1. 1 Derecho penal parte general




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2.5 Los diversos tipos de interpretación de la ley penal.

Francisco Pavón Vasconcelos nos dice que ley, única forma de expresión del derecho penal, debe ser aplicada para hacer posible la realización de este; por ello hace necesario un proceso previo denominado “interpretación”. Se interpreta una ley cuando se busca y esclarece o desentraña su sentido mediante el análisis de las palabras que la expresan.

Las clases de interpretación de la ley son las siguientes:

Según los sujetos.

Aunque la interpretación tiene como fin único conocer el sentido de la ley y desde tal punto de vista no admite clasificación, la doctrina ha diferenciado varias clases atendiendo a los sujetos que la realizan, a los medios o procedimientos empleados y al resultado a que se llega. Según los sujetos que la realizan la interpretación puede ser:

  1. Doctrinal o privada.- se le llama interpretación doctrinal o privada a la llevada a cabo por los especialistas y estudiosos del derecho, es decir, los juristas, pero carecen de fuerza e influencia aunque en ocasiones la adquiere a través de las otras formas señaladas.




  1. Judicial.- la interpretación judicial es la realizada por los órganos jurisdiccionales al decidir las contiendas planteadas y hacer realidad el derecho cuestionado. El juez constituye, pues, el órgano de interpretación de la ley al resolver todos los conflictos planteados ante él y aplicar la ley, aun cuando la interpretación que realiza carece del poder de obligar.




  1. Autentica.- es la que realiza la propia ley en su texto, mediante normas de carácter puramente interpretativo, o a través de leyes posteriores con idéntico fin. Por ello se dice que tal forma de interpretación puede ser contextual o posterior. Tratándose de esta última se opera el fenómeno de la incorporación, pues la ley posterior pasa a formar parte del texto de la primera. A diferencia de la otras clases de interpretación, la autentica tiene fuerza obligatoria general.

Según los medios.

De acuerdo con el procedimiento seguido para encontrar el significado de la ley, la interpretación puede ser gramatical o literal y lógica o teleológica. Algunos autores consideran a la primera como condición previa de la segunda, dado que el texto literal de la ley es el punto de arranque para llegar al fin propuesto.

  1. Gramatical o literal.- la interpretación gramatical generalmente se afirma que si la ley se expresa en palabras y el sentido de estas es claro, el intérprete debe limitarse a su literalidad. Ahora bien, como en muchos casos la voluntad del legislador no encuentra perfecta expresión en la ley, resultando oscuro el sentido de esta, se impone la necesidad de buscar el significado de la expresión usada por aquel, recurriendo, en primer término, a la gramática. Dentro del proceso de investigación que busca aclarar la expresión de la ley, el juez carece de facultades para dar a las palabras una significación diversa de la propia, salvo que la intención del legislador haya sido otorgársela, empleándolas no en un sentido vulgar sino técnico jurídico.

  2. Lógica o teleológica.- esta forma de interpretación busca, como toda otra, encontrar cual es la voluntad de la ley, su contenido real, sirviéndose de medios de diversa naturaleza a través de un proceso lógico.

Según los resultados.

Atendiendo a los resultados, la interpretación puede ser: declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva.

  1. Declarativa.- se está en presencia de una interpretación declarativa cuando existe perfecta coincidencia entre el contenido de la ley y su expresión; entre el espíritu y la letra. En realidad tal forma de interpretación ha sido puesta en duda, y no sin razón, por eminentes juspenalistas, entre ellos Antolisei, Manzini, etc., quienes aducen que toda interpretación es declarativa de la ley.

  2. Extensiva.- la interpretación extensiva supone un texto estrecho para la intención de la ley, pues la voluntad de esta tiene mayor amplitud con relación al significado de las palabras usadas por el legislador.

  3. Restrictiva.- la interpretación restrictiva, al contrario de la extensiva, reduce o restringe el alcance del texto de la ley para ponerlo acorde con la voluntad de esta. Por tanto, en esta clase de interpretación, como lo aclara Jiménez de Asua “se reduce el alcance de las palabras de la ley por entender que su pensamiento y voluntad no consiente atribuir a su letra todo el significado que en ella podrá contenerse.

  4. Progresiva.- si el derecho es algo vivo, cambiante como las necesidades, indudablemente su sentido varía de acuerdo con las nuevas concepciones de la vida, de manera que en ocasiones debe interpretarse en forma progresiva, para adaptarlo al presente. Las normas jurídicas se dictan para regular situaciones futuras y, por ello, a través de la interpretación progresiva, se busca armonizar la ley con las situaciones cambiantes, sin que esto signifique, de ninguna manera, una función que, extralimitándose de una pura interpretación, pretenda la creación de casos que el precepto legal no ha querido comprender.

