Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004




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títuloDiligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004
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3.- Autoría y participación.

De dicho delito es criminalmente responsable en concepto de autor material o directo del primer párrafo del artículo 28 del Código Penal el acusado Vicente Carlos Navarro Ruiz, al ejecutar por sí el hecho típico, con conciencia y voluntad de la antijuricidad de su actuar.

Los también acusados José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, responden del mismo delito en concepto de cómplices del artículo 29 del Código Penal, al cooperar a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos a los del autor, auxiliando a éste con actos no necesarios para el desarrollo del plan del autor.
3.1. Autoría.

El acusado Navarro asumió la responsabilidad de lo que llamó los errores en la identificación de cadáveres, explicó que fue él quien elaboró la lista con los nombres y números de los cadáveres, reconoció su firma como “testigo de identificación” en la llamada acta turca -f. 3480 y sig., en español, y firma autógrafa al 3353 -, aunque sostuvo que sólo se le tradujo parcialmente y que, por lo tanto, desconocía su contenido exacto, y dijo repetidamente que todavía hoy no se explicaba qué había pasado.

También asumió y reconoció como suyos los certificados de defunción unidos en al tomo 3 de la pieza de documentos, folios número 4 y siguientes.

Ante la evidencia de que en el acta constara que había 30 cadáveres de españoles no identificados se limitó a repetir que él tenía identificados todos ellos, los 62, y que la firmó porque era la única forma de que le dejaran repatriar los cadáveres, que era su misión.

Nótese que esta última afirmación –firmo porque si no los turcos no me dejan llevarme los cuerpos- implica que necesariamente sabía que en el acta no aparecían identificados todos, pues si estuvieran todos con una identidad asignada no tenía por qué temer que le impidieran la repatriación de los cadáveres.

Por lo tanto, las dos primeras conclusiones a las que llevan las propias afirmaciones del acusado son: a) Que sí conocía el contenido del acta; y b) que era consciente de que sólo a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los exámenes realizados conjuntamente por turcos y españoles o, dicho de otro modo, que los turcos sólo aceptaban tener por identificados con los métodos usados a 32 de los 62 cuerpos.
La defensa del general Navarro cuestionó la credibilidad del acta turca demostrando que existían dos tipos de discrepancias referidas, una, a las bolsas y cadáveres y, la otra, a la descripción de estos si se comparaba con la hecha en el lugar mismo del accidente.

Comenzando por la segunda, quedó de manifiesto en la vista oral –y así lo hizo público el propio letrado tras un incidente con un familiar de un fallecido que estaba entre el público- que los dos errores aparentes expuestos por la defensa se refieren a cadáveres ucranianos y al acta ucraniana. Por lo tanto, no afecta a este procedimiento.

En cuanto al primero -el número de bolsas y cadáveres-, inicialmente se pensó que había 74 cadáveres, pues en el avión se sabía que iban 62 militares españoles y 12 tripulantes ucranianos (62 + 12 = 74). Pero aparecen 76 bolsas que, en un primer momento, se piensa que contienen un cadáver cada uno.

La discrepancia queda aclarada cuando, como consta en la propia acta, las bolsas número 42 y 37 contienen restos de una misma persona, el cabo 1º Sr. Bohabonay, y cuando se descubre que hay un pasajero bielorruso, empleado de la compañía aérea, que se incorporó en una escala.

Por lo tanto, finalmente hay 75 bolsas y 75 cadáveres [(63-1) + 12 + 1 = 75].
El Tribunal, por el contrario, estima acreditada la certeza y veracidad del contenido del acta, así como la legitimidad y genuidad del documento.

