Antofagasta, veintinueve de Noviembre de dos mil siete




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Antofagasta, veintinueve de Noviembre de dos mil siete.

Se ha instruido esta causa, rol N° 39.495-2001, a fin de investigar el delito de homicidio calificado de Juan Estanislao Matulic Infante, ocurrido en la ciudad de Calama el 16 de Octubre del año 1973, y establecer la responsabilidad que correspondió en los hechos a los acusados ROMULO ENRIQUE GALLEGUILLOS PANGUE, chileno, 62 años de edad, Funcionario de Carabineros en retiro, domiciliado en pasaje Los Algarrobos N° 1086, Población Baquedano, Llo Lleo, Comuna de San Antonio, Va. Región, Cédula de Identidad N° 4.721.349-5, nunca antes condenado; y OSVALDO ARRIAGADA PAZMIÑO, chileno, 79 años, Oficial de Carabineros en retiro, con domicilio en calle Palenque N° 1156, Las Condes, Santiago, Cédula de Identidad N° 2.710.452-5, nunca antes condenado.

El proceso se inició a fojas 4 con declaración de María Clementina Linsambarth Rodríguez, quien manifiesta que en el mes de octubre del año 1973, su hermano, René Andrés Linsambarth Rodríguez, salió a trabajar a la localidad de Lasana, donde fue detenido por personal de Carabineros que lo trasladó al Retén Dupont en Calama, añadiendo que al tratar de visitarlo junto a su madre en ese lugar, éste no se encontraba, y les informaron que lo habían llevado a Lasana para que dijera dónde había escondido unas armas, mientras otro Carabinero les dijo que a las 10 de la mañana le habían dado la libertad, y un tercer funcionario les informó que era posible que lo hubieran llevado al Regimiento; agrega que lo buscaron por todos lados, pero no lo encontraron y no supo mas de su hermano René. Posteriormente, en el año 1997, se ubicaron huesos en el sector del basural ubicado en el camino a San Pedro de Atacama, entre los cuales se hallaban restos óseos, la cabeza y ropa de su hermano; añade que según el informe médico legal, éste había recibido 5 impactos de bala en la cabeza. En el acto, la denunciante acompañó Certificado de Defunción y Certificado de Nacimiento de Rene Andrés Linsambarth Rodríguez.

En relación con la investigación iniciada a raíz de la denuncia antes referida, se comprobó que en la misma época (Octubre de 1973), otro joven (Juan E. Matulic Infante) había sido muerto en circunstancias no aclaradas en la ciudad de Calama, presumiblemente por personal de Carabineros, por lo que se continuó asimismo el procedimiento en lo relacionado con él.

A fojas 1276 se dictó resolución por la cual se sometió a proceso a Manuel Honorio Wladimiro Cuadra y Rómulo Enrique Galleguillos Pangue, al primero de ellos, como autor de los delitos de homicidio calificado de René Andrés Linzambarth Rodríguez y Juan Estanislao Matulic Infante, y al segundo, como autor del delito de homicidio calificado de Juan Estanislao Matulic Infante; notificándose lo resuelto al encausado Wladimiro Cuadra a fojas 1.332, mientras a fojas 1377 se notificó al procesado Galleguillos Pangue. Habiéndose apelado de esa resolución, ésta fue confirmada a fojas 1400 por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

A fojas 1342 se agregó a los autos certificado de defunción de Manuel Honorio Wladimiro Cuadra, fallecido con fecha 20 de Mayo de 2006, dictándose a fojas 1343 sobreseimiento definitivo a su respecto, de conformidad con el artículo 408 N° 5°, del Código de Procedimiento Penal; quedando vigente por ende, sólo el procesamiento de Galleguillos Pangue como autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Juan E. Matulic Infante.

A fojas 100 se hizo parte el Programa Continuidad de la Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior.

A fojas 1327 se dicta sobreseimiento definitivo en relación con el imputado Sergio M. Concha Concha, en virtud del artículo 408 N° 5°, del Código de Procedimiento Penal, por fallecimiento ocurrido el 7 de Agosto de 2003, como consta de documento que rola a fojas 544.

A fojas 2358 se agregó a la causa el extracto de filiación del encausado Rómulo E. Galleguillos Pangue, que no registra anotaciones penales anteriores.

A fojas 1577 rola auto de procesamiento dictado en contra de Osvaldo Arriagada Pazmiño, en su calidad de encubridor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Juan Estanislao Matulic Infante, que fue notificado a fojas 2289 al encausado; agregándose a fojas 2377 su extracto de filiación, sin antecedentes penales.

