Organización mundial de la propiedad intelectual




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2.2 El fundamento y el carácter del sistema internacional de patentes



Las razones para la conclusión de los acuerdos internacionales de patentes estriban en el carácter de las invenciones, en el sentido de que las invenciones protegidas por patentes no tienen fronteras. Sin embargo, la protección por patente es de carácter territorial. En consecuencia, surgen diversas dificultades que pueden ir en contra de la finalidad de las patentes y afectar a la relación entre los Estados. Si una invención no está protegida por la legislación nacional, constituirá un dominio público y podrá ser utilizada libremente en el país en cuestión. La búsqueda de protección de patentes en un país extranjero podría resultar difícil por varias razones, entre ellas un posible trato discriminatorio, la variación entre las legislaciones nacionales, el problema del costo, el tiempo y la distancia que implica la presentación y la tramitación de las solicitudes de patente, etcétera. Los acuerdos internacionales fueron concluidos para evitar resultados no deseados que podían surgir en estas circunstancias y mitigar las dificultades de obtener una patente en un país extranjero.
Entre los tratados multilaterales concluidos en la esfera de las patentes que se mantienen vigentes se incluye el Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial de 1883; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970 (PCT); el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes; el Tratado de Budapest de 1979 sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos y el Acuerdo de 1994 sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Estos compromisos internacionales pueden considerarse de forma y de fondo. Entre los acuerdos internacionales que abordan cuestiones de fondo está el Convenio de París sobre la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC. El PCT y el Arreglo de Estrasburgo tienen por finalidad la armonización de los procedimientos y normas formales.
A pesar de que los acuerdos mencionados intentan armonizar los sistemas nacionales de patentes mediante el establecimiento de normas y requisitos comunes, las patentes siguen estando regidas por leyes nacionales y por acuerdos regionales en algunos casos6. No existe ningún derecho internacional de patentes que prevea una patente mundial. Los acuerdos internacionales en materia de patentes no pretenden reemplazar a los sistemas nacionales de patentes, sino facilitar la protección de los intereses de los ciudadanos o de los residentes de un Estado miembro en otro Estado miembro.
Los acuerdos internacionales que abordan cuestiones de peso, como el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, establecen únicamente los requisitos mínimos. Los países que deseen ir más allá de las normas básicas tienen libertad para hacerlo, siempre que las medidas que tomen no vayan en contra de los objetivos intrínsecos de los acuerdos internacionales. Así pues, existen variaciones entre las legislaciones nacionales, y por ello se llevan a cabo esfuerzos para armonizar las legislaciones nacionales. Este capítulo tratará los regímenes jurídicos internacionales en materia de patentes que existen, y se limitará a explicar brevemente los principales acuerdos que se ocupan de cuestiones de forma y de fondo. Por lo tanto, este documento no trata el Arreglo de Estrasburgo ni el Tratado de Budapest.

