Diligencias de Procedimiento Abreviado 295 de 2004




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4.- En su comisión no se aprecia la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, descartando la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas planteada por la defensa de Navarro.

Basta examinar el devenir procesal de la causa, del que son reflejo los antecedentes de hecho de esta sentencia, para comprobar que no ha habido dejadez en la tramitación. Es más, la existencia de dos decisiones de archivo del instructor revocadas por la Sala, da una idea de lo compleja que ha sido la preparación del juicio oral, sin que pueda achacarse al órgano judicial el tiempo transcurrido desde la apertura del procedimiento hasta su conclusión.

En cualquier caso, al imponer las penas en el mínimo legal, por entender el Tribunal que no hay ningún plus en la conducta de los acusados que exija un mayor reproche punitivo del fijado por la ley como mínimo, la cuestión carece de efectos prácticos (reglas 1ª y 6ª del artículo 66 del Código Penal)

Como pena accesoria se impone la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la pena privativa de libertad (artículo 56 CP).

5.- Responsabilidad civil.

5.1. Daño moral.

Se trata de fijar la indemnización del daño moral derivado de la prolongación del duelo complicado que sufren las familias de los militares fallecidos como consecuencia de las falsas atribuciones de identidad.

La existencia del daño moral en el presente caso deriva de manera directa y natural en el caso de las familias de los 30 cadáveres falsamente identificados.

No ocurre lo mismo respecto de las familias cuyos finados estaban correctamente identificados, porque el daño moral tiene que derivar del hecho ilícito, de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima (expresión de la STS 1366/2002, 22 de julio).

Por ello, aunque el Tribunal comparte el dolor de las familias y es consciente de que aquellas cuyos parientes estaban correctamente identificados han sufrido cierta zozobra, inquietud o desazón al enterarse de que había identificaciones erróneas, no puede establecer indemnización a favor de las mismas, pues el daño que han sufrido no deriva del hecho ilícito aquí enjuiciado. No son víctimas de este delito y, en consecuencia, no procede establecer indemnización a su favor.
En lo que se refiere a la cuantía de la indemnización, teniendo en cuenta que el único perito que depuso sobre el particular en la vista oral –el psicólogo Sr. Barbero- aclaró que el “duelo complicado” se produce en todos los casos de pérdida repentina y traumática de un familiar, a falta de prueba concreta sobre una mayor incidencia sobre unos u otros familiares, se fija como cuantía única la de 10.000 € que se entregará a los herederos de los fallecidos falsamente identificados, bien entendido que el concepto herederos sólo delimita los destinatarios de la indemnización conforme al orden de preferencia que para la sucesión intestada establece el Código Civil, pero que la división material de la cantidad no se ha de efectuar conforme a las normas sucesorias civiles sino por partes iguales entre los concurrentes.
5.2. Responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

La responsabilidad civil subsidiaria del Estado es manifiesta en el caso presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 CP, pues la aleatoria identificación de los cadáveres se realiza por funcionario público en el ejercicio de sus funciones y es producto del desempeño de un servicio público especial para el que fueron comisionados el general Navarro, el comandante Ramírez y el capitán Sáez. Este servicio consistía en la repatriación de los cuerpos de 62 militares españoles, repatriación que se lleva a cabo sin que previamente hayan sido inscritos los fallecimientos en el registro civil consular y sin que se libre el salvoconducto mortuorio, según quedó acreditado por la declaración del cónsul Sr. Ezquerra y por el documento manuscrito por éste, que está unido al folio 1627.

En el caso de autos, pues, la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa, aparece sin dificultad si se tiene en cuenta que los condenados son militares profesionales, que los hechos se produjeron en el ejercicio de una misión militar de repatriación de otros militares fallecidos en el viaje de regreso de una misión internacional de paz y que, por tanto, se desarrolla en el marco de las relaciones de prestación de servicios.
5.3. Ausencia de cobertura por los seguros del hecho origen de la indemnización.

El Ministerio Fiscal pidió que se declarara, además de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, la responsabilidad civil de la Cía de Seguros Zurich España, aseguradora del Ministerio de Defensa en la póliza con efectos desde el 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2009.

