Antecedentes




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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

WILLIAM NAMÉN VARGAS


Referencia: expediente 2001-06915-01




Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008).

(Aprobada por Acta No. 84 de 27 de noviembre de 2007).

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de diciembre de 2005, proferida por la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario promovido por Raúl Hernán Ardila Baquero en su condición de cesionario de los derechos herenciales de los hijos del causante Pablo José Pava Montenegro frente a Rafael Colina Hernández y Elda María Nevea.

ANTECEDENTES



1. En su demanda, el actor solicitó declarar la nulidad de la promesa de compraventa celebrada, condenar a los demandados a restituir a la sucesión de Pava Montenegro el predio con sus frutos desde su explotación y el reembolso de los dineros pagados previa deducción de aquellos.
2. Las pretensiones incoadas, en resumen, se sustentan, así:
(a). El 6 de mayo de 1991 se celebró en Puerto Carreño, Vichada, un contrato titulado “Promesa de Compra Venta”, por cuya virtud, Pablo José Pava Montenegro, dice dar “en venta real y material a los compradores el derecho de dominio y la posesión material” del fundo “Curazao” ubicado en esa municipalidad, que entraron a explotar los demandados en forma ininterrumpida y continua mediante el pastoreo de ganados desde el día de la firma del acto, acordándose el precio en la suma de $25.000.000, pagaderos en tres contados, de los cuales se canceló sólo la primera de las cuotas a la firma del acto.
(b). El mencionado contrato no cumple con el requisito del numeral 3 del artículo 1611 del Código Civil por no indicar la notaría ni la época cierta para otorgar la escritura, pues según su cláusula quinta, el promitente vendedor se reservó el derecho de propiedad hasta el pago de la última cuota y una vez cumplido se elaboraría un nuevo documento de compraventa como originario de propiedad, sin que ninguna de las partes se allanara a cumplir ante la ausencia del requisito mencionado y de la satisfacción del saldo.
(c). El señor Pava Montenegro falleció en “Girardot, estado de Aragua de Venezuela” el 5 de diciembre de 1995 y sus herederos vendieron los derechos que le pudieran corresponder y el demandante solicitó la apertura del proceso de sucesión siendo reconocido en condición de cesionario por el Juzgado Promiscuo de Puerto Carreño.

2. Al contestar el libelo, el demandado Colina Hernández precisó la suscripción del contrato y entrega del bien el 6 de abril de 1991 cuando se autenticaron las firmas, insistiendo en la concurrencia de las exigencias legales de la promesa e interponiendo las excepciones nominadas inexigibilidad de los requisitos del contrato, el no pago de la obligación no genera la nulidad del pacto y falta de legitimación en la causa.
3. El a quo pronunció sentencia desestimatoria y, apelada, el Tribunal en la suya, la confirmó.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL



1. Sintetizado el litigio, halló la legitimación del actor al demandar en calidad de cesionario reconocido y su pretensión venía a nombre de la sucesión, teorizando sobre los requisitos de la promesa de compraventa establecidos en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, en particular el del numeral 3 sobre el plazo o condición de la época de celebración del contrato prometido, resaltando las características de provisionalidad y de factibilidad de la promesa, que reclaman la determinación del plazo.
2. Sentado lo anterior precisó que según la promesa, el abono de la última cuota debía hacerse el 1 de diciembre de 1991 (cláusula segunda), fecha para la cual se concertó (cláusula quinta) además de la reserva del dominio, la elaboración de “un nuevo documento de compraventa como originario de propiedad de mejoras, es decir que perfeccione la venta”, condiciones que lo llevaron a expresar entre otras cosas que “pareciera que el promitente vendedor no es titular del dominio que promete vender”, lo que reafirmó con la cláusula tercera que enuncia la tradición del derecho de posesión y tenencia del promitente vendedor, dejando constancia del trámite pendiente de adjudicación adelantado ante el Incora, por lo que se trataría de la venta de una cosa ajena lo que no afectaría la validez del acuerdo.
3. En punto de esclarecer el acatamiento de los requisitos de la promesa cuestionada, según el ad quem, la intención común de las partes del contrato resulta no sólo del tenor literal del convenio sino de las reglas de interpretación del artículo 1622 del Código Civil, que manda comprender las cláusulas “unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”, de donde concluye que “la obligación de hacer surgida para las partes, debía cumplirse el 1º de diciembre de 1991” cuando los promitentes compradores se obligaron a pagar la última cuota del precio “[e]s decir que sí señaló plazo cierto para el cumplimiento de la obligación”.
4. En cuanto hace a no estar indicada la notaría donde se perfeccionaría el negocio, parte el Tribunal por mencionar la doctrina de esta Corporación sobre el particular, para concluir que “en casos como el que nos ocupa, en que los contratantes son vecinos de la misma localidad, Puerto Carreño, que el inmueble prometido en venta se encuentra ubicado en el mismo municipio y en él se debían cumplir las obligaciones del contrato pactadas (…) el no señalamiento de la notaría no afecta la validez del contrato, pues en dicho municipio sólo existe notaría única”.

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