A fojas 2277 se declaró cerrado el sumario, y a fojas 2330 se dictó acusación en contra de Rómulo Enrique Galleguillos Pangue y Osvaldo Arriagada Pazmiño, como autor y encubridor, respectivamente, del delito de homicidio calificado de Juan E. Matulic Infante.

Por lo principal de fojas 2368, adhirió a la acusación el Programa Continuación Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior.

Contestando la acusación por lo principal de fojas 2404, la defensa del acusado Rómulo E. Galleguillos Pangue solicita en primer lugar que se declare la prescripción de la acción penal de conformidad con los artículos 94 y 95 del Código Penal; en forma subsidiaria, esa defensa contesta el fondo de la acusación deducida en contra de su parte, haciendo una reseña de las pruebas que obran en la causa, pidiendo la aplicación de la norma del artículo 456 Bis del Código de Procedimiento Penal; además, invoca a favor de su representado el beneficio de remisión condicional de la pena, por concurrir en su beneficio la atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6°, del Código Penal. La defensa de este acusado contesta la adhesión a la acusación a fojas 2509, solicitando tener por reproducida su anterior contestación.

Por su parte, la defensa del acusado Osvaldo Arriagada Pazmiño contesta la acusación interpuesta a su respecto mediante presentación de fojas 2442 y siguientes, en la cual –por lo principal- opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, la amnistía prevista en el D.L. N° 2.191, publicado en el Diario Oficial de 19 de Abril de 1978, así como la prescripción de la acción penal, pidiendo la absolución de su representado. Asimismo, por el primer otrosí de la misma presentación, esa defensa, en forma subsidiaria, solicita se dicte sentencia absolutoria respecto de su representado, alegando además que su defendido se halla exento de responsabilidad penal, puesto que resulta aplicable en su caso la causal del artículo 10 número 10° del Código Penal, al haber actuado en cumplimiento de un deber. Sobre la materia, y al analizar el detalle de su presentación, la defensa del acusado Arriagada Pazmiño hace una reseña de los hechos de la causa, indicando que su conducta se encuadró en la realización de un acto lícito y con el único fin de dar cumplimiento a la obligación legal de inscribir un defunción por la Oficina del Registro Civil e Identificación de Calama, rechazando la imputación de “encubrimiento” por “aprovechamiento”, figura correspondiente al N° 1° del artículo 17 del Código Penal, la que no se da en este caso; asimismo, agrega que no se comprobó legalmente en autos que a este acusado le haya cabido participación culpable y penada por la ley en el hecho que se le imputa, y en el evento de que se desestimaren las razones anteriores, señala que el tribunal deberá absolverlo, porque lo favorece la eximente de responsabilidad penal contemplada en el N° 10° del artículo 10 del Código Penal, ya citada, además de reiterar su alegación respecto de las excepciones planteadas y también comentadas. En subsidio de todo lo anterior, la defensa del citado acusado alega la no comunicabilidad al encubridor de las circunstancias de alevosía y premeditación conocida que integran el tipo penal de homicidio calificado, y por el otrosí segundo de su presentación, la defensa de Arriagada Pazmiño alega en su favor las atenuantes que contempla el artículo 103 del Código Penal –media prescripción-, y la de los Nos. 1° (en relación con el artículo 10 N° 10°) y N° 6°, del artículo 11 del mismo texto legal; y por el otrosí tercero solicita la remisión condicional de la pena. Al contestar la adhesión a la acusación a fojas 2511, la defensa del acusado Arriagada reitera los conceptos y alegaciones vertidas en su escrito anterior.

Se recibió la causa a prueba a fojas 2514, rindiéndose la testimonial que obra a fojas 2542, 2544, 2546, 2572. 2574, 2576, 2579 y 2580, y agregándose a fojas 2395 y siguientes documentos acompañados por la defensa del acusado Galleguillos Pangue, y a fojas 2547 y siguientes los documentos presentados por la defensa del acusado Arriagada Pazmiño.

A fojas 2599 se dictó sobreseimiento definitivo respecto del imputado Pablo Guillermo Alfero Brenner, en virtud del artículo 408 N° 5°, del Código de Procedimiento Penal, por fallecimiento ocurrido el 17 de Abril de 2005, como consta de documento que rola a fojas 2597.