2.3 Los principales acuerdos multilaterales en materia de patentes




2.3.1 El Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial



El Convenio de París, que fue concluido en 1883 y enmendado en 1900, 1911, 1925, 1934, 1956, 1967 y 1993, es considerado como el primer acuerdo multilateral en la esfera de las patentes. Desde una perspectiva histórica, el siglo XIX se caracterizó, entre otras cosas, por la expansión sin precedentes del comercio más allá de las fronteras nacionales. Este nuevo acontecimiento requería, por tanto, una estrecha cooperación internacional entre las naciones respecto a una serie de asuntos económicos, incluidas las patentes. El sistema de patentes es, sin duda alguna, uno de los factores que unen los subsistemas económicos y políticos de las naciones entre sí. Además, fue en este período cuando se reconoció, más que nunca hasta entonces, el papel fundamental de las patentes para las actividades inventivas. Dos acontecimientos que tienden a contraponerse ocurrieron al mismo tiempo (Davis, 1989). Por una parte, aumentó la demanda, especialmente por parte de los inventores y fabricantes, de una fuerte protección por patente. Por otro lado, aparecieron los defensores del libre comercio, en particular las asociaciones de comercio, para cuestionar el sistema de patentes.
Hacia 1873 se creó una condición favorable a los defensores de las patentes. La exposición internacional celebrada en Austria en 1873 fue considerada como un hito histórico importante para la creación de un mecanismo internacional de protección de la propiedad intelectual. La reticencia de los fabricantes a participar en la Exposición de Viena, por temor a que les robaran las ideas, llevó finalmente a la concertación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883.
El Convenio podría describirse como la primera vez que se institucionalizó el sistema de patentes a nivel internacional, y reflejó un interés más global por la protección de los activos intangibles. A pesar de que sólo firmaron el Convenio unos pocos países, éste sentó los principios fundamentales de la protección internacional por patente. Entre los principios y normas básicos estipulados en el Convenio se encuentran el principio del trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.
Los primeros signatarios del Convenio de París fueron los principales países avanzados, y el Brasil y Túnez por parte de los países en desarrollo. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se adhirieron al Convenio varios países en desarrollo que promulgaron legislaciones en materia de patentes o las heredaron de sus colonizadores (Juma, 1989). El número de países en desarrollo que se han adherido al Convenio aumentó especialmente en la década de 1990, debido al Acuerdo sobre los ADPIC. Maskus (2000) explica este aumento, el tipo de países que se adhirieron al Convenio y la razón de este avance del siguiente modo:
“Todos los nuevos miembros desde 1985 han sido países en desarrollo y países en transición (...) si bien algunas economías en desarrollo claves, como Venezuela, Singapur, la India y Chile, decidieron adherirse en la década de 1990, la mayoría de los miembros más recientes son países pequeños y pobres o repúblicas nuevas en transición. No cabe duda de que gran parte del aumento del número de miembros viene dado por la necesidad de los Estados partes de la OMC de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, que incorpora a modo de referencia las disposiciones jurídicas sustantivas del Convenio de París, aunque no exige la condición de miembro propiamente dicha” (Maskus, 2000:89) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional).
A 15 de enero de 2002, 164 países formaban parte del Convenio de París, la mayoría de ellos países en desarrollo.7 Hay quien sostiene que el Convenio de París, firmado y concluido por primera vez principalmente por países desarrollados para reflejar en él sus condiciones y satisfacer sus necesidades, resulta inadecuado y desfavorable para los intereses de los países en desarrollo. A este respecto, se ha señalado que:
“Los países de desarrollo, como Kenya, que se han adherido al Convenio de París, han entrado a formar parte de un régimen de obligaciones que en principio no había sido concebido para su condición actual. Con la protección prevista por el Convenio, los nuevos Estados se han comprometido, por razones prácticas, a conceder una ventaja unilateral a los extranjeros que trabajan desde sus países, ya que éstos disponen de una base tecnológica mucho mayor que la de sus propios ciudadanos. En virtud de estas obligaciones, los países en desarrollo que se adhieren al Convenio han cambiado su propia orientación para aplicar este tipo de política o legislación, ya que consideran más adecuado ampliar las prioridades locales en lo relativo a las invenciones y el patentamiento. Dado que los compromisos ya adquiridos por estos países son vinculantes y deberían, en principio, ser acatados, la única opción plausible con la que cuentan los países es tratar de alcanzar las negociaciones internacionales adecuadas que conduzcan a ajustes en los regímenes mundiales en materia de patentes. Sin duda, los países en desarrollo han pedido varias veces que se revise el Convenio de París, pero no se ha realizado ningún cambio” (Juma y Ojwang, 1989) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional).
Sin embargo, se ha afirmado que el Convenio de París da la posibilidad de atender a las necesidades e intereses de los países en desarrollo en los relativo a los requisitos y las normas de las patentes. El Convenio se considera débil en comparación con los requisitos y las normas de patentes en las economías de países desarrollados. Además, concede un amplio margen a las legislaciones nacionales en lo concerniente a la licencia obligatoria, la patentabilidad y el establecimiento de procedimientos de oposición (Maskus, 2000).

2.3.2 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)



El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue concluido en 1970, enmendado en 1979 y modificado nuevamente en 1984. El PCT fue adoptado principalmente para abordar el problema de la presentación de varias solicitudes en distintos países dentro del plazo prescrito por el Convenio de París para la Protección la Propiedad Intelectual y poner fin a la duplicación de esfuerzos por parte de las oficinas nacionales de patentes. Esto es posible racionalizando los procedimientos previos a la concesión de patentes y requisitos como la presentación, la búsqueda y el examen. Prevé la presentación de una sola solicitud, la realización de una búsqueda internacional en el estado de la técnica y la publicación internacional. El Tratado también prevé el examen preliminar internacional que es opcional para los países miembros.
El número de miembros del Tratado, en particular entre los países en desarrollo, ha aumentado en la década de 1990 debido, en gran medida, a las prestaciones que el sistema da a los solicitantes, tanto a las oficinas de patentes como a los países. Los nacionales o los residentes de países miembros tienen, entre otras cosas, la oportunidad de presentar una solicitud internacional en sus oficinas nacionales de patentes y recibir un informe de búsqueda internacional en el estado de la técnica de una administración encargada de la búsqueda internacional para decidir si continúa o no con su solicitud. Esto ahorraría al solicitante unos costos considerables. El hecho de disponer de la búsqueda en el estado de la técnica, la publicación internacional y el servicio de examen aliviaría la carga de las oficinas nacionales de los países en desarrollo, que a menudo carecen de la mano de obra cualificada necesaria, la información, la documentación y los recursos financieros que requieren estas tareas. El PCT tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico de los países en desarrollo proporcionándoles información de fácil acceso sobre la disponibilidad de soluciones tecnológicas aplicables a sus necesidades específicas y fomentar su capacidad mediante la asistencia técnica que puede obtenerse en virtud del tratado8.
El PCT es considerado como el mecanismo más avanzado en la cooperación internacional en materia de patentes desde que se concluyó el Convenio de París. El PCT no concede patentes, pero facilita la obtención de patentes nacionales en varios países. El procedimiento de concesión de patentes en virtud del sistema del PCT consta de dos fases: una fase internacional y otra nacional. La fase internacional consiste en un procedimiento centralizado de presentación y de búsqueda y un examen preliminar internacional opcional. La fase nacional, y la fase regional cuando es pertinente, implica el procedimiento final de concesión de la patente por las oficinas nacionales y regionales de la propiedad industrial. La presentación de una sola solicitud internacional tiene el mismo efecto que tendría el hecho de presentar por separado solicitudes nacionales o regionales en todos los países que el solicitante designa en su solicitud internacional.