2.6 Los ámbitos de validez de la ley penal

El autor Rafael Márquez Piñero nos explica los ámbitos de validez de la ley penal

Validez temporal de la ley penal

El periodo vital de la ley en general y la ley penal en particular se extiende entre dos momentos: cuando es promulgada y publicada, y cuando deje de ser obligatoria por su derogación y abrogación. Su validez temporal abarca, pues, el tiempo comprendido entre esos dos momentos señalados.

El proceso de su validez temporal incluye tres fases:

  1. La sanción por el poder legislativo

  2. Una vez sancionada, la promulgación, primer acto formal para su eficacia frente a los ciudadanos

  3. Una vez promulgada, segundo acto formal, la publicación para su debido conocimiento y acatamiento.

La sanción, aprobación por el poder legislativo, hace referencia a la propia existencia jurídica de la ley.

La promulgación es el acto mediante el cual el jefe del estado, el titular del poder ejecutivo de la nación, o sea el presidente de la republica, declara la existencia de la ley y ordena su ejecución. De la promulgación dimana la ejecutoriedad de la ley.

La publicación es la difusión de la ley para que llegue al conocimiento de la ciudadanía; en México se realiza por medio del diario oficial de la federación. De la publicación deriva su obligatoriedad.

Vigencia y derogación

Una vez cumplidos los anteriores tramites, comienza la vigencia de la ley. En la republica mexicana, el artículo 3 del código civil para el distrito federal establece que las leyes son obligatorias, para todos los efectos, a los tres días de su publicación en el diario oficial. Esto tiene aplicación por lo que se refiere al lugar de publicación del diario oficial, (México, D.F); en los de más lugares sobre el plazo indicado, se cuenta un día mas por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

¿Cuándo queda derogada una ley, en el caso que nos ocupa una ley penal? La vigencia de una ley, dice el maestro Jiménez de Asua, cesa por uno de los supuestos siguientes:

  1. Por otra ley ulterior, que expresamente deroga la primera o que tácitamente la abroga, por contener disposiciones contrarias o regular de modo completo la materia tratada en la anterior.

  2. Por llevar en el propio texto o en el de otra ley, de igual o superior rango, la fecha de su capacidad (leyes temporales).

  3. Por haber desaparecido el objeto, las circunstancias o los privilegios que le dieron nacimiento.

“la ley solo quedara abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior”.

Retroactividad e irretroactividad

La ley penal tiene un enfoque hacia el porvenir, no hacia el pasado; por consiguiente, es aplicable a todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia, más no los realizados con anterioridad. El fundamento de este criterio reside en que no se puede violar el derecho adquirido por el delincuente, en cuanto miembro del grupo social que establece la ley, a ser castigado por la ley vigente en el momento de la comisión del delito. Dorado Montero, el gran maestro, afirma que el principio de la no retroactividad de la ley es un principio constitucional, una garantía constitucional, se trata de unos de los derechos adquiridos por los ciudadanos frente al poder social, uno de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable del individuo.

En realidad, el principio de la irretroactividad de la ley penal es una consecuencia del principio de legalidad (nullun crimen nulla poena sien lege), ya que si las leyes penales tuvieran efecto retroactivo, el estado, cuando promulgase leyes punitivas de hechos antes no delictuosos, haría una burla siniestra de dicho principio de legalidad y de las garantías subsecuentes al mismo.

Validez espacial de la ley penal

La ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del estado, con absoluta independencia de la nacionalidad de los delincuentes, ya sean ciudadanos o extranjeros; es decir, la ley penal es fundamentalmente territorial. Se trata de una manifestación de la soberanía de cada estado.

El principio de territorialidad de la ley penal tiene doble vertiente:

  1. Positiva, la ley penal se aplica a todos los residentes o habitantes del espacio territorial de una nación.

  2. Negativa, la ley penal, en términos generales, no suele aplicarse a nadie fuera del territorio del estado.

Del principio de territorialidad de la ley penal se deriva que ni las leyes ni las sentencias procedentes del extranjero tienen eficacia dentro del territorio penal de cada estado. En México, esta no aplicabilidad de leyes y sentencias extranjeras solo tienen la excepción, en el caso de la apreciación de la peligrosidad de un delincuente, acreditada por la reincidencia.

Territorialidad de la ley penal

En conclusión, puede afirmarse que el principio de la territorialidad de la ley es fundamental en el derecho penal. La ley penal del estado se aplica a todos los delitos cometidos dentro de su territorio, y en la Republica Mexicana.

Territorio del estado

El territorio del estado se puede definir como “toda porción del espacio y conjunto de cosas sobre las que se extiende el poder del imperio de un estado”. Este es no solo un mero concepto geográfico, sino que se amplía al territorio jurídico, que no lo constituye únicamente el territorio nacional, sino todo el territorio de la soberanía del estado.

