Organización mundial de la propiedad intelectual




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3.2 LAS CONSECUENCIAS SOBRE EL CAMBIO DE LEGISLACIÓN Y LA OBSERVANCIA DE LAS PATENTES



La armonización de los requisitos de forma y de fondo de las patentes tiene sus costos y sus beneficios. Un ejemplo de armonización beneficiosa es la que realiza el PCT. El sistema, que hace posible la presentación de una sola solicitud de patente, prevé una búsqueda con métodos avanzados, un informe de examen preliminar y una publicación centralizada de las solicitudes, resulta ventajoso para los solicitantes, las oficinas de patentes y los países en desarrollo. Esto puede explicarse en detalle tomando como ejemplo la búsqueda en el estado de la técnica a la que se tiene acceso. El solicitante puede utilizar el informe para decidir si continúa o no con la solicitud. Las oficinas de patentes pueden utilizar el informe para decidir si una invención cumple o no los criterios de patentabilidad. Esto es muy importante, en particular para las oficinas de patentes de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, puesto que carecen de mano de obra cualificada, de la información y la documentación adecuadas y de los servicios para procesar las solicitudes de patente.
Sin embargo, los detractores sostienen que la armonización de los requisitos de fondo como la llevada a cabo por el Acuerdo sobre los ADPIC reduce la libertad de los países en desarrollo para ajustar su sistema de patentes a su nivel de desarrollo tecnológico y económico. Además, se ha señalado que los países en desarrollo pueden incurrir en costos como resultado de la armonización. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, los países eran libres de excluir del patentamiento invenciones como los productos farmacéuticos, los productos alimenticios o los materiales biológicos; de limitar el derecho exclusivo del titular de la patente, como excluir el monopolio sobre las importaciones del derecho exclusivo del titular de la patente, establecer la duración flexible de una patente, como por ejemplo vincular la extensión de la duración de una patente a la explotación nacional de la invención protegida, etc. (Kohr, 2001). Se ha afirmado, por ejemplo, que antes del Acuerdo sobre los ADPIC más de 40 países no habían proporcionado protección por patente a los productos farmacéuticos, muchos proporcionaban sólo patentes de procesos y no de productos, y la protección duraba mucho menos de 20 años en muchos países, y el Acuerdo sobre los ADPIC ha reducido mucho estas libertades (OMS, 2001).
Además de lo anterior, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC implica, entre otras cosas, la modificación de las legislaciones existentes, la adopción de otras nuevas, el refuerzo de la administración de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo de la capacidad de observancia. Todo esto implica un enorme costo económico para los países en desarrollo. Para entender el problema, se han extraído de un estudio de la UNCTAD la reforma requerida y el costo estimado en los países seleccionados a modo de ejemplo, tal y como lo muestra el siguiente cuadro (UNCTAD, 1996).
Cuadro 2: Estudio de casos de la UNCTAD relativo a los costos previstos para la reforma
y la creación de capacidad en los países seleccionados



País

Reformas necesarias

Costo en dólares EE.UU.

Bangladesh

Redacción de nuevas legislaciones, mejora de su observancia

250.000 dólares una vez, más 1.100.000 dólares anuales

Chile

Redacción de nuevas legislaciones, formación del personal que administra las legislaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual

718.000 dólares una vez, más 837.000 dólares anuales

Egipto

Formación del personal que administra las legislaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual

1.800.000 dólares

India

Modernización de la Oficina de Patentes

5.900.000 dólares

Tanzanía

Redacción de nuevas legislaciones, desarrollo de la capacidad para hacer cumplir las legislaciones

Entre 1.000.000 y 1.500.000 de dólares



También se ha señalado que los cálculos aproximados anteriores no incluyen los costos de capacitación, que serían elevados en los países en desarrollo donde los profesionales capacitados son extremadamente escasos. Idris (2002) subrayó la posibilidad de que los cálculos aproximados anteriores fueran a la baja, ya que no fueron preparados sobre la base de unos estudios exhaustivos usando una metodología estandarizada. También ha señalado que existe la inquietud de que el mayor costo de la aplicación de un sistema administrativo eficaz venga dado por el traspaso de los escasos recursos técnicos y profesionales de otras actividades productivas a esa administración (Idris, 2002).
Los países en desarrollo deben hacer un uso eficaz de las lagunas, así como de las oportunidades para abordar los problemas que puedan sufrir en su esfuerzo por cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha planteado la posibilidad de explotar las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC a la hora de diseñar legislaciones en materia de patentes.36 A fin de abordar el problema asociado al costo administrativo y a la creación de capacidad, los países en desarrollo pueden explotar una serie de vías, como imponer tasas sobre los servicios administrativos, o solicitar asistencia técnica a los países desarrollados. Estos últimos tiene la obligación de proporcionar asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para facilitar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.37 Idris (2002) ha subrayado que los países en desarrollo pueden solicitar ayuda técnica y financiera a los países industrializados y a las organizaciones multilaterales, como la OMPI y la OMC.38
También se ha señalado la unión a los sistemas regionales de patentes y a los acuerdos internacionales en materia de patentes, como el PCT, como una medida alternativa para sobrellevar la carga administrativa a la que los países en desarrollo pueden enfrentarse en su intento por cumplir con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC.39 Maskus (2000), por ejemplo, sugería que los países en desarrollo podrían unirse al PCT que proporciona ventajas importantes. Los examinadores deben consultar las opiniones de las principales oficinas de patentes sobre la novedad y la aplicación industrial, en vez de realizar un examen técnico ellos mismos (Maskus, 2000). Esto permitiría reducir los costos y la carga que recae sobre los pocos examinadores de patentes capacitados, en caso de haberlos, de las oficinas de patentes de los países en desarrollo.


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