2.3.3 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)



El Acuerdo sobre los ADPIC, que forma parte del régimen de la OMC, fue firmado el 15 de abril de 1994 en Marrakesh (Marruecos) y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, la propiedad intelectual no formaba parte de un acuerdo comercial multilateral.
Cuando los países desarrollados, encabezados principalmente por los Estados Unidos y Japón, intentaron, durante la Ronda Uruguay, incluir las cuestiones de protección de la propiedad intelectual en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), los países en desarrollo se opusieron firmemente a la idea afirmando que el GATT no es el foro adecuado para ello. Sin embargo, se hizo caso omiso de su oposición y el esfuerzo para obligar a algunos de los países en desarrollo a revisar su sistema de propiedad intelectual y proporcionar una mayor protección tuvo éxito, en vista de la conexión formal de la propiedad intelectual con el comercio internacional9.
La conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC puede explicarse por dos motivos. En primer lugar, la necesidad de proporcionar una mayor protección de la propiedad intelectual al mundo empresarial de los países industrializados, que se quejaban de sufrir enormes pérdidas económicas a consecuencia de la piratería y la falsificación10. En segundo lugar, la necesidad de superar las deficiencias de las convenciones sobre la propiedad intelectual existentes, que no proporcionaban medios eficaces para que se respetaran los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC, a diferencia de convenios anteriores sobre la propiedad intelectual, proporciona un mecanismo de solución de controversias eficaz. Los países que no cumplan las normas del Acuerdo sobre los ADPIC podrían ser objeto de represalias comerciales si el mecanismo de solución de controversias de la OMC ha establecido la existencia de un caso de incumplimiento del Acuerdo. El Acuerdo sobre los ADPIC tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
a) armonizar la protección de los derechos de propiedad intelectual estableciendo las normas mínimas que deberían adoptar los Estados miembros11;
b) mejorar y ampliar el ámbito de protección de las patentes mediante:
i) la reducción del alcance de diversas restricciones y garantías que anteriormente se incorporaban en las legislaciones nacionales para proteger el interés del público y controlar los abusos de un derecho por parte del titular de la patente,
ii) la ampliación del alcance y la duración de la protección exigiendo, por ejemplo, que se disponga de protección por patente en todas las esferas de la tecnología (párrafo 1 del artículo 27) y extendiendo la duración de la patente a 20 años (Artículo 33),
iii) el establecimiento de un mecanismo para velar por un cumplimiento efectivo de los derechos; la violación de los derechos de propiedad intelectual y el hecho de que los Estados miembros no los impongan eficazmente acarreará graves consecuencias, como la pérdida de derechos comerciales y la imposición de sanciones12.
Se ha escrito mucho acerca del Acuerdo sobre los ADPIC. Algunos autores han afirmado que el Acuerdo priva a los Estados de libertad para diseñar su propio régimen en materia de patentes estableciendo normas mínimas y requisitos estrictos, que están descompensados en favor de los titulares de los derechos. Al mismo tiempo, otros aseguran que el Acuerdo deja a los países en desarrollo cierto margen para que puedan adoptar políticas nacionales que favorezcan el interés del público, el fomento de la inversión extranjera directa (IED) y la transferencia de tecnología, así como la estimulación de la innovación local (Reichman, 1995). También tiene debidamente en cuenta proteger el “interés público” y abordar el problema del uso indebido o el “abuso” de los derechos de patente (UNCTAD, 1996:32). A pesar de que la aplicación de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC tenderá a fomentar una gran uniformidad en muchas esferas del derecho de patentes, el Acuerdo no intenta lograr (ni es probable que su aplicación produzca) una armonización a nivel mundial de las legislaciones nacionales en materia de patentes.


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