Por su parte, la acusación particular constituida por doña María Menéndez Cañedo y otros interesó que la indemnización se satisficiera, hasta el límite establecido en las respectivas pólizas, por las compañías aseguradoras Mapfre Industrial S.A. de Seguros (actualmente Mapfre empresas, compañía de seguros y reaseguros S.A.), Musini, sociedad anónima de Seguros y Reaseguros (en la actualidad igualmente Mapfre empresas, compañía de seguros y reaseguros S.A..), Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros S.A. y ST. Paul Insurance España, Seguros y reaseguros S.A. (actualmente Huoston Casualty Europe, seguros y reaseguros S.A., en adelante HCC)

Por último, la abogacía del Estado pidió con carácter subsidiario que, para el caso de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa, se declare existente la cobertura con la compañía Zurich España.

Ninguna de estas pretensiones puede ser acogida, pues con independencia de cualquier otro argumento (como la imposibilidad de asegurar las consecuencias de un hecho ya ocurrido y por lo tanto cierto), el daño moral que es objeto de indemnización en el presente caso está fuera de la cobertura de los seguros suscritos por el Ministerio de Defensa por no tratarse de un daño moral consecutivo a un daño corporal y también está excluido de la póliza suscrita a título particular por el capitán Sáez.

Así consta en las pólizas de HCC para los años 2002 y 2003 (f. 4961), Mapfre (f. 4943 y 4925) Zurich España (4898 y 4835) y Musini, ésta atinente sólo al capitán Sáez.

Además, en el caso de Mapfre y Zurich aparecen en los contratos de los años 2006 a marzo 2008 exclusiones específicas en su cláusulas 7.h (Mapfre, folio 4974) y Zurich, cláusula 7.8 (f. 4903) que impiden considerar dentro de la cobertura del seguro el daño moral autónomo o no derivado de un daño corporal en el ejercicio de la actividad sanitaria militar.

Por último, en la póliza suscrita por la Inspección General de la Defensa con Zurich para el período del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, también se define el daño moral como el derivado de un daño corporal (cláusula 4.8, folio 4837), por lo que no está cubierto por el seguro el hecho del que deriva la indemnización de la que tratamos.
5.4. Conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 116 CP, el condenado Vicente Carlos Navarro Ruiz deberá indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares fallecidos inverazmente identificados en la cantidad de 10.000 € con el alcance ya expuesto.

En el caso de que el referido Navarro Ruiz no satisficiera dicha indemnización, responderán de ella, con carácter solidario entre sí, los condenados como cómplices José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, sin perjuicio de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa respecto de todos ellos (artículos 116.2 y 121 CP).

6.- Las costas han de ser impuestas a los condenados, incluidas las de las acusaciones particulares (art. 123 CP y 240 LECr.)

VISTOS, los artículos y normas citadas y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L A M O S
I. Absolviéndole del resto de las peticiones acusatorias, Debemos condenar y condenamos a VICENTE CARLOS NAVARRO RUIZ como autor de un delito de falsedad en documento oficial, cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, MULTA DE SEIS MESES con una cuota diaria de 10 euros, Y DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de funciones públicas, así como a que indemnice a los herederos de cada uno de los treinta militares fallecidos inverazmente identificados en 10.000 €, imponiéndole un tercio de las costas de esta instancia.
II. Debemos condenar y condenamos a JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GARCÍA y a MIGUEL ÁNGEL SÁEZ GARCÍA como cómplices del mismo delito, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas, para cada uno de ellos, de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, MULTA DE TRES MESES con una cuota diaria de 10 euros, Y UN AÑO DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de funciones públicas, así como a que, en el caso de no satisfacerse la indemnización por el autor, indemnicen, conjunta y solidariamente, a los herederos de cada uno de los treinta militares fallecidos inverazmente identificados en 10.000 €, imponiéndole un tercio de las costas de esta instancia a cada uno de ellos.
III. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa, que deberá hacer frente a las indemnizaciones en defecto de los criminalmente responsables.
IV. Procede absolver a las compañías de seguros Mapfre empresas, Cía de seguros y reaseguros S.A, Zurich España, Cía de seguros y reaseguros S.A. y a Houston Casualty Europe de seguros y reaseguros S.A de las pretensiones indemnizatorias articuladas por el Ministerio Fiscal y la acusación constituida por doña María Menéndez Cañedo y otros, declarando de oficio las costas causadas a su instancia.
Así lo mandamos, acordamos y firmamos.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en la forma de costumbre. DOY FE.


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