Organización mundial de la propiedad intelectual




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5.2 INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



La Comisión de Derechos de la Propiedad Intelectual (CIPR) presentó en septiembre de 2002 un informe titulado “La integración de los derechos de la propiedad intelectual y la política de desarrollo”. La idea central del informe es que “los objetivos de desarrollo deben estar integrados en la elaboración de la política sobre los derechos de propiedad intelectual, tanto en el plano nacional como en el internacional”.
En el estudio se examinaba, entre otras cosas:
a) La función de las patentes;
b) La incidencia de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC;
c) Las posibles repercusiones de la armonización actual de los requisitos fundamentales de la legislación en materia de patentes y del debate en virtud del SPLT;
d) La necesidad de adaptar los sistemas nacionales de patentes de los países en desarrollo a sus necesidades y circunstancias específicas;
e) Las posibilidades que deben contemplarse al diseñar los sistemas nacionales de patentes a la par con los requisitos de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC, y
f) La función de las organizaciones internacionales, como la OMPI.
La Comisión señaló que la política en materia de propiedad intelectual y el proceso de elaboración de leyes son unilaterales, puesto que el proceso se centra en los intereses de los productores y los países desarrollados y no presta atención a los consumidores ni a los países en desarrollo.69
La Comisión ha subrayado la necesidad de adaptar adecuadamente los sistemas nacionales de patentes en los países en desarrollo. Sostiene que la experiencia de los países desarrollados muestra que el sistema evolucionó para satisfacer sus necesidades específicas; por tanto, los países en desarrollo deberían tener derecho a hacer lo mismo.70
Sin embargo, la Comisión señaló que esta oportunidad queda restringida por el régimen jurídico internacional en materia de patentes, así como por el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque considera que las lagunas y disposiciones existentes que conceden flexibilidad deben explotarse. Desde este punto de vista, recomienda varias maneras de adaptar el sistema de patentes aprovechando las posibilidades disponibles en el sistema existente y también aprendiendo de las experiencias de los países desarrollados.
La Comisión sostiene que los regímenes de patentes fuertes fueron el resultado de los esfuerzos de armonización realizados hasta el momento, y que el proceso de armonización actual y futuro beneficiará a los países desarrollados y no a los países en desarrollo, que son los importadores de tecnología.71 Argumenta que existe un riesgo en los procesos de armonización actuales auspiciados por la OMPI y sugiere que los países en desarrollo deberían encontrar una estrategia para enfrentarse al riesgo que implican las normas mundiales. A este respecto, la Comisión recomienda que los países en desarrollo, según las necesidades, luchen para que las normas incluyan flexibilidades o rechacen el proceso de la OPMI en caso de que el resultado no parezca favorecer sus intereses.72

5.3 OBSERVACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS



Ni el documento del South Center ni el informe de la Comisión se muestran contrarios al sistema de patentes, y tampoco cuestionan la función de las patentes como instrumento de política para el desarrollo. Se valora la necesidad y el beneficio de la armonización de los requisitos de forma. En ambos estudios, se reconocieron las ventajas del PCT y de los procedimientos armonizados previos a la concesión de patentes, que prevé, por ejemplo, la búsqueda en el estado de la técnica.
El argumento y la preocupación expresados en ambos estudios son relativos al establecimiento de unas normas internacionales en materia de patentes que no mantienen un equilibrio de intereses entre el titular del derecho y el público, así como a las cuestiones relativas a la concesión de flexibilidad a los países en desarrollo para adaptar sus sistemas nacionales de patentes. Ambos estudios recomiendan a los países en desarrollo que se retiren del sistema internacional de patentes en caso de considerar que el proceso de armonización no les es favorable. Sin embargo, no se plantean las consecuencias que esta opción puede suponer.


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