Se trajeron los autos para sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I) En cuanto a la prescripción de la acción penal alegada por lo principal de fojas 2404 por la defensa del acusado Rómulo E. Galleguillos Pangue:

PRIMERO: Que contestando la acusación por lo principal de fojas 2404, la defensa del acusado Rómulo E. Galleguillos Pangue solicita en primer lugar se declare la prescripción de la acción penal, de conformidad con los artículos 94 y 95 del Código Penal, ya que el término de la misma empezó a correr el día 16 de octubre de 1973 y no fue interrumpido durante 30 años, 8 meses y 2 días, lo que aparece del mérito de autos; agregando que por encontrarse prescrita debe rechazarse la acción.

SEGUNDO: Que el artículo 94 del Código Penal indica que …“la acción penal prescribe: Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años. Respecto de los demás crímenes, en diez años. Respecto de los simples delitos, en cinco años”. A su vez, el artículo 95 del mismo texto legal dispone que …“El término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito”.

TERCERO: Que para una acertada decisión de la excepción opuesta, se hace necesario considerar primeramente los antecedentes que obran en el proceso, los que sirvieron de fundamento para la acusación fiscal deducida en contra de Rómulo Galleguillos Pangue, debiendo dejarse constancia que, si bien es cierto que el deceso de Juan Matulic Infante tuvo lugar el 16 de Octubre del año 1973, lo que consta del certificado de defunción agregado a la causa a fojas 1303, no lo es menos que en este caso la norma legal invocada por su defensa no resulta aplicable, no siendo procedente acoger la excepción planteada.

En efecto, resulta del todo preciso estimar el rango que revistió el delito de homicidio calificado materia de la investigación, cuyo carácter complejo emana –en primer término- del hecho de que la víctima fue detenida sin orden administrativa o judicial alguna, en dos oportunidades distintas, sufriendo prisión y torturas que culminaron con su muerte en el interior de un Retén Policial de Carabineros de Chile, y sin que haya sido sometida a proceso previo de ninguna clase.

Asimismo, la naturaleza especial del delito en estudio –que lo diferencia de un delito común- obliga a calificarlo como un atentado contra un bien jurídico fundamental, la vida, y que en la terminología del Derecho Penal Internacional se comprende entre los “ataques sistemáticos o generalizados en contra de bienes jurídicos fundamentales”, que en el caso que nos ocupa ni siquiera estuvo relacionado con una opción ideológica o política, al tratarse de un muchacho de 18 años, al que –aparentemente- se inculpó de haber tratado de raptar a los hijos de un funcionario de la citada Institución, lo que ni siquiera se acreditó con los testimonios que obran en el proceso, y que fue ejecutado por personal en servicio activo de Carabineros, ejerciendo a su respecto fuerza y violencia innecesaria, aprovechándose precisamente de su calidad de agentes de Orden y Seguridad, y sin mediar un debido proceso, todo lo que lleva necesariamente a concluir, por ende, que estamos en presencia de un “delito de lesa humanidad”.

En el contexto recién indicado, es necesario recordar el desarrollo del concepto deCrimen de lesa Humanidad”, que se produjo en los inicios del siglo XX. En efecto, en el preámbulo del “Convenio de La Haya” (18 de Octubre de 1907) sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convenio N° IV), las potencias contratantes establecieron que …“las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública”.

Asimismo, al término de la Segunda Guerra Mundial, los Gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dieron origen a una serie de tribunales militares para enjuiciar a los miembros del Ejercito por los crímenes cometidos durante esa guerra, acordando los Principios de tales tribunales al firmar el denominado “Acuerdo de Londres” (8 de Agosto de l945).

A su vez, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (“Estatuto de Nüremberg”) se añadió como anexo al referido Acuerdo, mediante el cual se establecieron los tribunales y se dispuso que los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad constituían delitos sometidos a la jurisdicción del tribunal. De ese modo, el asesinato como “crimen de lesa humanidad” se codificó, por primera vez, siendo definido como ...“el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”, agregando ..“Los líderes organizadores, instigadores y cómplices que hubieren participado en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer cualesquiera de los crímenes precedentes, son responsables de todos los actos llevados a cabo por cualesquiera personas en ejecución de tal plan”.

De igual forma fue codificado en el artículo 5 c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional (“Estatuto de Tokio”) del 19 de Enero de 1946 y por su parte, con fecha 11 de Diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 95, que ...“confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nüremberg y las sentencias de dicho Tribunal”.

Posteriormente, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1993), ratificó la universalidad de la prohibición de los crímenes contra la humanidad bajo el Derecho Internacional.