De su contenido se extraen datos relevantes que, contradiciendo las declaraciones exculpatorias de Navarro y los argumentos de su defensa, llevan, mediante un razonamiento lógico, a la conclusión de que el acusado era consciente de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, decidió falsear la verdad con lesión del bien jurídico protegido. Aun cuando de ello no obtuviera beneficio alguno ni quisiera directamente causar perjuicio a las familias de los fallecidos, requisitos estos –beneficio/perjuicio- que no son exigidos por el tipo penal.
Los indicios y razonamientos subsiguientes extraídos del acta en relación con otras evidencias y elementos de prueba son:
1. En el acta aparece un listado de 32 nombre –unos debajo de otros- junto al número que fue asignado a cada cadáver en el lugar del accidente. Este número se conservó hasta el final, según declararon, entre otros, los propios acusados y los forenses turcos Sres. Sam y Muslumanoglu.
2. Esos 32 nombres son de militares españoles, están en español, y fueron facilitados a los turcos por el equipo español cuando se encontraba algún dato o forma de identificar el cuerpo de que se tratara de forma razonable, aunque fuese con un solo dato. Así lo puso de manifiesto el forense Sr. Sam, cuyas manifestaciones vienen avaladas por las conclusiones que se extraen del examen del acta. Así, por ejemplo, si se observan las lesiones de los cadáveres 11 y 15 estas son muy similares y en ambos casos impiden una identificación por reconocimiento visual. Sin embargo, el cadáver número 15 llevaba en uno de los bolsillos del uniforme un documento con un nombre, lo que determinó que se diera por buena la atribución de identidad, mientras que el cadáver número 11 no llevaba ningún objeto que permitiera esa atribución, por lo que aparece como no identificado.
3. Este hecho, repetido a lo largo de toda el acta, demuestra, además que existió colaboración entre españoles y turcos y que el acta fue redactada de mutuo acuerdo, sin que sea cierto que estos pusieran innumerables obstáculos a las identificaciones. Por el contrario, admitieron identificaciones basadas en un solo dato cuando este era razonablemente fiable y rechazaron las demás.

Otra prueba de lo dicho se extrae del examen de lo que refleja el acta respecto de los cadáveres 22 y 26. El primero lleva una alianza con una inscripción –“C Y 20.08.93”- y, sin embargo, se le tuvo por no identificado, mientras que el segundo, que lleva otra alianza y una cadena con un crucifijo al cuello, fue dado por identificado. Esta diferencia entre uno y otro caso sólo puede deberse a que los miembros del equipo español facilitaran datos que permitieran conocer la identidad del segundo por el uniforme y objetos encontrados y no del primero, a pesar de la alianza, dándonos una imagen clara de la colaboración existente por parte del equipo turco.

Dicho de otro modo, los forenses turcos, por sí solos, no pudieron identificar esos 32 cuerpos sin la colaboración del equipo español, pues no conocían nuestro idioma, ni los uniformes, graduaciones y forma de representación de esta en nuestros ejércitos, así como tampoco tenían datos sobre relaciones matrimoniales, parentales o de otro tipo que les permitiera identificar los cuerpos por los objetos personales hallados en ellos o por otros signos distintivos (anillos con inscripciones, piercing, etc.)
4. El propio acusado Navarro admite que fue él quien facilitó los nombres y demás datos y así lo confirman los forenses turcos.
5. No es verosímil que dos generales del ejército español con amplia experiencia firmen un documento en el extranjero responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo qué están firmando. Máxime cuando quedó acreditado que tuvieron a su disposición a un intérprete que trabajaba para el consulado español (de nombre J. Pierre), que era un buen intérprete, según declaró el cónsul Sr. Ezquerra, y que éste tradujo el acta en sus partes fundamentales, además de atender a las peticiones de aclaración que le hizo Navarro –declaración del otro firmante español, general Beltrán-.
6. Aun admitiendo que no se le tradujera el acta íntegra, el examen del documento en turco permite a cualquier persona comprobar que existe un listado con 32 nombres en español asociados a otros tantos números y otros 30 números escritos consecutivamente y sin nombres. Basta con ver los folios 3352 y, en especial, el 3353 en el que coincide el final del listado de los identificados con la relación de números no identificados, para dar por probado este hecho.

En consecuencia, el acusado Navarro era plenamente consciente de que le entregaban 30 cuerpos no identificados, según las autoridades turcas.
7. Navarro también era conocedor de la toma de muestras de ADN por partes de los forenses turcos –declaración al folio 1606-, de modo que sabía que para ellos no había otra posibilidad de identificación de los cadáveres que todavía no lo estaban.

No obstante, intentó desacreditar el valor de esas muestras manifestando que todas se tomaron con el mismo bisturí y sin mascarilla.
8. Sin embargo, las muestras genéticas tomadas en España por los forenses de la Audiencia Nacional y las obtenidas por los turcos, coinciden totalmente (declaración del médico forense de la Audiencia Nacional Sr. Monge), lo que, además de poner en valor el trabajo de los forenses turcos, demuestra que no hubo errores en la manipulación de los cadáveres ni intercambios accidentales de identidades.
En definitiva, además de por lo ya expuesto, el valor del acta turca deviene incontestable por un hecho inconcuso:

Los 32 cuerpos que en el acta aparecen identificados estaban bien identificados y mal los 30 a los que no se asignó identidad.
Frente a estas evidencias el acusado no da explicación satisfactoria alguna: se limita a decir que él tenía identificado los 30 cadáveres restantes. Pero cuando se le pregunta por los datos adicionales –diferentes de los que constan en el acta- que le permitieron esa atribución de identidades, contesta con evasivas. Cuando se le pregunta que donde están esos datos distintos y cualitativamente esenciales para la identificación dice que fueron producto de las notas o fichas que le entregaron el comandante Ramírez y el capitán Sáez y de su propia observación. Y cuando se le pregunta sobre dónde están esas anotaciones, manifiesta que las destruyó una vez “transcrito” en el informe de necropsia y en las notas descriptivas de identificación remitidas a las familias (declaración en la vista oral y folio 1609), dato este de especial significación, pues entonces ya sabía que había familias que dudaba de las identificaciones, de modo que lo razonable hubiera sido guardarlas pues, de ser cierta su versión, constituían la prueba de la ausencia de dolo en su actuación e incluso de la diligencia en su actuar.

A modo de cierre de su explicación, Navarro afirma que usó el método del descarte o la exclusión. Pero tampoco da un solo ejemplo de cómo lo hizo con los datos con que contaba, postura legítima, pues goza del derecho a no declarar y a no confesarse culpable, pero de nulos efectos exculpatorios.

En conclusión, el Tribunal, valorada en su conjunto las pruebas practicadas según los razonamientos anteriores, llega a la convicción de que actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad al emitir los documentos con identificaciones aleatoriamente asignadas; es decir, actuó dolosamente.
3.2. Complicidad.

La intervención de los acusados Ramírez García y Sáez García se califica como de complicidad o auxilio no necesario porque el delito se podría haber realizado sin la colaboración de ellos.

Como dice el Tribunal Supremo, Sala Segunda, en su sentencia núm. 120/2008, de 27 de febrero, que cita la del mismo Tribunal núm. 147/2007 de 28 de febrero, “la complicidad criminal requiere una participación meramente accesoria, no esencial, que se ha interpretado jurisprudencialmente en términos de imprescindibilidad o no concreta o relacionada con el caso enjuiciado (STS. 1001/2006 de 18.10), no en términos de hipotéticas coyunturas comisivas. Debiendo existir entre la conducta del cómplice y la ejecución de la infracción, una aportación que aunque no sea necesaria, facilite eficazmente la realización del delito de autor principal (STS. 185/2005 de 21.2)”

Para que exista la complicidad no es imprescindible un concierto previo de voluntades (“pactum scaeleris”) bastando con la mera adhesión, incluso omisiva, al acto del autor. Basta con que el partícipe tenga conciencia de la ilicitud de la acción del autor y no obstante contribuya a su realización.

El dolo del cómplice consiste en la conciencia y voluntad de que se está ayudando o auxiliando en la ejecución del hecho punible, aun cuando el delito se hubiera producido de no haberse realizado la actividad coadyuvante del cómplice; es decir, se trata de un auxilio no necesario pero que ayuda o favorece la ejecución del hecho ilícito.

Como dice la sentencia citada, que recoge la doctrina ya sentada en las de 5 de febrero de 1998 y 24 de abril de 2000, para que exista complicidad se requieren dos elementos: “uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél



Partiendo de las premisas anteriores, un examen somero de la actividad desarrollada por los acusados Ramírez y Sáez llevaría a la conclusión de que cometen un delito de falsificación de documentos oficiales por faltar a la verdad en la narración de los hechos –falsedad ideológica- en la descripción que hacen de las lesiones en los informes de necropsia. Pero como se señaló en el fundamento jurídico anterior, el Tribunal estima que en realidad lo que hacen es omitir determinadas lesiones o datos obtenidos en el examen de los cadáveres que desconectadas de la acción falsaria de Navarro carece de relevancia jurídico penal. Dicho de otro modo, los informes de necropsia sólo son inexactos por omitir determinadas lesiones, lo que, dado que todos los fallecidos lo fueron por la misma causa y que esta se consigna en los informes de manera fidedigna, no lesiona el bien jurídico protegido por el tipo penal. Es más, las omisiones se refieren al estado de carbonización de los cuerpos, que es con toda probabilidad una consecuencia posterior al fallecimiento, que se produce por politraumatismo.

