administrativas específicas –reglamentos de policía mortuoria- pudiendo producir futuros efectos jurídicos, como por ejemplo, los derivados de la determinación o impugnación de la paternidad.

En consecuencia, es palmaria la relevancia jurídica, presente y futura, de la mendaz identificación de los cadáveres, que recae sobre un elemento esencial del documento –la identidad del finado o la descripción de las lesiones- con entidad suficiente para variar los efectos jurídicos normales que debiera producir en cada caso el hecho del fallecimiento.
2.3. Distinta es la consecuencia respecto de los informes de necropsia. Estos son, como se expuso, documentos oficiales, fueron emitidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones –capitán y comandante médico- y omiten determinados datos obtenidos en el examen de los cadáveres que no altera, muta o cambia la causa de la muerte que, en todos los casos es por “lesiones traumáticas multiorgánicas”.

Tampoco es relevante que materialmente fueran hechos el 28 de mayo de 2003 en Torrejón de Ardoz (Madrid) y sin embargo en ellos se consigne como fecha y lugar de confección el 27 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), pues realmente la observación de los cadáveres y las anotaciones que posibilitaron su elaboración se hicieron allí, tratándose de una práctica habitual que realizaron tras consultar con el teniente coronel Sr. Coca Menchero, hecho admitido por éste como testigo cuando depuso en la vista oral.

Por último, respecto a la persona de quien se dice que se hace la necropsia, la leyenda que utilizaron sus autores excluye la atribución de la condición de coautores en la falsedad, pues se limitan a consignar un hecho cierto, que “Se realiza necropsia de cadáver de varón, al que se nos presenta identificado con el número (X) y como (nombre y apellidos); es decir, eluden afirmar si realmente ese cadáver, que ellos examinan con un número determinado, es o no quien le dicen que es.
1   2   3   4   5

similar:

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconEl ácido desoxirribonucleico, abreviado como adn, es un ácido nucleico...

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconProcedimiento tributario 6

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconProcedimiento tributario 4

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 icon1. proceso y procedimiento

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconComisióN 4 procedimiento penal

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 icon04- el Procedimiento Administrativo Ambiental

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconManual de procedimiento “marca bosawas”

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconProcedimiento legislativo ordinario: segunda lectura

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconReglas de Procedimiento Criminal, Enmienda Regla 35 y 38

Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004 iconInforme 15-10 -2004




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com