Esas normas, en consecuencia, han pasado a constituir, tanto derecho consuetudinario como principios generales de derecho a nivel internacional, sin perjuicio de su consagración al haber sido materia de diversos Tratados que las codificaron.

Las conductas delictivas descritas se hallan por ende prohibidas y de ello emanan diversas consecuencias, a saber: los textos que las trataron constituyen normas imperativas o jus cogens y obligaciones erga omnes. La noción “jus cogens” (del latín “derecho coercitivo”) se refiere a aquellas normas imperativas o perentorias del derecho internacional general, de naturaleza obligatoria y vinculantes. Tradicionalmente, ese concepto está relacionado con la noción de orden público internacional, e implica que existen normas fundamentales para la comunidad internacional, sin que puedan ser derogadas por los Estados, habiéndose cristalizado su consagración positiva en la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, de 1969, cuyo artículo 53 dispone …”una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

Para terminar, es útil asimismo recordar el alcance de los Convenios de Ginebra, del año 1949, ratificados por Chile y publicados en el Diario Oficial del 17 al 20 de abril de 1951, aplicables a situaciones de conflictos armados, que en su artículo 3° establece ...”En caso de conflicto armado sin carácter internacional ....cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: I. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, cautiverio o por cualquiera otra causa, deben en toda circunstancia ser tratadas con humanidad”.

Como conclusión, deberá entenderse como “Crimen de lesa Humanidad” cualquiera de los actos mencionados previamente, entre los que se halla el asesinato, cometido como parte de un ataque generalizado contra la población civil y con conocimiento de ese ataque, según indica el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es así como la Jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores lo ha estimado, pudiendo citarse, por ejemplo, lo dictaminado por la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada con fecha 17 de Noviembre de 2004, en causa rol N° 517-2004, por secuestro de Miguel Sandoval Rodríguez, que en su considerando 35°, estableció que ....”El Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios…, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe…”.

También la Excma. Corte Suprema, en el considerando noveno del fallo de 3 de Octubre de 2006, sobre desafuero de Augusto Pinochet Ugarte, Rol N° 2707-2006, estableció lo siguiente: …I) Por otra parte, bajo el amparo del Tratado marco de la carta de las Naciones Unidas…nuestro país se ha obligado por tratados internacionales, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones o resoluciones que reprueban, rechazan y acuerdan reprimir los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, definidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 8 de Agosto de 1945, declaración confirmada por las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Febrero de 1946 y 11 de Diciembre del mismo año, tomando por base las infracciones graves enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 para la protección de los crímenes de guerra. Nuestro país concurre el 12 de Noviembre de 1947 a la conformación de la Comisión de Derecho Internacional, órgano subsidiario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a la que correspondería la formulación de principios y la proposición de normas en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, la cual en 1950 señaló que constituyen principios de Derecho Internacional, reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, la persecución y castigo de los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, señalando específicamente en el numeral sexto de los principios, que son punibles como crímenes ante el Derecho Internacional…c) Crímenes contra la humanidad. II) “11°.- Que, por otra parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículos 4° y 5°- como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7° al 10°- ratificado por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la Humanidad. Además, ya en 1968 fue suscrita en el marco de las Naciones Unidas, la Convención que establece la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad”. 12°.- Que en 1989 se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5° de la Constitución Política de la República: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

Además, cumple destacar que el criterio señalado se ha visto confirmado en fallos de reciente data de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo, en el caso “Almonacid Arellano contra el Estado de Chile”, donde se señala ….”94: El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 (Convenio N° 4) las potencias contratantes establecieron que las poblaciones y beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los Principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”. 95: El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6° c del Estatuto de Nüremberg en cuanto se encargó de definir, para los efectos de fijar la jurisdicción del Tribunal, los crímenes contra la humanidad, entre los cuales se incluye todo acto inhumano cometido contra las poblaciones civiles.

Por otra parte, y en el mismo contexto, la doctrina ha establecido igualmente que …“La comisión de los distintos ataques contra bienes jurídicos personalísimos fundamentales en el marco de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto distingue dichas conductas de los delitos comunes, al suponer el contexto en que se realizan un aumento del injusto consistente en un mayor desvalor de la acción, por aumentar notablemente su peligrosidad, ya que por una parte el autor cuenta con medios de los que no dispone el autor de un delito común y por otra, se garantiza de cierta manera su impunidad y el éxito de su conducta criminal” (“Los crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, Alicia Gil Gil. Revista de Derecho de la Universidad Central, año X N° 6).
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