Por consiguiente, en la porción de espacio sobre la cual se extiende la soberanía de un estado, real o materialmente o por medio de figuras jurídicas ficticias, quedan incluidos:

  1. Al suelo y el subsuelo, delimitados, entre la frontera del país

  2. El llamado mar territorial

  3. El espacio aéreo

  4. Los territorios ocupados

  5. Los territorios diplomáticos y consulares

  6. En el conjunto de cosas, sobre las que se ejerce la soberanía estatal

Mar territorial

Es la zona del mar que baña las costas de un estado y a la que extiende la soberanía de su ley. Su límite, en un principio, fue fijado en el alcance máximo de un disparo de cañón, según Grocio al decir: potestas terrae finitur ubi finitur armonum vis (la potestad territorial terminara donde se acabe la fuerza de las armas). Puede afirmarse que no hay una autentica norma internacional obligatoria que determine con exactitud la extensión del mar territorial de los estados, quizá porque se trata de un problema muy complejo que excede del ámbito puramente jurídico y penetra de lleno en el político.

Buques

En alta mar, los buques son considerados como territorio del país cuya bandera enarbolan. Si se encuentran en puertos o aguas territoriales pertenecientes a una nación extranjera, los buques pueden ser mercantes o de guerra. Los primeros, en términos generales y con mayor o menor extensión, quedan sometidos a la ley territorial según los tratados, mientras que los segundos se estiman, en todo caso, como territorio del país al que pertenecen y solo se le aplicara su ley nacional.

Espacio aéreo

La denominación espacio aéreo procede de Ambrosini, y se entiende por tal “la columna perpendicular de aire que cubre la tierra firme y las aguas de un estado”. Evidentemente, el estado tiene la jurisdicción dimanante de su soberanía sobre las capas atmosféricas, envolventes de su territorio y de su mar; aunque solo sea por razones de defensa y seguridad nacional tanto en la paz como en guerra.

Aeronaves

Son aeronaves los vehículos que pueden sostenerse en el aire. Estas aeronaves pueden ser de propiedad privada o del estado.

Territorio de ocupación

Haya casos en que un territorio extranjero es ocupado por el ejército de otra nación. Para los efectos de la disciplina penal, pueden presentarse dos supuestos:

  1. Que la ocupación haya tenido lugar como consecuencia de una guerra, en cuyo caso la ley penal del país del ejército ocupante se extenderá no solo a los militares, sino también a todos los habitantes del país ocupado.

  2. Que un ejército simplemente atraviese un país amigo o neutral, con el consentimiento del gobierno de este, en cuyo caso la ley penal del país del ejercito transeúnte solo se extenderá a los miembros de ese ejército.

Territorios diplomáticos y consulares

Según la doctrina Latinoamérica, o por lo menos una parte de ella, se reconoce la extraterritorialidad del espacio ocupado por las representaciones diplomáticas de un país en el extranjero, en calidad del territorio de soberanía del país representado, añadiendo ese sector doctrinal que es practica reconocida en el derecho internacional.

Extraterritorialidad

El principio de la territorialidad de la ley penal priva en el campo del derecho penal, como ya se ha señalado reiteradamente, pero hay determinados supuestos facticos en que este principio absoluto sufre atemperación en virtud de determinadas circunstancias.

Primer supuesto. Como excepciones por razón del llamado principio de la personalidad, la ley penal nacional se aplica a delitos cometidos por mexicanos en territorio extranjero o por extranjeros que delinquen también en territorio extranjero.

Segundo supuesto. También hay excepciones al principio de territorialidad de la ley penal en virtud del llamado principio real o de la nacionalidad del bien jurídico lesionado (aplicable a los delitos cometidos tanto por nacionales como por extranjeros)

Al respecto, pueden plantearse dos situaciones:

  1. Que el delito se inicie en el extranjero y se cometa materialmente en la Republica, lo cual no origina ninguna dificultad de tipo internacional, ya que la consumación del delito tiene lugar en México con expresa violación de su derecho punitivo.




  1. Que el delito sea consumado materialmente en el extranjero, pero que se agote sus efectos u objetivos en México, lo cual da lugar a aplicar la ley penal mexicana en relación con las últimas materializaciones del iter criminis.

La sanción en México de las dos situaciones está fundamentada en el hecho de que, aun cuando los actos materiales ejecutivos se inicien o culminen en el extranjero, la lesión del derecho se materializa en suelo mexicano.

Tercer supuesto. La ley penal nacional tiene también una aplicación extraterritorial conforme al principio de competencia universal, basado en la salvaguarda (que compete a todos los estado) de los valores más esenciales de la sociedad: se trata de delitos justificativos de la actitud defensiva ante ellos de los estados; por ejemplo la piratería, el trafico de narcóticos, el tráfico sexual de hombres y mujeres, etc.
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