Sin embargo, estas omisiones, no siendo imprescindibles para cometer la falsedad en documento oficial mediante la emisión de los certificados de defunción por parte de Navarro, si coadyuvan a la producción del delito, facilitan o auxilian al autor en su comisión, porque de haber expresado en la descripción de las lesiones el estado de algunos cuerpos hubiera resultado evidente para cualquier persona que estos no podían haber sido identificados con el simple examen visual y los escasos datos obtenidos de este modo. Esto es, cualquiera se habría percatado de que sin la utilización de técnicas científicas avanzadas, como la obtención de la huella genética y su comparación con la de determinados parientes, no era posible la atribución de identidades a determinados cadáveres.

Naturalmente, sin esas omisiones en los informes de necropsia se podía haber cometido de igual modo el delito de falsedad. Precisamente por eso se califica de complicidad –auxilio no necesario- la conducta de estos dos acusados, pues en otro cado hubieran sido coautores por cooperación necesaria.

El elemento subjetivo de la complicidad se manifiesta en el hecho de que Ramírez y Sáez sabían que treinta de los cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían.

Este conocimiento se infiere tanto de que es un hecho evidente para un profano, por lo tanto más aun para dos personas con su cualificación profesional, cuanto de lo declarado por los forenses turcos en la vista oral –forenses con los que trabajaron codo con codo-. Y se ve corroborado por la prevención con la que redactan los informes, haciendo constar al principio de todos ellos que se realiza necropsia de cadáver de varón, que se les ha presentado identificado con un número y un nombre. Es decir, quieren dejar claro que ellos no los han identificado y que se limitan a reseñar o describir las lesiones que presentan y la etiología del fallecimiento.

Sin embargo, omiten conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación hecho por Navarro, permitiendo que éste pudiera emitir los certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia. Y, cuando de modo reiterado, se les pregunta el porqué de esas omisiones, se limitan a contestar que lo hicieron a sugerencia del acusado Navarro, para dulcificar la descripción de las lesiones.

Esta versión, sostenida también por Navarro, es inverosímil si se leen los tan aludidos informes –ff. 63 ss. del tomo 2 de la pieza documental- y se comparan con la descripción de los cuerpos en el acta turca remitida por comisión rogatoria internacional -cuya traducción obra unida a los folios 3480 y siguientes-.

De ese examen resulta que de los 30 cuerpos no identificados en el acta turca -a los que aleatoriamente atribuye una identidad el acusado Navarro-, se omite en los informes de 16 de ellos (los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 23, 50, 56, 62 y 75) que están práctica, total, general o mayoritariamente carbonizados, lo que sin duda hubiera alertado a cualquier persona sobre la fiabilidad del proceso de identificación. En otros 12 se omite toda referencia de carbonización en partes relevantes o significativas y en el número 22 se oculta que tiene la cabeza totalmente deformada, además de otras lesiones que le hacen irreconocible, salvo porque lleva un anillo con la inscripción “C Y 20.8.83”, dato que sin embargo no impidió que le fuera atribuida una identidad indebida y que, al ser los acusados Ramírez y Sáez los que elaboran las fichas o notas, conocían y tenían delante cuando realizan el informe.

Que estas omisiones no trataban de evitar a las familias un mayor dolor o que, simplemente, esta fue un sobreentendido entre Navarro y los otros dos acusados para que no hicieran un trabajo meticuloso, queda probado, a juicio del Tribunal, por dos datos: a) En los informes no se omiten aquellas lesiones o traumas que no apunten a una identificación aleatoria, por todos, basta leer el informe del cadáver número 43, el último de los 30 mal identificados, unido al folio 122 de la pieza separada 2; b) los informes de necropsia no son entregados a las familias hasta mucho tiempo después, luego no había necesidad de dulcificar el dolor en ese momento traumático.

Por último, la defensa de los acusados sostuvo que no había delito alguno porque el cadáver no es objeto de protección jurídico-penal salvo en el delito de profanación, soslayando que el bien jurídico protegido en el delito de falsedad es, con carácter general, la necesidad de proteger la fe y la seguridad en el trafico jurídico, evitando que tengan acceso a la vida civil y mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar la realidad jurídica. Se ataca a la fe pública y, en último término, a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos (STS. 13.9.2002, citada por la núm. 845/2007, de 31 de octubre y la núm. 1028/2007, de 11 de diciembre), lo que ocurre en el supuesto ahora analizado, si bien, como se ha expuesto, no se trata de una falsedad autónoma sino de la participación en la falsedad cometida por otro.
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